El activista Javier Sicilia denunció amenazas de muerte contra él y el exrector de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), Alejandro Vera, junto con su esposa, María Elena Ávila Guerrero.
[contextly_sidebar id=”BdkhnlcyiP9VXeShItkvnPBnhVJoJ7GS”]El poeta sostuvo que recibió una llamada del número telefónico 55 27 07 08 17 donde le advirtieron: “tú, Alejandro Vera Jiménez y su esposa se los va a cargar la chingada, hijos de su puta madre, de parte del gobernador “, relató Sicilia, quien ha defendido al exrector de la UAEM, involucrada en La Estafa Maestra, de desvío millonario de recursos públicos.
Sicilia aseguró que tuvo contacto con Graco Ramírez tras la llamada para pedirle una explicación.
El poeta y activista Javier Sicilia denunció que esta mañana recibió amenazas de muerte, a nombre del gobernador, pero dichas advertencias también se hicieron al ex rector Alejandro Vera, su esposa y Dos colaboradores más. #Morelos pic.twitter.com/60RiK5urQA
— Verónica Bacaz Rojas (@VeroBacaz) 12 de diciembre de 2017
“Le hablé a todo mundo, le hablé al secretario (Robero) Campa, y le hablé a Graco, no me contestó dos llamadas y decidí mandarle un mensaje diciéndole: acabo de recibir una amenaza de muerte de tu parte, quiero que me aclares”, explicó el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
En respuesta, el mandatario le dijo: “yo te quiero mucho, siempre he querido mucho a tu familia. Yo no amenazo, no es de mi parte”, detalló el activista.
Tanto Vera como Sicilia, han acusado una “persecución política” del gobernador, Graco Ramírez, a raíz de las denuncias de víctimas por las fosas clandestinas halladas en Jojutla y Tetelcingo, en Morelos.
El Fiscal General del Estado, Javier Pérez Durón, invitó al poeta a presentar la denuncia para poder investigar la amenaza recibida.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, adoptar las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la vida, integridad y seguridad personal del defensor de derechos humanos y sus familiares.
En tanto, la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condenó la amenaza e insistió en “la urgencia de emprender medidas de protección a las personas defensoras que abonen a la construcción de un entorno propicio y seguro para la defensa de los derechos humanos”, así como investigaciones completas que permitan dar con los responsables.
