Ancianos exigen justicia a dos años de que negligencia en cirugía provocara la pérdida de la vista
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Cortesía fundación No Más Negligencias Médicas.

Ancianos exigen justicia a dos años de que negligencia en cirugía provocara la pérdida de la vista

A dos años de haber perdido la vista total o parcialmente a causa de una negligencia médica tras una operación de cataratas, ancianos indígenas de Quintana Roo siguen sin ser escuchados por las autoridades, aseguran que hay al menos 50 afectados.
Cortesía fundación No Más Negligencias Médicas.
Por César Reveles Aguilar
28 de diciembre, 2017
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En octubre de 2015, un grupo de indígenas de la tercera edad de Quintana Roo fueron invitados por personal del DIF estatal e INAPAM a someterse a una operación para retirarles las cataratas de los ojos. Durante la cirugía decenas de pacientes adquirieron una infección que provocó que al menos cinco perdieran la vista total o parcialmente, de acuerdo con la fundación No Más Negligencias Médicas (NMNM).

Las cirugías se realizaron de manera gratuita, auspiciada por la Fundación Cinépolis, mediante su programa ‘Del Amor nace la vista’.

“Yo quería sólo lentes, no estaba de acuerdo en operarme, pero ellos (los médicos) me insistieron, me dijeron que si no lo hacía me iba a quedar ciega y sería una carga para mis hijos. Yo veía bien pero me operaron de un ojo y me lo fregaron, ahora ya no veo”, relata Natividad Méndez, una de las personas afectadas tras la operación de 2015.  A dos años de los hechos, al igual que ella, otras cuatro personas con apoyo de la organización No Más Negligencias Médicas buscan atención y justicia para resarcir los daños.

Cada uno interpuso una demanda en contra de los implicados en el caso: Fundación Cinépolis, la Secretaría de Salud de Quintana Roo, el DIF estatal y los médicos responsables de las operaciones, por reparación de daños y la pronta atención al estado de salud, bajo el marco de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Esta ley “reconoce el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado”.

Pensaron que si vida mejoraría y pasó lo contrario.

Este jueves, Fundación Cinépolis señaló en un comunicado que a lo largo de casi 13 años este programa “ha trabajado bajo un esquema de excelencia operativa, administración responsable de los recursos y una impecable rendición de cuentas en el que de manera conjunta participan, aliados sociales, gobiernos estatales, instituciones de salud pública, DIF, clientes y donantes, doctores (oftalmólogos y especialistas) y clínicas, así como más de mil voluntarios en todo el país al año”.

Señaló que “como en todos los casos, el Instituto de la Salud Visual (ISVI) en Quintana Roo nos ratificó sus permisos y autorizaciones, incluyendo la existencia de sus licencias sanitarias, con anterioridad a la realización de cualquier cirugía”.

La clínica fue investigada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tras la realización de las cirugías y determinó que no contaba con las condiciones ni los permisos para realizar este tipo de operaciones. A su vez, peritos en medicina forense revelaron que la bacteria se propagó entre los pacientes debido a una mala asepsia (método para evitar que haya infección) durante la operación.

El presidente de NMNM, Fernando Avilez Tostado, quien sigue el caso desde diciembre de 2015, asegura son más de 50 los afectados derivados de las cirugías en aquella entidad. Pero “la mayoría de ellos por diversas causas, entre otras, el haber recibido amenazas, no se atrevieron a denunciar”.

A través de un comunicado, Fundación Cinépolis negó que sean 50 las personas afectadas, pues solo les fueron reportados dos casos de personas que perdieron la vista en uno de sus ojos.

“Es falso que Fundación Cinépolis se haya desentendido de esta lamentable situación y de las personas afectadas. Las cirugías referidas se llevaron a cabo en octubre de 2015, pero los pacientes afectados continuaron su tratamiento en ISVI hasta diciembre de 2015, cuando las actividades de la clínica fueron suspendidas por las autoridades competentes. A partir de ese momento los dos pacientes referidos decidieron seguir su tratamiento con terceros”, señala la fundación.

El abogado de las víctimas Alejandro Foyo Vega informó que, efectivamente, Fundación Cinépolis atiende a esos dos afectados que menciona, las cuales tienen el mismo problema, pero saben de la existencia de los cinco que ellos representan, pues ya fueron notificados sobre las demandas.

Animal Político buscó a Fundación Cinépolis para buscar su versión pero no hubo respuesta.

Autoridades buscaron candidatos para la operación

En octubre de 2015 personal del DIF de Quintana Roo y del INAPAM invitaron a un grupo de personas de la tercera edad a realizarse una operación de cataratas en el Instituto de Salud Visual de Quintana Roo (ISVI), que sería pagada por Fundación Cinépolis. Ambas dependencias trabajan en coordinación con la fundación en determinados estados, para elegir a los candidatos para la operación, explica en entrevista Avilez Tostado.

“Al llegar al Instituto de Salud Visual, los médicos nos dijeron que todo el procedimiento sería seguro y que si no nos operaban en ese momento nos íbamos a quedar ciegos”, cuenta Alicia Brito, indígena que perdió la vista del ojo izquierdo al contagiarse del virus. Asegura, al igual que Natividad, haber estado insegura de realizarse la operación pues veía muy bien, pero los “médicos no dejaron de insistirme hasta que tuve que aceptar”.

La mayoría ahora depende de otras personas para realizar sus actividades.

Estas cinco víctimas coinciden en que aceptaron la operación gratuita en el ISVI por la insistencia de los doctores. A los tres días de la intervención, todos comenzaron a sentir las mismas molestias: sus ojos “empezaron a sangrar, arder e hincharse”, por lo que regresaron a la clínica y los doctores les informaron que se trataba de una infección, la cual había sido adquirida durante el proceso quirúrgico.

“Los doctores dijeron que sanaríamos, nos abrieron el ojo y nos inyectaron, todo fue muy doloroso y eran medicamentos fuertes, gracias a eso ahora yo padezco del corazón y me dio infección intestinal”,  dice José Tomás, que actualmente requiere de 24 mil pesos para una operación que aún necesita a pesar de ya haber perdido la visión de su ojo derecho, pues las inyecciones y gotas de poco sirvieron.

Ante la gravedad de la infección, los médicos del ISVI canalizaron a los pacientes a la Secretaría de Salud de Quintana Roo para que continuaran siendo atendidos. Sin embargo, la infección ya había afectado el nervio óptico y en semanas perdieron la vista.

En diciembre de 2015, dos meses después de la operación, familiares de las víctimas contactaron a la organización NMNM, donde les brindaron defensa legal a través de abogados especialistas en el tema. Entre octubre y diciembre de 2015 el caso se difundió gracias a los medios, pero sólo a nivel estatal.

Los cuatro médicos que hicieron las cirugías (Omar Ornelaje Cisneros, Blanca Beatriz Figueroa, Patricia Amezquita García y Jonathan Lowenberg Laenz -responsable de la clínica-) “huyeron”, según Fernando Aviléz, al enterarse que había denuncias en su contra.

En febrero de 2016, estas cinco víctimas presentaron las denuncias correspondientes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cancún con el apoyo de NMNM y la asesoría legal del abogado Alejandro Foyo Vega.

El defensor añadió que las autoridades tardaron más de cinco meses en informar a Fundación Cinépolis A.C. sobre estas denuncias.

La Secretaría de Salud estatal fue la única que respondió a la demanda y envió a los pacientes a Ciudad de México, para que fueran atendidos en el hospital Conde de Valencia. Ahí les brindaron tratamiento con gotas y medicamentos especiales para tratar de revertir los daños. Los pacientes regresaron a Quintana Roo con un buen parte médico. Pero con el paso del tiempo las molestias volvieron, ya no recibieron atención médica y tuvieron que costear su tratamiento.

Al constatar que el proceso se complicaba en Quintana Roo, el presidente de NMNM pidió asesoría legal en Ciudad de México y presentó el caso ante un Juez de Distrito en mayo de 2016, con una solicitud de amparo para que las personas fueran atendidas a la brevedad en la capital del país. La respuesta del Juez fue que el proceso tenía que continuar en Quintana Roo, pues ahí fue donde ocurrieron los hechos.

“No nos vamos a rendir, lucharemos para que se haga justicia”

El resto de 2016 fue complicado. El equipo de NMNM apoyó a las víctimas con los tratamientos médicos y esperaron la acción de las autoridades. Mientras tanto, los médicos continuaban como ‘no localizables’.

El presidente de la fundación NMNM en compañía de los afectados.

Para el presidente de NMNM es lamentable que dependencias como el DIF y la Secretaría de Salud no acepten su culpa “por no haber vigilado el proceso de un programa social” y narra que la denuncia es también para ellos pues “tendrían que haber verificado la clínica, que cumplieran con permisos y normas para la operación. Las autoridades sanitarias deben vigilar en todo momento a organizaciones y asociaciones civiles en estos casos por el bien de los pacientes. Cosa que hicieron”.

El 9 de diciembre, el presidente de NMNM viajó a Quintana Roo y en compañía de las cinco víctimas se presentó ante los integrantes del Poder Judicial del estado para solicitar que se retomen las demandas interpuestas desde 2016, pues los perjudicados son “hombres y mujeres de la tercera edad que ahora se encuentran en una situación de abandono y vulnerabilidad”.

El abogado de las víctimas, Alejandro Foyo, asevera que por el momento no queda más que seguir promoviendo los juicios civiles por reparación de los daños y seguir de cerca el proceso en Quintana Roo.

Para las víctimas el reclamo es claro. “Nos quedamos desamparados, porque en verdad ya no podemos trabajar así, sin un ojo; ya no podemos ganar dinero para comer y vestir y nuestros hijos no ganan mucho, también tienen familia que mantener; esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo”, dice Natividad.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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Qué resultados tuvo la nacionalización del litio en Bolivia (y por qué AMLO pidió su asesoría)

Ha pasado más de una década desde que Evo Morales anunció que el Estado se haría cargo de potenciar una industria del litio. ¿Qué ha ocurrido en estos años y qué está haciendo el país para aprovechar la alta demanda del mineral?
30 de abril, 2022
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Han pasado 14 años desde que el gobierno de Evo Morales nacionalizó el litio en Bolivia, el llamado “oro blanco” que se ha convertido en uno de los metales críticos para la fabricación de baterías eléctricas o el almacenamiento de energías renovables.

Es tan codiciado que las proyecciones de expertos estiman que su precio podría subir exponencialmente en los próximos 20 años en medio de la transición energética que está experimentando el mundo para reducir las emisiones contaminantes.

Y ahora que la guerra en Ucrania le ha dejado en claro a Occidente que es peligroso depender del gas y el petróleo que exporta Rusia, hay una acelerada carrera por conseguir aquellos metales necesarios para electrificar las economías.

Siendo parte de los metales considerados como “el nuevo petróleo” del siglo XXI, la producción de litio pasó a ser en 2008 un producto manejado por el Estado de Bolivia con el objetivo de que la riqueza de su venta beneficiara a todos los bolivianos.

A más de 6.000 kilómetros de distancia, el gobierno mexicano puso sobre la mesa hace unos días el plan de nacionalizar el codiciado recurso reformando la Ley de Minería para que el litio sea explotado “únicamente por el Estado”.

El blindaje al litio mexicano

“No saben (…) la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo del futuro”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando presentó su propuesta.

La reforma estipula que “la exploración, explotación y aprovechamiento del litio estarán exclusivamente a cargo del Estado”, que será patrimonio de la nación y “se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México” por lo que “no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia”.

AMLO

Gobierno de México
El presidente de México ha dicho que busca asesorarse con el gobierno de Bolivia.

En 2008 Bolivia inició un viaje parecido. El gobierno de Morales apostó porque el Estado manejara toda la cadena productiva sin intervención de empresas extranjeras, un modelo de negocios muy diferente al del gas natural, donde se han hecho alianzas con firmas que tienen un 49% de participación en el negocio, mientras que el 51% restante queda en manos del Estado.

Pero con el litio intentaron controlar toda la cadena, con la promesa de que Bolivia crearía fábricas de baterías y hasta autos eléctricos.

La imagen podría haber sido un Tesla versión boliviana al lado del salar de Uyuni.

Pero no fue así.

Ahora, el presidente Luis Arce, ha trazado un nuevo rumbo para, después de muchos años de intentos fallidos, concretar las alianzas estratégicas con empresas privadas extranjeras que ofrecen la tecnología necesaria para que despegue el negocio.

Luis Arce.

Getty Images
Luis Arce, presidente de Bolivia, recibirá propuestas de ocho empresas extranjeras para el desarrollo del litio.

Según dijo AMLO, su gobierno le ha pedido asesoría a Bolivia para desarrollar su propio negocio estatal del litio sin participación de empresas extranjeras.

Pero… Bolivia está -en este preciso momento- trabajando con empresas extranjeras en el desarrollo de negocios compartidos.

Las ocho empresas interesadas en participar están analizando las muestras del mineral con el fin de presentar sus propuestas en las próximas semanas y el gobierno tiene previsto el anuncio de los ganadores de los contratos hacia fines de mayo.

¿Cuál será el tipo de asesoría que le entregará el gobierno boliviano al mexicano? Por ahora no está claro.

Un “botín de guerra”

Morales tenía un plan ambicioso: contar para 2015 con toda una industria de baterías y automóviles eléctricos en el país.

Ese objetivo no se consiguió, como tampoco se logró que Bolivia exportara grandes cantidades de cloruro de potasio y carbonato de litio, los dos principales productos de litio que el país vende en el mercado internacional.

Salar de Uyuni, Bolivia.

Getty Images

“La estrategia falló”, le dice a BBC Mundo Juan Carlos Zuleta, analista de la economía del litio y consultor internacional.

“No funcionó porque faltaban los recursos humanos calificados, la tecnología, la estrategia y la voluntad política”, agrega.

Bolivia solo produce 500 toneladas al año de litio, una cantidad que Zuleta considera muy baja para que pueda poner un pie firme en el mercado.

Uno de los problemas, apunta, es que los gobiernos han tomado al litio como un “botín de guerra” con una perspectiva más política que técnica y con un gasto cercano a los US$800 millones que no ha dado los frutos que se esperaban

Una prueba contundente del fracaso, argumenta el experto, es que el actual gobierno boliviano cambió drásticamente el rumbo de lo que venía haciéndose en el país, convocando a ocho empresas extranjeras para hacer una explotación compartida del metal.

Si bien es cierto que durante los gobiernos de Evo Morales hubo acercamientos con firmas privadas, los acuerdos comerciales no llegaron a buen puerto.

“Tecnologías mucho más ecológicas”

“La nacionalización del litio en Bolivia ha sido una buena idea pero el proceso ha tardado demasiado“, señala Diego Von Vacano, catedrático de Ciencia Política en la universidad Texas A&M University, Estados Unidos, y colaborador externo del actual gobierno.

“Con el gobierno de Luis Arce el tema se ha comenzado a tomar en serio. Lo que no se logró en más de una década se avanzó en un año”, le dice a BBC Mundo.

Salar de Atacama, Chile

Getty Images

Von Vacano explica que los gobiernos anteriores hicieron esfuerzos por sacar adelante el desarrollo del litio en beneficio de los bolivianos, pero que no contaban con la tecnología necesaria para lograrlo.

De hecho, sostiene, ni siquiera existía la tecnología necesaria para extraer el litio de la salmuera boliviana, la cual es muy diferente a la que existe en otros países.

Recién en los últimos tres o cuatro años, explica, “han surgido nuevas tecnologías mucho más ecológicas”.

Desde otra perspectiva, Von Vacano sostiene que los gobiernos anteriores centraron sus esfuerzos en otras prioridades como, por ejemplo, el desarrollo de la industria del gas natural.

“Creo que ahora realmente va a despegar la industria del litio en Bolivia para aprovechar las ventanas de oportunidades”.

¿Por qué AMLO le pidió asesoría a Bolivia?

La reforma a la Ley de Minería propuesta por el gobierno mexicano dice que “la minería en México ha representado en los últimos 30 años, como nunca en la historia de México, la sobreexplotación de los yacimientos mineros a favor de intereses particulares, principalmente extranjeros”.

Para la nacionalización del litio, la reforma contempla que “un organismo público descentralizado” se encargue de su exploración, explotación y aprovechamiento del mineral.

Batería eléctrica de auto

Getty Images
El litio es uno de los elementos clave para fabricar baterías eléctricas.

Beatriz Olivera, directora de la organización social Engenera, plantea que AMLO le ha pedido asesoría a Bolivia por su larga experiencia en la extracción y procesamiento de litio y también por una cuestión de afinidad política.

“La apuesta es que el gobierno mexicano tenga un control total del mineral en la exploración, extracción y procesamiento. Esto se debe en parte, a las fuertes críticas que ha hecho el presidente a las empresas mineras privadas que están plenamente justificadas”, dice Olivera.

El problema, apunta, es que las empresas privadas en México tienen una regulación minera que les favorece, “incluso por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

“El presidente ha dicho que son empresas que contaminan y no le dejan nada al país. Incluso no pagan impuestos”, explica.

Salar de Jujuy, Argentina.

Getty Images
Argentina desarrolla su industria para hacer más eficiente la producción de los químicos del litio.

Respecto al ejemplo de Bolivia, Olivera dice que si bien el proyecto del gobierno no contempla alianzas con empresas privadas, quizás éstas puedan desarrollarse en el futuro.

Mirando el caso boliviano, Carlos Aguirre, académico de la Universidad Iberoamericana especialista en tratados y comercio internacional, señala que el gobierno del país sudamericano “finalmente recapacitó” y entendió que el desarrollo de experiencia y de tecnología requiere de recursos de los que no necesariamente dispone el Estado.

Argentina y Chile, por ejemplo, que también se han reservado la titularidad del Estado sobre la explotación del litio, sí han concretado asociación con particulares para poder llevar a cabo la producción.

El resultado es que esos países, especialmente Chile, “se encuentran entre los principales productores de litio del mundo. Bolivia, con una extensión mayor de reservas, no se encuentra en ese listado”, señala Aguirre.

Auto eléctrico

Getty Images
El mercado de autos eléctricos ha aumentado rápidamente. Sus baterías requieren litio.

En eso coincide Francisco Ortiz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana.

A su juicio, AMLO anunció la búsqueda de asesoría en Bolivia porque “es un mensaje propagandístico, un mensaje más ideológico que con fundamentos técnicos”.

Desde un punto de vista publicitario, apunta, “es un discurso muy bueno para sus seguidores” por el acercamiento a otros gobiernos de su misma línea.

Ortiz espera que la nacionalización del litio en México no termine como la experiencia de la petrolera estatal Pemex.

“Pemex tiene una deuda gigantesca. La riqueza ha generado pobreza, ha generado deudas por una mala administración. El riesgo es que con el litio tengamos otro Pemex“.


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