Ancianos exigen justicia a dos años de que negligencia en cirugía provocara la pérdida de la vista
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Cortesía fundación No Más Negligencias Médicas.

Ancianos exigen justicia a dos años de que negligencia en cirugía provocara la pérdida de la vista

A dos años de haber perdido la vista total o parcialmente a causa de una negligencia médica tras una operación de cataratas, ancianos indígenas de Quintana Roo siguen sin ser escuchados por las autoridades, aseguran que hay al menos 50 afectados.
Cortesía fundación No Más Negligencias Médicas.
Por César Reveles Aguilar
28 de diciembre, 2017
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En octubre de 2015, un grupo de indígenas de la tercera edad de Quintana Roo fueron invitados por personal del DIF estatal e INAPAM a someterse a una operación para retirarles las cataratas de los ojos. Durante la cirugía decenas de pacientes adquirieron una infección que provocó que al menos cinco perdieran la vista total o parcialmente, de acuerdo con la fundación No Más Negligencias Médicas (NMNM).

Las cirugías se realizaron de manera gratuita, auspiciada por la Fundación Cinépolis, mediante su programa ‘Del Amor nace la vista’.

“Yo quería sólo lentes, no estaba de acuerdo en operarme, pero ellos (los médicos) me insistieron, me dijeron que si no lo hacía me iba a quedar ciega y sería una carga para mis hijos. Yo veía bien pero me operaron de un ojo y me lo fregaron, ahora ya no veo”, relata Natividad Méndez, una de las personas afectadas tras la operación de 2015.  A dos años de los hechos, al igual que ella, otras cuatro personas con apoyo de la organización No Más Negligencias Médicas buscan atención y justicia para resarcir los daños.

Cada uno interpuso una demanda en contra de los implicados en el caso: Fundación Cinépolis, la Secretaría de Salud de Quintana Roo, el DIF estatal y los médicos responsables de las operaciones, por reparación de daños y la pronta atención al estado de salud, bajo el marco de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Esta ley “reconoce el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado”.

Pensaron que si vida mejoraría y pasó lo contrario.

Este jueves, Fundación Cinépolis señaló en un comunicado que a lo largo de casi 13 años este programa “ha trabajado bajo un esquema de excelencia operativa, administración responsable de los recursos y una impecable rendición de cuentas en el que de manera conjunta participan, aliados sociales, gobiernos estatales, instituciones de salud pública, DIF, clientes y donantes, doctores (oftalmólogos y especialistas) y clínicas, así como más de mil voluntarios en todo el país al año”.

Señaló que “como en todos los casos, el Instituto de la Salud Visual (ISVI) en Quintana Roo nos ratificó sus permisos y autorizaciones, incluyendo la existencia de sus licencias sanitarias, con anterioridad a la realización de cualquier cirugía”.

La clínica fue investigada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tras la realización de las cirugías y determinó que no contaba con las condiciones ni los permisos para realizar este tipo de operaciones. A su vez, peritos en medicina forense revelaron que la bacteria se propagó entre los pacientes debido a una mala asepsia (método para evitar que haya infección) durante la operación.

El presidente de NMNM, Fernando Avilez Tostado, quien sigue el caso desde diciembre de 2015, asegura son más de 50 los afectados derivados de las cirugías en aquella entidad. Pero “la mayoría de ellos por diversas causas, entre otras, el haber recibido amenazas, no se atrevieron a denunciar”.

A través de un comunicado, Fundación Cinépolis negó que sean 50 las personas afectadas, pues solo les fueron reportados dos casos de personas que perdieron la vista en uno de sus ojos.

“Es falso que Fundación Cinépolis se haya desentendido de esta lamentable situación y de las personas afectadas. Las cirugías referidas se llevaron a cabo en octubre de 2015, pero los pacientes afectados continuaron su tratamiento en ISVI hasta diciembre de 2015, cuando las actividades de la clínica fueron suspendidas por las autoridades competentes. A partir de ese momento los dos pacientes referidos decidieron seguir su tratamiento con terceros”, señala la fundación.

El abogado de las víctimas Alejandro Foyo Vega informó que, efectivamente, Fundación Cinépolis atiende a esos dos afectados que menciona, las cuales tienen el mismo problema, pero saben de la existencia de los cinco que ellos representan, pues ya fueron notificados sobre las demandas.

Animal Político buscó a Fundación Cinépolis para buscar su versión pero no hubo respuesta.

Autoridades buscaron candidatos para la operación

En octubre de 2015 personal del DIF de Quintana Roo y del INAPAM invitaron a un grupo de personas de la tercera edad a realizarse una operación de cataratas en el Instituto de Salud Visual de Quintana Roo (ISVI), que sería pagada por Fundación Cinépolis. Ambas dependencias trabajan en coordinación con la fundación en determinados estados, para elegir a los candidatos para la operación, explica en entrevista Avilez Tostado.

“Al llegar al Instituto de Salud Visual, los médicos nos dijeron que todo el procedimiento sería seguro y que si no nos operaban en ese momento nos íbamos a quedar ciegos”, cuenta Alicia Brito, indígena que perdió la vista del ojo izquierdo al contagiarse del virus. Asegura, al igual que Natividad, haber estado insegura de realizarse la operación pues veía muy bien, pero los “médicos no dejaron de insistirme hasta que tuve que aceptar”.

La mayoría ahora depende de otras personas para realizar sus actividades.

Estas cinco víctimas coinciden en que aceptaron la operación gratuita en el ISVI por la insistencia de los doctores. A los tres días de la intervención, todos comenzaron a sentir las mismas molestias: sus ojos “empezaron a sangrar, arder e hincharse”, por lo que regresaron a la clínica y los doctores les informaron que se trataba de una infección, la cual había sido adquirida durante el proceso quirúrgico.

“Los doctores dijeron que sanaríamos, nos abrieron el ojo y nos inyectaron, todo fue muy doloroso y eran medicamentos fuertes, gracias a eso ahora yo padezco del corazón y me dio infección intestinal”,  dice José Tomás, que actualmente requiere de 24 mil pesos para una operación que aún necesita a pesar de ya haber perdido la visión de su ojo derecho, pues las inyecciones y gotas de poco sirvieron.

Ante la gravedad de la infección, los médicos del ISVI canalizaron a los pacientes a la Secretaría de Salud de Quintana Roo para que continuaran siendo atendidos. Sin embargo, la infección ya había afectado el nervio óptico y en semanas perdieron la vista.

En diciembre de 2015, dos meses después de la operación, familiares de las víctimas contactaron a la organización NMNM, donde les brindaron defensa legal a través de abogados especialistas en el tema. Entre octubre y diciembre de 2015 el caso se difundió gracias a los medios, pero sólo a nivel estatal.

Los cuatro médicos que hicieron las cirugías (Omar Ornelaje Cisneros, Blanca Beatriz Figueroa, Patricia Amezquita García y Jonathan Lowenberg Laenz -responsable de la clínica-) “huyeron”, según Fernando Aviléz, al enterarse que había denuncias en su contra.

En febrero de 2016, estas cinco víctimas presentaron las denuncias correspondientes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cancún con el apoyo de NMNM y la asesoría legal del abogado Alejandro Foyo Vega.

El defensor añadió que las autoridades tardaron más de cinco meses en informar a Fundación Cinépolis A.C. sobre estas denuncias.

La Secretaría de Salud estatal fue la única que respondió a la demanda y envió a los pacientes a Ciudad de México, para que fueran atendidos en el hospital Conde de Valencia. Ahí les brindaron tratamiento con gotas y medicamentos especiales para tratar de revertir los daños. Los pacientes regresaron a Quintana Roo con un buen parte médico. Pero con el paso del tiempo las molestias volvieron, ya no recibieron atención médica y tuvieron que costear su tratamiento.

Al constatar que el proceso se complicaba en Quintana Roo, el presidente de NMNM pidió asesoría legal en Ciudad de México y presentó el caso ante un Juez de Distrito en mayo de 2016, con una solicitud de amparo para que las personas fueran atendidas a la brevedad en la capital del país. La respuesta del Juez fue que el proceso tenía que continuar en Quintana Roo, pues ahí fue donde ocurrieron los hechos.

“No nos vamos a rendir, lucharemos para que se haga justicia”

El resto de 2016 fue complicado. El equipo de NMNM apoyó a las víctimas con los tratamientos médicos y esperaron la acción de las autoridades. Mientras tanto, los médicos continuaban como ‘no localizables’.

El presidente de la fundación NMNM en compañía de los afectados.

Para el presidente de NMNM es lamentable que dependencias como el DIF y la Secretaría de Salud no acepten su culpa “por no haber vigilado el proceso de un programa social” y narra que la denuncia es también para ellos pues “tendrían que haber verificado la clínica, que cumplieran con permisos y normas para la operación. Las autoridades sanitarias deben vigilar en todo momento a organizaciones y asociaciones civiles en estos casos por el bien de los pacientes. Cosa que hicieron”.

El 9 de diciembre, el presidente de NMNM viajó a Quintana Roo y en compañía de las cinco víctimas se presentó ante los integrantes del Poder Judicial del estado para solicitar que se retomen las demandas interpuestas desde 2016, pues los perjudicados son “hombres y mujeres de la tercera edad que ahora se encuentran en una situación de abandono y vulnerabilidad”.

El abogado de las víctimas, Alejandro Foyo, asevera que por el momento no queda más que seguir promoviendo los juicios civiles por reparación de los daños y seguir de cerca el proceso en Quintana Roo.

Para las víctimas el reclamo es claro. “Nos quedamos desamparados, porque en verdad ya no podemos trabajar así, sin un ojo; ya no podemos ganar dinero para comer y vestir y nuestros hijos no ganan mucho, también tienen familia que mantener; esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo”, dice Natividad.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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Vacuna de AstraZeneca: por qué Reino Unido dejará de ofrecerla a los menores de 30 años

El contexto actual de la pandemia en Reino Unido y la amplia disponibilidad de vacunas permitirá ofrecer a los más jóvenes la vacuna más adecuada posible.
8 de abril, 2021
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Reino Unido ofrecerá una alternativa a la vacuna de AstraZeneca a los menores de 30 años tras consolidarse su vínculo con la aparición muy poco frecuente de trombos.

A fines de marzo, de 20 millones de personas vacunadas con AstraZeneca en Reino Unido, 79 pacientes sufrieron coágulos y 19 de ellos murieron, según la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Casi dos tercios de los casos fueron mujeres y los fallecidos tenían entre 18 y 79 años, tres de ellos menores de 30.

El regulador británico insiste en que los números no prueban que la vacuna sea la causante de los coágulos, aunque admitió que el vínculo se estaba consolidando.

Mientras, la Agencia Europea de Medicamentos comunicó este miércoles que estos inusuales trombos debían ser incluidos como posibles “muy raros efectos secundarios” de la vacuna de AstraZeneca, y que sus beneficios superaban los riesgos.

Entonces, si el riesgo es tan bajo y las autoridades insisten en que la vacuna está salvando miles de vidas, ¿por qué Reino Unido recomienda no ofrecerla a los menores de 30?

Riesgo y beneficio

Logo de AstraZeneca con jeringuillas.

Getty Images
La vacuna de AstraZeneca ha estado en el punto de mira varias semanas por vincularse casos de trombos como posibles muy raros efectos secundarios.

Primero hay que reiterar que ninguna vacuna o medicamento está libre de riesgos. La pregunta clave es determinar si beneficia más de lo que perjudica.

La propia píldora anticonceptiva, en general, aumenta seis veces la probablidad de desarrollar un trombo.

Los últimos datos siguen demostrando que la vacuna de AstraZeneca es muy beneficiosa, incluso asumiendo que estos trombos son causados por la misma, lo cual no está confirmado todavía.

El riesgo de morir por un trombo tras vacunarse es increíblemente pequeño, de uno entre un millón, según estimaciones de los datos disponibles en Reino Unido.

Por el contrario, la covid-19 mata a una de cada ocho personas infectadas mayores de 75 años, y uno de cada 1.000 infectados sintomáticos con alrededor de 40 años.

Sin embargo, el balance entre riesgo y beneficio en los menores de 30 años no es tan amplio, dado que los pacientes en este rango de edad son mucho menos propensos a morir o enfermar de gravedad por covid.

Pero incluso en este grupo de población el compuesto de AstraZeneca sigue aportando muchos más beneficios que riesgos.

Personal sanitario en Reino Unido con una inyección de la vacuna de AstraZeneca.

PA Media
La vacuna de AstraZeneca sigue aportando mayores beneficios que riesgos a cualquier grupo de edad y está salvando miles de vidas.

Solo que otras vacunas, en este caso, pueden ser una mejor apuesta.

“Mientras más te acercas a una persona de 20 años, sin culpar su estado de salud, más debes pensar sobre estos efectos secundarios muy raros. Los riesgos y beneficios quizás se aproximen a la paridad”, explicó el doctor Chris Witty, jefe médico de Inglaterra.

Puede que los titulares de los últimos días y el torrente de información sobre los efectos secundarios de las vacunas preocupen, pero hay que pensar que son una probabilidad extremadamente baja.

Normalmente, el ser humano no piensa en lo que hace o deja de hacer solamente en función de los riesgos.

Por ejemplo, hacer 400 kilómetros en auto implica una entre un millón de probabilidades de morir en un accidente. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros pensamos esto antes de ponernos a manejar?

Otros riesgos de la covid-19 en los menores de 30

Analizar los riesgos y beneficios, en este caso con AstraZeneca, no solo debe limitarse a la probabilidad de morir o no por coronavirus, según explica el jefe de estadísticas de la BBC Robert Cuffe.

“Alrededor de un cuarto de personas en cuidado intensivo con covid-19 también acaban desarrollando algún trombo producto de la infección”, señala Cuffe.

Paciente hospitalizado en Londres, Reino Unido.

Getty Images
Muchos pacientes ingresados con coronavirus también desarrollan trombos como consecuencia de la infección.

A eso se le suma la probabilidad de sufrir lo que se conoce como “covid de larga duración” o “covid crónica”, en que algunos de los síntomas de la enfermedad persisten durante varias semanas o meses.

“Y la covid persistente es más probable que afecte a treintañeros que a pacientes con 70 años”, explica Cuffe.

Un balance “complejo”

Frente a la posibilidad de sufrir uno de estos muy poco frecuentes efectos secundarios, autoridades médicas e individuos deberán tomar la decisión de equilibrar pros y contras.

“Analizar el balance de riesgos y beneficios puede ser muy complejo”, explicó al programa de radio Today de la BBC David Spiegelhalter, del Centro Winton de Comunicación de Riesgos y Evidencia de la Universidad de Cambridge.

“Para los jóvenes, el beneficio directo de la vacuna es menor. Entonces es inevitable que este balance se incline en algún contexto determinado”, añadió el experto.

En el caso de Reino Unido, al actualmente haber tan poco virus circulando, se optó por inclinar la balanza y ofrecer una vacuna alternativa a los menores de 30.

“Pero en otro contexto, con más virus circulando y sin otras vacunas disponibles, la recomendación sería distinta“, asegura Spiegelhalter.

El experto también insiste en que los jóvenes, aunque ellos mismos no sufran las peores consecuencias del virus, estando inoculados ayudan a evitar más muertes de pacientes con mayor riesgo.


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