Los negocios en la CDMX viven en la inseguridad: asaltos se disparan a su nivel más alto en 20 años
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Los negocios en la CDMX viven en la inseguridad: asaltos se disparan a su nivel más alto en 20 años

En 2017 se denunciaron en la capital 17 mil 410 robos a establecimientos comerciales; un promedio de 47 al día. Se trata del año con más asaltos a negocios desde que Miguel Ángel Mancera asumió la jefatura de gobierno en diciembre de 2012.
Cuartoscuro
Por Manu Ureste
25 de enero, 2018
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Los asaltos a negocios de la Ciudad de México registraron en 2017 su nivel más alto en las últimas dos décadas.

De acuerdo con datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017 se registraron un total de 17 mil 410 denuncias por robos a establecimientos comerciales de la capital mexicana, un promedio de mil 450 asaltos al mes, o 47 cada día.

Esta cifra, que incluye los hurtos con y sin violencia, refleja un aumento del 12.8% en comparación con 2016, un 20.7% más que en 2015, y  hasta un 37.4% más que en 2014.

El 2017 es, de hecho, el año con más asaltos a negocios en la capital desde que Miguel Ángel Mancera asumió la jefatura de gobierno en diciembre de 2012. Y no solo eso: para hallar una cifra superior a las más de 17 mil denuncias presentadas por este delito hay que retroceder en el tiempo hasta 1997, cuando durante la jefatura de Óscar Espinosa Villarreal se registraron 18 mil 482 robos a comercios.

Según la Procuraduría capitalina, la Ciudad de México acumuló en 2017 una tasa de 544 asaltos con violencia por cada 100 mil negocios, ubicándose en el puesto número 12 a nivel nacional, pero si la comparativa se hace teniendo en cuenta la tasa de población, entonces la CDMX estaría en la posición número tres a nivel nacional, con 196.2 robos a negocio por cada 100 mil habitantes. Solo la superan Tabasco, con una tasa de 237.1 asaltos por cada 100 mil habitantes; y Baja California, con 234.7, de acuerdo con el informe más actualizado de la organización civil Semáforo Delictivo.

Los asaltos a transeúntes también se han convertido en un quebradero de cabeza para las autoridades policiacas y la ciudadanía: en 2017 se registraron 21 mil 079 denuncias, un 11% al alza, de las cuales el 70% fueron por robos con violencia a personas que transitaban por las calles de la capital.

Mientras que el robo a casas habitación también aumentó: se registraron 6 mil 629 denuncias, 552 cada mes, un 5.4% más que en 2016.

Además de los robos, los asesinatos registraron un alza importante. En la ciudad se cometieron mil 085 homicidios dolosos, un 14% más que en 2016, y hasta un 44% más que en 2013, el primer año completo de Miguel Ángel Mancera al frente de la ciudad.

A pesar del aumento progresivo de los homicidios en los últimos cinco años, la capital del país ocupa el lugar 23 nacional con 11.2 casos por cada 100 mil habitantes, 7.5 puntos por debajo de la media nacional, que es de una tasa de 18.7.

Robo de autos, el más denunciado

Estas cifras son una pequeña muestra de lo que el 2017 fue para la CDMX: el año con más delitos de la presente administración de Mancera, con 204 mil 078 carpetas de investigación del fuero común, lo que representa 559.1 incidentes al día.

Los delitos de alto impacto que más se cometieron fueron el robo de autos (11 mil 121 denuncias, 30.5 diarias), robo a transeúnte en vía pública con violencia (6 mil 706), robo a negocio con violencia (2 mil 722), lesiones dolosas por arma de fuego (mil 821), y otros robos, entre los que se incluyen a cuentahabientes y repartidores (mil 741).

Las delegaciones más violentas fueron la Cuauhtémoc, con 32 mil 334 delitos, Iztapalapa, con 30 mil 234, y la Gustavo A. Madero, con 20 mil 285.

En cuanto a los delitos de alto impacto que se redujeron, destacan el secuestro –de 46 denuncias en 2016 se pasó a 40 en 2017- y la extorsión –que pasó de 608 denuncias a 490 el año pasado, 19% menos-.

“Hay que retomar la política de control de armas”

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, resaltó que el comportamiento de los robos a negocio y de los homicidios no solo alcanzó máximos históricos en la CDMX, sino también a nivel nacional.

“Hay algo que desde la política nacional, hasta la política local, no está funcionando en el combate a estos delitos”, apuntó en entrevista Rivas, que señaló dos posibles factores que podrían estar generando este comportamiento.

El primero es la política de armas de fuego. En este punto, el experto indicó que el uso de armas está aumentando en los robos con violencia a negocio, mientras que los asesinatos son cometidos “casi en un 70%” con armas de fuego, de ahí la necesidad “de retomar la política de control”.

“Necesitamos controlar desde el ingreso ilegal de armas al país, hasta el traslado, y el posterior comercio en el mercado negro en las ciudades. Y para ello, es necesario trabajar con las aduanas, la policía en las carreteras, y con los gobiernos locales”, puntualizó el director del Observatorio ciudadano.

El otro factor, señaló, es que no está funcionando el uso de inteligencia policiaca.

“En el caso particular de la CDMX, su procuraduría y Secretaría de Seguridad Pública son de las mejor equipadas tecnológicamente. A través del uso de videocámaras, por ejemplo, se podría identificar cuáles son las zonas más riesgosas donde se cometen robos a negocio y otro tipo de hurtos, y sobre esto generar estrategias para disuadir el delito. Sin embargo, las estadísticas delictivas al alza nos dicen que algo no se está haciendo bien”, recalcó Rivas.

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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