Recobrar su vida sin estigmas, la meta de exreclusos después de cumplir sentencia en las cárceles
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Cuartoscuro Archivo

Recobrar su vida sin estigmas, la meta de exreclusos después de cumplir sentencia en las cárceles

La sociedad y las empresas deben dar a exreclusos una oportunidad para tener un trabajo, dinero y recuperar su vida.
Cuartoscuro Archivo
Por Nayeli Roldán
2 de enero, 2018
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Después de pasar años en prisión, para un exrecluso lidiar con la libertar es difícil. Retomar la vida, sin trabajo y, en casos extremos, sin familia, es un reto para quienes han pasado una parte de su vida en una cárcel. La meta es poder reinsertarse en la sociedad y no reincidir.

Uno de los obstáculos más grandes a los que se enfrentan los exreclusos es que aunque hayan cumplido una sentencia, siempre tendrán ese registro en su historial. Por eso es que incumplen con el requisito de tener una carta de no antecedentes penales que solicitan casi en cualquier empleo.

Precisamente por eso es que es importante generar las condiciones para que las personas liberadas recuperen derechos y eso les permita retomar su vida laboral y social, afirma Paola Zavala, directora del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México.

“Imagina a una persona que está fuera de un reclusorio, vestido de beige, que sale después de 10 años y no tiene a dónde ir, que no tiene lo necesario para comer, dormir o buscar un empleo y empezar a formar parte de la sociedad”, ese es el panorama para cientos de personas, explica.

Por eso es que la prioridad de una persona que sale de reclusión es “reinsertarse en sociedad, ser queridos, aceptados, restablecer los vínculos. Tener un ingreso y que la sociedad no los estigmatice”.

El Instituto presta servicio precisamente para que puedan “arrancar”, a través del derecho a la identidad, con el trámite de la credencial de elector o un seguro de desempleo, uno de los programas de la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, porque aunque sea poco económicamente “puede ser muy significativo al momento de salir”.

Uno de los proyectos piloto del Instituto es establecer un vínculo con el sector laboral, pagando tres meses de salario a las personas que salieron de reclusión para estar a prueba durante tres meses en alguna empresa y que, después de ese tiempo, el empleador puede contratarlos de manera permanente.  

Para poder concretarlo se requiere de más empresas que acepten dar una oportunidad a quienes han salido de reclusión y a que el presupuesto del Instituto permita solventar el salario de más personas.

Otro de los proyectos es la capacitación para emprender microempresas de productos alimentarios, herbolaria, entre otros, y la prestación de microcréditos de 5 mil pesos y que de pagarlo, pueden acceder a 10 mil pesos y así sucesivamente hasta llegar a 25 mil pesos.

Pero el trabajo, dice Zavala, debe ser transversal en el gobierno porque el tema de reinserción y prevención “no puede ser tarea sólo de un instituto aislado”, por eso es que la Secretaría del Trabajo otorga seguros de desempleo, el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, microcréditos o el Instituto de las Mujeres, capacitaciones. Se requiere que “todas las instancias de gobierno inviertan en ello”.

Para “generar una convivencia social pacífica” se requiere de todos. “No sólo es la persona que tiene que regresar a la sociedad, sino también la sociedad tiene que abrirle un espacio para que regrese. No sólo es tarea de ellos, que claro que la tienen: conseguir un trabajo, mejorar sus relaciones familiares, pero también de la sociedad en apoyarlos cuando ellos quien regresar”, dice Zavala.

Algunas personas que salen de prisión delinquen, pero no todas y éstas son las “personas con las que tenemos que trabajar para que no regresen a círculos de violencia o a cometer otros delitos”.

Prevención, la tarea pendiente

Seis de cada 10 personas que atiende el Instituto, cumplieron una pena por robo agravado y eso es un indicador social, sostiene Paola Zavala. “Muchos de estos delitos son con enojo. No sólo te asaltan, lo hacen con violencia”. Por eso, una de las labores del Instituto es “llamar la atención sobre la inequidad social, los temas profundos que hacen que las personas estén delinquiendo y cómo podemos hacer que no lo hagan”.

La prevención es uno de los temas pendientes para combatir las causas de la violencia y no sólo los efectos. No sólo se trata de un programa, sino de “tomar decisiones macroeconómicas en temas de equidad, educación, que nos va a llevar un tiempo”.

Por eso, aunque es importante el debate sobre el nuevo sistema de justicia penal, el presupuesto para tener jueces, ministerios públicos preparados y suficientes, “si no empezamos a trabajar en temas de prevención social, en los círculos de violencia, en las colonias con problemas de consumo de drogas, no vamos a lograr resultados diferentes por muy nuevo sistema de justicia que tengamos”, afirma la directora del Instituto.

La mayoría de quienes están ocupando las cárceles en la Ciudad de México en este momento son hombres en edad productiva, de escasos recursos y que cometen delitos como robo agravado. Le sigue delitos contra la salud (5.3%) y homicidio 5.2%. Eso te da la idea de personas que fueron excluidas porque tomaron una mala decisión en algún momento, por eso se necesita pensar en temas de prevención.

Sobre todo en los lugares que pueden tener un contexto adverso, de violencia o carencia de oportunidades. Por ejemplo, de los 2 mil 726 usuarios atendidos en el Instituto entre enero y octubre de 2017, tienen entre 31 y 45 años de edad y provienen principalmente de tres delegaciones: Iztapalapa (21%), Cuauhtémoc (12%) y Gustavo A. Madero (11%).

Aunque el Programa Nacional para la Prevención del Delito y la Delincuencia inició con la ubicación de polígonos territoriales para detectar  el número de delitos por zonas y las acciones de prevención, desapareció. Más allá de si era efectivo, no hubo otra estrategia que lo sustituyera para tratar ese punto.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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