Juez vincula a proceso al ciudadano que denunció corrupción y fue demandado por constructora
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Diario Criterio

Juez vincula a proceso al ciudadano que denunció corrupción y fue demandado por constructora

Este lunes continuó la audiencia en el caso del ciudadano Leonardo García Cortés, acusado por la constructora SYLMA de difamación.
Diario Criterio
Por Redacción Animal Político
16 de enero, 2018
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El ciudadano Leonardo García Vázquez fue vinculado a proceso por haber dado una entrevista a un periódico local denunciando irregularidades en la construcción del fraccionamiento Esmeralda, en el que participó la constructora SYLMA.

El juez fijó un plazo de dos meses para complementar la investigación, y estableció medidas cautelares. Aunque llevará su proceso en libertad, tendrá que acudir a firmar cada 15 días, y no podrá salir de los estados de Hidalgo, Estado de México, y Ciudad de México.

La acusación es por el delito de difamación.

El argumento para iniciar el proceso fue que Leonardo tuvo que haber agotado las instancias legales pertinentes en el estado de Hidalgo antes de acudir a los medios de comunicación, para denunciar irregularidades que involucran a la constructora SYLMA.

El juez dijo que ni los medios de comunicación ni el gobierno son la instancia inicial para exigir que un particular haga su trabajo, cumpla con un contrato. Antes, según su argumento, debe acudir a instancias legales.

“Eso significa que ningún ciudadano puede comunicarle a un periodista o a otra persona un hecho, aunque sea verdad, porque se enojan o le causan descredito”, señaló Jesús Alberto Guerrero Rojas, defensor legal de Leonardo al diario Criterio.

“Nos transmiten que no podemos expresarnos libremente porque caemos en este sistema inquisitorio. Desafortunadamente desconozco si de hoy en adelante puedo seguir hablando a los medios, porque entonces me están cuartando mi derecho a la libre expresión”, detalló Leonardo García ante la resolución de la juez.

Los hechos por los que se señala al ciudadano surgen a partir de dos notas periodísticas, publicadas el 8 de noviembre y el 21 de diciembre de 2016. 

La defensa de Leonardo García Vázquez pidió este lunes la sustitución del juez Ciro Juárez Ortega, para que sea Sissi Anette Rodríguez Fernández quien dé continuidad al proceso de la causa penal 138/2017.

Leonardo García Vázquez fue detenido el jueves pasado en su domicilio en el Estado de México, acusado por la constructora SYLMA de difamación. Había denunciado que el subsecretario de Obras de Hidalgo es también el director responsable de obra de la empresa, lo que representa un posible conflicto de interés.

Esta relación fue documentada en la nota que Animal Político publicó el 27 de julio de 2017, donde se señala que el funcionario Marco Antonio Rico Moreno tiene participación en al menos cinco constructoras de la entidad y sus familiares poseen otras firmas; ha recibido al menos 273 licencias y la misma Secretaría de Obras ha emitido las órdenes de construcción.

Leonardo García, quien vivía en una casa mal construida -según sus propias palabras- por SYLMA, había hecho una denuncia pública sobre el caso, lo que motivó la investigación de Animal Político.

La empresa señala que se ha visto afectada por las denuncias de corrupción que ha hecho García en medios de comunicación.

Artículo 19 emitió un comunicado sobre el caso de Leonardo, quien enfrenta la acusación en su contra en libertad, a la espera de que se defina su situación jurídica.

“Respecto al derecho al acceso a la información, su libre ejercicio es un instrumento clave para acceder a derechos económicos, sociales y culturales  -en este caso, una vivienda digna y un medio ambiente sano. La búsqueda de información de Leonardo García Velázquez en principio es de claro interés público ya que evidencia los conflictos de interés por la forma en que le fueron otorgados diversos permisos de construcción a la constructora SYLMA siendo el Subsecretario de Obras de Hidalgo, Marco Antonio Rico Moreno accionista de la misma constructora”, indicó la organización que defiende la libertad de expresión.

“El periodismo de investigación sobre actos de corrupción es de interés fundamental para visibilizar y combatir la impunidad. Cualquier ataque mediante el uso desviado del derecho penal ya sea contra  fuentes o medios, constituye una grave forma de frenar el flujo de información que representa un discurso especialmente protegido por el interés público que entraña. Lo anterior redunda en una violación al derecho de la sociedad en su conjunto a estar informada”, agregó.

Artículo 19 apuntó que “ve con preocupación el uso del derecho penal mediante la figura de calumnia para coartar la expresión y flujos de información que son de evidente interés público”.

Con información de Criterio Hidalgo

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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