En Cuauhtémoc hay 32 edificios en riesgo de colapso, reportan autoridades
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Cuartoscuro Archivo

En Cuauhtémoc hay 32 edificios en riesgo de colapso, reportan autoridades

Un reporte de la delegación Cuauhtémoc detalla cuáles son los edificios dañados y que pueden colapsarse, a casi cuatro meses del sismo del 19S.
Cuartoscuro Archivo
Por Paris Martínez
9 de enero, 2018
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En la delegación Cuauhtémoc, uno de los puntos más afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, permanecen hasta la fecha 32 edificios en “riesgo de colapso”, por lo que su demolición es urgente, y cinco de ellos están en “riesgo inminente”.

Estos 32 edificios, explicó Cinthya Murrieta, encargada de Protección Civil de la delegación, “se tienen que demoler, porque pueden en cualquier momento colapsarse, no sólo con un sismo, sino incluso con vibraciones importantes, como las que provoca la maquinaria pesada”.

Entre este grupo de edificios, existen varios catalogados como en “alto riesgo de colapso”, y se ubican en: Colima 198 (colonia Roma Norte), Durango 167 (Roma Norte),  Francisco Javier Mina 16 (colonia Guerrero), Luis Moya 64 (colonia Centro), Melchor Ocampo 288 (Cuauhtémoc), Privada de soto 108-110 (Guerrero), República de Paraguay 55 (Centro).

Esta calificación de riesgo, explicó la funcionaria delegacional, no fue emitida por Cuauhtémoc, sino directamente por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México.

Según un reporte elaborado por la delegación, a partir de los dictámenes emitidos por el ISC-CDMX, además de los 32 edificios en riesgo de colapso, hay otros 56 edificios que, aún cuando no están en peligro de derrumbarse, sí fueron catalogados como inmuebles de “alto riesgo” para sus moradores, ya que tienen elementos a punto de desplomarse, tales como muros, acabados, cornisas, ventanales, tubería, que deben ser “intervenidos” para garantizar la seguridad de las personas.

Estos 56 edificios que representan alto riesgo para los habitantes, aseguró la funcionaria, están rodeados por cinta de advertencia y sus moradores fueron notificados de las condiciones de “inhabitabilidad”. Sin embargo, reconoció, “no todos” están verdaderamente deshabitados.

“Un caso es el del callejón Igualdad número 32, que es un edificio que fue evacuado, acordonado y los dueños notificados oficialmente por el Gobierno de la Ciudad de México. En este predio hay varios departamentos, varias casitas adentro, es como una vecindad, y aunque en el día parece estar deshabitado, en la noche llegan sus dueños a dormir.”

En este inmueble, explicó la titular de Protección Civil de la delegación, “yo personalmente fui a hablar con los habitantes, y pude hablar con uno de los dueños de un departamento, y él me dijo ‘mire, licenciada, el edificio no se nos va a caer, y mientras no tengamos definido qué vamos a hacer, aquí seguimos’. Entonces, hay una corresponsabilidad con la ciudadanía a la hora de tomar en consideración los riesgos.

–¿No hay alguna autoridad responsable de evitar que a esos inmuebles en alto riesgo se meta gente? –se consultó a la funcionaria.

–La Secretaría de Seguridad Pública es la que debería de asegurarse que, después de un acordonamiento, no haya nadie entrando o saliendo de los edificios –reconoció.

Pero el riesgo para las personas, añadió, no es sólo para aquellas que ingresan a estos inmuebles, sino también para quienes habitan en los predios vecinos, o los que pasan cerca, y cuya seguridad permanece comprometida, mientras no sean intervenidos los edificios en riesgo de colapso o de desprendimiento.

La delegación Cuauhtémoc, aseguró, ha dado acompañamiento a los propietarios y moradores de estos inmuebles, especialmente los cinco en alto riesgo de colapso, pero “es el Comité de Emergencias de la Ciudad de México (coordinado directamente por el gobierno capitalino) el que toma la determinación de cuáles son los edificios que se van demoliendo y cuándo”.

Cabe destacar que, además de los 88 edificios en riesgo de colapso o que representan alto riesgo para las personas, existen otros 33 inmuebles en riesgo “medio” y “bajo”, que sí permanece habitados, aunque requieren intervenciones de sus habitantes.

A continuación, te presentamos el reporte de la delegación Cuauhtémoc sobre los 121 edificios con algún tipo de daño tras el sismo del 19 de septiembre:

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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EPA

Entre el 30% y el 50% del agua en el mundo se obtiene de manera ilegal, según estudio

La agricultura consume alrededor del 70% del agua disponible en el planeta y la forma en la que la obtiene no siempre es legítima. 3,000 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable seguros y solo el 10% del agua en el mundo se destina a los hogares.
EPA
15 de septiembre, 2020
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Puede sonar difícil de creer que entre el 30% y el 50% del agua en el mundo sea “robada”.

Como también parece sorprendente que el 70% de ese recurso sea destinado para la agricultura cuando casi un tercio de la población del planeta no tiene acceso a servicios potables.

Sin embargo, diferentes estudios y expertos señalan que eso es lo que ocurre.

El agua es “robada” o desviada y en lugar de abastecer a las poblaciones se dirige al negocio del agro, según explica a BBC Mundo Adam Loch, experto en el tema de la Universidad de Adelaide (Australia).

Pero el problema no termina ahí.

El planeta desecha la tercera parte de los alimentos que produce y eso hace más injusta esta desproporción en el uso que hacemos del agua, como comenta Richard Connor, responsable del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos.

“Es una desperdicio cuando se destina a la sobreproducción de comida”, señala a BBC Mundo.

El “gran robo”

La escasez de agua se agudizó por el cambio climático primero y después por la pandemia del coronavirus.

3.000 millones de personas no tienen acceso a redes de distribución, según la ONU, y el uso “desproporcionado” del recurso en rubros como la agricultura o la minería agrava el problema.

Represa

EPA
El agua se convirtió en un valioso recurso para la generación de electricidad.

Adam Loch señala que, a pesar de los vacíos jurídicos existentes alrededor de la propiedad y el valor del agua, se puede hablar de “robo” dado que existen actores dentro de este modelo de explotación que esquivan procedimientos legales a tal escala que entre el 30% y 50% del recurso se puede considerar sustraído.

Y en perjuicio de las poblaciones.

“Es difícil de precisar los porcentajes, pero sabemos que la agricultura es el mayor usuario a nivel mundial. Y encontramos que esa extracción o consumo en muchos casos se realiza sin que exista derecho legítimo“, explica el experto.

Loch, junto a un equipo de investigadores, publicó recientemente un ensayo titulado “Gran robo de agua”, publicado en la revista científica Nature.

En el trabajo sostienen que la incertidumbre y los cambios repentinos en el suministro de ese recurso aumentan las posibiidades de la ilegalidad de su uso.

“Por ejemplo, los períodos de sequía también pueden alterar las percepciones de las normas, la legitimidad y la equidad de las personas o entidades”, explica el investigador.

Loch añade que el fenómeno del robo del agua tiene un margen elevado de subregistro o directamente es minimizado por los estados.

Pone el ejemplo de la región andina sudamericana, donde no hay un adecuado control del consumo de los sistemas de riego y que puede ser un uso excesivo para maximizar las ganancias.

Zona árida en México

Reuters
Las regiones áridas y las que sufren largos periodos de sequía son un factor que impulsa a la extracción ilegal de agua.

Esta zona, compartida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela produce plantaciones de alta demanda en el mercado mundial como la quinua que, a la vez, requieren altos niveles de agua después de la siembra.

Las dificultades

Para Richard Connor el concepto del “robo de agua” se puede utilizar, pero es necesario tomar en cuenta otras figuras.

“Se puede calificar así, pero también hablar de la pérdida del recurso”, explica.

El experto indica, como ejemplo, cuando el agua es desviada a través de canales artificiales o a través de tuberías.

“Cuando esto pasa es difícil de monitorear y determinar si se trata de robo”, explica.

Connor indica que existen muchas “áreas grises” con relación a las concesiones y a la propiedad como tal del agua.

“La agricultura usa enormes cantidades del recurso y puede ser usada de fuentes no permitidas como humedales, que se supone deben ser protegidos, pero también la aprovechan de los sistemas municipales legales”, indica.

Minas en Chile

Reuters
Actividades como la agricultura y la minería demandan grandes cantidades de agua.

El relator de Naciones Unidas explica que, en el mundo, se considera un bien común el agua que se encuentra en ríos, lagos, debajo de la tierra y otros espacios naturales, pero a la vez existen usuarios individuales y compañías que logran los derechos propietarios en determinadas regiones.

“Tratar de establecer quién es el dueño del agua es como buscar al dueño de la electricidad. Es bastante difícil de definir”, concluye.

Consecuencias

Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que, se trate de robo, explotación o desvío, el uso desproporcional del agua afecta directamente a las poblaciones.

Y con mayor énfasis en las regiones que sufren largas sequías o que por condiciones socioeconómicas no tienen garantizados los servicios sanitarios y potables.

Solo el 10% del agua va para uso doméstico y la inmensa mayoría que va a la agricultura genera poco valor agregado para los productos internos brutos de los países”, indica Connor.

El experto añade que, si bien no hay productividad económica significativa en la distribución del recurso a los hogares, sí se generan beneficios sociales en diferentes áreas como la salud.

“Si la gente crece con acceso a agua potable, claro que repercute en menores costos futuros para los sistemas de salud”, afirma.


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