Difamación, antimemes y los delitos contra la libertad de expresión que siguen vigentes en México
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Cuartoscuro Archivo

Difamación, antimemes y los delitos contra la libertad de expresión que siguen vigentes en México

Especialistas y organizaciones han recomendado a México derogar este tipo de delitos, que tienen como centro inhibir la libertad de expresión.
Cuartoscuro Archivo
Por Erendira Aquino
23 de enero, 2018
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El pasado 11 de enero, Leonardo García Vázquez, quien denunció ante los medios de comunicación que su casa en Hidalgo fue mal construida y que existía un presunto conflicto de interés entre la constructora y un funcionario público del estado, fue detenido. La empresa SYLMA lo acusó de difamación, por lo que podría pasar en prisión de 3 meses a 2 años, o pagar una multa de hasta 150 días de salario mínimo. En otros diez estados, también se castiga con cárcel este delito.

En Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán y Yucatán se persigue penalmente el delito de difamación, con penas de entre tres días a cinco años de prisión, y con multas de entre cinco a quinientos días de salario mínimo por cometer difamación o calumnia, ambos considerados “delitos contra el honor”.

En el caso del delito de calumnia, definido como la imputación falsa a otro de un hecho que la Ley tipifique como delito, éste se castiga penalmente en Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Zacatecas, Colima, Michoacán, Campeche y Yucatán, y las penas van de los tres meses a los seis años de prisión, y de tres hasta mil días de salario mínimo como multa.

“Muchas veces son delitos con penas menores, pero el simple hecho de que haya una amenaza de ser privado de la libertad por ejercer tu derecho, genera lo que se llama el efecto inhibitorio, entonces la mera existencia de estos delitos, puede generar un efecto de amedrentamiento para no hablar de ciertos temas, sobre todo cuando se trata de funcionarios públicos o de empresas privadas con mucho poder, como en este caso”, señaló Leopoldo Maldonado, integrante de la organización Artículo 19.

Maldonado explicó que, desde hace diez años, organismos que se encargan de la supervisión de tratados internacionales y de la tutela de derechos humanos, expertos independientes y relatores de la libertad de expresión han recomendado al Estado mexicano derogar este tipo de delitos, que tienen como centro inhibir mediante la criminalización de la libertad de expresión.

Aunque en los diez años que han transcurrido desde que comenzaron a recomendar al Estado mexicano derogar estos delitos se redujo el número de códigos penales que lo contemplan de 33 (32 estatales y el Código Penal Federal) a 12, Maldonado explicó que, al mismo tiempo, hay “una reconfiguración de estos delitos por otros que se mantienen vigentes en la mayoría de los estados”: ultrajes, halconeo y el castigo a la modificación de fotografías e información (antimemes).

“Entonces, digamos, sí ha habido un avance en ese sentido, pero correlativamente ha habido un incremento respecto a otros delitos nuevos que se están sacando de la manga”, dijo.

Halconeo”

El 10 de octubre de 2014, el periodista Julio César Dávila fue detenido arbitrariamente en Monterrey, Nuevo León, cuando fotografiaba la camioneta del entonces Procurador del estado, Adrián Emilio de la Garza, que se encontraba estacionada en doble fila.

Los escoltas del funcionario acusaron a Julio César de “halconeo”, definido por el Código Penal de Nuevo León como el acto de acechar, vigilar o realizar actos tendientes a obtener información sobre la ubicación, las actividades, los operativos o en general las labores de seguridad pública, y por el cual se puede castigar con entre dos y quince años de prisión y una multa de entre 200 y 400 salarios mínimos.

En 22 estados, los ciudadanos pueden ser detenidos y acusados por “halconeo” que, no obstante las variaciones en su definición dentro de los distintos códigos penales locales, se refiere a la búsqueda y provisión de información sobre operaciones de las fuerzas de seguridad.

Según los códigos penales de Chihuahua, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, el “acecho” o “vigilancia” de estos servidores se realiza para mantener informados a criminales sobre operativos de seguridad y permitir que continúen con su actividad o que sean detenidos.

Ataques a la autoridad e instituciones

El 1 de septiembre de 2013, en el marco del primer informe del presidente Enrique Peña, el fotoperiodista Gustavo Ruíz Lizárraga fue detenido al estar grabando a personas que eran detenidas por elementos de la policía a las afueras del metro San Antonio Abad.

Gustavo estuvo detenido cuatro días, acusado por presunto ultraje a la autoridad y resistencia de particulares.

Finalmente, casi dos meses después, el 11 de noviembre del mismo año, la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) revocó el auto de formal prisión dictado en su contra.

Para Leopoldo Maldonado, casos como el de Gustavo muestran la forma en la que estos delitos pueden ser usados por las autoridades para coartar la libertad de expresión y la labor de documentar presuntos actos arbitrarios.

Las conductas que atentan contra funcionarios o instituciones públicas son castigadas en 23 estados: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, CDMX, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, y alcanza penas en semilibertad, hasta 6 años de prisión, y multas de 300 días de salario mínimo.

Estados “antimemes”

Otro de los delitos que, de acuerdo con Leopoldo Maldonado, podría ser usado para inhibir la libertad de expresión, es la “falsificación o alteración de documento o similar tecnológico”, lo que incluye la modificación de imágenes, e incluso voces, para causar perjuicio a alguna persona, por lo que los activistas los han catalogado como “antimemes”.

Este delito se castiga en Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Guerrero, Tabasco y Tlaxcala, y tiene penas de seis meses a ocho años de prisión, y multas de 50 a 1000 días de salario mínimo.

Para Maldonado, que estos delitos sean castigados por la vía penal pone en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión, y coincide con los especialistas y organismos internacionales que han recomendado a México que “lo que tiene que hacerse es quitarlo del ámbito penal, precisamente por el efecto mordaza que tiene sobre las personas la mera existencia de este tipo de delitos”.

El Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión, David Kaye, ha recomendado al Estado Mexicano despenalizar la difamación y los delitos similares, puesto que las “penas de prisión, la suspensión del derecho a expresarse a través de cualquier forma concreta de medio de comunicación, las multas onerosas y otras sanciones penales severas nunca deberían ser un recurso con el que sancionar la violación de leyes antidifamación”.

De acuerdo con Kaye“es necesario legislar sobre esta materia dado el aumento del uso de demandas civiles para amedrentar a las y los periodistas. Para dicha legislación deben considerarse el estándar de real malicia, la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones y la prevalencia de sanciones no pecuniarias”.

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Conflicto en Ucrania eleva el precio del petróleo al punto más alto en 7 años

El precio del crudo Brent y del West Texas Intermediate, dos de las referencias mundiales, aumentó más de 10% en medio de los temores de los inversores del crudo.
1 de marzo, 2022
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El conflicto en Ucrania llevó a los precios del petróleo a su precio más alto de los últimos siete años.

Este martes, el crudo Brent, que es la referencia internacional de precios, subió un 10% hasta alcanzar en un momento de la jornada los US$107 por barril.

Es un aumento que se da pese a que se han implementado nuevas medidas para calmar los mercados preocupados por la invasión de Ucrania.

Los miembros de la Agencia Internacional de Energía acordaron liberar 60 millones de barriles de petróleo de reservas de emergencia para aliviar la situación.

Pero al ser Rusia uno de los mayores productores de energía del mundo, y como consecuencia de las preocupaciones sobre la invasión a Ucrania, los inversores han mostrado sus dudas de que los suministros de energéticos no se vean afectados.

Los aumentos de precios fueron más pronunciados aun en Estados Unidos, donde el precio del barril de West Texas Intermediate aumentó un 11% hasta alcanzar los US$106 por barril.

“Estamos preparados para usar todas las herramientas disponibles para limitar la interrupción del suministro mundial de energía como resultado de las acciones del presidente Vladimir Putin”, dijo el martes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Agregó que Washington seguiría buscando cómo acelerar el traslado de los suministros energéticos lejos de Rusia.

Bombas de gasolina

EPA
El precio de las gasolinas se fija teniendo como referencia el precio del crudo.

Otra declaración de la AIE señaló que la invasión de Ucrania se produjo en un “telón de fondo de mercados petroleros mundiales ya ajustados, mayor volatilidad de los precios e inventarios comerciales que se encuentran en su nivel más bajo desde 2014”.

Los movimientos del precio de la gasolina en muchos países están determinados principalmente por el precio del crudo, que es la materia prima de los combustible, así como por el tipo de cambio de las divisas, ya que el petróleo se negocia en dólares.

Un mercado volátil

Los países occidentales han impuesto sanciones económicas y políticas contra Moscú.

Varias firmas trasnacionales, como British Petroleum y Shell, han cancelado sus inversiones en Rusia.

El rublo, la moneda de Rusia, se mantuvo estable este martes luego de que el día anterior colapsó un 30%, alcanzando mínimos históricos frente a las principales monedas del mundo.

Un rublo valía menos de un centavo estadounidense este martes.

La caída del rublo reduce su poder adquisitivo y afecta los ahorros de los rusos comunes.

Una pizarra de Wall Street

EPA

Análisis de Rob Young, de BBC World Service Business

La invasión rusa de Ucrania tiene nerviosos a los inversores.

Existe una enorme incertidumbre sobre lo que es probable que suceda en el conflicto y eso se puede ver en la volatilidad de los mercados.

Las sanciones occidentales a Rusia han causado turbulencias en el sector bancario mundial, con empresas que se esfuerzan por asegurarse de no hacer negocios con ninguna persona o empresa sancionada.

Pero los castigos pueden perjudicar a ambos lados, no solo al sancionado. Aun así, muchos jefes de empresas son claros: se toman decisiones, no solo sobre el dinero, sino también por motivos morales.

Mientras tanto, la guerra continúa perturbando los mercados energéticos, con el precio del petróleo ahora muy por encima de los US$100 el barril.

Un anuncio de que se liberarán grandes reservas de crudo normalmente haría bajar los precios.

Las noticias de hoy, sin embargo, no han hecho nada para aliviar las preocupaciones del mercado sobre la posible escasez de petróleo de Rusia.


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