Mexicanos con discapacidad mental, los más afectados por la discriminación
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Mexicanos con discapacidad mental, los más afectados por la discriminación

Entre las personas con discapacidad en México, quienes tienen un trastorno mental son los más discriminados a causa del estigma social en torno a su enfermedad y porque la misma ley limita sus derechos.
Archivo Cuartoscuro
Por Claudia Altamirano
3 de enero, 2018
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En México, las personas con discapacidad mental no pueden votar, casarse, heredar sus bienes ni donar órganos: toda su capacidad jurídica se ve limitada por una enfermedad que no se ve, pero que atemoriza a todos.

Tampoco pueden contratar el Seguro Voluntario del IMSS, no están cubiertos por las aseguradoras privadas y el presupuesto federal a la atención de sus males es de apenas 2 %.

Esta es la más discriminada entre todas las discapacidades, coinciden las organizaciones, ya que existen muchos más estigmas alrededor de la enfermedad mental que de la física, y la discriminación empieza en las instituciones.

La ruta de la discriminación

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 280 que “en ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas que se encuentren privadas de sus facultades mentales, intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, embozadas o armadas”, lo que impide votar a cualquier persona con discapacidad mental, independientemente de su diagnóstico o el tratamiento que lleve.

Para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), este artículo resulta desafortunado porque promueve la existencia de una evidente discriminación electoral en contra de las personas con discapacidad psicosocial (mental e intelectual), “descalificándolas única y exclusivamente por su condición de discapacidad de la posibilidad de acceso al ejercicio de sus derechos electorales”, advierte en el libro ‘Accesibilidad’, publicado en noviembre pasado.

La capacidad jurídica (facultad para realizar trámites civiles y legales) de quienes tienen un trastorno mental no es restringida automáticamente, sino que ocurre cuando los familiares o el cónyuge del paciente solicitan un juicio de interdicción para poder tomar decisiones por él, explicó Diana Sheinbaum, investigadora de la organización Documenta.

“Lo que se ha confundido son los términos de capacidad mental y la jurídica: una cosa es las habilidades que cada uno tiene para tomar decisiones y llevar nuestra propia vida, y otra es ser reconocidos como iguales ante la ley. En esta confusión se ha entendido que las personas con discapacidad psicosocial, como no tienen una capacidad mental ‘normal’, entonces pueden ser privadas de su personalidad ante la ley”.

De esta forma, una persona que está bajo juicio de interdicción conserva sus derechos pero se le niega la capacidad de ejercerlos por sí mismo, con lo cual queda impedido legalmente para contraer matrimonio –o seguir casado, pues la enfermedad se vuelve causal de divorcio-, heredar bienes o convertirse en donador de órganos, pero lo más grave son los abusos que suelen cometerse contra estas personas al decidir por ellos, como la esterilización forzada y los tratamientos médicos invasivos.

“Ahí hay una reforma muy importante qué hacer al Código Civil, una vez que no se te reconoce tu capacidad jurídica no puedes fungir como persona ante cualquier instancia”, señaló Sheinbaum a Animal Político.

Conceptos legales ofensivos

El Código Civil federal considera a las personas con discapacidad psicosocial “legalmente incapaces”, igual que un menor de edad o un adicto.

“Tienen incapacidad natural y legal: I. Los menores de edad; II. Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos; y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes; siempre que debido a la limitación, o a la alteración en la inteligencia que esto les provoque no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos, o manifestar su voluntad por algún medio”, indica el artículo 450.

Por otra parte, en el artículo 23 especifica que el estado de interdicción no debe menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia, “pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes”.

Algunos códigos civiles estatales incluyen esta restricción con términos considerados ofensivos. El de Campeche declara legalmente incapaces a los mayores de edad “privados de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad, aun cuando tengan intervalos lúcidos”; el del Estado de México a los “disminuidos o perturbados en su inteligencia por trastornos mentales”, y el de Jalisco a los que “padezcan enajenación psíquica”.

Esta última entidad es la que concentra el mayor número de discapacitados psicosociales: de acuerdo con cifras del Instituto de Estadística (Inegi) de 2014, en México hay aproximadamente un millón 420 mil personas con discapacidad mental y el 25% de ellos se ubica en ese estado occidental.

Otras limitaciones a las personas con trastorno mental no están sujetas al juicio de interdicción sino que aplican por defecto, como la incapacidad para hacer un testamento. El artículo 1306 del Código Civil federal indica que están incapacitados para testar “los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio” y abunda el 1307, “es válido el testamento hecho por un demente en un intervalo de lucidez”, siempre que un juez nombre dos médicos, “de preferencia especialistas en la materia, para que examinen al enfermo y dictaminen acerca de su estado mental. El Juez tiene obligación de asistir al examen del enfermo, y podrá hacerle cuantas preguntas estime convenientes, a fin de cerciorarse de su capacidad para testar”, agrega el 1308.

El problema de estas limitaciones a los derechos de las personas con discapacidad psicosocial es que se practican con una intención supuestamente de protección, pues la ley contempla el recurso del juicio de interdicción, pero quienes lo realizan son los familiares de la persona discapacitada.

“Muchas veces lo que hacen los padres en esta visión protectora es, para que mi hijo no se meta en problemas, para que no cometa una barbaridad le voy a hacer un juicio de interdicción. Esta visión de actuar por el beneficio del otro ha ganado peso frente al derecho a la libertad, hay una armonización legislativa muy importante qué hacer al respecto”, dijo Sheinbaum.

La activista se refiere a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que México firmó en 2007 y que 10 años después sigue sin ajustar sus leyes locales a dicho mecanismo, pese a que en 2014 la ONU hizo una serie de observaciones a este país, urgiéndolo a atender medidas específicas, entre ellas el lenguaje ofensivo en los códigos civiles estatales, “al Comité le preocupa que la legislación civil de algunas entidades federativas todavía contenga expresiones peyorativas para referirse a las personas con discapacidad” y la prevalencia de los juicios de interdicción.

A la organización Documenta le preocupa particularmente el caso de los presos con discapacidad psicosocial, quienes –de acuerdo con la directora- en lugar de recibir una pena por el delito cometido reciben una medida de seguridad en función de su “peligrosidad”, ya que para ser liberados deben ser “entregados” a una institución o un familiar, mientras que el resto sólo cumple su sentencia.

“Es la institucionalización y este ciclo perverso del sistema que, bajo un enfoque caritativo, ha permitido graves violaciones a derechos humanos”, advirtió Sheinbaum.

Acceso discrecional a la salud       

Las personas con discapacidad psicosocial en México tampoco pueden contratar seguros de gastos médicos. El servicio obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se otorga a través de un empleo formal sí cubre las enfermedades mentales, igual que el Seguro Popular (mecanismo del gobierno federal para dar servicios de salud a personas sin seguridad social) que incluye los principales trastornos; pero el seguro voluntario del IMSS –que el usuario paga sin ser trabajador- excluye de su cobertura los trastornos mentales (como psicosis y demencias), igual que las aseguradoras privadas.

Te recomendamos leer: Seguro voluntario del IMSS, inaccesible para adultos mayores y trabajadores informales

Por ejemplo, en las condiciones generales de la aseguradora GNP –una de las más grandes en el país- excluye de su cobertura “trastornos de la conducta, del aprendizaje o lenguaje, enajenación mental, demencia, depresión psíquica o nerviosa, histeria, neurosis o psicosis, así como sus complicaciones. Cualquier enfermedad, estudio y/o tratamiento de tipo psicológico, psiquiátrico o psíquico, independientemente de sus orígenes o consecuencias”.

Otras como Zurich incluyen consultas psiquiátricas siempre que el trastorno derive de un asalto, secuestro o violación, así como del diagnóstico de cáncer, infarto al miocardio, insuficiencia renal, intervención quirúrgica por enfermedad de las arterias coronarias o accidente vascular cerebral. Quedan excluidos de su cobertura: ansiedad o depresión; padecimientos psiquiátricos; lesiones originadas por trastornos de enajenación mental, de conducta, “demencia, depresión psíquica o nerviosa, histeria, neurosis o psicosis”. Criterios similares aplica la estadounidense MetLife.

En el sector público también se dan exclusiones de facto, aunque las enfermedades mentales estén cubiertas. El colectivo Chuhcan, grupo de apoyo formado por y para personas con discapacidad psicosocial, ha reportado a la organización Disability Rights International varios casos de ginecólogos que se han negado a atender a pacientes con discapacidad psicosocial porque “quieren ver primero qué dice el psiquiatra”.

El programa de Acción específico de Salud Mental 2013-2018 del gobierno federal reconoce la falta de capacitación del personal médico para tratar a estas personas, así como la poca sensibilización con sus padecimientos.

Los activistas nacionales e internacionales que defienden los derechos de las personas con discapacidad psicosocial coinciden en que la lucha contra la discriminación todavía tiene muchas batallas, pero señalan un pequeño avance: la ley aprobada a principios de 2017 en el norteño estado de Coahuila, que garantiza los derechos de las personas “con la condición del espectro autista”, en la que se especifica el respeto a su capacidad jurídica, se impide explícitamente privarlos de su libertad ilegalmente y se reconocen sus derechos sexuales.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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'No me veo regresando a trabajar 5 días a la semana': los cambios de actitud laboral por la pandemia

La pandemia ha impulsado modalidades de trabajo flexibles que pueden hacer que los empresarios tengan que adaptarse a la situación.
1 de abril, 2021
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Lee Harman and family

Lee Harman
Lee y Louise esperan que al compartir el cuidado de los niños a partes iguales sean un buen modelo para sus hijos.

Cuando Lee Harman preguntó por primera vez si podía pasar de una semana laboral de cinco días a una de cuatro, estaba nervioso, preguntándose qué pensarían sus colegas.

“En la construcción predominan los hombres”, señala. “Trabajar a tiempo parcial es algo que simplemente no se hacía”.

Ahora pertenece al creciente número de profesionales que han reducido su horario.

Lee, 38 años, es ingeniero civil en la empresa Skanska Costain Strabag.

En el último año ha descubierto que una semana laboral más corta es una gran ventaja.

“Así puedo gestionar mejor mis niveles de energía”, dice este padre de tres hijos.

“Un puesto de alto nivel requiere cierto grado de contemplación y espacio para pensar. Me viene muy bien, y a todo el equipo también”.

No me veo volviendo a la forma en que trabajaba antes”, afirma.

Lee cree que, debido a la crisis de covid-19, mucha gente se ha dado cuenta de que las cosas se pueden hacer de otra manera.

Los colegas han empezado a preguntarle por su experiencia, planteándose si podrían hacer lo mismo.

Trabajadores desde casa

Getty Images
Encuestas y experimentos en distintas partes del mundo muestran que existe un anhelo por poder compaginar la vida personal y profesional de otro modo.

Tendencia a reducir las horas de trabajo

Puede que los altos cargos de Goldman Sachs sigan insistiendo en una semana de 95 horas, pero parece que cada vez están más lejos de la mayoría.

Encuestas y experimentos en distintas partes del mundo muestran que existe un anhelo anhelo por reducir la jornada laboral y la consideración de que trabajar a tiempo parcial no debe ser un obstáculo para hacer carrera. Un deseo que ya se percibía antes de la pandemia, pero que el modo de trabajar durante la misma ha impulsado considerablemente.

Por ejemplo, de los 2.300 trabajadores de Microsoft en Japón que en 2019 probaron a reducir su jornada semanal un día, el 92% aseguró sentirse más feliz y menos estresado con ese horario. Similares resultados mostró el experimento en Perpetual Guardian, una empresa neozelandesa.

Y una encuesta realizada por la consultora de recursos humanos Robert Half en EE.UU. mostró que el 66% de los trabajadores afirmaba querer trabajar menos de cinco días a la semana.

Otra encuesta realizada el mes pasado a 2.000 adultos de Reino Unido reveló que el 72% cree que los trabajadores a tiempo parcial deberían tener las mismas oportunidades de progresar en el trabajo que los trabajadores a tiempo completo.

Timewise, que encargó la investigación, explica que hace nueve años una encuesta similar reveló que el 72% creía que “no era posible” tener un trabajo de alto nivel a tiempo parcial.

¿Es un freno reducir la jornada?

Karen Mattison, cofundadora de Timewise, una organización que hace campaña a favor de un trabajo más flexible, asegura que el año pasado se demostró que la gente puede trabajar de forma diferente y que era hora de que los empresarios lo reflejaran en la forma de diseñar y anunciar los puestos de trabajo.

“Durante mucho tiempo hemos visto una disculpa ante el término tiempo parcial: ‘sólo estoy a tiempo parcial’. Ahora sabemos que la inmensa mayoría de la gente en Reino Unido no ve ninguna razón para que los trabajadores a tiempo parcial se vean impedidos de progresar en sus carreras”, explica.

Los trabajadores a tiempo parcial representan ya una cuarta parte de la población activa del país. Pero a menudo existe una compensación entre negociar un horario más corto y tener oportunidades profesionales.

Las madres, en particular, se han dado cuenta de que compaginar el trabajo con las exigencias del cuidado de los hijos ha supuesto un estancamiento en sus carreras, lo que ha socavado los esfuerzos por lograr la igualdad de género en los altos cargos.

Gemma Fleuren

Gemma Fleuren
Gemma Fleuren ha perseguido sus ambiciones profesionales a la vez de las familiares trabajando cuatro días a la semana.

Pero no para Gemma Fleuren.

Su actual trabajo como directora comercial en una empresa de veta de chocolate es el tercero en el que ha negociado una semana laboral de cuatro días.

Y, lejos de ver su carrera frenada, ahora es responsable de un equipo de personas y de una serie de tareas de logística, previsión de ventas y asignación de stock.

El marido de Gemma es bombero y trabaja a turnos los viernes y los fines de semana, por lo que ella se toma los viernes libres para estar con sus tres hijos.

“En puestos anteriores, me dijeron que retirara las fotos de mis hijos de mi mesa, por si enviaban un mensaje a los jefes de que no me tomaba en serio mi carrera”, explica.

Pero cuando la entrevistaron para su actual trabajo, dejó claro que aceptaría el puesto cuatro días a la semana y su empresa la ha apoyado totalmente.

“No hay preguntas sobre cómo organizas tus horas. Te juzgan por lo que consigues”, cuenta.

“El trabajo flexible es para todo el mundo, ya sea porque tienes hijos, un padre anciano que necesita tu ayuda ¡o incluso un pez dorado que necesita de cuidados especiales! El motivo es irrelevante, lo que se espera es que sea para todos”.

Incluso en períodos de mucho trabajo, como el que precede a la Semana Santa, se las arregla para mantener sus días libres.

Pero asegura que es necesario ser disciplinado para decir que no se está disponible en determinados momentos. Y no está segura de poder desempeñar su función con menos de cuatro días.

Una forma de atraer talento

Aunque algunos empresarios están dando ejemplos positivos, muchos todavía no han aceptado que ofrecer flexibilidad ayudará a atraer a los mejores talentos, afirma Timewise.

Un estudio anterior de Timewise reveló que, incluso antes de la pandemia, nueve de cada diez personas querían más flexibilidad en su próximo trabajo.

Sin embargo, en 2020 sólo el 8% de las ofertas de empleo en Reino Unido ofrecían opciones a tiempo parcial.

Mientras tanto, otros países ya están explorando la idea de reducir las semanas de trabajo.

Ardern

Getty Images
La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, sugirió a los empresarios que consideraran la opción de una semana de cuatro días.

El año pasado, la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, sugirió a los empresarios que consideraran la opción de una semana de cuatro días porque ayudaría a conciliar la vida laboral y familiar, pero también porque podría impulsar el turismo interno.

España está planeando un proyecto piloto de semana laboral de cuatro días, en parte debido a los retos de la automatización.

Y Suecia ha experimentado con jornadas de seis horas.

Gemma opina que cualquiera que desee trabajar a tiempo parcial debe ser sincero con los posibles empleadores, especialmente si los cazatalentos o los reclutadores no lo apoyan.

“He tenido reclutadores que me han dicho que no están dispuestos a plantear mi patrón deseado de trabajo a su cliente, dejando que mantenga la conversación yo misma o sugiriendo que ceda en mis requisitos para asegurarme una oferta de trabajo”, dice.

“Si el reclutador no quiere tener la conversación, yo me dirigiría directamente al posible empleador para que puedas exponer tu posición con claridad”.

*Todo el contenido del texto es de la autora, excepto los datos de encuestas y experimentos referidos a países distintos del Reino Unido.


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