México deberá rendir cuentas ante el vigía internacional de los derechos de las mujeres
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Cuartoscuro Archivo

México deberá rendir cuentas ante el vigía internacional de los derechos de las mujeres

El Comité de CEDAW requirió al Estado mexicano información sobre la falta de mecanismos al interior de los Poderes Judiciales para identificar y erradicar sentencias que perpetúan estereotipos y discriminación por razón de sexo, raza, clase y discapacidad.
Cuartoscuro Archivo
Por Andrea Vega
18 de enero, 2018
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En julio de 2018, el Estado mexicano enfrentará a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), adoptada de manera unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y que está considerada como la carta internacional de los derechos de la mujer. El Comité del organismo evaluará las políticas implementadas por México para enfrentar la violencia de género y garantizar los derechos políticos, electorales, sexuales y reproductivos de las mujeres.

De acuerdo a la lista de cuestiones que al Comité de la CEDAW le interesa revisar y que envió ya al gobierno mexicano para discutirlas en la reunión que se realizará en sesión pública en Ginebra, Suiza, el organismo internacional llama la atención sobre la falta de mecanismos al interior de los Poderes Judiciales para identificar y erradicar sentencias que perpetúan estereotipos y discriminación por diversas causas como sexo, raza, clase, discapacidad, entre otras.

Esto es relevante, además de la importancia del tema, porque es la primera vez que el Comité voltea a ver al poder judicial en México, especifica Isabel Erreguerena, coordinadora del Área de Políticas Públicas de la organización de la sociedad civil Equis Justicia para las Mujeres.

La intención del Comité de CEDAW es abordar el tema de transparencia en las sentencias como algo que afecta el acceso a la justicia. En este sentido, señala que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) de 2015 significó un retroceso en el derecho de conocer el contenido de las resoluciones judiciales emitidas por los jueces.

La LGTAIP, publicada el 4 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), redujo la obligación de los poderes judiciales de los 32 estados de la República Mexicana para difundir las sentencias emitidas, ahora solo podrán conocerse aquellas de “interés público”, aunque no se establece exactamente qué incluye ese término.

Equis Justicia para las Mujeres denunció, al dar a conocer su informe Transparencia en la Publicación de Sentencias ¿Retroceso a partir de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública?, que esta legislación daba pie a la opacidad del Poder Judicial, puesto que diariamente las personas defensoras de derechos humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil constatan, en sus experiencias de litigio, la existencia de resoluciones judiciales injustas basadas en estereotipos de género, prejuicios hacia las mujeres y sesgos de las y los jueces.

Justo sobre esos temas ha llamado el Comité de CEDAW al gobierno mexicano a rendir cuentas, aunque también hará revisión sobre otros aspectos, como representación política, salud sexual y reproductiva, desapariciones e impunidad y respuesta a la violencia.

Diálogo que es simulación

Cada cuatro años, el Estado mexicano está obligado por la CEDAW-México -que se integró a este instrumento en 1981- a rendir un informe sobre la atención a mujeres en el país. El último que presentó fue el noveno, en diciembre de 2016, en el que respondió a las recomendaciones recibidas en 2012 y en años anteriores. El informe fue elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).

En paralelo, cada cuatro años, organizaciones civiles mexicanas entregan a la CEDAW “informes sombra”, documentos alternos al oficial que aportan información, desde la sociedad civil, sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres mexicanas. Hasta ahora el Comité ha recibido siete de estos informes, entre ellos el de Equis Justicia para las Mujeres sobre acceso a la justicia. Aunque el organismo todavía está abierto a recibir más, de aquí a julio de 2018.

El grupo de trabajo del Comité analizó estos informes y como respuesta ha pedido a las autoridades mexicanas que aclaren ciertos puntos. La petición hace referencia a los protocolos legislativos que se han aprobado para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia, como el protocolo para juzgar con perspectiva de género, en concreto: solicita indicar si se han tomado medidas para medir su impacto, especialmente en relación con la eliminación de los estereotipos de género y formas entrecruzadas de discriminación en la administración de justicia.

Además, pide aportar detalles sobre los criterios interpretativos aplicados por los jueces en la resolución de los casos y que especifiquen si existen mecanismos para identificar las decisiones y prácticas discriminatorias.

Respecto a la opacidad en las sentencias, el documento es claro al estipular que las autoridades mexicanas deben indicar si existen mecanismos para vigilar la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, máxime a la luz de las informaciones que sugieren que, a raíz de la entrada en vigor de esta Ley, se ha reducido considerablemente el número de condenas publicadas y se ha limitado el derecho de las mujeres a acceder a la información de los casos.

Sobre el tema de capacitación, en el que Equis Justicia para las Mujeres ha documentado -a través de solicitudes de acceso a la información- la erogación de cientos de millones de pesos, el Comité le ha pedido al gobierno de México aportar más detalles sobre la naturaleza de las actividades, los cursos en línea y los talleres que tienen por objeto crear conciencia entre la judicatura y los funcionarios públicos sobre la importancia de incorporar una perspectiva de género en la tramitación de casos.

“El informe oficial presentado a CEDAW por el gobierno mexicano tiene problemas muy serios en acceso a la justicia, por ejemplo; habla y habla de protocolos y capacitaciones, como si eso fuera la solución, pero no habla de cómo se aplican ni cómo se miden los resultados con indicadores claros. Su posición ha sido presentar datos numéricos”, subraya Erreguerena

En lo concerniente a mujeres indígenas y de escasos recursos, el organismo solicita informar si se han establecido medidas para evaluar los efectos de las decisiones judiciales en las mujeres de los pueblos originarios y rurales, e indicar si todas la mujeres y niñas de ingresos limitados disponen de un acceso adecuado a la asistencia jurídica.

Será la Secretaría de Relaciones Exteriores la encargada de decidir quiénes integrarán el equipo que acudirá a Ginebra a contestar las dudas del Comité. Erreguerena adelanta que, seguramente, esa representación llegará en el mismo tono, con cifras y números, pero sin información cualitativa sobre los resultados de las acciones en defensa de las mujeres.

“La posición va a ser mencionar números, pero son números que pueden ser una simulación, porque hay miles de protocolos de acceso a la justicia, por ejemplo, y a la hora que hablas con funcionarios públicos no tienen idea de esos protocolos”.

Frente a esto, “lo más probable” es que CEDAW emita otra serie de recomendaciones específicas que el gobierno mexicano irá cumpliendo “aunque sea a medias”, para no someterse al señalamiento internacional público a falta de otra sanción -explica Erreguerena- toda vez que los mismos protocolos y la capacitación han sido una respuesta a otras recomendaciones del organismo.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellog.

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Escándalos con la vacuna del coronavirus: cómo la lucha contra el COVID-19 desnuda viejos vicios de América Latina

El desarrollo de vacunas para combatir el coronarios ilusionó a la región, golpeada con especial dureza por la pandemia. Después surgieron los problemas.
27 de febrero, 2021
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En Argentina, Ecuador y Perú, los escándalos tumban a ministros de Salud. En Brasil, hubo al mismo tiempo escasez y desperdicio de vacunas. Y en otros países de la región recién llegan las primeras dosis.

La vacunación contra el COVID-19 se volvió de pronto un espejo flamante de viejos problemas del subcontinente como la corrupción, el favoritismo, la falta de planificación o la incapacidad para resolver grandes desafíos.

Cuando México protestó la semana pasada en Naciones Unidas por el “acaparamiento” de vacunas en los países ricos, puso el foco sobre algo reconocido por la Organización Mundial de la Salud: la alarmante brecha en la distribución global de las dosis.

Pero el rezago de la vacunación en Latinoamérica respecto a otras regiones se debe también a deficiencias propias, advierten expertos.

Por ejemplo, la carencia de materiales elementales como viales o filtros en México retrasó el envase y la distribución de millones de dosis de la “vacuna latinoamericana” producida en Argentina tras un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca.

“Hay una cuestión de dependencia externa, pero esa dependencia también es un fallo de América Latina: no tenemos la capacidad de producir esas vacunas, mientras que India o China, que eran tan subdesarrollados como nosotros hace 30 años, logran hacerlo”, dice Miguel Lago, director ejecutivo del Instituto de Estudios para Políticas de Salud (IEPS) en Brasil, a BBC Mundo.

“Terminemos con la payasada”

Con cerca de un cuarto de las muertes por COVID-19 en el mundo, pese a tener 8,5% de la población global, América Latina ha sido golpeada con especial dureza por la pandemia.

La región también sufrió el año pasado el peor desplome económico mundial tras la llegada del coronavirus, con una contracción de 7,4% del PIB según estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

Exministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos

Getty Images
El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, renunció tras un escándalo por el envío de vacunas a un geriátrico donde estaba su madre.

En este contexto, el descubrimiento de las vacunas contra el coronavirus ilusionó a los latinoamericanos con ver pronto la luz al final del túnel.

Sin embargo, los esfuerzos de vacunación regional han estado marcados por polémicas, demoras y frustraciones.

Las renuncias de los ministros de Salud en Argentina, Ecuador y Perú ocurrieron después que en sus países se denunciara favoritismo en el acceso a las vacunas que escasean para la población en general.

El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, dimitió a su cargo este viernes, en medio de investigaciones por el envío de parte de las primeras dosis de vacunas a un geriátrico privado donde estaba su madre.

En Argentina y Perú se reveló que funcionarios, exgobernantes o personas influyentes también se vacunaron de forma preferencial, sin seguir las reglas puestas al resto de la población.

Durante una visita a México esta semana tras pedir la dimisión de su ministro, el presidente argentino, Alberto Fernández, buscó enterrar el escándalo: “Terminemos con la payasada”, dijo.

El presidente argentino, Alberto Fernández, durante una visita a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Getty Images
El presidente argentino, Alberto Fernández, se refirió a la polémica por “vacunas VIP” en su país durante una visita a su par mexicano López Obrador.

El mandatario aludió a la investigación judicial abierta sobre el caso denominado “Vacunatorio VIP” en su país y sostuvo que “no hay ningún tipo penal en Argentina que diga ‘será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila'”.

Pero otros creen que estos casos son síntomas de antiguos vicios de la región, como el irrespeto a las normas o el uso de recursos públicos para beneficio de algunos.

“En todos los países donde saltan escándalos se repite una práctica bastante común: eludir las estructuras formales del Estado para canalizar las vacunas sin planes y protocolos claros y transparentes de atención a las poblaciones vulnerables. Más bien lo contrario: protejo y atiendo a los míos”, escribió Felipe Burbano de Lara, sociólogo, politólogo y columnista del diario El Universo de Ecuador.

Chile es el país de la región donde el proceso de inoculación avanza de forma más aceitada: casi 17% de su población de 19 millones fue vacunada en febrero.

Plan de vacunación masiva en Chile.

Getty Images
En Chile la campaña de vacunación masiva avanza con rapidez.

El caso chileno es visto como una prueba de que en la región es posible vacunar a tasas similares o incluso superiores al mundo desarrollado gracias a una robusta red de atención de salud que falta en otros países, además del poder adquisitivo y la rapidez del gobierno para comprar millones de dosis.

Pero tampoco Chile ha estado libre de polémicas en su campaña de vacunación: al menos 37.000 personas en ese país se adelantaron a su turno sin tener factores de riesgo, según datos oficiales.

“Ninguna fuerza”

Otro país latinoamericano que evidencia los contratiempos de vacunación en la región es Brasil, donde menos de 4% de la población ha recibido dosis hasta ahora.

Además de tener sus propias denuncias de irregularidades en el acceso a las vacunas, Brasil experimenta una escasez de dosis que expertos atribuyen a errores de planificación del gobierno de Jair Boslonaro.

Grandes ciudades brasileñas como Río de Janeiro, Porto Alegre o Salvador llegaron a suspender las inoculaciones por falta de vacunas, mientras también se reportaban en el país desperdicios de dosis abiertas que perdieron validez antes de ser inyectadas.

Vacuna en Rio de Janeiro

EPA/ANTONIO LACERDA
La primera etapa de vacunación en Brasil tuvo al mismo tiempo escasez y desperdicio de dosis.

Los países más rezagados de América Latina en la carrera de la vacunación contra el COVID-19 son Guatemala, Honduras, Nicaragua y Uruguay, que apenas importaron sus primeras dosis esta semana, mientras Cuba aún busca desarrollar sus propias vacunas.

Algunos observan que otra característica histórica de la región, como la falta de unidad y coordinación entre los países, también afectó sus posibilidades de demandar más vacunas al resto del mundo.

“América Latina no negocia como bloque, sino que cada país negocia como puede, entonces claro que no tiene ninguna fuerza”, señala Lago.

Se estima que, sin acelerar su ritmo actual de vacunación, varios países latinoamericanos podrían tardar años en alcanzar los niveles de inmunidad necesarios en sus poblaciones para volver a la normalidad.

Ciudad de Panamá

Getty Images
La lentitud de la vacunación en América Latina puede profundizar viejos problemas sociales de la región, como la desigualdad.

Como si se tratara de un círculo vicioso, esto amenaza a su vez con profundizar problemas sociales de una región que ya era considerada la más desigual del mundo.

Nora Lustig, una profesora de economía en la Universidad de Tulane, advierte que los efectos podrían llegar incluso a largo plazo por el cierre de escuelas para niños de familias de bajos recursos.

“En la medida que no tengas la capacidad de crear un espacio de normalidad a través de un proceso de vacunación más rápido”, dice Lustig a BBC Mundo, “vas a tener un impacto sobre la economía, la desigualdad y la pobreza”.


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