La síndica de Cholula, Esperanza Estela Chilaca Muñoz, interpuso la primera acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad. La Suprema Corte de Justicia admitió el recurso este viernes.
[contextly_sidebar id=”7dGhXiUaikWV9NZxoetlP97RNMll3LRA”]El municipio demanda la inconstitucionalidad de la ley por considerar que violenta de manera flagrante su autonomía.
El asunto fue turnado al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento, quien deberá resolver si la controversia se admite o no a trámite.
La Ley ha sido rechazada por organizaciones de defensa de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, al acusar que militariza el país y abre la puerta a violaciones de las garantías de los ciudadanos, además de delegar en el Ejército la tarea de seguridad pública, relegando a las fuerzas civiles.
Partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunciaron que interpondrán acciones de inconstitucionalidad contra la ley. El ayuntamiento de Cholula es el primero en presentarla.
Durante la promulgación de la ley el pasado 21 de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”.
El espíritu de la Ley, defendió Peña Nieto, da certeza jurídica a la actuación de las fuerzas armadas en la preservación de la Seguridad Interior, y al mismo tiempo establece límites al uso discrecional de las mismas.
El decreto de la Ley de Seguridad Interior fue publicado el mismo 21 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación.
El presidente de la SCJN, ministro Luis María Aguilar, ordenó formar y registrar el expediente de la controversia constitucional 4/2018.
El expediente señala como autoridades responsables a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo Federal y el Director del Diario Oficial de la Federación.
