Bajo fianza y sin cargos graves, presunto agresor de Marcela está libre aunque trató de asesinarla
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Cuartoscuro Archivo

Bajo fianza y sin cargos graves, presunto agresor de Marcela está libre aunque trató de asesinarla

Marcela fue golpeada y retenida ilegalmente durante horas por Jorge Ignacio, su expareja; él está libre porque sólo lo acusan de un delito "no grave", aunque amenazó con matarla.
Cuartoscuro Archivo
Por Erendira Aquino
12 de enero, 2018
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La noche del 29 de octubre de 2011, Marcela fue golpeada y retenida ilegalmente durante horas por Jorge Ignacio, su expareja, quien la convenció de acudir a su departamento bajo la advertencia de que quería suicidarse, pues no soportaba “vivir sin ella y verla feliz”.

Aunque ella denunció a Jorge Ignacio por el delito de tentativa de feminicidio y privación ilegal de la libertad, pues mientras la golpeaba él le manifestó su intención de asesinarla y la mantuvo cautiva durante horas, él está bajo investigación por el delito de lesiones dolosas que ponen en riesgo la vida, un cargo que le ha permitido llevar su proceso en libertad.

Días antes de la agresión, Marcela y Jorge Ignacio, quien mientras mantuvo una relación con Marcela tuvo episodios de violencia contra ella en múltiples ocasiones, salieron a cenar y él le dijo que se encontraba deprimido. Ella abandonó el lugar luego de que él le reclamó por encontrarse “bien, contenta”.

Aquel 29 de octubre, Jorge Ignacio llamó a Marcela por teléfono y le dijo estar arrepentido por la discusión pasada. Le pidió que fuera a verlo porque quería suicidarse.

Ella acudió a su domicilio en un taxi y le pidió al conductor esperarla mientras verificaba que él no se hubiera causado lesiones; sin embargo, ante las súplicas de su expareja de que se quedara a platicar, ella se despidió del taxista y entró al departamento.

Marcela entró al baño y al salir fue noqueada de un puñetazo en el rostro. Jorge Ignacio la golpeó, la pateó y la estranguló hasta que estuvo convencido de que estaba muerta, pero no fue así, solo se encontraba inconsciente.

Lo único que pudo detener la golpiza que le propinó nuevamente cuando ella recuperó el aliento fue la advertencia de Marcela: si la asesinaba iba a meterse en problemas.

Jorge Ignacio accedió a entregarla con un terapeuta, pero bajo la amenaza de que si lo denunciaba, la buscaría y mataría.

Luego de ser entregada, Marcela fue internada en un hospital donde la atendieron por hematomas múltiples en la cara y cráneo, un esguince cervical grado I, fractura en una costilla izquierda, edema cerebral severo, y una oclusión intestinal.

Un delito “no grave”

Marcela, madre soltera de dos hijos, cuenta que no quería denunciar a Jorge Ignacio, ante el temor de que él tomara represalias en su contra o intentara agredir a su familia.

Su hijo mayor la convenció de acudir a denunciarlo por los delitos de privación ilegal de la libertad, pues la mantuvo cautiva durante horas, tiempo que aprovechó para agredirla en al menos tres ocasiones, y por tentativa de feminicidio, pues él le repitió varias veces que la quería matar.

Por la denuncia de Marcela se abrió la causa penal 201/2012 contra Jorge Ignacio “N”, quien en 2012 se dio a la fuga, por lo que fue incluido en la lista de “Los más Buscados” en la página oficial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; la policía capitalina  logró detenerlo el 12 de noviembre de 2013, pero puesto en libertad una semana después.

Nora Alicia Martínez, abogada que asesora a Marcela en el caso, advierte que la tipificación del delito como no grave y la negativa de investigación de feminicidio no son las únicas irregularidades en el caso, pues no se acudió al lugar de los hechos de inmediato, lo que permitió la manipulación de la escena, ni se citó a declarar al taxista que acompañó a la víctima, ni al terapeuta que la rescató.

Ante la inconformidad de la víctima por el proceso de investigación contra Jorge Ignacio, a finales de 2013 se giró una segunda orden de aprehensión contra el agresor, quien estuvo prófugo por cuatro años, hasta el pasado 20 de septiembre, cuando fue detenido por policías de la Ciudad de México.

Esta vez el asunto fue turnado con otro juez, Santiago Ávila Negrón, encargado de Juzgado 35, conocido por haber sentenciado a prisión a Yakiri Rubio, víctima de violación que asesinó en defensa propia a su agresor.

Casi un mes después, el 16 de noviembre, Marcela fue notificada de que Jorge Ignacio había sido liberado, bajo el argumento de que sólo era investigado por lesiones dolosas que no ponen en peligro la vida de la víctima, aunque hoy ella vive con una retina desprendida y problemas gastrointestinales por la perforación de intestino que sufrió con los golpes.

Una multa de 50 mil pesos le permitió a Jorge Ignacio llevar su proceso en libertad.

“La impartición de justicia no puede estar a capricho”

Al enterarse de que nuevamente habían puesto a Jorge Ignacio en libertad, Marcela hizo público su caso a través de medios de comunicación, lo que llevó a que el juez Santiago Ávila Negrón se excusara para dejar el caso, mediante un documento en el que acusa a la víctima de intentar hacer un uso de la justicia a capricho y por venganza.

A través de un documento del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con fecha del 22 de noviembre de 2017, Santiago Ávila Negrón se “excusa de seguir conociendo de la presente causa”, porque “la impartición de justicia no puede estar al capricho de alguna de las partes, que utiliza a las autoridades para realizar venganzas personales y utiliza a los medios de comunicación para denostar a las mismas autoridades sin el menor respeto a sus determinaciones”.

Ahora, el juez Álvaro Quiroz Cabrera tiene en sus manos el destino de la investigación por las agresiones que “milagrosamente no mataron a Marcela”, informó la abogada.

Ana Katiria, abogada que logró la libertad de Yakiri Rubio, hizo un llamado a organizaciones sociales, defensoras y activistas a solidarizarse con Marcela y apoyar su caso, pues “si no pudimos salvarla de la violencia de su pareja, tenemos que hacer lo necesario para salvarla de la violencia institucional”.

Para la defensora, quien acompaña a Marcela y su asesora legal en el proceso contra Jorge Ignacio, las decisiones que hasta ahora han tomado los jueces que han tenido a su cargo la investigación son “decisiones machistas, de un sistema patriarcal y violento”, y eso “no lo vamos a permitir”.

Animal Político consultó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México sobre la razón por la que la averiguación previa del caso se realizó por el delito de lesiones dolosas y no por tentativa de homicidio o de feminicidio; sin embargo, la dependencia dijo que, debido a que el caso se encuentra en juzgados ya no pueden emitir una postura al respecto.

Sobre las denuncias de la víctima acerca de las irregularidades con las que se ha juzgado su caso, el Tribunal Superior de Justicia expresó que no pueden ofrecer información o una postura al respecto, ya que el juicio continúa en curso.

De acuerdo con el Tribunal, el caso ha tenido un curso favorable para la víctima; sin embargo, dijeron no tener registro documental que acreditara que Marcela ha exigido que se juzgue a Jorge Ignacio por tentativa de feminicidio y privación ilegal de la libertad, sino únicamente que se ha solicitado que se cataloguen sus lesiones como graves (que ponen en riesgo la vida).

Al respecto, las abogadas que asesoran a la víctima señalaron que para ellas lo más importante, por ahora, es que se reconozcan como graves las lesiones que sufrió Marcela y que se reaprehenda a su presunto agresor, quien lleva su proceso en libertad luego de pagar una multa.

Posteriormente, anunciaron, buscarán que se reclasifique el delito de lesiones por el de tentativa de feminicidio, para que Marcela, “sobreviviente de un intento de asesinato, tenga justicia”.

En las próximas semanas, la Sala 5ª del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolverá si se revoca o no la libertad bajo caución al presunto agresor.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellog

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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