Las ocho omisiones de las autoridades de la CDMX y el Edomex en la desaparición de Marco
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Cuartoscuro

Las ocho omisiones de las autoridades de la CDMX y el Edomex en la desaparición de Marco

Las autoridades de ambas entidades violaron protocolos de búsqueda que entorpecieron la localización del menor y violaron sus derechos humanos.
Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán
30 de enero, 2018
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Durante los cinco días en que Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, estuvo desaparecido, funcionarios públicos de la Ciudad de México y el Estado de México incurrieron en “omisiones graves” que entorpecieron la inmediata localización del joven y que deben ser considerados para la investigación para deslindar responsabilidades, sostiene el equipo legal que asiste el caso.

Además, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashielli Ramírez, aseguró que no se aplicaron los protocolos en la búsqueda del joven estudiante de preparatoria, según lo ha documentado el organismo que inició el acompañamiento a la familia horas después de la desaparición.

El caso de Marco Antonio pasó por instituciones de la Ciudad de México y del Estado de México a partir de una detención por parte de policías capitalinos y de la cuál aún hay vacíos en el relato ofrecido por el procurador capitalino, Edmundo Garrido.

Aún no hay certeza sobre lo que le ocurrió al joven durante 120 horas. No se ha explicado cómo es que Marco, visiblemente aturdido fue localizado a 40 kilómetros del lugar donde fue visto por última vez; tampoco las razones del notable cambio físico del joven que aún permanece en un estado de confusión, ni los cambios de ropa en cada punto.

La defensa insiste que aún con la localización del joven, la Procuraduría capitalina debe continuar las investigaciones. “La exigencia de la familia en este momento es por justicia y que se siga investigando”, afirma Simón Hernández, abogado del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP).

El Instituto trabaja en coordinación con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) para exigir a la autoridad una debida diligencia en la investigación y, asistir a la familia en caso de decidir emprender acciones legales.

Simón Hernández explicó a Animal Político las omisiones e irregularidades en el caso. Estas son los ocho momentos detectados hasta el momento:

1.-Según la versión del amigo de Marco, testigo de lo ocurrido, dos elementos policíacos en motocicleta acusaron al joven de haber robado un celular cuando ambos se tomaban una fotografía frente a grafiti en la calle. Inmediatamente, dos policías en una patrulla se unieron en el acoso y Marco, asustado corrió hacia la estación del Metrobús El Rosario, que se encontraba a unos metros y donde finalmente fue amagado.

Sin embargo, para la defensa, esta es la primera irregularidad: se trata de una detención arbitraria, “sin causa legal”. Es decir, no había motivo para la aprehensión y aún así lo amagaron y, según el relato del amigo, los policías también lo golpearon en la cabeza con el casco y lo patearon al tenerlo en el suelo, lo cual significaría un uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos policíacos de la Ciudad de México.

2.-Después de la aprehensión, los policías lo suben a la patrulla, pero no lo llevan al ministerio público, como lo establecen los protocolos de actuación policial. Es justo ese momento en el que “se pierde su paradero” y, por tanto, incluso, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) abrió una queja por “desaparición forzada”. La pena por este delito, según el Código Penal local es de 15 a 40 años de prisión.

3.-Pese a que el amigo de Marco, tomó una fotografía en la que se ve a los policías amagando al joven y a que fue el último momento en el que se le vio, la agencia 40 del Ministerio Público se negó a dar información sobre el paradero del joven tras la detención. Incluso, aunque la madre de Marco, Edith Flores quiso interponer una denuncia por la desaparición, el MP se lo negó.

Esto, dice Simón Hernández, es otra irregularidad, toda vez que al existir el elemento de la detención por parte de policías, es decir, la presunción de desaparición forzada, el MP estaba obligado a abrir la denuncia sin necesidad de agotar ningún plazo, según lo establecen las sentencias emitidas por organismos internacionales. “Esta obstaculización de acceso a la justicia es violatorio de las personas desparecidas y familias porque en casos de desaparición las primeras horas son cruciales”, dice.

4.-Hasta que Edith Flores acudió a la Comisión de derechos humanos local para pedir asistencia pudo interponer la denuncia, pero aún con una carpeta de investigación abierta, la autoridad no activó protocolos de búsqueda para la debida diligencia. Incluso, la alerta Amber que funciona para la pronta localización de menores de edad fue activada hasta el viernes 26 de enero, tres días después de su desaparición.

5.-Según informó la Fiscalía Anti Secuestro capitalina a la familia, el joven fue aprendido por policías en el Estado de México en un puente porque supuestamente intentaba suicidarse el sábado 27 de enero; por ello fue puesto a disposición de un juez cívico de Tlalnepantla, según se observa en las cámaras de seguridad, pero al no encontrar elementos para la presunción de un delito lo dejó en libertad 10 minutos después, a las 23:45 horas, y nuevamente desapareció.

Aquí ocurre lo mismo que en la primera detención. La última vez que se ve a Marco es con funcionarios públicos, por lo tanto podría considerarse también desaparición forzada, asegura Simón Hernández.

6.-Otra “grave omisión” de los funcionarios mexiquenses es que ni siquiera registraron la aprehensión del joven en sus archivos porque supuestamente el joven no quiso decir su nombre y tampoco atendieron la alerta que ya había para la localización de Marco. El juez calificador también ignoró el visible estado de confusión y a las lesiones físicas que presentaba y lo liberó sin proporcionarle asistencia médica o jurídica. Tampoco aplicaron el protocolo de tratamiento para un menor de edad que consiste en buscar a sus padres.

7.- Este domingo 28 de enero, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, negó que el caso Marco se tratara de una desaparición forzada, insistió en que sólo se trataba de un extravío. Sin embargo, sólo la Procuraduría puede determinar, con los debidos elementos de prueba, si se trata de uno u otro supuesto. La declaración de Mancera, dice Simón Hernández, puede afectar la “imparcialidad” de la Procuraduría durante la investigación.

8.-Minutos antes de que los padres de Marco se encontraran con él en el Centro de Justicia de Tlalnepantla este domingo 28 de enero, se difundió una fotografía del joven en dichas instalaciones que comenzaron a circular en medios de comunicación. Esto significa una acción violatoria de los derechos de los niños sobre el resguardo de su identidad y en estos casos, “las autoridades ministeriales son encargadas que no se filtren”, dice el abogado Hernández. Sin embargo, en ese momento, el joven sólo tenía contacto con personal policiaco autorizado, su defensa y personal de la CNDH.

“Sano se lo llevaron, sano lo queremos”

Este lunes por la noche, Marco Antonio Sánchez, el padre del joven desaparecido, encabezó la marcha de los estudiantes de la preparatoria 8 de la UNAM, donde su hijo estudia. Exigieron justicia tras la desaparición durante cinco días del joven de 17 años.

Ahí, el padre informó que Marco aún se encuentra hospitalizado. “Mi hijo viene muy dañado. Sano se lo llevaron, sano lo queremos”, arengó en el antimonumento de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Paseo de la Reforma.

Marco fue ingresado al hospital en la madrugada de este lunes 29 de enero luego de ser revisado por un médico legista de Tlalnepantla. Hasta el momento aún no se determina con exactitud las afectaciones que sufrió el joven tras la detención policiaca.

Aunque está estable, aún se encuentra confundido. “Está dañado, está mal. Se tuvo que sedar para que le hicieran el encefalograma”, aseguró su padre Marco Antonio Sánchez. Al concluir los exámenes médicos se podría determinar cuándo estaría en posibilidad de declarar lo que le ocurrió, informó su defensa.

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Chile vota en plebiscito histórico: 4 claves para entender qué está en juego

La votación definirá el destino político institucional de Chile para los próximos años. Más allá del "apruebo" o "rechazo", varios analistas explican qué está en juego.
25 de octubre, 2020
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Por primera vez en la historia de Chile, este 25 de octubre se pregunta a la ciudadanía si aprueba o rechaza la redacción de una nueva Constitución.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

De ganar el “apruebo”, será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

Getty Images
La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente amplia y en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54.7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

Simpatizante de la opción de "apruebo", durante una manifestación.

Getty Images
El estallido social de octubre de 2019 incorporó entre sus demandas la redacción de una nueva Constitución.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

Getty Images
El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

Partidarios de la opción del "rechazo".

Getty Images
En la opción del “rechazo” también hay personas que creen que se necesitan cambios profundos.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar la Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

Getty Images
El referendo tendrá lugar siguiendo las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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