¿Por qué los mexicanos debemos (o no) pagar la pensión de los expresidentes? Esto dice la ley
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Fotos: Cuartoscuro

¿Por qué los mexicanos debemos (o no) pagar la pensión de los expresidentes? Esto dice la ley

México mantiene a sus expresidentes desde 1976 y a varios de sus familiares, pero ¿la ley obliga a darles una pensión? ¿Es posible reducir el monto que reciben? Los especialistas en el tema explican qué se puede y debe legislar en este tema.
Fotos: Cuartoscuro
Por Gonzalo Ortuño
24 de enero, 2018
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Desde hace más de 40 años los mexicanos entregan a sus expresidentes una pensión vitalicia, más gastos por el personal civil y militar que tienen a su disposición, así como seguros de vida y de gastos médicos mayores tanto para ellos como sus familias.

Esto se hace gracias a los acuerdos presidenciales emitidos en los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez (acuerdo 7637 de 1976) y de Miguel de la Madrid (acuerdo 2763-BIS de 1987), que señalan que los exmandatarios deben recibir una pensión equivalente al salario de un secretario de Estado (casi 205 mil pesos al mes), así como tener a 103 empleados a su servicio, entre auxiliares y elementos del Estado Mayor para temas de seguridad.

¿Qué dicen estos acuerdos?

El primer acuerdo, de Echeverría, dispuso que los exmandatarios tuvieran a su disposición a 78 elementos militares, según se lee en un documento del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados (CEDIP).

Mientras que el segundo, además de fijar el monto de la pensión con cargo al erario, concedió un seguro de vida y de gastos médicos mayores. Incluso en caso de fallecimiento, la cónyuge del expresidente disfrutará del 80% de la pensión, después de un año ese monto disminuirá 10% hasta llegar a la mitad del monto total. Los hijos de los exmandatarios también tendrán cubierto el seguro de gastos médicos mayores hasta la mayoría de edad.

La actualización de este decreto dispone de otros 25 empleados de Presidencia a disposición de los exmandatarios, con puestos que van desde choferes y auxiliares administrativos, hasta directores de área.

Felipe Calderón es el expresidente que más le cuesta a los mexicanos, pues aunque renunció a su pensión para donarla a la fundación Aquí Nadie se Rinde en 2017, solo los gastos para el pago de 19 empleados a su disposición ascienden a más de 816 mil pesos al mes, de acuerdo con información obtenida vía transparencia por El Financiero.

Calderón también modificó, poco antes de dejar el cargo, el reglamento del Estado Mayor Presidencial para incrementar a 425 el número de elementos de seguridad asignados a su familia. Incluyó a padres, suegros, hermanos, cuñados, sobrinos y tíos.

Vicente Fox, además de recibir la pensión, tiene a 19 personas a su cargo que implican un costo de 817 mil pesos al mes.

De acuerdo con el mismo reporte de El Financiero, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari renunciaron al pago de la pensión y solamente el primero genera gastos por poco más de 50 mil pesos al mes en la contratación de tres coordinadores.

Mientras que los trabajadores en México deben laborar (dependiendo del régimen en el que se encuentren) entre 10 y 24 años para obtener una pensión, a los expresidentes les basta un sexenio para asegurar el beneficio, ¿es legal?

Pensiones sin ley

Animal Político consultó con especialistas en derecho constitucional para conocer la validez de las pensiones de los expresidentes y si existe una manera de regularlas.

De acuerdo con la académica y experta en Derecho, Hilda Nucci, quien ha investigado desde hace más de cinco años estos beneficios, no hay ninguna ley actual que ordene pensiones a los expresidentes en México.

Incluso las describe como inconstitucionales porque no fueron firmadas por presidentes en el cargo y porque nunca fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

“Ese es el primer problema en torno a los acuerdos, no están publicados en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo al artículo tercero del código civil, no tendrían por qué ser ley. Todo aquello que se considera obligatorio debe estar ahí”, explica.

En este sentido coincide el abogado y profesor de Teoría Constitucional por la Escuela Libre de Derecho, Elisur Arteaga Nava, quien considera que “tratándose de derechos políticos, no hay derechos adquiridos, entonces no puede ni (Vicente) Fox, ni nadie, alegar que tiene derechos” sobre la pensión.

¿La pensión durará para siempre?

Una de las propuestas del aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es eliminar estas pensiones mediante un nuevo decreto presidencial.

De acuerdo con el investigador de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Miguel Ángel Eraña Sánchez, esto es posible porque se trata de un asunto de voluntad política: derogar acuerdos y regular en el Congreso. Sin embargo, habría que revisar “en qué condiciones se da la abrogación del decreto y la expedición de las nuevas reglas”.

Para el profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell, no es una decisión que dependa de un funcionario, sino del Congreso de la Unión, quien aprueba en el Presupuesto de Egresos de la Federación los montos destinados a las pensiones de los expresidentes, pues explica que “todo el gasto público debe estar cubierto en cada una de las partidas presupuestarias”, lo cual es determinado por los legisladores.

Al respecto, Hilda Nucci considera que un decreto presidencial podría eliminarlas, pero asegura que lo ideal sería regularlas en la ley. La académica explica que se han presentado cerca de 19 iniciativas en el Congreso para eliminar o regular las pensiones, sin embargo ninguna prospera.

“El propio Congreso podría presentar una controversia constitucional en donde se diga que analice las situación de las expansiones de los expresidentes, que a todas luces son inconstitucionales”, menciona en entrevista.

El 3 de octubre pasado, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una iniciativa que propone modificar el artículo 83 Constitucional para que quienes se hayan desempeñado en el cargo no reciban “jubilaciones, pensiones o haberes de retiro distintas a las establecidas en las disposiciones de la Seguridad Social
correspondiente”.

Sin embargo, esta última iniciativa está detenida en las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda.

En la plataforma ciudadana Change.org se han abierto diversas solicitudes para eliminar las pensiones a los expresidentes mexicanos. El argumento es que mientras un trabajador necesita 25 años de labor para jubilarse y obtener mensualmente montos que van desde los 2 mil 500 pesos; ¿por qué un funcionario puede recibir más de 200 mil por laborar sólo seis años?

Los especialistas coinciden en que es posible regular el tema si se discute en el Congreso y se establecen reglas transparentes sobre por qué y cómo deberían los mexicanos pagar las pensiones de sus expresidentes.

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El gas usado para "desinfectar" a mexicanos en EU que sirvió como ejemplo a la Alemania nazi

Durante décadas, trabajadores mexicanos que cruzaban a Estados Unidos fueron inspeccionados y fumigados con pesticidas para prevenir enfermedades infecciosas. Décadas después, cientos describieron la experiencia como humillante y vergonzosa.
4 de septiembre, 2021
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En 1956, los braceros eran fumigados con DDT como parte del proceso de entrada a Estados Unidos.

CORTESÍA, MUSEO NACIONAL DE HISTORIA DE EE.UU

Muchos no sabían qué les estaban rociando, pero era tan extendido su uso que le apodaron “el polvo”.

La fotografía que abre esta nota es especialmente destacada por historiadores en Estados Unidos y algunos describen la escena capturada como “un momento atroz”.

En ella un funcionario enmascarado fumiga la cara de un joven mexicano desnudo con el pesticida DDT en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas, mientras que otros esperan en fila detrás mientras sujetan sus pertenencias.

La tomó el neoyorquino Leonard Nadel en 1956 mientras documentaba el programa Bracero, bajo el que al menos 4 millones de mexicanos migraron temporalmente a Estados Unidos para trabajar entre 1942 y 1964.

El esquema fue inicialmente establecido para compensar la ausencia de trabajadores estadounidenses debido al reclutamiento militar durante la Segunda Guerra Mundial.

Un trabajador se registra en el programa Bracero.

Getty Images
Millones de mexicanos campesinos y obreros participaron en el programa Bracero en Estados Unidos.

El DDT se empleó hasta mediados de los 60 en los inmigrantes para prevenir la propagación de malaria y tifus y su uso fue posteriormente prohibido en EE.UU. en 1972.

Hoy en día está clasificado por el gobierno de ese país y autoridades internacionales como un “probable carcinógeno humano”.

Pero este no fue el único pesticida empleado para “desinfectar” a inmigrantes mexicanos en la frontera entre México y EE.UU. por décadas.

Años antes de la implementación del programa Bracero, otro insecticida fue utilizado en centros de recepción de visitantes y pasaría a servir como ejemplo a funcionarios del nazismo en Alemania.

Zyklon B

David Dorado Romo, historiador y cronista de El Paso y Ciudad Juárez, dio con un artículo en una revista científica alemana de 1937 que lo dejó atónito.

El escrito incluía dos fotografías de “cámaras de despiojado” en El Paso, Texas.

Su autor, el químico alemán Gerhard Peters, destacaba las imágenes para ilustrar “la efectividad del Zyklon B (un pesticida a base de cianuro) como un agente para matar plagas indeseables”, escribe Romo en su libro Ringside Seat to a Revolution (“Asiento en primera fila a una revolución”).

“Peters se convirtió en el director de operaciones de Degesch, una de las dos firmas que adquirió la patente del Zyklon B en 1940 para producirlo masivamente”, describe.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron el gas en dosis concentradas para matar a millones de judíos.

Un funcionario fronterizo estadounidense les habla a un grupo de refugiados mexicanos en el Puente Internacional de El Paso, en Texas. Año 1916.

Getty Images
Las inspecciones y requerimientos en la frontera entre EE.UU. y México en El Paso se endurecieron a partir de 1916.

Aunque en El Paso no se utilizó para el mismo fin, ya se estaba empleando desde 1929 por funcionarios fronterizos para fumigar la ropa y los zapatos de inmigrantes mexicanos en el Puente Internacional Santa Fe, que conecta esa ciudad con Ciudad Juárez.

Las inspecciones habían iniciado formalmente en 1917, amplía el historiador, cuando las autoridades estadounidenses empezaron a imponer restricciones sobre los cruces fronterizos en sectores como El Paso.

El alcalde de la ciudad en esa época, Tom Lea, se refería a los mexicanos como “sucios piojosos indigentes” que “sin duda, van a traer y propagar el tifus”.

Pero entre 1915 y 1917, menos de 10 residentes de El Paso habían muerto del tifus epidémico, recogió Romo en su libro.

Aún así, los mexicanos considerados de “segunda clase” eran sometidos a exhaustivos chequeos que incluían duchas con agua caliente y revisiones de los migrantes desnudos. A los que le encontraban piojos, “les rapaban la cabeza y les afeitaban todo el cuerpo”, señala Romo a BBC Mundo.

Los braceros eran inspeccionados de la cabeza a los pies en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los braceros eran inspeccionados de la cabeza a los pies en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas.

Tan solo en 1917, al menos 120.000 personas fueron examinadas en el centro de El Paso.

Romo y otros historiadores hablan de un contexto en el que las ideas eugenésicas cobraban fuerza y se manifestaban a través de nociones discriminatorias y racistas.

“No hay que comparar peras con manzanas, pero el Holocausto no fue un hecho aislado y la frontera entre EE.UU. y México sirvió como un centro de experimentación importante de esas ideas”, advierte Romo.

“¿Sabe qué es la vergüenza?”

Cuando inicia el programa Bracero en 1942 ya estaba extendido el uso de diferentes químicos como el kerosén en centros de inspección fronterizos.

Aunque el gobierno de EE.UU. alabó a los mexicanos que se enlistaban como “soldados de la producción” y de la tierra en ese tiempo, con los años surgieron cientos de testimonios de trabajadores que señalaron sus experiencias como vergonzosas y humillantes.

La historiadora Mireya Loza recuerda en conversación con BBC Mundo que la imagen del trabajador rociado con DDT en la cara era la que más afectaba a los antiguos participantes del programa con los que habló.

“Muchos decían que sentían los efectos del DDT en los ojos, que tenían reacciones alérgicas en la piel y entendieron que no era un tratamiento humano”, dice la profesora de la Universidad de Georgetown.

Un grupo de trabajadores del programa Bracero alzan los brazos y están alineados contra la pared mientras son inspeccionados en una habitación del Centro de Procesamiento en Monterrey, México.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los trabajadores eran inspeccionados a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Aquí, en un centro de procesamiento en Monterrey, México, en 1956.

La académica inició su investigación entrevistando a decenas de braceros para un proyecto llamado Bracero History Archive (Archivo Histórico de los Braceros), impulsado por el Museo Nacional de Historia estadounidense Smithsonian.

“Muchos de estos trabajadores dijeron haber sentido algo feo porque era la primera vez que eran desnudados públicamente y frente a varias personas. Para ellos era un shock tremendo estar ahí y que los doctores les hicieran abrir las pompis, la boca; todo revisaban”, describe.

Los trabajadores eran generalmente inspeccionados en sedes administradas por Estados Unidos dentro de México y en ciudades fronterizas como Hidalgo, en Texas.

Además de las fumigaciones, los vacunaban contra la viruela, les hacían exámenes de sangre y de rayos X y les revisaban las manos en busca de callos que demostraran que tenían experiencia en el campo.

Un bracero es vacunado mientras otros esperan en la fila en el Centro de Procesamiento en Monterrey, México, en 1956.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los trabajadores también eran vacunados contra la viruela.
Un funcionario de gobierno revisa las manos de un aspirante al programa Bracero.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Era común que las manos de los trabajadores fueran revisadas en busca de callos como prueba de que ya trabajaban la tierra.

José Silva, un campesino oriundo de Michoacán que empezó a trabajar desde los 6 años, describió en 2005 con cierto enfado la experiencia que vivió mientras fue bracero durante una entrevista disponible en el Archivo Bracero:

“Por una parte sí fue un buen programa (…) No tuve problema, me ayudé económicamente. Lo que no me gustaba era que nos fumigaron. Sentí vergüenza. ¿Sabe qué es la vergüenza? Todos formados así, sin ropa, y salíamos así caminando y allá en la puerta estaba el hombre con el fumigador. Muy mal. No éramos animales, éramos cristianos, ¿por qué nos fumigaban?“.

Víctor Martínez Alemán, originario de Tlaquiltenango, en Morelos, se enlistó en el programa en 1956 y trabajó en California:

“Nos pasaron, encuerados, delante de todas las muchachas, ya no más nos tapábamos acá pero encuerados para pasar donde nos iban a fumigar, bien fumigados así y todo… A nosotros nos daba vergüenza porque teníamos que pasar como con 20 mujeres (…) Eran todas secretarias. Y con manos atrás, nada de taparse, nada… Nos quería hasta pegar (…) Nunca había yo pasado esas penas pero como yo lo que quería era llegar a Estados Unidos para hacer algo…”.

“Injusticias y abusos”

A través del Archivo Bracero, el gobierno de EE.UU., mediante el Museo Nacional de Historia y diferentes instituciones académicas, reconocen que los trabajadores fueron sometidos a una serie de “injusticias y abusos”.

“Muchos se enfrentaron a alojamiento deficiente, discriminación e incumplimiento de contratos, incluso fueron estafados al recibir sus salarios”, indica el sitio web.

Un grupo de braceros en un cultivo en Salinas, California, en 1956.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Un grupo de braceros en un cultivo en Salinas, California, en 1956.

Pese a estas investigaciones, ningún presidente o autoridad de alto cargo a nivel nacional en EE.UU. ha ofrecido disculpas públicas ni reparaciones por los efectos negativos que desencadenó el programa, indica la historiadora Mireya Loza.

Tampoco existe una investigación exhaustiva sobre el impacto de pesticidas, incluido el DDT, en la salud de millones de braceros que fueron fumigados.

Aunque el programa culminó hace casi seis décadas, aún queda una generación que vive para contarlo.

Carlos Marentes, activista por los derechos de los campesinos en El Paso, recogió también cientos de testimonios y denuncias de abusos laborales, y las fumigaciones sobresalían entre los recuerdos más amargos de los trabajadores.

“Naturalmente existía un miedo de que trajeran enfermedades contagiosas, pero eso conllevó a una estigmatización“, dice a BBC Mundo.

Para Marentes, el programa Bracero fue un ejemplo claro de “la contradicción en la política de inmigración” de Estados Unidos.

“Por una parte sabemos que los necesitamos (a los inmigrantes), para que hagan todo lo que no podemos o no queremos hacer, pero por otra parte nos han metido en la cabeza que hay que tenerles miedo”, sentencia.



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