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Fotos: Cuartoscuro
¿Por qué los mexicanos debemos (o no) pagar la pensión de los expresidentes? Esto dice la ley
México mantiene a sus expresidentes desde 1976 y a varios de sus familiares, pero ¿la ley obliga a darles una pensión? ¿Es posible reducir el monto que reciben? Los especialistas en el tema explican qué se puede y debe legislar en este tema.
Fotos: Cuartoscuro
Por Gonzalo Ortuño
24 de enero, 2018
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[contextly_sidebar id=”XPAhkaejWAN80NrdkWLmjVEhINclT7yU”]Desde hace más de 40 años los mexicanos entregan a sus expresidentes una pensión vitalicia, más gastos por el personal civil y militar que tienen a su disposición, así como seguros de vida y de gastos médicos mayores tanto para ellos como sus familias.

Esto se hace gracias a los acuerdos presidenciales emitidos en los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez (acuerdo 7637 de 1976) y de Miguel de la Madrid (acuerdo 2763-BIS de 1987), que señalan que los exmandatarios deben recibir una pensión equivalente al salario de un secretario de Estado (casi 205 mil pesos al mes), así como tener a 103 empleados a su servicio, entre auxiliares y elementos del Estado Mayor para temas de seguridad.

¿Qué dicen estos acuerdos?

El primer acuerdo, de Echeverría, dispuso que los exmandatarios tuvieran a su disposición a 78 elementos militares, según se lee en un documento del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados (CEDIP).

Mientras que el segundo, además de fijar el monto de la pensión con cargo al erario, concedió un seguro de vida y de gastos médicos mayores. Incluso en caso de fallecimiento, la cónyuge del expresidente disfrutará del 80% de la pensión, después de un año ese monto disminuirá 10% hasta llegar a la mitad del monto total. Los hijos de los exmandatarios también tendrán cubierto el seguro de gastos médicos mayores hasta la mayoría de edad.

La actualización de este decreto dispone de otros 25 empleados de Presidencia a disposición de los exmandatarios, con puestos que van desde choferes y auxiliares administrativos, hasta directores de área.

Felipe Calderón es el expresidente que más le cuesta a los mexicanos, pues aunque renunció a su pensión para donarla a la fundación Aquí Nadie se Rinde en 2017, solo los gastos para el pago de 19 empleados a su disposición ascienden a más de 816 mil pesos al mes, de acuerdo con información obtenida vía transparencia por El Financiero.

Calderón también modificó, poco antes de dejar el cargo, el reglamento del Estado Mayor Presidencial para incrementar a 425 el número de elementos de seguridad asignados a su familia. Incluyó a padres, suegros, hermanos, cuñados, sobrinos y tíos.

Vicente Fox, además de recibir la pensión, tiene a 19 personas a su cargo que implican un costo de 817 mil pesos al mes.

De acuerdo con el mismo reporte de El Financiero, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari renunciaron al pago de la pensión y solamente el primero genera gastos por poco más de 50 mil pesos al mes en la contratación de tres coordinadores.

Mientras que los trabajadores en México deben laborar (dependiendo del régimen en el que se encuentren) entre 10 y 24 años para obtener una pensión, a los expresidentes les basta un sexenio para asegurar el beneficio, ¿es legal?

Pensiones sin ley

Animal Político consultó con especialistas en derecho constitucional para conocer la validez de las pensiones de los expresidentes y si existe una manera de regularlas.

De acuerdo con la académica y experta en Derecho, Hilda Nucci, quien ha investigado desde hace más de cinco años estos beneficios, no hay ninguna ley actual que ordene pensiones a los expresidentes en México.

Incluso las describe como inconstitucionales porque no fueron firmadas por presidentes en el cargo y porque nunca fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

“Ese es el primer problema en torno a los acuerdos, no están publicados en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo al artículo tercero del código civil, no tendrían por qué ser ley. Todo aquello que se considera obligatorio debe estar ahí”, explica.

En este sentido coincide el abogado y profesor de Teoría Constitucional por la Escuela Libre de Derecho, Elisur Arteaga Nava, quien considera que “tratándose de derechos políticos, no hay derechos adquiridos, entonces no puede ni (Vicente) Fox, ni nadie, alegar que tiene derechos” sobre la pensión.

¿La pensión durará para siempre?

Una de las propuestas del aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es eliminar estas pensiones mediante un nuevo decreto presidencial.

De acuerdo con el investigador de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Miguel Ángel Eraña Sánchez, esto es posible porque se trata de un asunto de voluntad política: derogar acuerdos y regular en el Congreso. Sin embargo, habría que revisar “en qué condiciones se da la abrogación del decreto y la expedición de las nuevas reglas”.

Para el profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell, no es una decisión que dependa de un funcionario, sino del Congreso de la Unión, quien aprueba en el Presupuesto de Egresos de la Federación los montos destinados a las pensiones de los expresidentes, pues explica que “todo el gasto público debe estar cubierto en cada una de las partidas presupuestarias”, lo cual es determinado por los legisladores.

Al respecto, Hilda Nucci considera que un decreto presidencial podría eliminarlas, pero asegura que lo ideal sería regularlas en la ley. La académica explica que se han presentado cerca de 19 iniciativas en el Congreso para eliminar o regular las pensiones, sin embargo ninguna prospera.

“El propio Congreso podría presentar una controversia constitucional en donde se diga que analice las situación de las expansiones de los expresidentes, que a todas luces son inconstitucionales”, menciona en entrevista.

El 3 de octubre pasado, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una iniciativa que propone modificar el artículo 83 Constitucional para que quienes se hayan desempeñado en el cargo no reciban “jubilaciones, pensiones o haberes de retiro distintas a las establecidas en las disposiciones de la Seguridad Social
correspondiente”.

Sin embargo, esta última iniciativa está detenida en las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda.

En la plataforma ciudadana Change.org se han abierto diversas solicitudes para eliminar las pensiones a los expresidentes mexicanos. El argumento es que mientras un trabajador necesita 25 años de labor para jubilarse y obtener mensualmente montos que van desde los 2 mil 500 pesos; ¿por qué un funcionario puede recibir más de 200 mil por laborar sólo seis años?

Los especialistas coinciden en que es posible regular el tema si se discute en el Congreso y se establecen reglas transparentes sobre por qué y cómo deberían los mexicanos pagar las pensiones de sus expresidentes.

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Los países y Papas que han pedido perdón por crímenes y abusos históricos
Mediante una carta México solicitó a España que pida disculpas por los abusos que se cometieron durante la Conquista. España rechazó el contenido de la carta, pero ¿qué otros países sí han pedido perdón por hechos ocurridos hace muchos años?
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27 de marzo, 2019
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Después de que Andrés Manuel López Obrador les solicitara al rey Felipe VI de España y al papa Francisco que pidan perdón por los abusos cometidos durante la Conquista se armó revuelo a ambos lados del Atlántico.

El gobierno de España respondió con un comunicado que rechaza “con firmeza” el contenido de la carta de AMLO.

Mientras en México, los partidos de la oposición acusaron a AMLO de querer distraer la atención de otros asuntos.

“Este es un tema electoral al 100 % y verdaderamente se me hace vergonzoso este tipo de peticiones cuando deberíamos estar viendo los temas importantes del país”, dijo ante la prensa Mauricio Kuri,coordinador del conservador Partido Acción Nacional (PAN, centro-derecha) en el Senado.

En BBC Mundo recopilamos algunos casos en que países o Papas que sí han pedido que se les perdone por hechos cometidos hace muchos años.

Los casos en América

Chile a los mapuches

“Hemos fallado como país”, decía en junio de 2017 la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en referencia a las políticas de reconocimiento político y cultural de los pueblos originarios.

“Quiero solemne y humildemente pedir perdón al pueblo mapuche por los errores yhorrores cometidos o tolerados por el Estado en nuestra relación con ellos y sus comunidades”.

Con estas palabras, Chile inauguraba un nuevo marco de relaciones con la comunidad indígena más grande del país y la Araucanía, la zona del sur del país de la que son originarios.

El objetivo era crear una comisión que escuchara las reivindicaciones territoriales para proponer soluciones concretas tras años de conflicto.

Sin embargo, el reconocimiento no trajo la paz, la comunidad mapuche y el Estado siguen enfrentados.

Canadá a los pueblos inuit

A mediados del siglo XX, más de 5.000 inuit, es decir, la mitad de la población total del Ártico oriental canadiense, fueron evacuados forzosamente por padecer tuberculosis.

Los inuit son los pueblos originarios que habitan la región del Ártico.

Durante un brote de la enfermedad a mediados de siglo, muchos se vieron obligados a ir al sur de Canadá para recibir tratamiento.

Fue entre las décadas de los años 40 y los 60. Entonces, la tuberculosis era un grave problema entre la población inuit y registraban algunas de las tasas más altas del mundo.

Pero separados de sus familias e incapaces de hablar su idioma, muchos fueron enterrados en tumbas sin nombre.

El pasado mes de marzo, en un viaje oficial a Iqaluit, la ciudad inuit del ártico canadiense, el primer ministro Justin Trudeau pidió disculpas por lo que calificó de “comportamiento colonial”.

“Durante demasiado tiempo, la relación del gobierno con los inuit ha sido una de dobles estándares y de un tratamiento injusto y desequilibrado. Canadá debe cargar con esa culpa y vergüenza”.

Tres Papas a las comunidades indígenas

Juan Pablo II fue el primero, pero Benedicto XVI y el papa Francisco también han reconocido los atropellos cometidos por la Iglesia católica en su intento de evangelizar América Latina.

El más reciente fue en julio de 2015, cuando en un viaje oficial a Bolivia, el papa Francisco pidió expresamente perdón a los pueblos originarios por los crímenes “durante la llamada conquista de América”.

El primer Papa latinoamericano pedía disculpas formalmente por ese periodo oscuro de la era colonial.

“Alguno podrá decir, con derecho, que cuando el Papa habla del colonialismo se olvida de ciertas acciones de la Iglesia”, dijo.

“Les digo, con pesar: se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios”, añadió Francisco en su discurso en Santa Cruz durante el II Congreso Mundial de Movimientos Populares en Bolivia.

Sus predecesores también tuvieron palabras de arrepentimiento.

En octubre de 1992, Juan Pablo II pidió en Santo Domingo a los indígenas que perdonasen las injusticias cometidas contra sus antepasados, mientras que Benedicto XVI afirmó en 2007 que “el recuerdo de un pasado glorioso no puede ignorar las sombras que acompañaron la obra de evangelización del continente latinoamericano”.

“No es posible olvidar los sufrimientos y las injusticias que infligieron los colonizadores a las poblaciones indígenas, a menudo pisoteadas en sus derechos humanos fundamentales”, dijo entonces.

Estado Unidos por la esclavitud y la segregación

Estados Unidos expresó su pesar por la esclavitud mediante dos resoluciones: una por parte de la Cámara de Representantes en 2008 y otra en 2009 por parte del Senado.

Ambas instituciones se disculparon con los afroamericanos en nombre del pueblo de EE.UU. por los errores cometidos contra ellos y sus antepasados bajo la esclavitud, y las muchas décadas de segregación que siguieron.

Aunque hubo poca oposición a las declaraciones, el hecho de que ambas cámaras del Congreso no lograran ponerse de acuerdo en una sola resolución, expone uno de los principales problemas cuando se trata de pedir perdón.

Las disculpas del Senado incluyeron un descargo de responsabilidad que decía que la resolución no podía usarse para reclamar una compensación financiera a EE.UU. por la esclavitud o la segregación.

A esto se opusieron algunos miembros del grupo de representantes negros de la Cámara, quienes estaban haciendo campaña para lograr pagos a los descendientes de esclavos.

El presidente en ese momento, Barack Obama, recibió con agrado las disculpas del Congreso, pero nunca pidió que se pagara una indemnización mientras él estaba en el cargo.

Las personas con historias familiares como la de Obama demuestran lo difícil que sería la compensación: la historia familiar de su madre blanca incluye tanto a dueños de esclavos como a al menos a un esclavo, mientras que su padre negro nació en Kenia y llegó a EE.UU. mucho después de que la esclavitud hubiera terminado.

Si se autorizaran las compensaciones, ¿quiénes tendrían que pagar y quiénes recibirían los pagos?

Los problemas sobre si las disculpas deben incluir una compensación financiera han impedido que muchos líderes admitan formalmente la culpa.

Los casos en Europa

Reino Unido por su rol en la hambruna en Irlanda

Poco más de 150 años después de que comenzara la hambruna irlandesa en 1845, el entonces primer ministro británico, Tony Blair, dijo: “Aquellos que gobernaron en Londres en ese momento le fallaron a su gente”.

Alrededor de un millón de personas murieron y dos millones emigraron cuando la plaga arrasó con la cosecha de papa de Irlanda y el Parlamento británico tardó en eliminar las restricciones a la importación de alimentos.

El discurso de 1997 llegó en un momento en que mejoraban las relaciones entre Reino Unido e Irlanda (que no se independizó hasta 1922) y se firmó el Acuerdo de Viernes Santo, que buscaba resolver muchos de los problemas de los dos países respecto a Irlanda del Norte.

Los críticos se han quejado de que las palabras de Blair no fueron una disculpa completa y formal.

Si bien no se ha hecho ninguna oferta de compensación a Irlanda por la hambruna, Reino Unido ha pagado a personas que fueron gobernadas por los británicos más recientemente.

En 2013, el gobierno se disculpó y acordó un paquete de compensación de US$25 millones para los kenianos que fueron torturados durante la revuelta de Mau Mau en la década de 1950.

Alemania Occidental por el Holocausto

A diferencia de los casos anteriores, Alemania Occidental acordó rápidamente pagos de compensación después de la Segunda Guerra Mundial por las acciones de la Alemania nazi.

En 1951, el canciller Konrad Adenauer dijo: “Se han cometido crímenes indecibles en nombre del pueblo alemán, lo cual hace un llamado a una indemnización moral y material”.

Los pagos a Israel y a los sobrevivientes del Holocausto, que comenzaron en 1953, totalizaron más de US$70.000 millones.

Tal vez sorprendentemente, en este caso, son algunas de las víctimas las que se han quejado de que se haya pagado una indemnización.

Los opositores opinaban que si Israel aceptaba dinero de Alemania Occidental, sería el equivalente a perdonar a los nazis por sus crímenes.

Parte del dinero, pagado a Israel como compensación por el costo de reasentar judíos desde Europa, ayudó al país en sus primeros años de existencia.

Japón indeciso

Otros países no han sido tan decididos.

Aunque Japón firmó acuerdos posteriores a la Segunda Guerra Mundial con Corea del Sur y China, que incluían paquetes financieros, en ocasiones sus relaciones con sus vecinos se han ido a pique.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha sido criticado por ser ambiguo sobre si Japón fue “agresivo” durante el conflicto.

Abe ha visitado y enviado ofertas a un santuario que honra a los criminales de guerra.

Pero también ha acordado paquetes de compensación para mujeres coreanas que fueron utilizadas como esclavas sexuales por soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.

Al igual que muchos políticos, al primer ministro Abe le ha resultado difícil equilibrar los sentimientos nacionalistas de su país y las buenas relaciones con líderes extranjeros.


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