El sexenio en que Reforma se convirtió en el Paseo de las Víctimas

Familiares de víctimas de la violencia han instalado, recibido y "expropiado" cinco memoriales en el emblemático Paseo de la Reforma, en su lucha por impedir que sus casos permanezcan impunes.

El sexenio en que Reforma se convirtió en el Paseo de las Víctimas
El antimonumento en homenaje a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, decorado en diciembre por sus familiares. Tercero Diaz / Cuartoscuro.com

Mientras los grupos del crimen organizado se disputan territorios y poder en México, los gobiernos intentan combatirlos, y las instituciones impartidoras de justicia se ven rebasadas, los ciudadanos mantienen otra batalla más personal y dolorosa: contra el olvido. Como último recurso de quienes sufrieron la muerte violenta de un hijo, o ante la zozobra de buscar a un desaparecido, sus familiares han instalado, recibido y apropiado cinco memoriales en la avenida más importante de Ciudad de México, el emblemático Paseo de la Reforma.

Los memoriales se ubican en el tramo de Reforma comprendido entre el Campo Marte y la avenida Juárez, en el Centro Histórico: tres de iniciativa ciudadana, uno oficial y otro ‘tomado’ por las familias de los desaparecidos para recordarlos, aunque ese no era el objetivo original de su construcción. Los cinco monumentos fueron inaugurados en un periodo exacto de seis años: del 7 de enero de 2012 al pasado 5 de enero de 2018, cuando fue instalada una gigantesca escultura de dos hombres para recordar a David Ramírez y Miguel Ángel Rivera, jóvenes de 20 años que fueron secuestrados hace, precisamente, seis años.

De los cinco memoriales, la Estela de Luz fue ‘tomado’ por las familias de los desaparecidos para recordarlos, aunque ese no era el objetivo original de su construcción.

Secuestrado en su cumpleaños

El 5 de enero de 2012 fue el cumpleaños 20 de Miguel Ángel. Él y sus amigos habían viajado en días recientes al puerto de Acapulco y decidieron regresar a Guerrero para celebrar, pero sólo él y David, su mejor amigo, obtuvieron permiso de sus padres. Tomaron carretera hacia Ixtapa Zihuatanejo y en el camino fueron secuestrados, a la altura de Ciudad Altamirano. “Deborah, por favor ayúdame”, dijo David a su hermana cuando finalmente pudieron comunicarse, varias horas después. La chica, de 17 años entonces, habló con el secuestrador y le preguntó si era policía. “No. Esto es un secuestro”, respondió la voz desde el teléfono móvil de David.

David y Miguel Ángel fueron secuestrados hace 6 años. Los familiares han tenido que hacer su propia investigación para tratar de dar con su paradero. Foto: Claudia Altamirano.

Deborah Ramírez y su madre, Lourdes González, iniciaron en ese momento una batalla por recuperar a David, que seis años después no ha terminado. Pidieron ayuda a la Policía Federal, pagaron el rescate pero los jóvenes no fueron devueltos, por lo que la investigación siguió en curso. Seguir el rastro fue fácil, según relatan Lourdes y Deborah a Animal Político, ya que los secuestradores siguieron utilizando el móvil de David tanto para negociar con ellas como para otros movimientos de su actividad delictiva y, pese a ello, la Policía no siguió ese evidente rastro: no siguieron al pagador que mandó la familia de Miguel Ángel para entregar el dinero; no acudieron de inmediato a la zona que marcaba el geolocalizador del teléfono, e incluso equivocaron datos con los de otra investigación.

“Nos decían que ya tenían al secuestrador, que ya tenían su nombre, su alias, dónde vivía, que ya iban a hacer un operativo y, si no hubiera sido por nuestra investigación privada, hubieran dado carpetazo a nuestro caso como a muchos otros”, asegura Deborah, hoy de 23 años. Ante la inacción de las autoridades judiciales, la familia solicitó a la compañía telefónica todos los registros del celular de David y pidieron a la Policía cotejar esos datos con los suyos, descubriendo que no coincidían. “Después de unos días aceptaron su error, dijeron que habían equivocado todo el expediente. Ya teníamos al verdadero secuestrador: su nombre, alias, cómo opera, sus huellas porque ya había sido detenido antes, llevamos seis años con esos datos”, aseguró Deborah.

David Ramírez con su hermana Deborah, en dos momentos de su vida.

Según la madre y la hermana de David, el caso ha estado plagado de fallos y omisiones que han impedido hallar a los jóvenes. Con apoyo de la asesora legal que les asignó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), descubrieron que el primero de los tres operativos realizados hasta ahora fue falso, ya que el reporte contenía imágenes descargadas de Internet; y en el más reciente les cambiaron toda la información que ya tenían antes sobre el secuestrador. En 2017 recibieron amenazas a través de la página de Facebook ‘Rescatemos a David y Miguel’ para que cesaran su investigación, pero la Policía Cibernética no buscó la IP (dirección del dispositivo que emite el mensaje) porque “llevaban seis meses sin Internet”. Animal Político solicitó la versión de la Policía Federal sobre estos hechos pero no obtuvo respuesta.

Por ello, Lourdes mandó construir con sus propios recursos el memorial para su hijo y su amigo Miguel Ángel, en el cruce de Reforma y Juárez, frente a la escultura de El Caballito. También con sus recursos pagan a varias personas que vigilan la escultura, pues dicen que han sido intimidadas para que la retiren. “Los 43, el ABC, ellos lo ponen así como va. El memorial no está a discusión; se queda porque se queda, porque David y Miguel se lo merecen, ellos representan a todos los desaparecidos”, sentencia la madre de David.

Deborah Ramírez y su mamá, Lourdes González, frente al memorial que instalaron en Reforma. Foto: Claudia Altamirano.

Los 49 del IMSS

Siete meses antes de la instalación del memorial de David y Miguel, fue colocado un elocuente 49 con las siglas “ABC” y la leyenda “nunca más” frente a las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a unos pasos de la Diana Cazadora. Es el recordatorio permanente para el Instituto de que debió garantizar la seguridad en las instalaciones de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, para evitar que un incendio acabara con la vida de ese número de niños y marcara las de otros 70 que resultaron heridos.

Memorial de la Guardería ABC, frente al IMSS. Foto: Claudia Altamirano.

Ese día se cumplieron ocho años de la mayor tragedia infantil en la historia moderna de México. El 5 de junio de 2009, un incendio iniciado en una bodega contigua a la guardería ‘ABC’ ubicada en Hermosillo se extendió al inmueble mientras los niños dormían la siesta. Al no contar con salidas de emergencia, la evacuación se complicó y decenas de niños quedaron atrapados. Desde entonces, los padres de los 49 pequeños fallecidos y activistas que apoyan su causa han exigido justicia para los responsables de la tragedia: desde el personal de la guardería que podría haber cometido omisiones, pasando por las autoridades estatales que permitieron la operación del local sin las medidas básicas de seguridad, hasta la institución que debió garantizar la integridad de los menores y falló: el IMSS.

Pero el primer paso del camino hacia la justicia llegó hasta siete años después: en junio de 2016, 19 de los implicados en el incendio fueron sentenciados a pasar entre 20 y 29 años en prisión. Seis meses después hubo otro destello: un juez ordenó a la PGR incluir al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, y al exfiscal Abel Murrieta como indiciados e imputados en la averiguación previa por el incendio, sin que hasta el momento hayan sido detenidos. En cambio, el hermano del exgobernador, Rodrigo Bours, está buscando una candidatura independiente para competir por la alcaldía del municipio de Cajeme, este 2018.

El primer ‘antimonumento’

En abril de 2015 fue colocado sobre el camellón de Paseo de la Reforma, casi en la esquina con la avenida Juárez, una estructura de color rojo con un signo de más y un número 43 como una forma de no olvidar que a México le faltan 43 jóvenes que desaparecieron en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014.

Ese 26 de abril, cuando se cumplían siete meses de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, sus familiares colocaron el ‘antimonumento’ –como ya se conoce a los memoriales erigidos en recuerdo de una tragedia- y unas placas en el suelo con la leyenda “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Este es el caso de desaparición que ha adquirido más notoriedad a nivel internacional, por lo que se volvió emblemático de los 34 mil 656 desaparecidos que se calcula hay en el país hasta octubre de 2017, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), que los divide entre investigaciones del fuero federal (mil 143) y del fuero común (33 mil 513). La gran mayoría de las desapariciones ha ocurrido en el estado de Guerrero, donde también fueron secuestrados David y Miguel Ángel.

Honrar a las víctimas… en el campo militar

Antes de los ‘antimonumentos’ ciudadanos ya habían sido construidos dos monumentos para las víctimas de la ola de violencia que azota al país. El memorial oficial fue construido en el Campo Marte, durante la gestión del expresidente Felipe Calderón, e inaugurado cinco meses después de concluida, en abril de 2013.

El Memorial a las Víctimas de la Violencia en México, a un costado de Campo Marte, en Reforma. Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro.com

En julio de 2012, tras la elección en la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresó a la Presidencia luego de perderla en el año 2000 frente al Partido Acción Nacional, iniciaron las obras del memorial que el presidente Felipe Calderón dejaría en honor a las víctimas de la crisis de violencia que México padece, precisamente, desde que el exmandatario inició la ‘guerra contra el narcotráfico’, hace una década. Las placas de acero instaladas en el campo militar con la idea de inscribirle los nombres de las víctimas fueron repudiadas por los familiares organizados, quienes calificaron como una “provocación” el hecho de instalar un memorial a las víctimas justo en un espacio dedicado a las fuerzas militares, a quienes miles de familiares han culpado de la desaparición de sus parientes.

El monumento fue la respuesta del gobierno de Calderón a las organizaciones civiles, que habían solicitado la ‘resignificación’ de la Estela de Luz –el monumento que el presidente construyó con motivo del Bicentenario de la Independencia- para convertirlo en un memorial a las víctimas y desaparecidos. En lugar de eso, les ofreció otro tributo en el Campo Marte, lo que provocó la indignación de los familiares, que se negaron a asistir a su inauguración.

Tributo ¿al Bicentenario, a la corrupción o a las víctimas?

La historia de la Estela de Luz ha sido atribulada e indefinida. Originalmente proyectada para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución (en 2010), la obra no fue concluida en tiempo y forma sino 15 meses después, desvaneciendo su significado. También perdió su intención en medio de la indignación social que causó el costo del proyecto, que originalmente sería de 398 millones de pesos pero acabó costando más de mil millones. Por esto, la Estela fue nombrada por las organizaciones como ‘monumento a la corrupción’.

La Estela de Luz fue “expropiada” por familiares de víctimas de la violencia. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.com

El poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado en marzo de 2011 en Morelos, encabeza desde entonces el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y, desde esa trinchera, reunió firmas ciudadanas para que la Estela fuera ‘resignificada’ y se convirtiera en un memorial para las víctimas de la violencia. El gobierno de Felipe Calderón rechazó esta petición y en su lugar construyó el memorial de Campo Marte; sin embargo, los familiares de víctimas llevaron fotografías y placas con nombres de muertos y desaparecidos a la explanada de la Estela de Luz para considerarlo, simbólicamente, su propio tributo a las víctimas, al margen del reconocimiento oficial. Esta estructura de acero de 104 metros de altura fue inaugurada el 7 de enero de 2012, dos días después del secuestro de David Ramírez y Miguel Ángel Rivera.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellog.

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