De 2011 a 2016, al menos 106 mil armas provenientes de Estados Unidos estuvieron vinculadas con crímenes en México, de acuerdo con el registro de Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), citado en un reporte del Center for American Progress.
[contextly_sidebar id=”dp9m3dxODKB40uOq54cQHgTR6qWbhM4A”]De esa cantidad de armas, el 70%, es decir 74 mil 200, fueron compradas legalmente en territorio estadounidense, según el rastreo realizado por la ATF.
Si bien la Agencia reporta esa cifra, el Center for American Progress también señala que hay estimaciones de que cerca de 213 mil armas de fuego son transportadas ilegalmente cada año, de contrabando, hacia territorio mexicano.
En su análisis, con el título “Beyond our Borders: How Weak U.S. Gun Laws Contribute to Violent Crimen Abroad”, la organización estadounidense señala que mientras el presidente Donald Trump dice que su país necesita protegerse de amenazas externas, y de inmigrantes que puedan cometer crímenes, Estados Unidos alimenta la violencia de otras naciones, al proveer armas que son utilizadas en crímenes violentos.
En el caso de México, cerca de la mitad de las armas provenientes de Estados Unidos e involucradas en casos criminales, son armas largas, lo que incluye rifles semiautomáticos.
De 2009 a 2014, indicaron autoridades estadounidenses, la mayoría de las armas involucradas con crímenes en México y que fueron compradas originalmente en Estados Unidos, provinieron de tres estados: Texas (41%), California (19%), y Arizona (15%).
El impacto del tráfico de armas desde Estados Unidos, apuntó el Center for American Progress, ha sido “devastador”, ya que en 2017 México alcanzó su nivel más alto de homicidios dolosos en los últimos 20 años.
Mientras que en 1997 el 15% de los homicidios fueron cometidos con un arma de fuego, indica el Centro citando datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en 2017 la cifra se elevó en México hasta llegar al 66%.
En su reporte, el Center for American Progress señala que la combinación de la gran producción de armas en Estados Unidos, y sus leyes débiles en cuanto a la compra y uso de armas, resulta en la “exportación de violencia” a otros países.
“Los políticos en Estados Unidos tienen la obligación moral de emprender acciones para reforzar las leyes de armas en un un esfuerzo por mejor la seguridad pública dentro y fuera de las fronteras de Estados Unidos”, apunta el Centro.
En 2011 se conoció el caso de la operación Rápido y Furioso, en el que la ATF permitió que entraran armas ilegalmente a México, con la idea que llegaran a manos de criminales y poder rastrearlos. Sin embargo la Agencia no pudo seguir la pista de todas ellas, y algunas fueron ubicadas en escenas de crímenes.
El Center for American Progress dio el dato de que, de 2014 a 2016, cerca de 50,133 armas provenientes de Estados Unidos fueron recuperadas como parte de investigaciones por delitos, en 15 países de América del Norte, América Central y el Caribe, con la acotación de que muchas de ellas fueron exportadas legalmente.
