Silvia Rico Moreno, presidenta de la constructora Sylma, que demandó al ciudadano Leonardo García Vázquez por difamación en su contra, argumenta que emprendió la acción legal para “salvaguardar el prestigio”, de la inmobiliaria.
[contextly_sidebar id=”FstNVlslKvdemdtBEABxw2Tx7XxTgIMY”]“No tuve otra opción mas que entablar una demanda judicial en contra de él para salvaguardar mi prestigio, que me he ganado durante todos estos años”, afirmó en conferencia.
Tras insistir en que el ciudadano mantiene una campaña de “difamación” contra la firma desde 2015, a la cual acusó por presuntas irregularidades en el fraccionamiento Esmeralda 1, en Zempoala, dijo que García no es propietario de la vivienda dañada por las lluvias del 28 de junio de 2015.
Rafael Ávila del Ángel, aseveró Rico Moreno, es quien compró a Sylma el inmueble ubicado en el lote 26 manzana 7 del desarrollo habitacional, según la escritura pública 60348, del 17 octubre de 2014, agregó.
Además, el seguro Sura Daños pagó 85 mil 856 pesos por toda la pérdida sufrida, insistió.
La copropietaria de Sylma SA de CV dijo desconocer si a Leonardo le prestaban o rentaba la vivienda, así como si le fue traspasada con algún crédito, pero afirmó que el dueño no ha mostrado inconformidad tras el pago.
Según la hermana de Marco Antonio Rico Moreno, exsubsecretario de Obras Públicas de Hidalgo, el ciudadano colocó mantas en puntos de venta y fraccionamientos de su consorcio para “disuadir” a sus compradores.
Aseguró que con la decisión de demandarlo por difamación (causa penal 138/2017) “no se le ha criminalizado” ni atenta contra la libertad de expresión.
“Todos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero no de calumniar”, afirmó.
La empresaria sustentó que tardó más de un año en emitir una postura sobre el caso porque “existe un proceso legal que sigue su curso” y porque hubo “desinformación”.
Sobre el posible conflicto de interés de la firma y los puestos que ocupan sus hermanos en la política hidalguenses, rechazó el señalamiento.
Sostuvo que la autorización estatal para construir el fraccionamiento, señalado por posibles irregularidades, data del 30 de julio de 2008.
Marco Antonio, agregó, entró a la Subsecretaría de Obras Públicas el 2 de mayo de 2011. Según el gobernador Omar Fayad, en declaración previa, el exfuncionario salió del gabinete porque estaba “en duda”.
Según la empresaria, las licencias fueron emitidas por autoridades municipales.
Respecto a lo dicho por Silvia Rico Moreno, Leonardo dijo a Animal Político que la presidenta de constructora Sylma trata de desvirtuar el tema de fondo, cuestionando si es dueño o renta la casa dañada por las lluvias del 28 de junio de 2015.
“Ya dejé en claro desde mi declaración inicial que la casa la rento, y que la aseguradora pagó los muebles”, comentó.
La problemática real, dijo, es la falta de infraestructura primaria en el desarrollo habitacional, de drenaje pluvial adecuado, drenaje sanitario, además de parques recreativos y otros servicios municipales.
Leonardo insistió en que con la demanda por una presunta campaña de desprestigio, la empresa busca salirse por la tangente, respecto al verdadero problema.
