El Congreso acumula pendientes, falta designar a las nuevas comisionadas del INAI
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Cuartoscuro Archivo

El Congreso acumula pendientes, falta designar a las nuevas comisionadas del INAI

El Senado debió haber lanzado la convocatoria para seleccionar y designar a las nuevas comisionadas del Instituto Nacional de Acceso a la Información el 1 de febrero, pero no lo ha hecho.
Cuartoscuro Archivo
Por Ernesto Aroche Aguilar
12 de febrero, 2018
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Al Poder Legislativo federal se le acumulan los pendientes: a la falta de designación de fiscal y magistrados anticorrupción, fiscal general y auditor superior, se le suman desde hace más de una semana los espacios que dejarán vacantes las comisionadas de transparencia Areli Cano y Ximena Puente, en el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

El Senado debió haber lanzado la convocatoria para seleccionar y designar a las nuevas comisionadas –los espacios tendrán que ser ocupados por mujeres para mantener la equidad de género en ese cuerpo colegiado— a más tardar el pasado 1 de febrero, pues su periodo en el INAI concluye el 31 de marzo y por ley el proceso de renovación debe iniciar máximo 60 días antes. Pero el Senado no ha empezado.

De hecho, el pasado 31 de enero el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, notificó al presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, que el plazo legal para lanzar la convocatoria se vencía al día siguiente, y que era importante iniciar con el procedimiento de selección y designación.

Casi dos semanas después, la convocatoria no ha sido emitida.

Y no es cosa menor, señala Edna Jaimes, directora de la organización México Evalúa, pues se trata de espacios y vacantes de “instituciones creadas para servir de vigilancia del poder, de contrapeso y control político, para evitar el abuso del poder, y tocan la esencia de un sistema de privilegios que existe dentro de grupos políticos, y esto genera resistencias”.

Vieja práctica

El mantener organismos acéfalos o incompletos no es un tema nuevo para el legislativo, apunta Ricardo Luévano, oficial de Transparencia de la organización Artículo 19, y ejemplifica: “La Comisión de Atención a Víctimas se quedó sin cinco de los siete comisionados casi dos años. Es muy común, tienes una Procuraduría General acéfala, una fiscalía electoral con problemas, no es en realidad una prioridad para el Senado en este momento que suceda algo con el INAI, porque sino ya lo hubieran sacado”.

Y lo que la sociedad civil espera, sostiene por su lado Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, es un proceso de designación abierto y puntual, como el que se siguió en 2015 cuando el organismo se transformó de IFAI a INAI.

“Nosotros, desde A19, sí creemos que es importantísimo que este semestre salgan buenas designaciones, no podemos dar ni un paso atrás ni permitir que la premura de los legisladores de salir y participar en las campañas electorales permita que todo lo que se ha construido en cuanto a Parlamento Abierto se tire por la borda”.

Al respecto Jacqueline Peschard, quien hasta el 9 de febrero presidió el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, dice que México tiene la obligación de seguir los estándares internacional de Parlamente Abierto y Gobierno Abierto, porque como país está adherido a ellos.

Cuotas y cuates

El escenario no es fácil, coinciden especialistas y Organizaciones de la Sociedad Civil, ya que las designaciones pendientes deben realizarse en medio de un escenario político crispado, y de confrontación electoral entre las diferentes fuerzas políticas.

“Estamos en un momento difícil –dice la senadora independiente Martha Tagle—porque la gran mayoría de estas designaciones tienen que ser aprobadas por dos terceras partes del Senado, y la confrontación política en la que estamos no permite avanzar en los acuerdos que nos lleven a discutir los perfiles”.

Ante los retrasos la legisladora urge a sus compañeros a empezar con el proceso de discusión y dictaminación de los perfiles y candidatos que ya están propuestos, como los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, pero bajo una lógica de “verificar quiénes cumplen los requisitos de elegibilidad, y quiénes son los perfiles idóneos, y si no los hay pues desechar las propuestas como dice el reglamento y regresarlas al Ejecutivo, porque si estamos esperando el todo o nada, o que haya un acuerdo político que permita avanzar en algunos perfiles sí y en otros no, pues vamos a seguir atorados”.

Y agrega: “También tenemos que quitarnos de la práctica parlamentaria, que lo hemos visto en las más de 300 designaciones que se han hecho en estas dos legislaturas en el Senado de la República, que es un asunto totalmente de cuotas y cuates, no podemos seguir en esa misma lógica por el daño que se ha hecho en las instituciones. En todas las designaciones hay un acuerdo político entre las distintas fuerzas políticas políticas representadas en el Senado y se han distribuido por cuotas y cuates, lo que les toca a cada uno”.

La falta de designaciones, señala Edna Jaimes, puede estar generando que organismos que han hecho bien su trabajo, como la Auditoria Superior de la Federación (ASF) –cuyo proceso de designación se detuvo en la Cámara de Diputados a mediados de diciembre– , se empiecen a fracturar por falta de una cabeza que dirija, pero también por una posible disputa por la sucesión.

“No es sano que trabajen en un contexto de incertidumbre en donde puede haber pugna interna por el proceso sucesorio. Yo quisiera que la auditoría tuviera ya su nombramiento de titular en las próximas semanas, porque es una instancia clave en el sistema de rendición de cuentas”.

Nada se mueve

A mediados de enero el precandidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, se pronunció por completar el SNA, nombrar a los fiscales pendientes y al titular de la Auditoria Superior y dijo “teniendo todos los elementos para dar pasos firmes, dejamos de hacerlo por razones políticas”.

A través de su cuenta de tuiter, Meade Kuribreña pidió “a partidos, coaliciones y precandidatos a avanzar con los nombramientos faltantes del SNA”, pero la petición no fue recogida ni siquiera por los legisladores de su partido, pues el tema sigue sin discutirse en las cámaras. Los otros precandidatos han ignorado el tema.

No es un buen momento, dice Jacqueline Peschard, “para armar acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, sin embargo nosotros creemos que estos es prioritario en la agenda, y lo que queremos es empujar a que los partidos políticos tomen cartas en el asunto, más allá de lo que pasa en el terreno de las elecciones, pero claro que sabemos que es un contexto difícil”.

Y concluye: “No quisiéramos tener que esperar a que se defina la elección, pero de momento de lo que se trata es de empujar más para que los propios candidatos no sólo tomen la bandera de la anticorrupción, sino proyectos y programas específicos para el combate, y uno de esos es acabar de construir el sistema”.

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Bukele contra las maras: policías denuncian que los obligan a cumplir cuotas de detenciones en la guerra contra las pandillas

Representantes del gremio policial advierten que la detención masiva de pandilleros es una “bomba de tiempo” para un sistema carcelario que ya está sobrepoblado.
19 de abril, 2022
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Los policías capturaron a dos mujeres sospechosas de colaborar con las pandillas en El Salvador. Cuando las trasladaban en una patrulla, el inspector dijo a los agentes que incluyeran en su reporte a tres personas arrestadas en otros operativos como parte del régimen de excepción que aprobó el Congreso a finales de marzo para combatir a las maras.

Los agentes se negaron. El inspector advirtió que si no acataban la orden de presentar a los cinco detenidos dentro de un mismo procedimiento, serían enviados al otro extremo de El Salvador.

Finalmente fueron trasladados y los agentes lo denunciaron en un informe enviado a Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, y al que tuvo acceso BBC Mundo.

Reyes explica a BBC Mundo que ese incidente fue el detonante que llevó al sindicato de la policía salvadoreña a denunciar que los jefes policiales exigen cuotas diarias de arrestos a sus agentes en un momento en el que el gobierno del presidente Nayib Bukele se propone capturar a 20.000 miembros de pandillas.

Bukele reclamó al Congreso que aprobara un régimen de excepción, que entra en su cuarta semana, y a modificar el código penal tras el aumento de homicidios el último fin de semana de marzo.

Esas medidas forman parte de lo que Bukele llama “guerra contra las pandillas” y por la que asegura que ya han sido detenidas 10.000 personas.

El sindicato policial asegura haber recibido 15 denuncias de imposición de cuotas de detención en seis de los 14 departamentos que conforman el país.

En BBC Mundo hablamos con Marvin Reyes, que denuncia las presiones pero comparte las medidas impulsadas por Bukele y el Congreso, de mayoría oficialista, contra las maras.

BBC Mundo solicitó al gobierno de Bukele y al comisionado de la Policía, Mauricio Arreaza Chicas, un comentario sobre la denuncia pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuesta.


Marvin Reyes

Marvin Reyes
Marvin Reyes es el secretario general del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

¿Qué está pasando con las detenciones de los pandilleros durante el régimen de excepción?

Algunos oficiales que dirigen unidades policiales en diferentes partes del país están imponiendo cuotas de detenidos por día. Por ejemplo, en el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador, le están imponiendo a cada patrulla seis detenidos por día. Los compañeros que están en esa zona dicen que no pueden llegar a veces a ese número porque ya no hay pandilleros allí, han huido a otros sectores para esconderse.

No estamos en una competencia para ver qué unidad policial captura más pandilleros. El objetivo de esto es sacar de circulación a aquellos delincuentes que están vinculados a las pandillas. Para eso hay mecanismos, los aparatos de inteligencia ya tienen identificadas las estructuras de las pandillas, los que colaboran con ellos.

Los esfuerzos de los agentes de la policía están enfocados hacia esta gente, pero no para generar un aspecto de presión para que lleguen a un determinado número. En eso no estamos de acuerdo, porque se está empujando al policía a que capture incluso a alguien que no tenga que ver con pandillas, y para llenar ese cupo, meterlo ahí junto con los demás.

¿Qué dicen los jefes policiales? ¿Qué han respondido después de estas denuncias?

Absolutamente nada. No responden, ignoran las denuncias que se están haciendo. Y el director de la policía, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, tampoco responde. Él no está intercediendo por la gente, simplemente está ignorando las acciones que están cometiendo jefes territoriales. El director debería interceder y evitar que se generen estos traslados.

Nayib Bukele

Getty Images
El presidente Nayib Bukele pidió al Congreso aprobar la medida del régimen de excepción.

¿Es verdad que recibieron la orden de detener a los pandilleros de la MS-13 y no a los de Barrio 18?

Es verdad. Hemos recibido muchas denuncias de varios departamentos del país donde los oficiales le han dicho al personal que tienen bajo su mando que no detengan a pandilleros de Barrio 18, no importa si es la facción sureña o revolucionaria. Que se enfoquen en los de la pandilla MS.

No sabemos cuál es el motivo. Los oficiales dicen al personal que son órdenes superiores. Eso es lo único que hasta el momento hemos podido recabar porque no hemos encontrado una razón.

¿Es factible detener a más de 10.000 personas en dos semanas, como ha informado el gobierno?

Sí, porque la policía lleva sus registros de personas detenidas con lujo de detalles.

Manos esposadas.

Getty Images
Los hombres que llevan tatuadas marcas de las pandillas son detenidos en El Salvador.

¿Qué diferencia hay entre el régimen de estado de excepción y otros operativos de seguridad anteriores que se han aplicado para combatir a las pandillas?

El código penal ha sido modificado para que la sola pertenencia a las pandillas sea motivo de delito. Para un miembro de pandillas son 30 años de cárcel. Para un colaborador son 15. Eso no existía antes. Era muy difícil establecer que un sujeto pertenecía a una pandilla, había que reunir alrededor de 12 requisitos por cada pandillero. Ahora es más rápido.

Sabemos que un tipo que anda tatuado claramente pertenece a la pandilla y va preso. Mediante los aparatos de inteligencia de la policía, entrevistas y otros parámetros, se tienen que establecer indicios para determinar la pertenencia a la pandilla de quienes no están tatuados y aplicar la ley.

Aquí hay mucha gente que ha estado colaborando con las pandillas.

Mucha gente ha vivido a expensas de estas colaboraciones y tienen carros y casas lujosas. No se tatúan y pasan como personas normales, pero están colaborando directamente con las pandillas. Esta gente también va presa y lleva 15 años de cárcel.

¿Existe el riesgo de que por ser ahora un proceso más expedito metan presa gente inocente?

Eso es lo que no se debe hacer. En la policía no debe existir el margen de error porque no podemos estar metiendo gente inocente a la cárcel. Es el cuidado que se tiene que tener para establecer plenamente aquellos que no están vinculados a la pandilla.

El Salvador

Getty Images

¿En cuánto se estima la población pandillera de El Salvador?

Estimamos que son alrededor de 70.000 pandilleros solo de la MS a nivel nacional. Hay que multiplicar los colaboradores por cinco o seis. Sobre la 18 hablamos de unos 20.000 a nivel nacional. Hablamos aproximadamente de unos 100.000 pandilleros diseminados por todo el territorio de El Salvador.

¿Qué impacto pueden tener estas detenciones masivas en la población carcelaria?

Esto es una bomba de tiempo. Ya había una sobrepoblación, quizás del 200% o 300% en casi todas las cárceles del país. Y meter a esta gran cantidad de detenidos va a generar más problemas de los que ya tiene el régimen carcelario. Las cárceles no tienen la capacidad ni están diseñadas para albergar a esa gran cantidad de población. Se va a sobresaturar el sistema.

Las autoridades de centros penales tendrán que buscar un mecanismo para contener a toda esta gente. Buscar algún edificio temporal que puedan adecuar rápidamente para mover a tanta gente. Las bartolinas de la policía, las cárceles pequeñas preventivas dentro de cada base policial, son limitadas. Las más grandes pueden contener 125 personas máximo.

Hombre detenidos en una prisión en El Salvador

Getty Images
Marvin Reyes asegura que las detenciones agravarán el hacinamiento carcelario en El Salvador.

¿Es posible que las pandillas aprovechen las cárceles como un espacio para encontrarse y reorganizarse?

Podría ser. Es una gran posibilidad porque el delincuente siempre está buscando la manera de contrarrestar o superar las acciones de las autoridades, sobre todo los planes de seguridad y los métodos carcelarios. Lógicamente ellos van a tratar de causar inestabilidad dentro del sistema penitenciario.


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