Quiero ir a la tumba de mis padres y estar con mis hijos: indígena encarcelado injustamente 8 años

Cuando lo detuvieron, Sergio tenía 33 años y cinco hijos, hoy de entre 11 y 17 años. Fue acusado de homicidio calificado y tentativa de robo calificado. Lo habían condenado a 27 años y 6 meses de prisión.

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Sergio Sánchez fue liberado este miércoles, después de ocho años en prisión. @CentroProdh

Después de pasar casi ocho años en prisión, un tribunal colegiado reconoció la inocencia de Sergio Sánchez, quien recuperó su libertad, pues no se hallaron pruebas en su contra. Los familiares del indígena mazahua, abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh) y Amnistía Internacional lo recibieron después de horas de espera.

Ya en su casa en Nezahualcóyotl, Estado de México, un día después de su liberación, Sergio no quiere pensar en demandar al Estado por lo que le hicieron. Solo quiere estar con sus hijos, a quienes dejó cuando eran niños y hoy son adolescentes. “Quiero ir mañana a dejarles una veladora a mis padres a su tumba. Mi madre murió mientras yo estaba en prisión y no me pude despedir de ella. Su sueño era verme caminar libre por la calle. Ella sabía que yo era inocente. Creo que apenas ayer que me soltaron debe haber descansado”, relata.

Sergio también piensa en volver a trabajar. Va a buscar un empleo, mientras quiere regresar al puesto de dulces que atendía cuando cuatro judiciales lo detuvieron, afuera de su casa. Lo amagaron, “me pusieron la camisa en el rostro —relata—, me patearon, me iban pisando”. Le exigían que les dijera quién era el homicida para soltarlo. Sergio no sabía de qué le hablaban.

Una mujer que iba con los policías, el día de su detención, lo señaló como el autor de un robo y un homicidio calificado, en el metro Tacuba, lejos de Nezahualcóyotl donde Sergio vivía y trabajaba. “Yo no conocía a la mujer. Los judiciales me enseñaron unos retratos hablados, de unas personas de entre 18 y 22 años, lo único parecido que tenía con ellos era mi corte de cabello, yo siempre me lo corto peloncito, y un judicial me decía: ¿A poco no eres éste? ¿Sí, tú eres éste?”.


A oídos de Sergio llegó lo que podría ser la verdad: la mujer que lo señaló como culpable era un testigo falso del hecho, comprado por los judiciales. Ella incriminaba por dinero a personas inocentes para que pudieran cubrir su cuota de detenidos. “Ahora está desaparecida y con una orden de presentación, por estos señalamientos, gracias a Dios yo ya no supe nada de ella”.

Durante su estancia en la cárcel, de casi ocho años, el indígena mazahua conoció a muchas personas en su misma situación: inocentes pero presos. “De diez personas que están encarceladas, cinco, la mitad, no cometieron delito alguno”, afirma. Y muchos, agrega, se quedarán ahí, “porque no han tenido mi misma suerte, de encontrar a las personas adecuadas que los defiendan”.

Cuando lo detuvieron, Sergio tenía 33 años y cinco hijos, hoy de entre 11 y 17 años. Fue acusado de homicidio calificado y tentativa de robo calificado. Lo condenaron a 27 años y 6 meses de prisión. El Centro Prodh expuso en repetidas ocasiones que luego de un análisis exhaustivo del expediente, podían afirmar que el caso de Sergio era el ejemplo clásico de cómo el sistema penal mexicano fabrica culpables.

Adentro, dice, “yo estaba muerto en vida. Hubo muchas noches que no dormía, dos o tres años me la pasé así, pensando, ya nunca voy a salir de este lugar, que había dejado a mis hijos, si tendrían para comer. Yo tenía que trabajar allá adentro (también vendía dulces) y mi esposa en el puesto de la casa, para llevarme un taco”.

Con el acompañamiento del Centro Prodh, Sergio presentó un amparo y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito tomó el asunto. Las magistradas y el magistrado del tribunal determinaron que tanto la detención como el supuesto reconocimiento de la testigo fueron ilegales, pero aún así lo mantuvieron en prisión, solo porque la misma persona –a quien después despidieron de su trabajo por dar declaraciones falsas en otros juicios– reiteró, ante un juez, que reconocía a Sergio Sánchez como el autor del delito de homicidio y robo.


El caso es tan paradigmático que Amnistía Internacional lo incluyó en uno de sus informes. El organismo ha denunciado que en México, la policía detiene a miles de personas cada año, muchas veces violando sus derechos. No hay registros efectivos de la gente que es detenida, ha señalado la organización, y tampoco hay leyes que indiquen cómo debe hacerse ese registro para que cumpla con estándares internacionales. Ni siquiera hay una ley clara de cómo se puede usar la fuerza durante un arresto.

Después de una sentencia de amparo directo emitida en franca violación a sus derechos humanos, que anuló el supuesto reconocimiento de la persona que lo señaló pero determinó como suficiente el que la misma persona haya reiterado su dicho, Sergio presentó un recurso de revisión que fue estudiado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia de la Ministra Norma Piña Hernández bajo el registro 7464/2016.

El asunto llegó a la Primera Sala de la Suprema Corte, y el Máximo Tribunal determinó que el tribunal colegiado debía invalidar todas las pruebas derivadas del reconocimiento ilegal y otras que se refirieran a ella; también precisó que se debían revisar las restantes pruebas partiendo del principio de la presunción de inocencia, lo que implica que si había dudas sobre su participación, Sergio debía ser absuelto.

El indígena mazahua reitera desde su casa, que muchas personas de las que están en prisión son inocentes. “Como yo le dije a un juez una vez: ‘ustedes si dicen que es azul, azul es, pero no, no es así’. Si uno fuera culpable, yo le hubiera dicho, ayúdeme a salir, pero no, yo no hice nada. Y me robaron ocho años de vida”.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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