Quiero ir a la tumba de mis padres y estar con mis hijos: indígena encarcelado injustamente 8 años
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Quiero ir a la tumba de mis padres y estar con mis hijos: indígena encarcelado injustamente 8 años

Cuando lo detuvieron, Sergio tenía 33 años y cinco hijos, hoy de entre 11 y 17 años. Fue acusado de homicidio calificado y tentativa de robo calificado. Lo habían condenado a 27 años y 6 meses de prisión.
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Por Andrea Vega
3 de febrero, 2018
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Después de pasar casi ocho años en prisión, un tribunal colegiado reconoció la inocencia de Sergio Sánchez, quien recuperó su libertad, pues no se hallaron pruebas en su contra. Los familiares del indígena mazahua, abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh) y Amnistía Internacional lo recibieron después de horas de espera.

Ya en su casa en Nezahualcóyotl, Estado de México, un día después de su liberación, Sergio no quiere pensar en demandar al Estado por lo que le hicieron. Solo quiere estar con sus hijos, a quienes dejó cuando eran niños y hoy son adolescentes. “Quiero ir mañana a dejarles una veladora a mis padres a su tumba. Mi madre murió mientras yo estaba en prisión y no me pude despedir de ella. Su sueño era verme caminar libre por la calle. Ella sabía que yo era inocente. Creo que apenas ayer que me soltaron debe haber descansado”, relata.

Sergio también piensa en volver a trabajar. Va a buscar un empleo, mientras quiere regresar al puesto de dulces que atendía cuando cuatro judiciales lo detuvieron, afuera de su casa. Lo amagaron, “me pusieron la camisa en el rostro —relata—, me patearon, me iban pisando”. Le exigían que les dijera quién era el homicida para soltarlo. Sergio no sabía de qué le hablaban.

Una mujer que iba con los policías, el día de su detención, lo señaló como el autor de un robo y un homicidio calificado, en el metro Tacuba, lejos de Nezahualcóyotl donde Sergio vivía y trabajaba. “Yo no conocía a la mujer. Los judiciales me enseñaron unos retratos hablados, de unas personas de entre 18 y 22 años, lo único parecido que tenía con ellos era mi corte de cabello, yo siempre me lo corto peloncito, y un judicial me decía: ¿A poco no eres éste? ¿Sí, tú eres éste?”.


A oídos de Sergio llegó lo que podría ser la verdad: la mujer que lo señaló como culpable era un testigo falso del hecho, comprado por los judiciales. Ella incriminaba por dinero a personas inocentes para que pudieran cubrir su cuota de detenidos. “Ahora está desaparecida y con una orden de presentación, por estos señalamientos, gracias a Dios yo ya no supe nada de ella”.

Durante su estancia en la cárcel, de casi ocho años, el indígena mazahua conoció a muchas personas en su misma situación: inocentes pero presos. “De diez personas que están encarceladas, cinco, la mitad, no cometieron delito alguno”, afirma. Y muchos, agrega, se quedarán ahí, “porque no han tenido mi misma suerte, de encontrar a las personas adecuadas que los defiendan”.

Cuando lo detuvieron, Sergio tenía 33 años y cinco hijos, hoy de entre 11 y 17 años. Fue acusado de homicidio calificado y tentativa de robo calificado. Lo condenaron a 27 años y 6 meses de prisión. El Centro Prodh expuso en repetidas ocasiones que luego de un análisis exhaustivo del expediente, podían afirmar que el caso de Sergio era el ejemplo clásico de cómo el sistema penal mexicano fabrica culpables.

Adentro, dice, “yo estaba muerto en vida. Hubo muchas noches que no dormía, dos o tres años me la pasé así, pensando, ya nunca voy a salir de este lugar, que había dejado a mis hijos, si tendrían para comer. Yo tenía que trabajar allá adentro (también vendía dulces) y mi esposa en el puesto de la casa, para llevarme un taco”.

Con el acompañamiento del Centro Prodh, Sergio presentó un amparo y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito tomó el asunto. Las magistradas y el magistrado del tribunal determinaron que tanto la detención como el supuesto reconocimiento de la testigo fueron ilegales, pero aún así lo mantuvieron en prisión, solo porque la misma persona –a quien después despidieron de su trabajo por dar declaraciones falsas en otros juicios– reiteró, ante un juez, que reconocía a Sergio Sánchez como el autor del delito de homicidio y robo.


El caso es tan paradigmático que Amnistía Internacional lo incluyó en uno de sus informes. El organismo ha denunciado que en México, la policía detiene a miles de personas cada año, muchas veces violando sus derechos. No hay registros efectivos de la gente que es detenida, ha señalado la organización, y tampoco hay leyes que indiquen cómo debe hacerse ese registro para que cumpla con estándares internacionales. Ni siquiera hay una ley clara de cómo se puede usar la fuerza durante un arresto.

Después de una sentencia de amparo directo emitida en franca violación a sus derechos humanos, que anuló el supuesto reconocimiento de la persona que lo señaló pero determinó como suficiente el que la misma persona haya reiterado su dicho, Sergio presentó un recurso de revisión que fue estudiado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia de la Ministra Norma Piña Hernández bajo el registro 7464/2016.

El asunto llegó a la Primera Sala de la Suprema Corte, y el Máximo Tribunal determinó que el tribunal colegiado debía invalidar todas las pruebas derivadas del reconocimiento ilegal y otras que se refirieran a ella; también precisó que se debían revisar las restantes pruebas partiendo del principio de la presunción de inocencia, lo que implica que si había dudas sobre su participación, Sergio debía ser absuelto.

El indígena mazahua reitera desde su casa, que muchas personas de las que están en prisión son inocentes. “Como yo le dije a un juez una vez: ‘ustedes si dicen que es azul, azul es, pero no, no es así’. Si uno fuera culpable, yo le hubiera dicho, ayúdeme a salir, pero no, yo no hice nada. Y me robaron ocho años de vida”.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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4 cambios en la ley migratoria de España que permitirán a miles de extranjeros trabajar y residir de forma legal en el país

La reforma facilitará el acceso al mercado de trabajo de los estudiantes, mejora las contrataciones en origen, flexibiliza los requisitos para la reagrupación familiar y crea la figura del arraigo por formación.
29 de julio, 2022
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Poder trabajar en España de forma regular va a ser, desde ahora, un poco más fácil.

Cerca de 5 millones y medio de extranjeros, más de un tercio de ellos procedentes de países de América Latina, viven en España, según los datos oficiales. La cifra real, sin embargo, es más difícil de calcular.

Perdidos en el laberinto burocrático, muchos entran en un círculo vicioso en el que no pueden trabajar legalmente porque no tienen permiso de residencia, pero tampoco pueden solicitarlo porque no pueden acreditar una vinculación laboral.

La reforma de la ley de Extranjería que acaba de aprobar el gobierno español y que se estrena a mediados de agosto resuelve algunas de estas disfunciones, por lo que no solo va a facilitar que los empresarios puedan contratar a más extranjeros directamente en sus lugares de origen, sino que busca nuevas fórmulas para que los que ya viven en España puedan regularizar su situación.

Estudiantes

Unos de los principales beneficiados de la reforma van a ser los estudiantes extranjeros matriculados en centros españoles. Hasta ahora, aquellos que tenían un visado de estudiante para cursar, por ejemplo, un grado en una universidad española, no podían trabajar para costearse sus estudios. La nueva normativa les permite trabajar de forma legal hasta 30 horas a la semana.

Estudiantes

Getty Images
Los alumnos extranjeros podrán trabajar mientras realizan sus estudios.

Además, una vez acabados los estudios, podrán quedarse un año más sin tener que pedir una ampliación de la estancia en España.

Casi uno de cada cuatro estudiantes extranjeros de grado en España proceden de países de América Latina y Caribe, proporción que se eleva a cerca del 64% de los de máster y casi al 53% de los de doctorado.

“Antes de la reforma, quien tenía un permiso por estudios, si trabajaba lo hacía de forma irregular y esto no tenía ningún sentido“, explica Gemma Pinyol-Jiménez, directora de políticas migratorias de Instrategies, una consultora especializada en asuntos de movilidad, migraciones y gestión de la diversidad.

Las modificaciones de la ley permiten que la autorización de estancia, con algunos criterios específicos, se pueda convertir en una autorización de trabajo. Y esto, opina, la experta, no solo es positivo para esas personas de manera individual, “sino también para el país, porque es una forma de garantizar que quien ha estudiado y ha hecho una formación de tercer grado -porque esto está pensado para los altamente cualificados-, puedan acceder al mercado de trabajo español”.

España quiere que ese talento que se ha formado en sus universidades pueda quedarse, además de hacer más atractivos sus centros de educación superior y facilitar su internacionalización.

Bandera de España

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Arraigo por formación

A partir de ahora, las personas que han permanecido en España durante un periodo mínimo de dos años, podrán obtener un permiso de residencia de 12 meses si se comprometen a realizar una formación reglada para el empleo, una figura para la que el gobierno español se ha inspirado en un modelo existente en Alemania conocida como “duldung”.

“La idea es que las personas que están en situación irregular puedan acceder al mercado de trabajo pasando primero por una formación. Eso sí, en sectores en los que se determina que hay una necesidad de mano de obra”, aclara Pinyol-Jiménez.

Dos trabajadores en una fábrica.

Getty Images
El arraigo por formación permitirá obtener un permiso de trabajo.

El arraigo por formación se suma a las dos vías por las que, hasta ahora, los extranjeros que ya se encontraban en España podían regularizar su situación.

Una es el arraigo social, para el que hay que demostrar tres años de residencia y, además, que se dispone de una oferta de trabajo. Este contrato ya no deberá tener una duración mínima de un año, como se pedía hasta ahora, pero sí que cumpla con el salario mínimo interprofesional.

La otra es el arraigo laboral, en la que hay que demostrar que ha habido una relación laboral, aunque la persona hubiera trabajado sin contrato y cobrado, por lo tanto, en negro.

“Muchas personas llegan en situación regular y luego dejan caducar su visado por pánico a intentar entrar en el mercado de trabajo. Lo que se intenta con la reforma es reducir este espacio en el que las personas acaban trabajando de manera irregular, que al final es un desastre para ellos mismos, para la economía y para todos”, interpreta la consultora.

Contratación en origen

La contratación en los propios países de origen de los trabajadores también se va a flexibilizar.

Por un lado, se mejora la contratación para los temporeros. A partir de ahora, estos trabajadores que van a España a participar, por ejemplo, en campañas agrícolas, podrán acceder a una autorización de 4 años en la que podrán trabajar hasta 9 meses por ejercicio, con la obligación de volver a sus países después de cada periodo.

Si se cumple con estas condiciones, como “premio”, estos trabajadores podrán solicitar un permiso de residencia y trabajo por dos años prorrogable.

Trabajadores en un invernadero.

Getty Images
La reforma mejora las condiciones de los temporeros.

Pero además, la reforma quiere mejorar lo que se conoce como Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, es decir, la lista de profesiones para los que los empresarios tienen dificultades para encontrar personal y que le permiten contratar a profesionales en origen.

“Este es un sistema tan poco realista que, desde hace años, la lista te dice que lo que hace falta en España son entrenadores de fútbol”, bromea Gemma Pinyol-Jiménez. Además de entrenadores, según la lista en España solo se necesita personal de buques mercantes, entrenadores y deportistas profesionales.

La reforma va a hacer una fotografía más realista del mercado de trabajo, que se va a actualizar cada tres meses.

Reagrupación familiar

Una de las grandes novedades de la reforma, y que va a suponer una gran mejora para la vida de muchas familias extranjeras en España, es la que concierne a la reagrupación familiar.

Dos mujeres en una cocina.

Getty Images
La reforma mejora las condiciones para la reagrupación familiar.

Los familiares, al recibir el permiso de residencia, también recibirán la autorización de trabajo por cuenta propia y ajena. “Hasta ahora, estas personas recibían un permiso de residencia, pero tenían que esperar para tener el de trabajo, mientras que con los cambios, cuando se renueve la reagrupación familiar, se adquirirá la autorización de trabajo”, precisa la consultora.

“El sistema está tan loco que condenaba a la gente a malvivir cuando podía trabajar”, una disfunción, denuncia Pinyol-Jiménez, relacionada con el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. “Se intentaba mantener y respetar la realidad del mercado de trabajo español, pero se hacía con un instrumento que hacía una radiografía nada realista de la realidad”.

También se flexibilizan los requisitos de reagrupación familiar cuando afectan a menores, a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

Además de estos cuatro puntos, las modificaciones de la ley de Extranjería también racionalizan los requisitos exigidos a los trabajadores autónomos procedentes de terceros países, y crea una Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, una suerte de “ventanilla única” para agilizar y facilitar los trámites.

“La obsesión fronteriza”, opina la experta, “se ha comido todo el debate público sobre las cuestiones migratorias. Esta es la primera vez en años que estamos hablando de reformas que no tiene que ver con fronteras”.


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