¿Son legales las listas de empresas fantasma del SAT? Estas son las opciones que puede tomar la Corte

El amparo lo promovió una empresa calificada como fantasma, que está ligada a Oceanografía y paraísos fiscales. Te mostramos los tres principales escenarios que podrían presentarse tras la discusión en la Primera Sala.

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Listas de empresas fantasma del SAT en jaque Cuartoscuro

Se prevé que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defina este 7 de febrero si son legales y constitucionales los listados que desde hace cuatro años publica el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde se revelan los nombres de empresas fantasma que simulan operaciones, y que han sido utilizadas, entre otras cosas, para evadir impuestos y desviar recursos públicos.

Esto luego de que la empresa Grupo Impulsor del Sur SA de CV (Grimsur) declarada fantasma por el SAT—ligada con el caso Oceanografía y a paraísos fiscales en Panamá— interpuso un amparo alegando que dichos listados son inconstitucionales con el argumento de que violan las garantías de defensa y de legalidad previstas en la Constitución.

Si la Corte determina que hay irregularidades en el sustento legal que permite publicar estos listados, las consecuencias podrían llegar incluso a  la anulación de todas las listas, algo que el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad han calificado como un “retroceso” en la lucha contra el desvío de recursos y la delincuencia organizada en el país.

Animal Político describe los tres principales escenarios que podrían presentarse tras la discusión en la Primera Sala. Esto a partir del proyecto de sentencia que ya se elaboró sobre el tema y es público, pero también de la consulta con abogados que tienen conocimiento del proceso.

Cabe la posibilidad de que el debate sea pospuesto para ser resuelto en una nueva fecha por la Primera Sala, o que incluso se le transfiera al pleno de la Corte por su complejidad.

La Primera Sala la componen cinco ministros y solo se necesita una mayoría simple de tres votos para que se adopte una determinación.

Primer escenario: las listas NO son inconstitucionales pero sí ilegales

Este es el escenario que plantea el proyecto a discusión elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

El proyecto concluye –contrario a lo que argumenta la empresa Grimsur– que no es inconstitucional el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación mediante el cual se dan facultades al SAT para verificar si una empresa está localizable, determinar si simula sus operaciones, y, de ser el caso, publicarla en las listas preliminares y definitivas de empresas fantasma.

Uno de los puntos que Grimsur alude para sostener que el procedimiento del SAT es inconstitucional es que el referido artículo no marca con precisión los tiempos que tienen las autoridades para notificar y concluir si la empresa simuló operaciones.

El proyecto de sentencia del ministro Pardo establece que la empresa tiene razón pero solo inicialmente. En efecto, como sostiene la compañía, el artículo 69-B menciona que la autoridad tiene cinco días para verificar los documentos, lo que no es un plazo máximo para que emita una resolución. En ese sentido estima que el agravio es fundado, pero inoperante.

La Corte agrega que otro artículo, el número 67 del Código Fiscal de la Federación, sí establece un plazo de cinco años para que se pueda indagar y sancionar una irregularidad fiscal. Es por ello que el proyecto sostiene que no se deja en incertidumbre a la empresa investigada y por tanto no hay violación constitucional.

“Si retomamos lo prescrito por el artículo 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, aun cuando en el mismo no se previó el plazo dentro del cual se debe emitir la resolución (…) lo cierto es que esta omisión no lo torna en violatorio del derecho a la seguridad jurídica contemplado en el artículo 16 constitucional porque dicho plazo se suple con la aplicación de la figura de la caducidad instituida en el numeral 67 del Código Fiscal de la Federación”, concluye el proyecto de sentencia.

Aunque el proyecto del ministro Pardo confirma que el artículo no es inconstitucional, sí existe una ilegalidad y por lo tanto es procedente conceder el amparo a la empresa para que su nombre sea retirado de las listas.

Esta determinación fue tomada inicialmente por un tribunal federal, el cual analizó el caso y estimó procedente amparar a la empresa “por una cuestión de mera legalidad”. Lo anterior debido a que, en efecto, a la compañía no se le mostraron las pruebas con las cuales se concluye que sus operaciones son simuladas. La Corte, sin entrar al análisis constitucional de ese asunto, ratifica la decisión.

¿Qué significa esta determinación? De inicio esto solo provocaría que la empresa amparada tenga que ser sacada de la lista y se anule el procedimiento en su contra.

Pero, según abogados que dan seguimiento al tema, la decisión de la Corte sienta un precedente que aprovecharían de inmediato otras compañías ya enlistadas (o que están en vías de serlo) para promover múltiples amparos, afectado seriamente la efectividad de esta herramienta.

Segundo escenario: las listas son inconstitucionales

Otro escenario que puede presentarse es que los ministros de la Primera Sala de la Corte consideren que sí es inconstitucional el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, o algunas partes del mismo, y por lo tanto también la publicación de los nombres de empresas fantasma.

Aunque el proyecto de sentencia del ministro Pardo Rebolledo estima que no se violan derechos constitucionales, los otro cuatro ministros pueden rechazar dicho proyecto o modificarlo para darle la razón a la empresa. Se necesita el voto de tres de ellos para que esto ocurra.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Animal Político, hasta el día de ayer había al menos dos ministros que estaban inclinándose por esta posibilidad, bajo el argumento de que el no presentarle a una empresa los documentos o pruebas con las que se estima que simula operaciones, sí vulnera su derecho constitucional de la seguridad jurídica.

Si la Primera Sala determina que con este artículo se incumple lo estipulado en la Constitución, entonces el beneficio inicial sería para la empresa Grupo Impulsor del Sur que saldría del catálogo de empresas fantasma. Pero también establecería el antecedente de un criterio judicial y bastaría con otros cuatro amparos que se resuelvan de la misma forma para que la Corte ordene la modificación o eliminación de este artículo.

Tercer escenario: las listas no son inconstitucionales ni ilegales

Los ministros de la Corte pueden votar por aprobar el proyecto de sentencia que concluye que el artículo 69-B y las listas de empresas fantasma no son inconstitucionales; incluso pueden modificarlo para determinar que tampoco se cometieron hechos ilegales por no haberle mostrado a la empresa las pruebas con las que se tomó esta determinación.

Si esto ocurre, no se concedería amparo alguno a la empresa Grimsur y por lo tanto no sería excluida de las listas de empresas fantasma.

Este criterio también sería un antecedente para que jueces federales determinen, en caso de demandas de amparo posteriores, que no se violan derechos constitucionales con la verificación y sanción que aplica el SAT a empresas fantasma.

¿Hay un riesgo de retroceso?

La semana pasada el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción fijó públicamente una postura oficial en la que advirtió que las empresas fantasma no son contribuyentes reales, sino elementos de un esquema de corrupción con el que se evaden impuestos, se desvían recursos públicos, se lava dinero y se financian campañas electorales.

Por ello estimó que el declarar inconstitucional el proceso que permite identificar y publicar la identidad de empresas fantasma es un retroceso en la lucha anticorrupción.

“Una sentencia que declarase la inconstitucionalidad del artículo 69-B del CFF, implicaría un retroceso en la desarticulación de los grupos delictivos que operan las empresas fantasma y el debilitamiento de las instituciones públicas. Esto no solo dejaría sin efectos las listas publicadas por el SAT, sino también quedarían sin sustento las acusaciones penales en los casos de Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo y Coahuila. La Estafa Maestra tendría la misma suerte”, indicó el Consejo.


Por su parte la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dijo que la lógica que sigue el SAT con el procedimiento del artículo 69-B es que una empresa que no tiene la infraestructura para prestar un servicio que esté facturando, en realidad simula operaciones, y por tanto, es un falso contribuyente que opera en la ilegalidad.

“MCCI hace un respetuoso llamado a los Ministros de la Primera Sala de la SCJN para que confirmen la constitucionalidad del artículo 69-B y con ello se continúe fortaleciendo la lucha del Estado mexicano contra el lacerante fenómeno en nuestro país de las empresas fantasmas”, expuso la organización.

Empresa de dudoso perfil

La empresa que interpuso la demanda de amparo, Grupo Impulsor del Sur SA de CV, fue declarada como una compañía que simula operaciones por el SAT y por lo tanto fue incluida en el listado de empresas fantasma el 11 de febrero de 2014.

El 4 de abril de 2016, tras darse a conocer la investigación periodística Los Papeles de Panamá, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, se publicó que Grupo Impulsor del Sur (Grimsur) era la empresa a través de la cual la compañía Oceanografía (contratista de Pemex involucrada en un fraude millonario) le pagaba la nómina a sus empleados.

De acuerdo con la investigación publicada en Proceso, el dueño de Grupo Impulsor del Sur es el contador chiapaneco Fabián Narvaez Tovar, a quien el despacho panameño Mossack Fonseca (especializado en crear empresas fachada en paraísos fiscales) también le constituyó otra compañía falsa denominada Fasana Corp en un paraíso fiscal.

“Entre 2011 y 2014 Narváez creó en Florida empresas espejo a la conformada en el paraíso fiscal, –Fasana Corp–, y a la mexicana Grimsur. Su participación en Oceanografía fue central y ahora el Sistema de Administración Tributario (SAT) acusa a la naviera de evadir impuestos. Grimsur llevaba la nómina de los más de 4,400 trabajadores de Oceanografía y el pago a algunos proveedores”, indica el reportaje.

Dos años antes, cuando se destapó el escándalo del caso Oceanografía, se publicó que Grimsur estaba bajo investigación el SAT por haber sido la herramienta que permitió a Ocenaografía defraudar al IMSS al no pagarle los impuestos correspondientes por una nómina de más de 4 mil empleados.

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Comentarios
  1. Osa Trabajadores

    OCEANOGRAFIA EN SIMULACION Y FRAUDE EN CONTUVERNIO CON EL IFECOM Y JUEZ FELIPE CONSUELO SOTO

    El día 12 de enero del 2018 salió la Sentencia interlocutoria de la aprobación o no aprobación de convenio a pesar de que varios acreedores metieron sus recursos de revocación en el auto del día 26 de enero del 2018 Pemex Exploración y Producción, Interpuso su apelación contra la sentencia de aprobación de convenio, la misma fecha Banco Nacional de México, sociedad anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex, Interpusieron su apelación contra la sentencia de aprobación de convenio, en el auto del día 30 de enero del 2018 el Instituto Mexicano del Seguro Social, Candies Mexican Investments, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, Maquinas Diésel, sociedad anónima de capital variable, Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte, Shanara Maritime International, sociedad anónima, José Antonio de Anda Turati,y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Interpusieron su apelación contra la sentencia de aprobación de convenio

    En la mayoría de las apelaciones en contra de la sentencia del convenio se maneja que hay un fraude cometido por el IFECOM, Juez Felipe Consuelo Soto y Oceanografía donde el porcentaje que presentaron del convenio no da por ningún motivo el 50.90500%

    Tomando en cuenta la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos como acreedores comunes, subordinados y con garantía real en la sentencia del 23 de octubre del 2014 misma, que fue dada al senado (comisión investigadora del caso oceanografía) *ver anexo 1
    Donde El monto total de Udis reconocido fue 2,804,072,407.80 a cada acreedor se le dio el porcentaje que le correspondía del monto total para obtener el 100% del reconocimiento de crédito

    El convenio que presentaron los dos síndicos y que el juez aprobó se presenta muchas variaciones *ver anexo 2

    1.-En el último convenio aprobado el 12 de enero del 2018 se agregó un nuevo acreedor, de nombre WILMINGTON SAVING FUND SOCIETY, FSB, con 475,304,697.29 Udis aun cuando la etapa de conciliación, por sentencia de veintitrés de octubre de dos mil catorce, y donde se dictó el reconocimiento, graduación y prelación de créditos de diversos acreedores, ya había pasado.

    2.-En el convenio aprobado el 12 de enero del 2018 los acreedores de nombre SAN MIGUEL SHIPPING paso de tener $5,886,478.54 Udis a $7,846,322.00 y CABALLO FRION ARRENDADORA, S. A. DE C. V paso de tener $23,759,863.60 Udis a $43,350,185.68 se modificaron las cantidades anteriores que se tenían reconocidas por el conciliador y por sentencia de veintitrés de octubre de dos mil catorce.

    3.-anexando este acreedor nuevo de nombre WILMINGTON SAVING FUND SOCIETY, FSB, y reconocer los créditos anexados a los acreedores SAN MIGUEL SHIPPING y CABALLO FRION ARRENDADORA, S. A. DE C. V el total de deuda se aumentaría a $ 3,300,927,270.63 Udis por lo que el porcentaje de cada acreedor disminuye*ver anexo 3

    4.- Si hacemos el ejercicio se toma la cantidad de cada acreedor reconocida y se divide entre el total de udis $ 3,300,927,270.63 se va obteniendo el porcentaje de cada acreedor de los que firmaron se obtiene un porcentaje de 36.48266% y de los acreedores que NO firmaron se obtiene un porcentaje de 63.51734%, lo súmanos y obtenemos el 100.0000% *ver anexo 3

    EL CONVENIO APROBADO POR EL JUEZ CARECE DE CREDIBILIDAD AL NO TOMAR EN CUENTA LA SUMA DE ESTE NUEVO ACREEDOR Y LAS DOS CANTIDADES INCREMENTADAS, ESTO SIN CONTAR QUE CABALLO FRION AHORA NAVIERA NARANJA Y OSA PROVEEDORA SON PROPIEDAD DE OCEANOGRAFIA O AMADO YAÑEZ POR LO CUAL NO DEBERIAN DE ESTAR RECONOCIDOS COMO ACREEDORES AL CONTRARIO DEBERIAN DE SER PARTE DE LA MASA CONCURSAL

  2. Osa Trabajadores

    Los trabajadores somos los que conocemos el teje y maneje de la empresa oceanografía es por ello que tenemos denuncias penales contra el SAE, OCEANOGRAFIA Y Amado Yáñez

    Si bien sabemos el gobierno federal fue el iniciador de toda esta situación, pero oceanografía le siguió los pasos
    Por qué no preguntamos donde este el OSA GOLIAT existe una complicidad del (IFECOM) síndico sustituto Sergio Hermida guerrero ha solicitado las medidas de apremio para llevar a cabo la ubicación del barco , Osa Goliat o con el nombre que tenga actualmente (NOR GOLIATH) ya que esta embarcación es propiedad de Oceanografía S.A. de C.V. el síndico sustituto Sergio Hermida guerrero presenta un escrito al juez donde se menciona que este barco fue sustraído desde el 2 de marzo del 2014 lo cual está CAUSANDO UNA CONTINGENCIA A LA MASA CONCURSAL, Porque hasta estas fechas se preguntan por el barco Osa Goliat, donde quedo la PGR el SAE, el Síndico Daniel Rocha Perea porque ellos no presentaron las medidas de apremio por que presentan un convenio de acreedores sin estar el barco más importante de Oceanografía S.A. de C.V., donde están las empresas donde es accionista Oceanografía y o Amado Yáñez Osuna, porque no están en la masa concursal, las empresas Arrendadora Osa Goliath, S.A. de C.V., Astillero de Hoop S.A. de C.V., Caballo Arabe S.A. de C.V., Caballo Frion Arrendadora S.A. de C.V., Caballo Galiceño S.A. de C.V., Caballo Marango S.A. de C.V., Dayo Infraestructura S.A. de C.V., Gráficos de Ciudad del Carmen S.A. de C.V., Jstars Latinoamérica A. C., Medical Center de Campeche S.A. de C.V., Osa Arrendadora de Bienes S.A. de C.V., Osa Constructora y Edificadora S.A. de C.V., Osa Energía S.A. de C.V., Osa Gasolinera S.A. de C.V., Osa Ingeniería e Inspección S.A. de C.V., Osa Petro S.A. de C.V. y Osa Trasportadora Marítima S.A. de C.V.

    Por qué la empresa caballo frion ahora naviera naranja esta como acreedor si revisamos el historial de acciones veremos las condiciones en la que amado Yáñez cedió esta empresa y que ahora forma parte del accionista Banamex.

    Porque si hay declaraciones ante ministerio público y ante notario de los empleados de oceanografía contadores, jefes de recursos humanos y administradores no se tomen en cuanta y desechen las declaraciones de como operaba la empresa y las cosas ilegales que se hacían

    El juez Felipe consuelo se ha prestado actuar a favor de oceanografía donde están los informes de Egresos e Ingresos que el SAE presento, POR QUE EL JUEZ SE PRESTA A simular un concurso mercantil donde Oceanografía desde el año 2015 dejo a más de 5 mil empleados en espera de ser llamados corriendo sueldos etc. La empresa oceanografía NO cuenta con servicios de luz desde el 2015 y Desde el 2016 ya NO contaban con personal Administrativo las oficinas principales de ciudad dl Carmen se encuentran abandonadas, sin personal y cerradas.

    Durante estos años solo han simulado que opera en el concurso mercantil donde se decía en los juzgados que la empresa Oceanografía operaba al mínimo, aparentando que seguía su marcha, pero la realidad es que no cuenta con personal y los barcos están parados sin diésel, radiocomunicación, comida mantenimiento seguros, certificados y sin pago por meses a los tripulantes etc. Toda esta simulación la hicieron para llegar a un convenio Fraudulento que presenta el IFECOM (Sindico Sustituto Sergio Hermida Guerrero y Daniel Rocha Perea) y que Aprueba El Juez Tercero de Distrito En Materia Civil Responsable del Concurso Mercantil (Felipe Consuelo Soto), un convenio donde hay embarcaciones Hundidas otras encalladas y estas Embarcaciones fueron otorgadas en garantía real en favor de los denominados “Bonos 2015”

  3. Osa Trabajadores

    hablando del caso oceanografía

    Los únicos perjudicados son los trabajadores éramos casi 11 mil trabajadores cuando la empresa fue intervenida por PGR cuando el SAE empezó la administración fueron despedidos alrededor de 5 mil trabajadores los cuales fueron condicionados afiliarse a un sindicato y solo les dieron un mes de pago sin importar la antigüedad que tuvieran, en el año 2015 quedaban todavía alrededor de 5 mil trabajadores a mediados de ese mismo año fueron dados de baja ante el IMSS casi 4 mil quinientos a estos últimos hasta el día de hoy no les han pagado liquidaciones y a estos mismos el SAE los obligo a que se anotaran en un registro de mesa de atención llamada mesa de renuncia voluntaria donde se les dio a los trabajadores un folio y que supuestamente con este folio cobrarían lo cual dejo en estado indefenso a casi 4000 trabajadores que no ejercieron derecho ante la junta laboral.
    En el 2017 solo quedaban aproximadamente 700 activos, pero desde que PGR levanto el aseguramiento y se fue el SAE en el mes de abril del 2017 a estos 700 trabajadores no les han pagado en más de 9 meses, no hay personal ya que todos dejaron de ir a laboral por la falta de pago

    ahorita con este convenio aprobado solo perjudica a un más a los trabajadores menciono unos puntos

    1.- los créditos Laborales deberán de pagarse a más tardar a los 6 (seis) meses contados a partir que el presente Convenio sea aprobado por el Juez y deberá realizarse ante los tribunales laborales competentes.

    *cómo es posible si sabiendo que hay trabajadores que no hay recibido sus liquidaciones en más de 2 años y otros no han recibido salarios en más de 9 meses tengan que seguir sin llevar el sustento a sus hogares otros 6 meses o posiblemente más, mientras todo dinero que entre a la empresa lo ocuparan ellos*

    2.- La operación ordinaria pendiente de cubrir, como son, salarios, seguros de las embarcaciones, pago de diésel, etc. Por cuanto hace a la deuda laboral y atendiendo a que, de acuerdo a lo ordenado por la Ley de Concursos Mercantiles, en el presente convenio solo participan los acreedores de Oceanografía, es que no se hace propuesta de pago.

    *no hay nada claro para los activos*

    3.- respecto de aquellos adeudos laborales no reconocidos en el proceso concursal, pero que se tiene noticia que se debaten ante las Juntas de Conciliación competentes y que, de vez en vez, pueden obtener laudo favorable. No obstante, lo anterior, Oceanografía se obliga a convenir con tales trabajadores que acrediten tener legítimo derecho, a realizar convenios de pago a través del Sindicato correspondiente, donde queden protegidos sus derechos laborales en términos de la Ley Federal del Trabajo, garantizándose el pago que llegue a determinarse, mediante el vehículo que se convenga con el Sindicato.

    *están condicionando a los trabajadores para afiliarse a un sindicato tal y como lo hizo el SAE y poder pagar solamente un mes y de igual manera solo se habla de los que ejercieron el derecho laboral donde quedan los 4 mil que confiaron en la voluntad del gobierno federal SAE*

    4.- corresponderá a Oceanografía llevar a cabo las gestiones y aclaraciones de saldos resultantes que pudieran generarse de las acciones recíprocas que existen entre la Comerciante y PEMEX, a efecto de proceder a su pago, La garantía que se tiene constituida está compuesta por las siguientes Embarcaciones: los denominados Bonos 2015 tienen en garantía las embarcaciones denominadas Caballo Azteca, Caballo Grande, Caballo Fuerte, Caballo Lusitano, Caballo Criollo, Caballo Bucéfalo y DLB 801 y las embarcaciones otorgadas en garantía real a Deustche Forfait DF, son las denominadas Caballo Olímpico y Caballo Azul. Atento a la calidad que se tiene reconocida a favor de los Bonos 2015 y a Deustche Forfait DF y en términos de la LCM, estos acreedores tienen preferencia en el cobro de sus créditos, estando de acuerdo en recibir en pago de la deuda, las embarcaciones citadas, así como los flujos dinerarios que derivan del Fideicomiso.

    *donde quedan los trabajadores que son preferentes de pago y que tienen embargados barcos como garantías*

    5.- . Las partes convienen que a partir que el Convenio sea aprobado por el Juez y dicha resolución quede firme, todos los embargos trabados sobre los bienes del comerciante se extinguirán.

    *donde quedan las demandas laborales y embargos*