¿Son legales las listas de empresas fantasma del SAT? Estas son las opciones que puede tomar la Corte
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¿Son legales las listas de empresas fantasma del SAT? Estas son las opciones que puede tomar la Corte

El amparo lo promovió una empresa calificada como fantasma, que está ligada a Oceanografía y paraísos fiscales. Te mostramos los tres principales escenarios que podrían presentarse tras la discusión en la Primera Sala.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
7 de febrero, 2018
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Se prevé que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defina este 7 de febrero si son legales y constitucionales los listados que desde hace cuatro años publica el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde se revelan los nombres de empresas fantasma que simulan operaciones, y que han sido utilizadas, entre otras cosas, para evadir impuestos y desviar recursos públicos.

Esto luego de que la empresa Grupo Impulsor del Sur SA de CV (Grimsur) declarada fantasma por el SAT—ligada con el caso Oceanografía y a paraísos fiscales en Panamá— interpuso un amparo alegando que dichos listados son inconstitucionales con el argumento de que violan las garantías de defensa y de legalidad previstas en la Constitución.

Si la Corte determina que hay irregularidades en el sustento legal que permite publicar estos listados, las consecuencias podrían llegar incluso a  la anulación de todas las listas, algo que el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad han calificado como un “retroceso” en la lucha contra el desvío de recursos y la delincuencia organizada en el país.

Animal Político describe los tres principales escenarios que podrían presentarse tras la discusión en la Primera Sala. Esto a partir del proyecto de sentencia que ya se elaboró sobre el tema y es público, pero también de la consulta con abogados que tienen conocimiento del proceso.

Cabe la posibilidad de que el debate sea pospuesto para ser resuelto en una nueva fecha por la Primera Sala, o que incluso se le transfiera al pleno de la Corte por su complejidad.

La Primera Sala la componen cinco ministros y solo se necesita una mayoría simple de tres votos para que se adopte una determinación.

Primer escenario: las listas NO son inconstitucionales pero sí ilegales

Este es el escenario que plantea el proyecto a discusión elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

El proyecto concluye –contrario a lo que argumenta la empresa Grimsur– que no es inconstitucional el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación mediante el cual se dan facultades al SAT para verificar si una empresa está localizable, determinar si simula sus operaciones, y, de ser el caso, publicarla en las listas preliminares y definitivas de empresas fantasma.

Uno de los puntos que Grimsur alude para sostener que el procedimiento del SAT es inconstitucional es que el referido artículo no marca con precisión los tiempos que tienen las autoridades para notificar y concluir si la empresa simuló operaciones.

El proyecto de sentencia del ministro Pardo establece que la empresa tiene razón pero solo inicialmente. En efecto, como sostiene la compañía, el artículo 69-B menciona que la autoridad tiene cinco días para verificar los documentos, lo que no es un plazo máximo para que emita una resolución. En ese sentido estima que el agravio es fundado, pero inoperante.

La Corte agrega que otro artículo, el número 67 del Código Fiscal de la Federación, sí establece un plazo de cinco años para que se pueda indagar y sancionar una irregularidad fiscal. Es por ello que el proyecto sostiene que no se deja en incertidumbre a la empresa investigada y por tanto no hay violación constitucional.

“Si retomamos lo prescrito por el artículo 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, aun cuando en el mismo no se previó el plazo dentro del cual se debe emitir la resolución (…) lo cierto es que esta omisión no lo torna en violatorio del derecho a la seguridad jurídica contemplado en el artículo 16 constitucional porque dicho plazo se suple con la aplicación de la figura de la caducidad instituida en el numeral 67 del Código Fiscal de la Federación”, concluye el proyecto de sentencia.

Aunque el proyecto del ministro Pardo confirma que el artículo no es inconstitucional, sí existe una ilegalidad y por lo tanto es procedente conceder el amparo a la empresa para que su nombre sea retirado de las listas.

Esta determinación fue tomada inicialmente por un tribunal federal, el cual analizó el caso y estimó procedente amparar a la empresa “por una cuestión de mera legalidad”. Lo anterior debido a que, en efecto, a la compañía no se le mostraron las pruebas con las cuales se concluye que sus operaciones son simuladas. La Corte, sin entrar al análisis constitucional de ese asunto, ratifica la decisión.

¿Qué significa esta determinación? De inicio esto solo provocaría que la empresa amparada tenga que ser sacada de la lista y se anule el procedimiento en su contra.

Pero, según abogados que dan seguimiento al tema, la decisión de la Corte sienta un precedente que aprovecharían de inmediato otras compañías ya enlistadas (o que están en vías de serlo) para promover múltiples amparos, afectado seriamente la efectividad de esta herramienta.

Segundo escenario: las listas son inconstitucionales

Otro escenario que puede presentarse es que los ministros de la Primera Sala de la Corte consideren que sí es inconstitucional el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, o algunas partes del mismo, y por lo tanto también la publicación de los nombres de empresas fantasma.

Aunque el proyecto de sentencia del ministro Pardo Rebolledo estima que no se violan derechos constitucionales, los otro cuatro ministros pueden rechazar dicho proyecto o modificarlo para darle la razón a la empresa. Se necesita el voto de tres de ellos para que esto ocurra.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Animal Político, hasta el día de ayer había al menos dos ministros que estaban inclinándose por esta posibilidad, bajo el argumento de que el no presentarle a una empresa los documentos o pruebas con las que se estima que simula operaciones, sí vulnera su derecho constitucional de la seguridad jurídica.

Si la Primera Sala determina que con este artículo se incumple lo estipulado en la Constitución, entonces el beneficio inicial sería para la empresa Grupo Impulsor del Sur que saldría del catálogo de empresas fantasma. Pero también establecería el antecedente de un criterio judicial y bastaría con otros cuatro amparos que se resuelvan de la misma forma para que la Corte ordene la modificación o eliminación de este artículo.

Tercer escenario: las listas no son inconstitucionales ni ilegales

Los ministros de la Corte pueden votar por aprobar el proyecto de sentencia que concluye que el artículo 69-B y las listas de empresas fantasma no son inconstitucionales; incluso pueden modificarlo para determinar que tampoco se cometieron hechos ilegales por no haberle mostrado a la empresa las pruebas con las que se tomó esta determinación.

Si esto ocurre, no se concedería amparo alguno a la empresa Grimsur y por lo tanto no sería excluida de las listas de empresas fantasma.

Este criterio también sería un antecedente para que jueces federales determinen, en caso de demandas de amparo posteriores, que no se violan derechos constitucionales con la verificación y sanción que aplica el SAT a empresas fantasma.

¿Hay un riesgo de retroceso?

La semana pasada el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción fijó públicamente una postura oficial en la que advirtió que las empresas fantasma no son contribuyentes reales, sino elementos de un esquema de corrupción con el que se evaden impuestos, se desvían recursos públicos, se lava dinero y se financian campañas electorales.

Por ello estimó que el declarar inconstitucional el proceso que permite identificar y publicar la identidad de empresas fantasma es un retroceso en la lucha anticorrupción.

“Una sentencia que declarase la inconstitucionalidad del artículo 69-B del CFF, implicaría un retroceso en la desarticulación de los grupos delictivos que operan las empresas fantasma y el debilitamiento de las instituciones públicas. Esto no solo dejaría sin efectos las listas publicadas por el SAT, sino también quedarían sin sustento las acusaciones penales en los casos de Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo y Coahuila. La Estafa Maestra tendría la misma suerte”, indicó el Consejo.


Por su parte la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dijo que la lógica que sigue el SAT con el procedimiento del artículo 69-B es que una empresa que no tiene la infraestructura para prestar un servicio que esté facturando, en realidad simula operaciones, y por tanto, es un falso contribuyente que opera en la ilegalidad.

“MCCI hace un respetuoso llamado a los Ministros de la Primera Sala de la SCJN para que confirmen la constitucionalidad del artículo 69-B y con ello se continúe fortaleciendo la lucha del Estado mexicano contra el lacerante fenómeno en nuestro país de las empresas fantasmas”, expuso la organización.

Empresa de dudoso perfil

La empresa que interpuso la demanda de amparo, Grupo Impulsor del Sur SA de CV, fue declarada como una compañía que simula operaciones por el SAT y por lo tanto fue incluida en el listado de empresas fantasma el 11 de febrero de 2014.

El 4 de abril de 2016, tras darse a conocer la investigación periodística Los Papeles de Panamá, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, se publicó que Grupo Impulsor del Sur (Grimsur) era la empresa a través de la cual la compañía Oceanografía (contratista de Pemex involucrada en un fraude millonario) le pagaba la nómina a sus empleados.

De acuerdo con la investigación publicada en Proceso, el dueño de Grupo Impulsor del Sur es el contador chiapaneco Fabián Narvaez Tovar, a quien el despacho panameño Mossack Fonseca (especializado en crear empresas fachada en paraísos fiscales) también le constituyó otra compañía falsa denominada Fasana Corp en un paraíso fiscal.

“Entre 2011 y 2014 Narváez creó en Florida empresas espejo a la conformada en el paraíso fiscal, –Fasana Corp–, y a la mexicana Grimsur. Su participación en Oceanografía fue central y ahora el Sistema de Administración Tributario (SAT) acusa a la naviera de evadir impuestos. Grimsur llevaba la nómina de los más de 4,400 trabajadores de Oceanografía y el pago a algunos proveedores”, indica el reportaje.

Dos años antes, cuando se destapó el escándalo del caso Oceanografía, se publicó que Grimsur estaba bajo investigación el SAT por haber sido la herramienta que permitió a Ocenaografía defraudar al IMSS al no pagarle los impuestos correspondientes por una nómina de más de 4 mil empleados.

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4 cambios en la ley migratoria de España que permitirán a miles de extranjeros trabajar y residir de forma legal en el país

La reforma facilitará el acceso al mercado de trabajo de los estudiantes, mejora las contrataciones en origen, flexibiliza los requisitos para la reagrupación familiar y crea la figura del arraigo por formación.
29 de julio, 2022
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Poder trabajar en España de forma regular va a ser, desde ahora, un poco más fácil.

Cerca de 5 millones y medio de extranjeros, más de un tercio de ellos procedentes de países de América Latina, viven en España, según los datos oficiales. La cifra real, sin embargo, es más difícil de calcular.

Perdidos en el laberinto burocrático, muchos entran en un círculo vicioso en el que no pueden trabajar legalmente porque no tienen permiso de residencia, pero tampoco pueden solicitarlo porque no pueden acreditar una vinculación laboral.

La reforma de la ley de Extranjería que acaba de aprobar el gobierno español y que se estrena a mediados de agosto resuelve algunas de estas disfunciones, por lo que no solo va a facilitar que los empresarios puedan contratar a más extranjeros directamente en sus lugares de origen, sino que busca nuevas fórmulas para que los que ya viven en España puedan regularizar su situación.

Estudiantes

Unos de los principales beneficiados de la reforma van a ser los estudiantes extranjeros matriculados en centros españoles. Hasta ahora, aquellos que tenían un visado de estudiante para cursar, por ejemplo, un grado en una universidad española, no podían trabajar para costearse sus estudios. La nueva normativa les permite trabajar de forma legal hasta 30 horas a la semana.

Estudiantes

Getty Images
Los alumnos extranjeros podrán trabajar mientras realizan sus estudios.

Además, una vez acabados los estudios, podrán quedarse un año más sin tener que pedir una ampliación de la estancia en España.

Casi uno de cada cuatro estudiantes extranjeros de grado en España proceden de países de América Latina y Caribe, proporción que se eleva a cerca del 64% de los de máster y casi al 53% de los de doctorado.

“Antes de la reforma, quien tenía un permiso por estudios, si trabajaba lo hacía de forma irregular y esto no tenía ningún sentido“, explica Gemma Pinyol-Jiménez, directora de políticas migratorias de Instrategies, una consultora especializada en asuntos de movilidad, migraciones y gestión de la diversidad.

Las modificaciones de la ley permiten que la autorización de estancia, con algunos criterios específicos, se pueda convertir en una autorización de trabajo. Y esto, opina, la experta, no solo es positivo para esas personas de manera individual, “sino también para el país, porque es una forma de garantizar que quien ha estudiado y ha hecho una formación de tercer grado -porque esto está pensado para los altamente cualificados-, puedan acceder al mercado de trabajo español”.

España quiere que ese talento que se ha formado en sus universidades pueda quedarse, además de hacer más atractivos sus centros de educación superior y facilitar su internacionalización.

Bandera de España

Getty Images

Arraigo por formación

A partir de ahora, las personas que han permanecido en España durante un periodo mínimo de dos años, podrán obtener un permiso de residencia de 12 meses si se comprometen a realizar una formación reglada para el empleo, una figura para la que el gobierno español se ha inspirado en un modelo existente en Alemania conocida como “duldung”.

“La idea es que las personas que están en situación irregular puedan acceder al mercado de trabajo pasando primero por una formación. Eso sí, en sectores en los que se determina que hay una necesidad de mano de obra”, aclara Pinyol-Jiménez.

Dos trabajadores en una fábrica.

Getty Images
El arraigo por formación permitirá obtener un permiso de trabajo.

El arraigo por formación se suma a las dos vías por las que, hasta ahora, los extranjeros que ya se encontraban en España podían regularizar su situación.

Una es el arraigo social, para el que hay que demostrar tres años de residencia y, además, que se dispone de una oferta de trabajo. Este contrato ya no deberá tener una duración mínima de un año, como se pedía hasta ahora, pero sí que cumpla con el salario mínimo interprofesional.

La otra es el arraigo laboral, en la que hay que demostrar que ha habido una relación laboral, aunque la persona hubiera trabajado sin contrato y cobrado, por lo tanto, en negro.

“Muchas personas llegan en situación regular y luego dejan caducar su visado por pánico a intentar entrar en el mercado de trabajo. Lo que se intenta con la reforma es reducir este espacio en el que las personas acaban trabajando de manera irregular, que al final es un desastre para ellos mismos, para la economía y para todos”, interpreta la consultora.

Contratación en origen

La contratación en los propios países de origen de los trabajadores también se va a flexibilizar.

Por un lado, se mejora la contratación para los temporeros. A partir de ahora, estos trabajadores que van a España a participar, por ejemplo, en campañas agrícolas, podrán acceder a una autorización de 4 años en la que podrán trabajar hasta 9 meses por ejercicio, con la obligación de volver a sus países después de cada periodo.

Si se cumple con estas condiciones, como “premio”, estos trabajadores podrán solicitar un permiso de residencia y trabajo por dos años prorrogable.

Trabajadores en un invernadero.

Getty Images
La reforma mejora las condiciones de los temporeros.

Pero además, la reforma quiere mejorar lo que se conoce como Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, es decir, la lista de profesiones para los que los empresarios tienen dificultades para encontrar personal y que le permiten contratar a profesionales en origen.

“Este es un sistema tan poco realista que, desde hace años, la lista te dice que lo que hace falta en España son entrenadores de fútbol”, bromea Gemma Pinyol-Jiménez. Además de entrenadores, según la lista en España solo se necesita personal de buques mercantes, entrenadores y deportistas profesionales.

La reforma va a hacer una fotografía más realista del mercado de trabajo, que se va a actualizar cada tres meses.

Reagrupación familiar

Una de las grandes novedades de la reforma, y que va a suponer una gran mejora para la vida de muchas familias extranjeras en España, es la que concierne a la reagrupación familiar.

Dos mujeres en una cocina.

Getty Images
La reforma mejora las condiciones para la reagrupación familiar.

Los familiares, al recibir el permiso de residencia, también recibirán la autorización de trabajo por cuenta propia y ajena. “Hasta ahora, estas personas recibían un permiso de residencia, pero tenían que esperar para tener el de trabajo, mientras que con los cambios, cuando se renueve la reagrupación familiar, se adquirirá la autorización de trabajo”, precisa la consultora.

“El sistema está tan loco que condenaba a la gente a malvivir cuando podía trabajar”, una disfunción, denuncia Pinyol-Jiménez, relacionada con el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. “Se intentaba mantener y respetar la realidad del mercado de trabajo español, pero se hacía con un instrumento que hacía una radiografía nada realista de la realidad”.

También se flexibilizan los requisitos de reagrupación familiar cuando afectan a menores, a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

Además de estos cuatro puntos, las modificaciones de la ley de Extranjería también racionalizan los requisitos exigidos a los trabajadores autónomos procedentes de terceros países, y crea una Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, una suerte de “ventanilla única” para agilizar y facilitar los trámites.

“La obsesión fronteriza”, opina la experta, “se ha comido todo el debate público sobre las cuestiones migratorias. Esta es la primera vez en años que estamos hablando de reformas que no tiene que ver con fronteras”.


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