Mujeres migrantes son acusadas falsamente de trata en Chiapas: Centro Prodh
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Jacob García / Cuartoscuro.com

Mujeres migrantes son acusadas falsamente de trata en Chiapas: Centro Prodh

Migrantes centroamericanas son detenidas en la frontera entre México y Guatemala acusadas de trata, sin que existan pruebas de su presunta participación en la comisión de ese delito de alto impacto en la zona, reportan informes de la organización de derechos humanos.
Jacob García / Cuartoscuro.com
Por Andrea Vega
12 de febrero, 2018
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El 22 de enero de 2014, elementos de la Policía Estatal Preventiva de Chiapas entraron al bar donde trabajaba Guadalupe Pérez Rodríguez, quien lavaba platos y barría por 80 pesos diarios. Tenía apenas tres meses laborando ahí. Los policías preguntaron por la persona encargada, quien no se encontraba en el lugar, por lo cual le pidieron a Guadalupe que los acompañara. Eran las 19 horas. Los policías se llevaron también a algunas asistentes del bar, y a otras dos empleadas; ningún cliente varón fue detenido.

La migrante guatemalteca de 52 años pensó que los policías solo querían hacerle algunas preguntas. Después de pasar varias horas en el Ministerio Público de Motozintla, Chiapas, preguntó por qué no la dejaban ir. Le contestaron que estaban arreglando unos papeles y que pronto se iría. Así, esperando salir en cualquier momento, pasó la primera noche en los separos.

Al día siguiente, le presentaron unos documentos para que los firmara. Guadalupe no sabía leer ni escribir y no entendía los términos legales escritos en español. Ella es hablante de mam (etnia indígena guatemalteca), así que no se enteró del contenido de los papeles, pero ante la presión de los agentes imprimió su huella digital.

Cuando sus hijos acudieron a buscarla les dijeron que debían conseguir un abogado. En su acusación, el Ministerio Público afirmó que la detención de Guadalupe fue en flagrancia. Su delito: trata de personas, en modalidad de explotación sexual, y corrupción de menores.

Ser migrante y trabajadora del hogar en Chiapas

Guadalupe llegó a México hace unos 20 años, después de que su esposo la dejó con seis hijos, cuatro mujeres y dos hombres, cuenta en entrevista. Llegó al país sin documentos migratorios y buscando trabajo. Se empleó como trabajadora del hogar en una casa en Motozintla de Mendoza, Chiapas. Ganaba 75 pesos al mes. Después de un tiempo, toda su familia la alcanzó.

Sus hijas mayores empezaron a trabajar desde niñas para ayudarle con los gastos. Guadalupe hizo de todo: vender papa, chayote, jitomate y cebolla en el mercado; lavar ropa, y limpiar casas. Su último empleo fue lavar trastes en el bar donde la detuvo la policía.

Las pruebas que la autoridad presentó en su contra fueron la declaración que firmó sin saber lo que decía y los testimonios de diversas personas —entre ellas las mujeres que según la versión oficial eran sus víctimas—, aunque la principal prueba fue el dicho de los policías que la detuvieron en el bar. El 25 de enero de 2014 la trasladaron al CERSS N. 4 en Tapachula. Hasta que llegó al penal, Guadalupe supo que la acusaban de trata de personas. Ella no entendió de qué se trataba ese delito y no era la única. En su misma situación estaban otras mujeres.

De acuerdo con el informe Migrantes en Prisión, otro destino trágico, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, en colaboración con Australian Aid, lo vivido por Guadalupe forma parte de un patrón para encarcelar mujeres migrantes.

Datos obtenidos por las organizaciones a través de solicitudes de transparencia reportan que en 2013 había mil 219 personas de origen centroamericano detenidas. De ellas, 972 se encontraban en centros estatales de readaptación social y 247 en federales; 45 % eran de Guatemala y 34 % de Honduras, 94 % eran hombres y 6 % mujeres.

Aunque eran una minoría, la detención de ellas mostraba algo distinto. Los delitos más recurrentes imputados a hombres centroamericanos en prisiones estatales mexicanas fueron homicidio y robo. En cambio, a las mujeres se les acusaba principalmente de trata y lenocinio (con 22 % del total de casos); 20 % eran imputadas por lo menos de delitos contra la salud y otro porcentaje igual por lo menos por delitos sexuales.

En el informe destaca la situación de Chiapas. Este estado reportó un total de 525 personas centroamericanas recluidas en sus centros penitenciarios. Aunque en cinco casos no dieron información completa y solo se tomó como base para el análisis a 520 personas.

De ellas, 94 % eran hombres y 6 %, mujeres. En total había 33 migrantes recluidas en Chiapas: 15 eran de Guatemala, 12 de Honduras, cinco de El Salvador y una de Costa Rica. Los delitos de 12, de acuerdo con las autoridades, eran trata y lenocinio. No hubo otra entidad en México que reportara un número similar o siquiera cercano a éste.

Igual que Guadalupe, Rosa Elvia Murcia Díaz salió en el 2000 de su país, Honduras, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. A sus 37 años se subió a La Bestia, pero en Apizaco, Tlaxcala, se cayó. A causa del accidente perdió una pierna. Volvió a Honduras a cuidar a su padre. Años después se unió a la Caravana de Migrantes Mutilados por La Bestia y cuando llegó a Tapachula, Chiapas, decidió quedarse e iniciar el proceso de regularización de sus documentos migratorios.

Un día antes de su detención caminaba por la calle para ir a ver a los abogados que la ayudaban con el trámite, cuando un joven se le acercó y luego de preguntarle la hora sondeó si podía ayudarlo a conseguir cinco mujeres para una fiesta de despedida de soltero. Rosa Elvia le dijo que no. El joven se fue, no sin antes tomarle una fotografía mientras se alejaba. Un día después, un grupo de hombres vestidos de civil la detuvo. La llevaron a un edificio grande y vacío, junto con dos hombres de México y uno de Nicaragua.

En el edificio reconoció la cara de uno de sus captores: era el muchacho que le había pedido ayuda para conseguir mujeres para una fiesta. La policía federal los presentó como parte de un operativo exitoso contra la trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Después de esa presentación, trasladaron a Rosa Elvia al CERSS N. 4 en Tapachula.

Respuesta falsa a una exigencia social

En esa ciudad hay una preocupación especial con la trata de personas, afirma Sofía de Robina, del área Internacional del Centro Prodh. “Pero lo que hemos visto desde el Prodh es que muchas veces cuando hay un delito de alto impacto y una exigencia social (de frenarlo), lo que se hace es tratar de dar resultados pero de forma falsa: crear procesos, fabricar pruebas y culpables. Eso vimos acá con la trata, lo que se hizo fue detener a quienes estaban en posición de mayor vulnerabilidad, que eran las mujeres migrantes”, explica.

A los casos de Guadalupe y Rosa Elvia se suma el de Lilian Elizabeth Aguilar, de 42 años y nacionalidad guatemalteca. Ella se dedicaba a la venta de comida y refrescos en la Aduana 2, en Tecún, Umán, frontera entre Guatemala y México. Un día su sobrina desapareció, Lilian supo que la había enganchado un hombre y se la había llevado a Metapa, Chiapas.

En cuanto supo de su paradero, fue a buscarla. La encontró en una casa particular, donde había más mujeres. Estaban custodiadas por un hombre y una mujer, que le impidieron el paso y la corrieron del lugar. Llegó la policía y le pidieron que presentara una denuncia para sacar una orden de cateo.

Lilian se dirigió primero al Consulado de Guatemala en Ciudad Hidalgo. Ahí la enviaron a la Fiscalía de Atención al Migrante en Tapachula. El licenciado que la atendió le solicitó que firmara unos documentos para realizar el cateo. Sin saber leer ni escribir, firmó. A los 15 días la llamaron para decirle que ya tenían a su sobrina. Al llegar a la fiscalía ya no la dejaron salir, le dijeron que estaba detenida por trata de personas.

En la prisión de Tapachula, las seis mujeres del informe de estas organizaciones de derechos humanos se encontraron y se reconocieron como víctimas. Unas a otras se dieron ánimos mientras recuperaban su libertad con la ayuda de los organismos de derechos humanos. Hoy todas ellas están libres, pero en condiciones precarias.

“Fueron liberadas, la mayoría, a través de una figura que se llama Mesa de Reconciliación –explica de Robina, del Prodh–, un mecanismo que permite que personas condenadas o en proceso (bajo ciertas irregularidades) puedan salir libres. Pero salen con sentencias condenatorias en su contra, lo que provoca que salgan en una condición de mayor discriminación y vulnerabilidad”, asegura.

La abogada agrega que “en estos casos completamente construidos y armados por la policía, lo que no vemos es que haya investigación de autoridades involucradas o de flujos de dinero asociados al delito de trata. No investigan quiénes son los dueños de los bares, por ejemplo. No se van a las causas del fenómeno y lo que hacen es criminalizar a quien está a la mano y en situación de mayor indefensión”.

Resarcir el daño

En los días fríos, Guadalupe se despierta con un dolor en el brazo derecho, que no la deja sujetar objetos ni hacer maniobras simples. La aqueja también una tos, esa sí de todos los días, y un dolor general en el cuerpo. No puede barrer, lavar los platos o trapear. No puede trabajar en lo que era su modo de vida antes de ir a prisión: hacer mandados aquí y allá, lavar ropa, y limpiar en un bar de Motozintla.

Con esos padecimientos quedó después de los dos años y ocho meses presa. Trata de aliviar sus dolores con tés de manzanilla, de hierbabuena, epazote o jarabes para la tos. No puede ir al médico porque no tiene seguridad social y gana apenas 30 o 50 pesos al día con lo que vende de verdura en un mercado, donde los comerciantes son muchos y los clientes pocos.

Tras salir de prisión con sentencia absolutoria, quiere demandar al Estado mexicano por lo que le hicieron, pero no tiene para pagar un abogado que le ayude en el proceso. Así que se concentra en vender sus verduras y en trabajar, junto con tres de sus hijos, para sostener los estudios del menor, de 17 años, pero sobre todo de su hija Gloria, de 24, quien truncó su carrera de enfermería tras contraer pulmonía mientras su madre estaba en prisión.

“Ella me dice –cuenta Guadalupe– que quiere acabar su carrera de enfermería, que quiere estudiar, que no se quiere quedar así. Pero tuvo que repetir un año y entrar a una escuela pagada, porque no alcanzó lugar en una pública. Pagamos 2 mil pesos al mes, entre todos, y con la beca del niño más chico”.

Gloría no puede trabajar y estudiar porque está enferma y todavía le faltan dos años. “Y luego no hay sueldo, no hay forma de ganar ese dinero, y nadie me ayuda. Me dejaron libre porque el juez de Motozintla no me encontró culpable –subraya Guadalupe– pero no me ayudaron en nada para recuperarme ni para resarcir el daño”.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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Los muertos vivientes de India: ‘Me miraron como si fuera un fantasma’

Una persona muerta lógicamente no puede poseer tierras. En India, podrías perderlo todo si te sacan un certificado de defunción.
2 de septiembre, 2021
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Si estás muerto, no es posible que puedas poseer tierras.

Esta es una simple lógica que ha generado innumerables casos de personas registradas como muertas y despojadas de sus propiedades en India. Y muchos han descubierto que es muy poco lo que pueden hacer al respecto, según escribe Chloe Hadjimatheou de la BBC.

Padesar Yadav está vivo y en forma, por eso fue una gran sorpresa para él descubrir que, según un papel, está muerto.

A finales de los años 1970, después de la muerte de su hija y de su yerno, inesperadamente tuvo que criar a sus dos nietos.

Para pagar su crianza y educación, vendió unas tierras que había heredado de su padre en el pueblo donde nació.

Pero unos meses después recibió una extraña llamada telefónica.

“El hombre al que le había vendido la tierra me llamó para decirme que había un caso legal en mi contra”, recuerda.

“Dijo que mi sobrino les había dicho a todos que yo había muerto y que un impostor había vendido la tierra”.

Yadav viajó inmediatamente desde Calcuta, donde vive ahora, a la aldea en el distrito de Azamgarh en Uttar Pradesh, en el centronorte de India. Cuando llegó, la gente se mostró sorprendida al verlo.

“Me miraron como si estuvieran viendo un fantasma y dijeron: ‘¡Tú estás muerto! ¡Ya te hemos hecho rituales de duelo!'”

Yadav dice que él y su sobrino tenían una relación cercana y que el joven solía ir a visitarlo cuando viajaba a la ciudad.

Pero las visitas cesaron cuando Yadav le informó que planeaba vender la tierra familiar.

Luego se enteró de que su sobrino estaba reclamando la tierra como su herencia y Yadav se enfrentó a él.

“Dijo: ‘Nunca he visto a este tipo en mi vida. Mi tío está muerto’. Yo estaba en shock'”, cuenta Yadav.

“Le dije: ‘Estoy parado aquí, vivo, justo frente a ti, ¿cómo no puedes reconocerme?‘”.

La Asociación de Muertos Vivientes

Yadav dice que lloró durante días, pero luego se recompuso y llamó a la Asociación de Muertos Vivientes de India.

Lal Bihari Mritak envuelto en una pancarta de la Asociación de Muertos Vivientes

BBC
Lal Bihari Mritak envuelto en una pancarta de la Asociación de Muertos Vivientes.

La organización es dirigida por Lal Bihari Mritak, un hombre de unos 60 años que algo sabe acerca de ser declarado muerto: vivió un tercio de su vida como alguien que supuestamente había fallecido.

Bihari proviene de una familia extremadamente pobre.

Nunca aprendió a leer ni a escribir porque lo enviaron a trabajara los 7 años a una fábrica de vestidos saris. Cuando tenía 20 abrió su propio taller textil en una ciudad vecina, pero necesitaba un préstamo para poner en marcha el negocio y el banco le pedía una garantía.

Fue a la oficina del gobierno local en su aldea, Khalilabad, también en el distrito de Azamgarh, con la esperanza de obtener las escrituras de la tierra que había heredado de su padre.

El contador del pueblo buscó su nombre y encontró los documentos, pero también halló un certificado de defunción que decía que Lal Bihari estaba muerto.

De nada sirvió el reclamo de Bihari, quien alegaba que no podía estar muerto porque estaba parado allí.

“Aquí en estos documentos, en blanco y negro, dice que estás muerto“, le dijeron.

Cuando se registró la muerte de Bihari ante la autoridad local, la tierra y las propiedades que había heredado de su padre habían pasado de él a la familia de su tío.

Hasta el día de hoy, Bihari asegura que no tiene claro si fue un error administrativo o si su tío lo estafó.

En cualquier caso, Bihari estaba arruinado. Tuvo que cerrar su taller y su familia quedó desamparada.

Pobres, analfabetos y de castas bajas

Pero Bihari no estaba dispuesto a rendirse y aceptar su supuesta muerte sin luchar, y pronto se dio cuenta de que no estaba solo. Personas en todo el país estaban siendo estafadas por familiares que las declaraban muertas para apoderarse de sus tierras.

Fue así que Bihari creó la Asociación de Muertos Vivientes para unir a todas estas personas y comenzó una campaña para llamar la atención sobre su difícil situación.

Según una estimación, hay 40.000 muertos vivientes solo en el estado de Uttar Pradesh, la mayoría de ellos pobres, analfabetos y de castas bajas.

Bihari le agregó el sufijo mritak a su nombre, que significa “el difunto”, y pasó a llamarse “el difunto Lal Bihari”.

Junto a otros en su situación, organizó protestas para llamar la atención de los medios. Pero nada de esto fue suficiente para hacer que su estatus cambiara.

Lal Bihari Mritak (derecha) en 2015, con un granjero declarado muerto por su hermano.

Getty Images
Lal Bihari Mritak (derecha) en 2015, con un granjero declarado muerto por su hermano.

Luego decidió presentarse a las elecciones nacionales y logró que el nombre de un muerto apareciera en la boleta electoral.

Cuando eso no fue suficiente para convencer a las autoridades de que estaba vivo, casi se suicida tras hacer tres huelgas de hambre.

Finalmente, desesperado, decidió violar la ley secuestrando al hijo de su tío. Esperaba que la policía lo arrestara y, al hacerlo, se viera obligado a aceptar que estaba vivo; después de todo, no se puede arrestar a un hombre muerto.

Pero la policía se dio cuenta de lo que estaba intentando hacer y se negó a involucrarse.

Al final, Bihari encontró justicia no como resultado de sus propios esfuerzos, sino gracias al mismo sistema que le había cambiado la vida.

Un nuevo magistrado de distrito en Azamgarh examinó su caso nuevamente y decidió que, 18 años después de que lo declararan muerto, Lal Bihari estaba vivo.

Ver su propiedad a través de una cerca

Bihari señala que a través de su Asociación de Muertos Vivientes ha apoyado a miles de personas en toda India que han enfrentado situaciones similares.

Muchos de ellos, cuenta, no han tenido tanta suerte como él. Algunos se han suicidado después de perder la esperanza y pasar años luchando por su caso, mientras que otros murieron de verdad antes de que lograran probar que no estaban muertos.

Tilak Chand Dhakad está apenas empezando su lucha. Actualmente, el hombre tiene 70 años y cuando visita la tierra de cultivo en Madhya Pradesh donde creció, tiene que mirarla a través de una cerca.

El anciano tiene muchos problemas de salud y sabe que es posible que no viva lo suficiente como para volver a caminar por esos campos.

Más joven, Dhakad se mudó a la ciudad con la esperanza de obtener una mejor vida para sus hijos y mayores ingresos. Mientras estaba fuera, le alquiló sus tierras a una pareja.

Tilak Chand Dhakad

BBC
Tilak Chand Dhakad.

Fue cuando regresó al pueblo para firmar unos documentos que descubrió que ya no era el dueño de las tierras porque supuestamente había fallecido.

“El funcionario de la oficina de la autoridad local me dijo que estaba muerto. Pensé: ‘¿Cómo pudo pasar eso?’. Estaba muy asustado”, recuerda.

Dhakad afirma que pronto descubrió que la pareja casada a la que le había estado alquilando la tierra lo había registrado como muerto. La esposa había ido a la corte haciéndose pasar por su viuda y asegurando que estaba feliz de ceder la tierra.

Cuando la BBC se puso en contacto con la pareja a la que Dhakad acusa de adueñarse de su propiedad, la respuesta fue que no deseaban responder a ninguna pregunta.

Anil Kumar, un abogado que ha peleado varios casos de muertos vivientes, estima que en Azamgarh, la provincia donde vive Lal Bihari, debe haber al menos 100 personas que han sido declaradas muertas prematuramente.

Cada caso es complejo, afirma. A veces hay errores administrativos, otras veces se soborna a los funcionarios públicos para que redacten certificados de defunción falsos.

Shaina NC, portavoz del gobernante Partido Popular Indio (BJP), le dijo a la BBC que el gobierno actual ha sido muy diligente en hacer cumplir la legislación para combatir la corrupción.

“En un país tan grande y diverso como India, podría haber algunos casos sueltos que surgen una y otra vez, pero la mayoría (de la gente) está protegida por el buen gobierno del primer ministro, Narendra Modi”, agregó.

“Si hay un caso de corrupción, hay suficientes disposiciones en el Parlamento para asegurarse de que los perpetradores sean puestos a prueba”.

Pero Anil Kumar dice que cuando estos casos son el resultado de una estafa, la justicia puede ser difícil de lograr.

En un caso que defendió, le tomó seis años probar que su cliente estaba vivo, y más de 25 años después, todavía está esperando un veredicto contra el hombre que supuestamente había declarado muerto a su cliente.

“Si este tipo de casos se aceleraran para que el criminal sea castigado, infundiría miedo en la gente y evitaría este tipo de delitos”, señala Kumar.

El pastel de cumpleaños falso

Han pasado más de 45 años desde que Lal Bihari Mritak fue declarado muerto y más de dos décadas desde que logró demostrar que estaba vivo.

Pero todavía organiza, todos los años, una fiesta de cumpleaños, con invitados sentados alrededor de un gran pastel. A medida que el cuchillo corta el glaseado, a sus invitados les queda claro que es solo una caja de cartón decorada, un truco.

Lal Bihari Mritak y su pastel de cumpleaños.

BBC
Lal Bihari Mritak y su pastel de cumpleaños.

“Por dentro está totalmente vacío. Así también son algunos funcionarios del gobierno: vacíos e injustos“, denuncia.

“No corté este pastel para celebrarlo. Es un resumen de la sociedad en la que vivimos”.

Bihari indica que todavía recibe llamadas de personas de todo el país que quieren su consejo y su ayuda para demostrar que están vivos, pero con 66 años está perdiendo fuerzas y ​​ahora está contemplando retirarse de la lucha.

“Ya no tengo el dinero ni la energía para dirigir la Asociación de Muertos Vivientes”, agrega, “y no hay nadie que se haga cargo de ella”.

Él siempre ha esperado que los medios nacionales defiendan a los desposeídos y que el gobierno tome medidas drásticas contra los que aceptaban sobornos, pero esto no ha sucedido.

El hombre que pasó 18 años de su vida tratando de demostrar que está vivo algún día realmente estará muerto, sin haber logrado los cambios por los que luchó por mucho tiempo.

Piyush Nagpal, Ajit Sarathi y Praveen Mudholkar reportaron desde el terreno.


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