Policías de la CDMX desalojan con violencia a mujeres de 99 y 83 años víctimas de fraude

De acuerdo familiares de las afectadas, quienes otorgaron el crédito comenzaron un proceso legal para apoderarse de la casa sin que las deudoras fueran notificadas del juicio.

Desalojo a ancianas
Mercedes Aguirre, de 83 años de edad, y Antonia Rodríguez Morales, de 99, fueron desalojadas de manera irregular de su vivienda. Gonzalo Ortuño

Cerca de las 7 de la mañana de este 13 de febrero, Mercedes Aguirre, de 83 años de edad, y Antonia Rodríguez Morales, de 99, despertaron con un operativo de desalojo en su casa en la calle de Palenque 433, de la colonia Vértiz-Narvarte de la Ciudad de México. Policías y hombres sin identificación las sacaron a empujones. La razón, el supuesto incumplimiento del pago de un crédito.

El hijo de Mercedes Aguirre, quien pidió omitir su nombre, denunció el robo de 70 mil pesos en efectivo, 800 mil en joyas y pertenencias, así como violencia durante el desalojo encabezado por un oficial de apellido Guevara.

El aseguramiento de la casa se da por el supuesto incumplimiento de pagos por un crédito, sin embargo, los familiares de las mujeres desalojadas aseguran que nunca hubo notificaciones del juicio, que no se presentó la orden de un juez ni un actuario que supervisara el operativo.

“Mi madre solicitó un crédito a un sujeto, un agiotista, de nombre Gerardo Campos. Aunque en un inicio hubo un atraso en los pagos, mi madre se puso al corriente”, relata Tony Palacio, hija y nieta de las afectadas.

De acuerdo con Palacio, quienes otorgaron el crédito dejaron de cobrar de forma mensual el dinero y comenzaron un proceso legal para apoderarse de la casa sin que las deudoras fueran notificadas del juicio.


La abogada Arely Guzmán, quien ayudará a la familia a promover un juicio de amparo contra esta resolución, explica que se trata de una práctica de corrupción en el poder judicial en el que varios actores participan para cometer fraudes.

El objetivo, explica, es obtener una sentencia definitiva en la que un juez, de primera instancia generalmente, ordene el desalojo de un bien inmueble que se dio en garantía para cumplir el contrato.

“Muchas veces los propios juzgadores o quienes trabajan en los juzgados pueden manipular la notificación. Tú vas con el actuario, obviamente con dinero de por medio, y le dices:  ‘Necesito que digas que esta notificación sí se llevó a cabo’, y él hace una constancia en la que lo certifica”, explica la defensora.

Durante este tipo de procesos irregulares, detalla, quienes son demandados no tienen idea de que hay un juicio de por medio y de que posiblemente serán desalojados porque pierden la oportunidad de presentar las pruebas de su defensa.

Este caso pudo ser más grave, pues no solo se han quedado, por ahora, sin casa. A su edad, Mercedes ha sufrido dos infartos cerebrales y Antonia no puede caminar, por lo que su batalla contra este tipo de procedimientos legales es aún más difícil.

Animal Político buscó una respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México, quien dijo que ya se inició carpeta de investigación sobre el caso, que se indagará si el desalojo fue ordenado por autoridad judicial, y que “se buscará recabar el acto corcunstanciada de desahucio, para corroborar la actuación y participación de los elementos”.

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