SEP de Guerrero se ampara contra padres que exigen escuela digna
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Foto: cortesía Aprender Primero

SEP de Guerrero se ampara contra padres que exigen escuela digna

Alumnos y padres de familia de la secundaria Nicolás Bravo, del municipio de Xochihuehuetlán, Guerrero, demandaron de forma colectiva a la SEP por la falta de salones, agua, luz y sanitarios que les permitiera tomar clases de manera digna. La dependencia hizo algunos arreglos a la escuela y se amparó, en un proceso que ya lleva tres años.
Foto: cortesía Aprender Primero
Por Andrea Vega
15 de febrero, 2018
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En enero de 2015, 65 padres, madres y tutores, y 88 alumnos de la escuela secundaria Nicolás Bravo, ubicada en el municipio de Xochihuehuetlán, Guerrero, presentaron una demanda de acción colectiva en contra de la Secretaría de Educación Pública de la entidad por violar el artículo 3º constitucional y prestar el servicio educativo de manera deficiente.

A pesar de tener más de cien alumnos inscritos, la escuela no contaba con servicio de agua, luz, sanitarios, bardas perimetrales, canchas o plaza cívica. Los salones estaban construidos con horcones de madera, techos de láminas, carrizo, alambre de púas, malla alambrada y sarapes.

Horcones de madera y techos de láminas en los salones para estudiar. Foto: cortesía Aprender Primero.

La demanda interpuesta por los padres contra las autoridades federales, estatales y municipales se turnó al Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guerrero con sede en Chilpancingo. Se le asignó el número de expediente Acción Colectiva en Sentido Estricto 1/2015. Fue la primera tramitada en toda la historia de la entidad bajo esta figura, usada para proteger el derecho de un grupo de personas frente a uno o varios proveedores. En respuesta a la demanda, las autoridades educativas hicieron algunos arreglos en la escuela y luego se ampararon.

En entrevista, el secretario de Educación de Guerrero, José Luis González, informó que se invirtieron tres millones y medio de pesos en el plantel -canalizados por la federación, el gobierno del estado y el municipio- con los cuales se construyeron cuatro aulas, una plaza cívica y baños. Sin embargo, la escuela a la fecha sigue sin agua, drenaje ni luz, informa la defensa legal de los demandantes.

De acuerdo con la ley, el Estado tiene la obligación de hacer que la infraestructura educativa garantice el máximo logro de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de México. La normativa aplicable estipula que las instalaciones escolares deben cumplir con requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, equidad, pertinencia, entre otros. Solo que en la secundaria de Xochihuehuetlán, el Estado no estaba garantizando este derecho.

Así que en septiembre de 2014, autoridades y miembros del Consejo Escolar de la secundaria dirigieron una carta a la organización civil Mexicanos Primero, enfocada en temas educativos, para solicitarle apoyo en la construcción de la infraestructura y equipamiento de la escuela.

El equipo de trabajo de Mexicanos Primero acudió a las instalaciones del plantel y las encontró en condiciones precarias. El brazo jurídico de la organización, Aprender Primero, dio acompañamiento a los padres y alumnos para presentar la demanda contra Secretaría de Educación Pública (federal), el presidente de la República, la Secretaría de Educación de Guerrero, el Gobierno del Estado de Guerrero, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Guerrero, el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa y el municipio de Xochihuehuetlán.

Sin agua, drenaje ni luz. Foto: Cortesía Aprender Primero.

Todas estas autoridades interpusieron recursos legales contra la demanda en algún punto del proceso, informa la abogada de Aprender Primero, Andrea Alcántara, excepto el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa y el municipio. “La SEP federal, por ejemplo, apela desde que se admite a trámite la demanda. En lugar de que la autoridad acepte que tiene una obligación concurrente de construir una infraestructura adecuada, empieza a usar los recursos legales para que esto no siente precedente”.

El primer revés legal que recibieron los padres llegó el 12 de septiembre de 2016, cuando un juez declaró improcedente la acción colectiva, con el argumento de que los demandantes no eran consumidores, sino que recibían un servicio público de manera gratuita y no de una escuela privada. Los demandantes interpusieron un recurso de apelación, mismo que se resolvió el 9 de marzo de 2017, en el sentido de declarar procedente la vía de la acción colectiva.

Fue entonces que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Guerrero interpuso un amparo directo en contra de la sentencia de apelación, admitido el 18 de abril de 2017. La SEP de la entidad se amparó en el mismo sentido. Ambos procedimientos siguen en litigio.

Precedentes de acción colectiva

El secretario de Educación de Guerrero afirma que el objetivo del amparo interpuesto no es incumplir con la obligación de proveer infraestructura para la escuela, sino impugnar la parte de la demanda que solicitaba indemnizar a los padres de familia y a los alumnos.

Sin embargo, la defensa legal de los demandantes asegura que esto no es así. “Lo que se solicitó fue que se cubrieran los daños de forma individual a los miembros de la colectividad, y que eso se aplicara directamente en un fondo de mejora en beneficio de la escuela. Pero el amparo de las autoridades no va en ese sentido; ellos se amparan en contra de la sentencia de apelación, que le da vía a la acción colectiva”.

De acuerdo con el resumen de los procedimientos del expediente, disponible en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, los amparos de ambas secretarías (Obras y Educación de Guerrero) efectivamente son en contra de la sentencia que admite la acción colectiva.

El director general de Mexicanos Primero, Juan Alfonso Mejía, considera que la reticencia de las autoridades ante la demanda es por el precedente que sentaría. “Conseguir que las familias se pongan de acuerdo para emprender este litigio en contra del gobierno del estado, y que las familias que van ingresando a la escuela se adhieran al proceso, junto al trabajo pro bono de los abogados involucrados en el caso, es algo poderoso”.

Las autoridades “buscan impedir que haya un pronunciamiento del Poder Judicial respecto a que la acción colectiva es la vía para reclamar que la infraestructura es un elemento que garantiza el derecho a la educación”, enfatiza Alcántara. “Eso sentaría un precedente y empoderaría a otras comunidades para proceder igual”.

El presidente Enrique Peña Nieto anunció en su tercer informe de gobierno, en septiembre de 2015, lo que calificó como “la mayor inversión en infraestructura educativa realizada en el país”: 50 mil millones de pesos en Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN) para apoyar a 33 mil planteles, apenas el 16.7% de las 196 mil 960 escuelas públicas de nivel básico que hay en México. Tan solo de secundarias suman 34 mil 102 públicas. Lo que quiere decir que con la meta propuesta, el gobierno de Peña Nieto no alcanzaría a cubrir ni las escuelas de este nivel.

Las condiciones en la que se encuentran la mayoría de los planteles en México no son favorables. El Panorama de la Educación 2015, del Sistema Educativo Nacional, marca que en ese año 71.4 % de las primarias del país tenía un salón de clase para cada grupo; 66.2 %, agua suficiente; 42.8 % contaba con mesabancos en buen estado y 16.8 % tenía sanitarios para estudiantes con discapacidad.

Respecto a las secundarias, 94.9 % tenía un salón de clase para cada grupo; 65.7 % contaba con agua suficiente, 45.5 % disponía de mesabancos en buen estado y solo 17.9 % tenía sanitarios para estudiantes con discapacidad.

El avance para cumplir la meta de las 33 mil, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) respecto al programa Escuelas al Cien, señala que de los 50 mil millones de pesos destinados para esto se han monetizado el 67.69 % (33 mil 500 millones) y se ha beneficiado a 22 mil 700 planteles (lo que representa un avance de 68.8).

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg

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Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
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Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


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