A 6 meses de la muerte de padre e hijo en el socavón del Paso Exprés, no hay funcionarios sancionados
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Cuartoscuro Archivo

A 6 meses de la muerte de padre e hijo en el socavón del Paso Exprés, no hay funcionarios sancionados

Medio año después de que Juan Mena López y su hijo murieran al caer en su automóvil no hay sanción alguna a pesar de que se determinara que el agujero en la carretera se abrió por una serie de fallas y omisiones en la obra.
Cuartoscuro Archivo
Por Manu Ureste
7 de febrero, 2018
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Más de seis meses después de que dos personas murieron tras caer su vehículo en un socavón que se generó en la carretera federal conocida como el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, ni un solo funcionario público ha sido sancionado, inhabilitado, ni destituido de su cargo.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), que es la dependencia encargada de investigar a servidores públicos por malos manejos de recursos o una actuación indebida, no ha informado hasta el momento de que haya sancionado a ningún funcionario por la muerte de las dos personas, el pasado 12 de julio de 2017, ni por las 22 irregularidades por mil 34 millones de pesos que detectó en los contratos de construcción de esta carretera, la cual estuvo a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y dos empresas privadas.

Entre las 22 observaciones que la SFP hizo como resultado de cuatro auditorías a la Dirección General del Centro STC Morelos, a la Dirección General de Desarrollo Carretero, y a la Dirección General de Carreteras –todas dependientes de la SCT-, destacan irregularidades en los procedimientos de licitación y/o adjudicación, trabajos ejecutados sin comprobación documental, incumplimiento al programa de obra, e inadecuada planeación y programación de la obra, entre otros.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su informe de la Cuenta Pública 2016, también comprobó que hubo pagos por obras no realizadas, gastos inflados por 186 millones de pesos, y material que supuestamente se compró pero no apareció ni colocado en la obra, ni en las bodegas.

La SFP anunció en septiembre del año pasado que investigaría posibles conductas indebidas de funcionarios de la SCT, para, en caso de comprobarse irregularidades, iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa y emitir sanciones.

No obstante, medio año después del socavón en el Paso Exprés, en el que murieron al caer su automóvil Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero, no hay sanción para funcionarios, a pesar de que un grupo independiente de peritos ya determinó que el agujero en la carretera –que tenía tres meses de haber sido inaugurada- se abrió por una serie de fallas y omisiones en el diseño, supervisión y ejecución de la obra.

Inhabilitación, destitución y multa

Darío Ángeles, investigador de la organización civil Impunidad Cero, explicó en entrevista con Animal Político que detrás de las irregularidades expuestas por la SFP y la ASF hay funcionarios que cometieron negligencias desde el diseño de la obra hasta su ejecución, por lo que este caso “debería implicar suspensiones, destituciones, inhabilitaciones y multas para las autoridades involucradas”.

“En el Paso Exprés no se cometieron irregularidades leves, sino graves. Y el hecho de que seis meses después no se haya anunciado aún sanciones a funcionarios públicos involucrados en la muerte de dos personas es un clara muestra de impunidad”, subrayó el investigador de Impunidad Cero; organización civil que este miércoles presenta el informe  ‘Impunidad, Sanciones Administrativas y el Socavón del Paso Exprés’.

El informe de Impunidad Cero plantea que, de acuerdo con la legislación actual, y según las irregularidades documentadas en la obra, la SFP debería imponer al personal de la dirección general de Carreteras y de la dirección general del Centro SCT Morelos “las sanciones de inhabilitación de diez a 20 años, destitución del cargo y multa”.

Mientras que al secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruíz Esparza, y al coordinador de Centros de la Secretaría “se les debe imponer una multa, si no es que la destitución del cargo”.

Las sanciones administrativas, añade el informe, también deberían aplicarse al personal responsable de Banobras y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) que intervinieron en esta obra.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, en marzo de 2014 Banobras asignó al INAP el contrato para la elaboración del estudio y el proyecto de ampliación del Paso Exprés, por un total de 26 millones de pesos, que se ampliaron a 33 millones más IVA tras un convenio modificatorio.

El INAP, apunta la ASF, no solo no tenía la experiencia para hacer ese tipo de trabajos, sino que además no están en sus atribuciones el elaborar proyectos ejecutivos de infraestructura vial. De hecho, el INAP terminó subcontratando a la empresa ORVA Ingeniería SA de CV, sin que la SCT se inconformara por la irregularidad.

Como resultado, el proyecto ejecutivo definitivo del Paso Exprés se entregó hasta enero de 2015, cuando la obra ya había sido licitada y adjudicada; es decir, se sacó a concurso y se eligió ganador sin que se tuviera un proyecto ejecutivo concluido.

Derivado de la presentación de una denuncia penal de los familiares de las víctimas, se llegó a un acuerdo resarcitorio en septiembre de 2017 entre la familia, autoridades de la SCT, y las constructoras de la obra, cuyo pago de indemnización por daño moral y daño material no se conoce, debido a que existe una cláusula de secrecía en el acuerdo.

No obstante, para Darío Ángeles este acuerdo no exime a los funcionarios de enfrentar responsabilidades. “Se llegó a un acuerdo que da por concluida la cuestión penal, pero esto no implica que no deban existir responsabilidades administrativas”, recalcó el investigador de Impunidad Cero.

La respuesta de la SFP

Animal Político buscó a la SFP para cuestionar sobre los avances en la investigación del caso del Paso Exprés, en cuanto a posibles sanciones a funcionarios públicos de las dependencias involucradas en el caso.

A través de un comunicado, la SFP señaló que recibió de parte de las tres áreas auditadas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “información relativa a las observaciones derivadas de la auditoría que se practicó a la obra del Paso Exprés, en Cuernavaca”.

La SFP señaló que se encuentra en la fase de “análisis técnico” de la documentación remitida por la SCT, para determinar si esa dependencia responde o no a las observaciones que se fijaron durante la auditoría por irregularidades en el Paso Exprés.

Una vez analizada la documentación, la SFP apuntó que determinará los resultados correspondientes, “mismos que en su momento se harían del conocimiento público, siempre y cuando no pongan en riesgo el curso de las investigaciones”.

La SCT, por su parte, rechazó a través de su departamento de comunicación social que en este caso haya impunidad, y señaló que están a la espera de las conclusiones de la SFP.

“De manera oportuna y con total transparencia, la SCT ha ido aportando toda la documentación requerida por la SFP por este caso. No hay impunidad; se trata de un proceso y hay que respetar el curso legal y los tiempos que señala la ley”, apuntó la dependencia.

Aquí puedes leer el comunicado completo.

Y aquí puedes leer o descargar el informe completo de Impunidad Cero sobre el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg

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"Fracasamos": qué pasó con el polémico plan de Suecia contra COVID-19

Suecia ha recibido críticas por su política para manejar la pandemia, menos estricta que la de otros países europeos.
17 de diciembre, 2020
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“Creo que hemos fracasado. Tenemos un gran número de muertos y es terrible”.

Así definió el rey de Suecia, Carlos Gustavo, el año 2020, marcado por la polémica estrategia del país contra la covid-19.

Suecia ha recibido críticas por su gestión de la pandemia, en la que nunca impuso el confinamiento total que se vio en otros países europeos, y basada, más que en normas de obligado cumplimiento, en recomendaciones a la población.

Ha habido casi 350,000 casos de coronavirus confirmados y más de 7,800 muertos en Suecia.

“El pueblo de Suecia ha sufrido tremendamente en condiciones difíciles. Uno piensa en todos los miembros de las familias que no han podido despedirse de sus familiares enfermos. Creo que es una experiencia dura y traumática no poder dar una cálida despedida”, dijo en el programa anual de televisión en el que revisa el año que termina.

Cuando le preguntaron si tenía miedo de resultar infectado con el virus, el rey, que tiene 74 años, respondió: “Últimamente, se ha hecho más evidente, se ha ido acercando más y más. Eso no es lo que uno quiere”.

En lugar de basarse en reglas y sanciones, Suecia apela a la responsabilidad de los ciudadanos y el deber cívico, y las autoridades se limitan a emitir recomendaciones. No hay castigo para quienes hacen caso omiso de ellas.

El gobierno sueco nunca ha impuesto un confinamiento total ni el uso obligatorio de la mascarilla, y bares y restaurantes han permanecido abiertos.

Sin embargo, hace pocos días se solicitó a escuelas en Estocolmo, la capital, que pasen lo antes posible a enseñar a distancia a sus estudiantes de entre 13 y 15 años por primera vez. La medida se anunció en respuesta al aumento de los contagios.

Una semana antes se había decidido la educación a distancia para los mayores de 16 en todo el país.

Y el lunes, llegaron nuevas recomendaciones a nivel nacional sobre distancia social para el periodo navideño que sustituyen a las que habían emitido las autoridades regionales.

El consejo para los suecos es que no se reúnan más de ocho personas, hacerlo al aire libre cuando sea posible y evitar viajar en tren o autobús.

Se mantiene en vigor la prohibición de encuentros públicos de más de ocho personas, lo que afecta a eventos como conciertos, competiciones deportivas y manifestaciones.

La polémica de las medidas “voluntarias”

El epidemiólogo jefe del Estado sueco, Anders Tegnell, dijo en noviembre que la estrategia que seguía el país combinaba medidas legales y acciones voluntarias.

Le dijo a la BBC: “Creemos que es realmente la mejor” en el contexto sueco.

De acuerdo con un informe oficial publicado esta semana, la estrategia nacional fracasó en la protección de los mayores en residencias, algo por lo que el gobierno ha aceptado su responsabilidad.

Más del 90% de las muertes relacionadas con la covid se han producido entre mayores de 70 años y casi la mitad en residencias de mayores y dependientes, afirma el gobierno.

Una mujer recoge muestras de test de la covid-19 en la ciudad sueca de Malmo.

Reuters
La estrategia sueca se ha basado más en la colaboración ciudadana que en normas de obligado cumplimiento.

Tegnell dijo que el organismo que dirige, la Agencia Sueca de Salud Pública, no es responsable de dirigir este tipo de centros y que todos los interesados deben ayudar a mejorar la situación para asegurarse de que los ancianos no se contagien.

Para Tegnell, Suecia ha mejorado en la protección de los mayores, y dijo que ningún país ha tenido un éxito total en esta tarea.

El epidemiólogo sueco recordó en una entrevista en Sverige Radio el miércoles que incluso Alemania estaba siendo ahora duramente golpeada.

Suecia ha sido también señalada por ser uno de los países con un mayor número de casos per cápita y acumula más muertos que todo el resto de estados nórdicos sumados.

Esto ha provocado críticas de vecinos como Noruega, Dinamarca y Finlandia, que se quejan de que la laxa política sueca está poniendo en riesgo la efectividad de sus propias medidas.

El martes, el primer ministro sueco, Stefan Lofven, dijo que tenía la sensación de que muchos expertos habían subestimado la segunda ola.

“Creo que muchos en la profesión no vieron venir semejante ola”, dijo al diario Aftonbladet.


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