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Cuartoscuro

Las terapias de conversión, el insistente ataque a la comunidad LGBTTTI

Asociadas con grupos conservadores, las terapias de conversión en centros de reclusión se mantienen a pesar de violar derechos y poner en riesgo la vida de personas de la comunidad LGBT, denuncian activistas y víctimas.
Cuartoscuro
Por Ana Alicia Osorio
19 de febrero, 2018
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Varios hombres arrastraron a Fabiola del Castillo, una mujer transexual de 22 años, hasta lo que sería su habitación en el “anexo”, como se les conoce a los centros de reclusión para personas con problemas de alcohol o drogas.

Le entregaron camisas y bóxers de varón, y comenzaron los días en que escuchó una y otra vez que su identidad de género está errada.

“En una de esas juntas, sin estar alcoholizada ni drogada, fue donde entraron a media junta y dos de los padrinos me agarraron de las manos, entraron al cuarto, me quitaron zapatillas, bolsa y todo (…) ahí adentro y sin poder comunicarme con nadie. ¿Cómo podía yo defenderme?”, narra.

Ella sólo llegó a una plática a un anexo del municipio de Veracruz, a la que su papá insistía que fuera, pero terminó tres días privada de la libertad e incomunicada, mientras intentaban convencerla que ser una mujer transexual es un error.

Gritos que hacen llorar, encierros contra la voluntad repletos de amenazas, exhibición frente a toda la feligresía, terapias para “curar” algo que no es una enfermedad.

Todas estas estrategias son parte de los “procedimientos” para personas de la diversidad sexual o  colectivo LGBTTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Intersexual), que de acuerdo con la activista Jazziel Bustamante se han incrementado debido a los campañas de grupos conservadores y religiosos.

“La homosexualidad no es una enfermedad, la transexualidad tampoco lo es aunque algunos siguen patologizándola (…) Las iglesias están dando estas terapias y también es preocupante que pseudocientíficos estén diciendo que la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, está relacionado con las filias”, sentencia.

Para ella la oferta de estos supuestos tratamientos conlleva riesgos muy graves pues en algunos viven tortura y, aún en los que no, la falta de aceptación de desconocidos, familia, amigos y presuntos especialistas puede derivar en padecimientos mentales e inclusive intentos de suicidio.

El terror de un anexo

“Por parte de mi papá quisiera que yo llevara otro tipo de vida. Yo creo que no se resigna al 100 por ciento al tipo de vida que llevo (…). Salgo mucho a antros gays, me enrolo con amistades gays y él no ve con buenos ojos a mis amistades, él piensa que me pierde”, cuenta Fabiola.

En ese anexo, en escasos dos días la amenazaron con cortarle el cabello y ponerle ropa de hombre; le pidieron que usara su nombre original y no como ella se identifica; le gritaron y le exigieron cambiar su identidad de género.

“Mi preferencia fue por los hombres y me gustó mi transición. Sigo en proceso hormonal actualmente y no tengo ningún trauma de por qué no soy mujer. Haz de cuenta que muchos padrinos a fuerzas querían que yo dijera ese tipo de cosas porque gritaban -no decían- gritaban ‘¡habla!, ¿por qué eres gay?, ¿por qué te gustan los hombres?, ¿por qué esto?, le tienes coraje a tu hermana porque ella es mujer y tú no’”, recuerda. “Me traumaban. Yo digo, ¿qué tipo de terapia es esta?”.

Para Bustamante Hernández, este tipo de prácticas que vivió Fabiola son un tipo de tortura.

“Terapias” que dañan la salud

En el informe Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó tener conocimiento de la existencia de supuestas “terapias” dirigidas a modificar la orientación sexual e identidad de género, y las rechazó.

“Casos en que las personas LGBT o aquellas percibidas como tales son sometidas a supuestos tratamientos psicoterapéuticos, internadas en ‘clínicas’ o campamentos y víctimas de abuso físico (…) que diseminen información basada en evidencia evidencia científica y objetiva sobre el impacto negativo que tienen estas ‘terapias’ en la salud”, indica el documento emitido en 2015.

Fabiola concuerda: esos lugares aún existen y deberían ser cerrados. Incluso cuenta que durante los tres días que pasó ahí se enteró del caso de un chico encerrado por sus papás por ser gay. En su caso particular, ella les advirtió a las personas que la retenían que estaban cometiendo secuestro o privación ilegal de la libertad, ya que tiene 22 años y en ningún momento consintió su internamiento.

“Yo le dije es ilegal, soy mayor de edad, no estoy drogada ni tomada. Daban a entender que yo tomaba porque tenía traumas por no poder ser mujer y yo les decía yo soy feliz así”, asegura.

Para salir, tuvo ayuda para hacer público el caso y entonces el anexo permitió que otra persona firmara el “permiso” para recuperar su libertad.

La página de internet del grupo de Alcohólicos Anónimos se deslinda de este tipo de hechos ya que aseguran que no cuentan con anexos, granjas, ni otros establecimientos de 24 horas.

Testigo Púrpura buscó a personal de la Secretaría de Salud de Veracruz para conocer su trabajo respecto a los anexos, pero no hubo respuesta de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

El caso de Fabiola no es el único. En 2015, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas realizó una encuesta donde el 2.12 por ciento de las personas dijeron haber estado internadas contra su voluntad en “establecimientos de salud”.

“Asociada con la patologización de la diversidad sexual, esta práctica está asociada con pretensiones de normalización de personas que no se reconocen o identifican con orientaciones sexuales e identidades de género herteronormativas y dominantes (…). Se suma a esto la condena a la sexualidad sin fines reproductivos, incluida la homosexualidad, impuesta desde la influencia de la religión católica”, indica la investigación.

Prácticas apoyadas por grupos religiosos

En las “terapias de reconversión” suele haber imágenes o alusiones religiosas para “transformar al enfermo”, de acuerdo con las denuncias y las propias experiencias vividas por Fabiola y Bustamante Hernández.

Grupos católicos cuentan con un pastoral que dice promover la castidad entre las personas de la comunidad LGBTTTI y los evangélicos en Veracruz incluso han señalado tener una “cura” para la homosexualidad, aunque desde 1990 la Organización Mundial de la Salud no la considera una enfermedad. Ninguno hace referencia directa a la transexualidad.

“Fueron homosexuales o están ahorita en tratamiento, en pláticas, en las iglesias. Sí las hay (personas ‘curadas’), se les habla y se les intenta ayudar en su identidad y se les hace la invitación, ellos tienen la libertad de asistir, de estar o no estar, pero tenemos mucho respeto para todos ellos”, declaró en su momentoGuillermo Trujillo Álvarez, de la Red Evangélica de Veracruz.

Jazziel Bustamante Hernández tiene su propia historia qué contar.

“Cada domingo me pasaban al frente de la célula (…) me ponían la mano aquí enfrente y empezaban a hacer oración con cantos y gritos para que salieran lo demonios. Hay un momento en que en verdad te crees que estás enferma”, narra.

Y advierte que el surgimiento y mayor movilidad de los grupos conservadores ha provocado que este tipo de “terapias” se incrementen, con graves consecuencias.

“Hay que dejar muy claro que muchos de los suicidios de jovencitas, de jovencitos de la diversidad sexual tienen que ver con este rechazo social”, concluye.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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Mi pesadilla terminó, pero aún quedan muchas mujeres inocentes presas: Evelyn Hernández

BBC Mundo habló con Hernández, quien fue condenada a 30 años de cárcel en El Salvador por un parto extrahospistalario en el que su bebé nació muerto. Tras 33 meses en la cárcel y ser absuelta, ahora se plantea cómo recomenzar su vida.
21 de agosto, 2019
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Evelyn Hernández dice que siente que acaba de despertar de un mal sueño: la pesadilla más terrible y larga de su vida.

Duró tres años, cuatro meses y 13 días, se alargó por inviernos y noches y vio cómo en el camino, en el tiempo que pasaba tras las rejas, ella misma y su cuerpo cambiaban y se iba haciendo adulta.

Comenzó una mañana de abril de 2016, poco después de despertar, cuando un chorro de sangre en sus piernas la llevó a un hospital y, después, a la cárcel.

Tenía entonces 18 años y dice que esa mañana tuvo unos dolores en el vientre que casi la dejan inconsciente.

Sin saber que estaba embarazada, según su testimonio, dio a luz a un feto muerto que la policía encontró horas más tarde en una fosa séptica en el caserío donde vivía, en el Cantón El Carmen, en El Salvador.

Después de que los médicos constataran el parto fue acusada de “homicidio agravado”, en un país donde abortar o dar a luz un bebé muerto fuera de un hospital es considerado un crimen y las mujeres se enfrentan a penas de cárcel de decenas de años.

Evelyn Hernández

Familia de Evelyn Hernández
Evelyn Hernández tenía 18 años cuando tuvo un parto extrahospitalario.

En 2017 le impusieron una condena de 30 años. Pero tras un largo proceso de sentencias anuladas, repetición del juicio, pruebas, argumentos y apelaciones, fue finalmente absuelta a inicios de esta semana.

En total, Hernández pasó 33 meses en prisión.

“Primero sentí que el juez me iba a condenar, pero ya después dijo que no me podía acusar porque él no tenía la certeza de lo que estaban diciendo en mi contra. Me dio mucha alegría, me dieron ganas de llorar”, recuerda en conversación telefónica con BBC Mundo.

“(Sentí que quedaba atrás) el recuerdo del pasado y de todo lo que decían contra mí, sentí que estaba empezando de nuevo”.

Fue la primera vez en la historia de El Salvador en que una mujer condenada por practicar un aborto regresaba a la corte para que se revisara su sentencia y, finalmente, era absuelta de sus cargos.

Su caso abre ahora las puertas de la esperanza para al menos otras 19 mujeres -todas de bajos recursos o provenientes de zonas muy pobres- que cumplen penas de hasta 35 años en el país por casos similares.


El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo: la interrupción del embarazo es ilegal en todas las circunstancias.

Las que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos o mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto y en muchos casos, incluido el de Hernández, el cargo cambia a uno de “homicidio agravado”, que conlleva una pena mínima de 30 años.

A varias de las mujeres acusadas de abortar en El Salvador se les ha conmutado las condenas en los últimos años, pero los veredictos no eran anulados y declaradas absueltas, como sucedió ahora.

Evelyn Hernández

BBC
El caso de Evelyn Hernández recibió gran atención mediática dentro y fuera de El Salvador.

Para muchos en el país centroamericano, la llegada al gobierno del presidente Nayib Bukele, quien prometió tratar de reformar las estructuras más anquilosadas de la nación, fue una esperanza de que las cosas también podrían cambiar en esta área.

Pero cualquier modificación sobre el aborto debe pasar antes por el Congreso, que ni siquiera tiene en agenda su discusión.

“Con la absolución de Evelyn esperamos que se siente un precedente para el caso de estas mujeres que son criminalizadas y, muchas veces, estigmatizadas por la sociedad, los administradores de justicia y la Fiscalía”, le dice a BBC Mundo Teresa Delgado, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.

“Creemos que la Fiscalía de El Salvador tiene que buscar un ordenamiento de las políticas para establecer el debido proceso sin violentar las garantías constitucionales de estas mujeres. Este fue un paso muy importante, pero queda mucho por hacer”, agrega.


Evelyn Hernández dice que por ahora quiere olvidar, rehacer su vida, e intentar ayudar a otras mujeres que, como ella hasta hace muy poco, solo ven como futuro una prisión.

“Recuerdo ese tiempo con mucho sentimiento y tristeza, porque fue muy duro lo que me pasó. Mal me trataban en la cárcel, me señalaban por el delito que me acusaban”, dice.

En su país, cuenta, las mujeres que han sido juzgadas por un aborto no solo se enfrentan a la Justicia, sino también a la exclusión de una sociedad conservadora donde los valores religiosos forman parte cotidiana de la vida.

“Realmente tenía el temor de que me señalaran cuando me liberaron. Pero siempre dije en mi mente: tengo que poner la cara en alto, porque lo que ellos me señalan no es cierto“.

Hernández cursaba bachillerato cuando conoció al pandillero que asegura fue el responsable de dejarla embarazada en una violación y que la aterrorizó después con sus amenazas.

Ahora tiene 21 años y, después de haber pasado 33 meses en la cárcel y otros seis de libertad condicional, dice que no muy tiene claro qué pasará ahora con su vida.

“Mi plan ahorita es seguir estudiando y terminar mi último año de bachillerato para ir a la universidad. En mis planes antes estaba estudiar enfermería, pero ya no quiero eso. Todavía no sé qué (estudiaré) en la universidad”, afirma.

Su meta por el momento, agrega, es estar con su familia y ayudar a buscar justicia para las otras 19 mujeres que están en una situación similar a la que ella pasó en El Salvador.

“Ojalá que esto sirva para que se vayan dando cuenta de que hay muchas muchachas que todavía están presas por haber pasado por algo parecido a mí”.

“Mi pesadilla terminó, pero aún quedan muchachas inocentes allí. Hay muchas muchachas allá adentro (de la cárcel) que son inocentes”.


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