Estas son las 50 ciudades más violentas del mundo (y 12 están en México)
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Estas son las 50 ciudades más violentas del mundo (y 12 están en México)

De las 50 ciudades del ranking 17 están en Brasil, 12 en México, 5 en Venezuela, 3 en Colombia y 2 en Honduras. También hay una ciudad de El Salvador, otra de Guatemala y una de Puerto Rico.
BBC
7 de marzo, 2018
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Homenaje a asesinadas en México

AFP
América Latina es la región del mundo sin conflictos bélicos que agrupa las ciudades más violentas del planeta.

América Latina ostenta el triste título de ser la región que alberga el mayor número de ciudades más violentas del mundo.

Lo certifica el último informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP), una organización civil mexicana que cada año elabora un listado con las 50 urbes más violentas del mundo. Sus resultados los toman de referencia tanto medios de comunicación como organizaciones internacionales.

Para elaborar la lista, el CCSPJP utiliza una metodología sencilla, comparando el número de homicidios por cada cien mil habitantes.

También incluyen únicamente aquellas ciudades que superan los 300 mil habitantes y computan solo los homicidios intencionales o muertes por agresión.

Y de las 50 ciudades del ranking 17 están en Brasil, 12 en México, 5 en Venezuela, 3 en Colombia y 2 en Honduras. También hay una ciudad de El Salvador, otra de Guatemala y una de Puerto Rico.

Listado de personas fallecidas dentro de una prisión.

Getty Images
La organización utiliza datos sobre homicidios dolosos, intencionados o con agresión.

Puedes ver la lista completa al final de este artículo, sabiendo que el CCSPJP también excluye de la lista las ciudades sumergidas en un conflicto bélico abierto como ocurre en lugares de Siria, Irak o Sudán del Sur, por ejemplo.

Y los datos los extraen combinando varias fuentes: informaciones periodísticas, listas oficiales de los gobiernos y autoridades locales, informes de organismos internacionales y hasta de diferentes ONG, según la disponibilidad.

En este sentido, la organización destaca la dificultad de hacerse con datos fiables por causa de “la falta de transparencia de los gobiernos de varios países”.

“Pero con el paso de los años, debemos decir, cada vez hay mayor transparencia”, destaca el Consejo.

Y en su informe de este año hay algunas sorpresas y datos interesantes.

El año negro de México

Los Cabos, en el noroccidental estado de Baja California Sur, es una de las zonas más turísticas de México.

Y la ciudad ingresó en la lista por primera vez ocupando el puesto número uno de las urbes más violentas del mundo.

Imagen de Cabo Lucas

Getty Images
La región de Los Cabos es un popular destino turístico internacional.

Es importante señalar que este es el primer año también que el CCSPJP considera que Los Cabos supera los 300 mil habitantes, requisito indispensable para aparecer en este ránking, como señalábamos al principio.

Pero sin duda también ha habido un incremento de la violencia. El documento señala que ha crecido en casi un 500% en algo más de un año, pasando de 61 homicidios en 2016 a 365 en 2017.

La tasa de homicidios supera los 111,33 por cada 100 mil habitantes y la cifra global ha repuntado en todo el país. Hasta 12 ciudades mexicanas están en el listado, comparado con las 5 que aparecían en el informe de 2015.

Además, en el ranking de 2017 cinco de las 10 ciudades más violentas del mundo son mexicanas.

Mujer en una protesta en México.

Getty Images
En 2017 México vivió el año más sangriento de los últimos 20 años, superando los 23.000 homicidios intencionados, decauerdo con datos de la Secretaría de Gobernación.

¿La causa? La organización señala que el país no tiene una “acción para la erradicación sistemática de las milicias privadas de los grupos criminales y se ha permitido que la impunidad llegue a los peores niveles jamás registrados”.

Venezuela: la incapacidad de contar muertos

Caracas abandona el puesto número uno que ahora ocupa Los Cabos para pasar al número dos, con un total de 3.387 homicidios, una tasa de 111.19 por cada 100 mil habitantes.

En el apartado de Venezuela, la organización destaca la dificultad de hacerse con cifras oficiales y, a la vez, verosímiles.

Joven armado en Caracas

Getty Images
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal considera un “desafío” poder ofrecer cifras viables de los homicidios en Venezuela por la falta de recuentos oficiales veraces.

“En todos los temas estadísticos el gobierno de Venezuela no está interesado en la verdad, en informar objetivamente y en rendir cuentas; su imperativo es la propaganda”, señala.

Pero hay además otra variante que recoge el reporte: “el acelerado proceso de despoblamiento”.

Como el índice de violencia se mide en relación al número de habitantes, la CCSPJP presume que la tasa de homicidios sería en realidad más alta.

“Cuatro millones de sus habitantes han abandonado el país, más de la mitad de ellos en los últimos tres años. Como resultado las estimaciones oficiales de población no son reales, ni tampoco las tasas de homicidios basadas en ellas, sino más altas”.

La sorpresa hondureña

Pero no todo son malas noticias. La violencia se ha reducido en Centroamérica.

Sirva de muestra San Pedro Sula, en Honduras, que baja del puesto tres que ocupó en 2016 al 26 en el 2017. Los homicidios bajaron en más de un 54% en solo un año con una tasa en 216 de 51.18 por cada 100 mil habitantes.

Mujer en el celular en Honduras

Getty Images
La violencia ha decrecido en Centroamérica, según CCSPJP, con apenas cuatro de sus ciudades en el ranking que elabora y ninguna se encuentra entre los primeros 10 puestos.

La organización asegura que la mejora no es casual sino que “son el resultado de un encomiable esfuerzo del gobierno de Honduras por erradicar en forma sistemática a células de grupos criminales, reducir la impunidad y actuar contra los delitos, distintos a los homicidios, que cometen las pandillas, así como poner orden en las prisiones”.

Las 50 ciudades más violentas

Posición Ciudad País Homicidios Habitantes Tasa (por cada mil habitantes)
1 Los Cabos México 365 328.245 111.33
2 Caracas Venezuela 3.387 3.046.104 111.19
3 Acapulco México 910 853.646 106.63
4 Natal Brasil 1.378 1.343.573 102.56
5 Tijuana México 1.897 1.882.492 100.77
6 La Paz México 259 305.455 84.79
7 Fortaleza Brasil 3.270 3.917.279 83.48
8 Victoria México 301 361.078 83.32
9 Guayana Venezuela 728 906.879 80.28
10 Belém Brasil 1.743 2.441.761 71.38
11 Vitória da Conquista Brasil 245 348.718 70.26
12 Culiacán México 671 957.613 70.10
13 St. Louis Estados Unidos 205 311.404 65.83
14 Maceió Brasil 658 1.029 63.94
15 Cape Town Sudáfrica 2.493 4.004.793 62.25
16 Kignston Jamaica 705 1.180.771 59.71
17 San Salvador El Salvador 1.057 1.789.588 59.06
18 Aracaju Brasil 560 951.073 58.88
19 Feira de Santana Brasil 369 627.477 58.81
20 Juárez México 814 1.448.859 56.16
21 Baltimore Estados Unidos 341 614.664 55.48
22 Recife Brasil 2.180 3.965.699 54.96
23 Maturín Venezuela 327 600.722 54.43
24 Guatemala Guatemala 1.705 3.187.293 53.49
25 Salvador Brasil 2.071 4.015.205 51.58
26 San Pedro de Sula Honduras 392 765.864 51.18
27 Valencia Venezuela 784 1.576.071 49.74
28 Cali Colombia 1.261 2.542.876 49.59
29 Chihuahua México 460 929.884 49.48
30 João Pessoa Brasil 554 1.126.613 49.17
31 Obregón México 166 339.000 48.96
32 San Juan Puerto Rico 169 347.052 48.70
33 Barquisimeto Venezuela 644 1.335.348 48.23
34 Manaos Brasil 1.024 2.130.264 48.07
35 Distrito Central Honduras 588 1.224.897 48.00
36 Tepic México 237 503.330 47.09
37 Palmira Colombia 144 308.669 46.65
38 Reynosa México 294 701.525 41.95
39 Porto Alegre Brasil 1.748 4.268083 40.96
40 Macapá Brasil 191 474.706 40.24
41 Nueva Orleans Estados Unidos 157 391.495 40.10
42 Detroit Estados Unidos 267 672.795 36.69
43 Mazatlán México 192 488.281 39.32
44 Durban Sudáfrica 1.396 3.661.911 38.12
45 Campos de Goytacazes Brasil 184 490.288 37.53
46 Nelson Mandela Bay Sudáfrica 474 1.263.051 37.53
47 Campina Grande Brasil 153 410.332 37.29
48 Teresina Brasil 315 850.198 37.05
49 Vitória Brasil 707 1.960.213 36.07
50 Cúcuta Colombia 290 833.743 34.78

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Cuartoscuro Archivo

Familiares de migrantes asesinados en San Fernando no han recibido apoyo de México

En diez años, y tres gobiernos distintos, el Estado mexicano no logró garantizar el derecho a la verdad de las familias.
Cuartoscuro Archivo
Por Carlos Manuel Juárez/ Proyecto #Másde72*
24 de agosto, 2020
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Por lavar ocho horas ropa ajena Marleny Suárez ganaba 100 lempiras (4 dólares), en El Guante, Honduras. Desde marzo, por el coronavirus, se quedó sin trabajo y ahora busca qué darle de comer a su hija Yessica Xiomara, su hijo Luis Miguel y a los sobrinos de los que se hace cargo  tras el asesinato de su hermano.

Es madre y viuda. Cada día la angustia de Marleny Xiomara crece ante la falta de dinero para pagar las 1,500 lempiras (61 dólares) de la inscripción de sus hijos a la escuela. Cada día Marleny Xiomara se pregunta cómo sería su vida si Los Zetas no hubieran asesinado a su esposo Miguel Ángel Cárcamo junto con 71 migrantes más, la noche del 22 de agosto de 2010 en San Fernando, a menos de dos horas de alcanzar la frontera con Estados Unidos, en Tamaulipas.

“Me dijeron que me iban a ayudar con becas a los cipotes (hijos)”, reclama la mujer y recuerda que el 1 de septiembre de 2010, cuando el gobierno hondureño le entregó el ataúd con el cuerpo de su esposo, el ministro Miguel Ángel Bonilla le dio su número telefónico para que lo llamara. Le marcó pero cuando contestó le dijo que estaba ocupado. Tampoco en México ha recibido ayuda aunque existe un fondo al que tiene derecho a acceder por ser víctima de la masacre calificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como violación grave  a los derechos humanos.

Marleny Xiomara Suárez rezó nueve días seguidos por su esposo Miguel Ángel Cárcamo. Rezó el primer día y recordó a la señora que le decía: ‘¡Ese cuerpo es mi hijo!”. Rezó el segundo, el tercer y el cuarto, sin olvidar a la desconocida mujer que decía: ‘Miguel Ángel no es Miguel Ángel’, y que le hizo dudar de la identidad del cuerpo que enterró. Sigue sin olvidar esa voz.

Marleny sabe muy bien quién es Miguel Ángel. Él pasaba los 20 años y ella los 18 cuando se conocieron un día a inicio de la década de los 90. Al siguiente suspiro, el joven de Maraita le pidió matrimonio. Al siguiente suspiro, él fue por sus pertenencias a la casa de sus padres y regresó a Marleny para quedarse en El Guante.

En 1994, Marleny parió a Petrona Itzael y, dos años después, a Ángel Rogelio. Miguel Ángel le sacaba arena a una quebrada para llevar de comer a su casa. En 2005 nació Yessica Xiomara y 24 meses después, Luis Miguel. El padre se dio cuenta que el sueldo por sacar la arena no era suficiente y comenzó a pensar en la migración a Estados Unidos como una salida.

“Él no le podía comprar ropa a los cipotes y se ponía a llorar y decía que se iba a los caminos para que los cipotes siguieran adelante”, recuerda Marleny en entrevista telefónica.

Miguel Ángel y su cuñado Luis Suárez salieron de El Guante, ubicado a 90 kilómetros de Tegucigalpa, el 2 de agosto de 2010. Rogelio, otro hermano de Marleny con experiencia en migrar, los encontró en Guatemala. En su camino a Estados Unidos hablaba por teléfono con Marleny. En una llamada le avisó que habían deportado a Luis. A mediados de agosto le dijo que estaba cerca de la frontera con Estados Unidos, que le prometía dinero para arreglar la casa de madera y comprar ropa a sus cuatro hijos.

El 25 de agosto Marleny vio la noticia del asesinato de migrantes en San Fernando, pero no pensó en su esposo. Los medios informaban que la Secretaría de Marina halló más de 70 cuerpos de migrantes que habían sido asesinados por hombres armados, integrantes del cártel de Los Zetas, en su camino a Estados Unidos. El viernes 27 del mismo mes, un amigo de la familia llamó a Marleny para decirle que el nombre de Miguel Ángel Cárcamo había salido en la tele, en la lista de asesinados.

El 1 de septiembre, Marleny asistió a la entrega de 16 ataúdes sellados. El presidente hondureño, Porfirio Lobo, dijo que todas eran víctimas hondureñas de la masacre mexicana. A los días siguientes se supo que, por lo menos uno de los cuerpos llegados a Honduras era, por error, el de un joven brasileño. A media ceremonia, una mujer se acercó a Marleny y le dijo que el del ataúd era su hijo. Ella le respondió que Miguel Ángel no tenía mamá. La señora insistió y la hizo dudar.

El último día del rezo del novenario por Miguel Ángel, Marleny y su familia fueron a dejar flores a la tumba. Cuando llegaron al sepulcro encontraron la tierra muy removida. Ella preguntó qué había pasado a una familia que estaba en una tumba cercana y no respondieron. En esos días la policía los vigilaba. Le pidió a Petrona y Ángel que no hicieran bulla y todos regresaron a casa.

La tierra removida la hizo dudar, pero no más que la señora que decía: “¡Miguel Ángel no es Miguel Ángel!”.

“No hallo consuelo”, dice Marleny, en la entrevista, a una década de esos días tristes. Semanas después otra señora la buscó para decirle que no llorara, que Miguel Ángel estaba vivo, que habían sacado el ataúd del sepulcro debido a un error en la identificación. “Aquí en El Guante nadie se lo dije y esa mujer dijo que está vivo, pero a mí no me ha llamado, me dijeron que a los 7 años podía llamar, pero ya van 10 y él no llama”.

A 10 años de la masacre de San Fernando, Marleny sufre por la incertidumbre. En el día a día la pobreza cerca a su familia que sigue habitando la casa a la que hace casi 30 años llegó un joven de Maraita y de la que se fue un 2 de agosto de 2010 en busca de un futuro.

Los Cárcamo Suárez comparten el desamparo con la señora Elvia Yolanda. Ella sigue esperando que México o que el país donde nació, Honduras, le otorguen becas de estudio para sus tres nietos, hijos de Eva Nohemí, asesinada hace 10 años en la misma masacre. “Porque yo ya me voy a morir y ellos, como sea, van pa’rriba”, dijo en la visita que realizó el año pasado a México.

Vilma Pineda Morales también sufre por la situación económica y la injusticia. En la masacre perdió a Efraín Pineda Morales, Richard Pineda Lacán, Mayra Cifuentes Pineda y Nancy Pineda Lacán.

Esta es la misma situación que viven las 24 familias hondureñas, las 14 salvadoreñas, las 14 guatemaltecas, las 4 brasileñas y la india que perdieron a sus familiares. En diez años no han recibido apoyos económicos, educativos o de salud por parte del gobierno mexicano. Sus países no se han sumado a la exigencia de justicia, verdad y reparación por la masacre.

Sin destino

El camino a la verdad y la reparación de las víctimas de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, parece imposible. En diez años, y tres gobiernos distintos, el Estado mexicano no logró garantizar el derecho a la verdad de las familias y los sobrevivientes de la violación grave a los derechos humanos.

A la fecha, hay 30 víctimas directas y 65 víctimas indirectas de esa masacre oriundas de Centroamérica, Ecuador y Brasil registradas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Aunque deberían de recibir medidas de asistencia médicas, alimentarias y educativas, las personas  sólo cuentan con apoyo económico para su traslado a México, para el seguimiento a sus casos, y, en su momento, dos familias recibieron atención médica emergente en el país, según la Fundación para la Justicia y El Estado Democrático de Derecho, representante legal de 11 de las familias.

En el proceso de transición el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que instalaría una Comisión de la Verdad para la masacre de San Fernando. Hasta ahora, el único ejercicio echado a andar es la Comisión para el caso Ayotzinapa. En su lugar, la fiscal de derechos humanos, Sara Irene Herrerías Guerra,  aceptó concentrar 4 investigaciones de masacre y 2 de desapariciones en una recién creada Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UDIPM). Para investigar estos casos la FGR dispuso de 3 ministerios públicos de medio tiempo.

“Hasta que no haya voluntad no va avanzar, y la voluntad política implica que las políticas de austeridad no deben tocar acciones de búsqueda y acciones de investigación, porque esto nos va seguir hundiendo en la impunidad”, advierte Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia.

La creación de una Comisión está en manos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de Alejandro Encinas. El 6 de julio de 2018, la hoy titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de seguridad pública, Alfonso Durazo, aseguraron que habría un mecanismo, donde el centro fueron las víctimas y el cumplimiento del marco legal internacional de los acuerdos que México ha firmado con el mundo.

En México, la institución encargada de atender a las víctimas es la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV), fundada en 2014 y su modelo de atención se sustenta en la Ley General de Víctimas. Cuenta con 603 trabajadores para atender a 34 mil víctimas de violaciones a derechos humanos. El 60 por ciento del personal está contratado como externo o con plazas eventuales.

La CEAV plantea la reparación del delito en cinco pasos: restitución, que significa que la víctima recupere lo perdido; rehabilitación, que representa atención médica o psicológica; compensación, aportar  una suma de dinero con cálculos establecidos en la ley; satisfacción, una disculpa pública o reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano o las autoridades responsables en violaciones graves a los derechos humanos; y garantías de no repetición, crear medidas para sancionar  a los responsables y establecer políticas públicas de prevención.

El modelo burocrático impuesto por la CEAV obliga a que las víctimas directas o indirectas llenen un formato específico de solicitud de las medidas de asistencia o de la reparación. Esta condición es la principal limitante para las familias de los migrantes, quienes viven en comunidades rurales en sus países.

De las 72 familias de las víctimas, 61 no cuentan con representación jurídica en México. Al ir a la CEAV, las abogadas que asesoran a madres, esposos, esposas e hijos topan con pared. “Les han prometido medidas, pero luego señalan que los protocolos y reglamentos de la CEAV les impiden dar asistencia fuera del país, que las familias no tienen cuentas de banco, que están en otros países y no hay convenios de colaboración con instituciones públicas de salud y educación. El tema administrativo está por encima de la Constitución”, lamenta la abogada Delgadillo.

Al respecto, Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos, señaló que el modelo de operación de la CEAV la convierte en una Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para víctimas. Además, enfatiza, no hay un mecanismo que garantice que las víctimas de otros países tengan acceso a las medidas de reparación y de asistencia.

“Una Ley de Víctimas responsable acotaría la atención a delitos de desapariciones, ejecuciones, tortura. La CEAV tendría que tener modelos de reparación administrativa, hoy todavía sigue vinculada a lo judicial, en un país donde lo judicial no camina. Hay una visión muy perversa en la forma en que las comisiones de víctimas están operando porque claramente están rebasadas por el entorno”, expuso Dayan.

Las medidas de austeridad dejaron al descubierto la fragilidad de la CEAV. El 24 de junio, la comisionada Mara Gómez Pérez presentó su renuncia al Senado. En una carta expuso que se pretendió convertir la reparación integral en sinónimo de dinero, repartido de forma discrecional, sin transparencia ni rendición de cuentas. Para esta investigación se pidió una entrevista a la CEAV pero fue rechazada.

Reparaciones a presión

La presión de Leonardo Arizaga, embajador de Ecuador en México, obligó a que el Estado mexicano reparara a los familiares de las cinco víctimas mortales ecuatorianas Elvia Florinda Pasochoa Matsaquiza, Rosa Amelia Panza Quilli y María Magdalena Tipantaci Tubón, y asesinados Telmo Leonidas Yupa Chimborazo y Christian Andrés Caguana Campos, así como a Luis Freddy Lala Pomavilla,  sobreviviente de la masacre de San Fernando y quien ha hecho público su testimonio sobre lo ocurrido.

De 2016 a 2018, el diplomático buscó a las familias y al superviviente, facilitó el contacto con los funcionarios mexicanos, generó los encuentros para tramitar la reparación y organizó las disculpas públicas que dio el titular de la CEAV, Jaime Rochin, en Quito, a nombre del Estado mexicano, y donde entregó compensaciones a 47 víctimas indirectas y al sobreviviente.

*#Másde72 es un proyecto dedicado a investigar masacres de migrantes en México. Para consultarlo visita: https://adondevanlosdesaparecidos.org/masde72-una-decada/

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