A 6 meses del sismo, damnificados siguen atrapados en la burocracia y viviendo en la calle
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A 6 meses del sismo, damnificados siguen atrapados en la burocracia y viviendo en la calle

Afectados por el sismo de la calle Petén 915 denuncian que tras el sismo del 19 de septiembre, la reconstrucción sigue siendo una promesa; muchas familias siguen viviendo en campamentos improvisados de lonas de plástico
Por Manu Ureste
19 de marzo, 2018
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María de Jesús Ugalde se para en el camellón de la avenida General Emiliano Zapata, en la delegación Benito Juárez, y en silencio observa el vacío que antes del sismo del 19S ocupaba un edificio de seis plantas en la calle Petén 915.

-Ahí vivíamos 12 familias –dice apuntando a lo que ahora es un predio  cercado por tablones, donde a través de los huecos de las maderas puede apreciarse restos de fierros retorcidos, y el hueco intacto del elevador-.

-Diez personas murieron en mi edificio –añade la mujer haciendo un esfuerzo para no romper a llorar-. Entre ellas, mi mamá.

María de Jesús no estaba en su departamento. Tuvo suerte de no estar en el lugar equivocado durante el sismo que dejó 228 muertos solo en la Ciudad de México. Aunque con el ceño fruncido y un paquete de documentos garabateados acaparando sus manos, la mujer dice que no se siente afortunada. Al contrario, recalca, además de la muerte de su madre, ahora está viviendo “otra tragedia”: la de enfrentar a la burocracia para reconstruir su patrimonio.  

Obstáculos y más obstáculos

-Los damnificados perdimos nuestras propiedades, nuestras vidas y a nuestros seres queridos. Y además, vemos que al Gobierno de Miguel Ángel Mancera no le interesa la reconstrucción, porque lo único que nos ha puesto son obstáculos y más obstáculos –asevera María de Jesús.

El primer obstáculo fue conseguir un dictamen de desastre. Antes del sismo, explica la mujer mientras va sacando con un ritmo vertiginoso documentos de varias carpetas, jamás había escuchado de ese dictamen. Pero tras el colapso de su edificio en cualquier ventanilla se lo exigían: las compañías de luz, agua, gas, y hasta de telefonía e internet. Y por supuesto, también la aseguradora, que amenazaba con no hacer válida la póliza.

Un mes después, y luego de investigar por su cuenta dónde acceder a ese documento, María de Jesús y sus vecinos consiguieron el dictamen de desastre que otorga el Instituto para la Seguridad de las Estructuras.

Luego, tuvo que poner una denuncia en el Ministerio Público por el derrumbe del edificio y el saqueo de pertenencias, y a continuación registrarse en la plataforma ‘Salvemos tu casa’, para que se les reconociera como damnificados y acceder a las opciones de financiamiento que ofrece el gobierno capitalino.

A continuación, María de Jesús saca un folleto de la carpeta y explica que el crédito que les plantearon era de dos millones de pesos, pagando 16 mil 500 pesos fijos por los próximos 20 años. Pero había un detalle: los mayores de 65 años no podían acceder al crédito. Y ocho de los vecinos sobrevivientes de Petén 915 tienen más de esa edad.

-O sea, que no hay manera de tener un crédito para reconstruir nuestro edificio –sentencia María de Jesús, quien señala además que aunque esas ocho personas adultas mayores aplicaran para el crédito, tendrían que invertir prácticamente toda su pensión en pagarlo.

Quieren hacer negocio

El 1 de diciembre se publica la Ley para la reconstrucción de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial de la capital. María de Jesús y sus vecinos ven entonces un rayo de luz. Confían en que con esa nueva legislación los trámites de la reconstrucción se van a simplificar y todo será más fácil.

Pero tienen que esperar casi dos meses, hasta el 30 de enero, para conocer los requisitos y la normatividad de la Ley. Y aun así, la maraña de trámites y documentos no se dispersa. De hecho, seis meses después aún no acceden al Certificado de Derechos de Reconstrucción (CEDRA) que establece la Ley, debido a que, según denuncia María de Jesús, la Procuraduría Social (PROSOC) les exige la escritura original del régimen de condominio. Un documento que ningún vecino tiene a la mano tras el colapso del edificio.

Una vez que consigan el Certificado de Derechos de Reconstrucción, María de Jesús relata que en la SEDUVI les refirieron que los damnificados deben contratar por su cuenta y gasto un estudio de Mecánica de Suelos. Algo que, en su opinión, debería hacer el gobierno de la ciudad.

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-El gobierno es el que tiene a los expertos, y también el presupuesto. Por este terreno, un estudio de ese tipo te cuesta entre 80 y 100 mil pesos. ¿De dónde vamos a sacar los damnificados ese dinero? –cuestiona-.

María de Jesús critica que, en realidad, la Ley de Reconstrucción oculta una intención de “beneficiar a las constructoras”. Y para sostener esa opinión, la damnificada toma el documento de la ley y señala el artículo 38 que establece que para financiar las nuevas viviendas en la zona colapsada, la constructora podrá levantar viviendas adicionales y luego venderlas.

Ese mismo artículo, en el apartado I, señala que la SEDUVI otorgará a los predios de los inmuebles que colapsaron un incremento de hasta 35% respecto a la zonificación establecida en los programas de desarrollo urbano. Mientras que el apartado II, dice que los propietarios “cederán un porcentaje de la superficie edificable que les corresponde con el fin de construir las viviendas adicionales”.

-Es decir, que nosotros le pagamos la mecánica de suelo a la constructora, les cedemos parte de nuestro terreno, y ellos todavía se quedan con una parte adicional de lo que vendan de los departamentos extra que construyan. ¿No es esto un negocio?–cuestiona irritada María de Jesús-.

Tras una hora de entrevista, la damnificada vuelve a observar el hueco vacío del edificio. Sobre uno de los tablones que cerca el predio todavía cuelga una manta en honor a Miguel Hernández Gallardo, empleado de la tintorería que existió en la planta baja del inmueble, y “héroe que dio su vida al regresar a apagar calderas, evitando una desgracia mayor”.

-Veo ese enorme hueco y lo único que puedo hacer es llorar de dolor y de impotencia –dice María de Jesús-. A seis meses del sismo, la reconstrucción sigue siendo una promesa. Nos hemos topado con tantos obstáculos, que los damnificados seguimos sin nada.

Viviendo en la calle

El gobierno capitalino, por su parte, ha recordado en múltiples ocasiones que las cifras de daños por el sismo son abultadas: más de 22 mil inmuebles con afectaciones de diferente consideración y 110 mil afectados que atender en múltiples delegaciones y colonias. Por lo que la reconstrucción de la ciudad tardará al menos otros cinco años.

Medio año después del terremoto, el ejecutivo de la ciudad asegura a través de su departamento de comunicación social que la etapa de reconstrucción “sigue avanzando”, luego de que finalizaran las obras de demolición de varios inmuebles colapsados, o con daños severos.

Por ejemplo, el 14 de marzo se finalizó la demolición del edificio Rébsamen 249, en la colonia Narvarte de la delegación Benito Juárez, “para proceder a la etapa de acompañamiento en el financiamiento y posterior construcción de un nuevo edificio”.

Un día después, el 15 de marzo, el Instituto de Vivienda (INVI) anunció que asumió las labores de demolición y reconstrucción de un edificio en Paseos de Taxqueña. Raymundo Collins, director del INVI, dijo que luego de que los vecinos se acercaran con ellos, se hicieron las gestiones para arrancar la demolición del edificio, mismo que “será construido con el sistema de financiamiento del INVI y estará en las mismas condiciones en cuanto a tamaño de lo que tienen en este momento”.

Collins explicó que cada departamento construido por el INVI costará aproximadamente 800 mil pesos, y el esquema de financiamiento será de crédito a 30 años. El principal requisito, dijo, es que los vecinos acrediten la propiedad del inmueble para acceder al crédito de uno nuevo.

Otros inmuebles afectados, como la torre Osa Mayor, en la colonia Doctores, y el ubicado en Morena 1068, de Narvarte, también serán demolidos y reconstruidos por el INVI, según anunció el gobierno.

No obstante, damnificados como Alejandro Rangel, quien lleva desde el 19 de septiembre viviendo en una carpa de lona azul donada por China, no ven motivos para el aplauso ni el optimismo. Sobre todo desde que el pasado mes de febrero ‘colapsara’ la Comisión para la Reconstrucción de la ciudad, a tan solo tres meses y medio de su creación, luego de que su titular, Ricardo Becerra, renunciara por no estar de acuerdo en cómo la Asamblea Legislativa de la ciudad definirá la asignación del presupuesto para la reconstrucción. Situación que a su vez provocó que el pleno de la Asamblea tuviera que aprobar cambios a la Ley de Presupuesto, para que los recursos destinados a la reconstrucción ya no estén controlados por los diputados locales, sino por la Secretaría de Finanzas.

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-Cuando estaba el comisionado Becerra nos prometieron ayuda para reparar nuestro edificio. Pero ahora Becerra ya no está, y aún hay familias que estamos subsistiendo con lo que podemos en un campamento –dice Rangel, que vivía en el quinto piso de un inmueble en la avenida Zapata, colonia Emperadores, que todavía está sujeto por polines de madera.

-Teníamos la promesa de que el gobierno iba a pagar el apuntalamiento, el estudio topográfico, el estudio estructural, y el reforzamientos de las columnas para poder habitarlo de nuevo –añade-. Pero hasta el momento, todo el dinero está saliendo de nuestros bolsillos.

También es cierto, admite el damnificado, que la lentitud en los trámites para reconstruir no es solo responsabilidad del gobierno. Un problema que enfrentan es que varios de los vecinos del edificio dañado “estaban irregulares” al momento del sismo, por lo que no pueden acreditar la propiedad y por lo tanto no pueden acceder a los préstamos del gobierno.

Pero más allá de esa situación, Rangel hace hincapié en que medio año después muchas familias, como en el Multifamiliar Tlalpan, siguen viviendo en campamentos improvisados de lonas de plástico, sin condiciones de higiene, y viendo cómo escasean cada vez más las donaciones de los ciudadanos.

-Me siento decepcionado con el gobierno. Abandonado. Por eso, si algún político se atreve a venir aquí y pedirme su voto, ten por seguro que lo voy a correr a patadas –concluye Rangel.

 

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'Solo sí es sí': por qué muchos agresores sexuales en España podrán salir de prisión antes de tiempo bajo una nueva ley

Un agujero legal en la nueva legislación sobre la libertad sexual en España ha abierto la puerta a la rebaja de la pena a personas ya condenadas por agresión sexual.
18 de noviembre, 2022
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Lleva en vigor apenas un mes, pero la polémica no abandona a la nueva ley española conocida como del “solo sí es sí”.

Un “agujero legal” en La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que impulsó el sector más izquierdista del gobierno español, ha provocado que la aplicación de la norma tenga una consecuencia indeseada para sus promotores: la reducción de la pena a algunos condenados.

Desde que comenzó a aplicarse, una quincena de agresores condenados con la legislación antigua han obtenido una rebaja automática en sus penas, entre ellos un hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 14 años. Tres de ellos han sido excarcelados.

El cambio en el régimen jurídico, que se aprobó tras más de cuatro años de debate, no incluyó una disposición transitoria para acotar los casos susceptibles de revisión de la pena, una especie de reglas que establecen el paso de un Código al otro.

Esta es una disposición que suelen adjuntar las nuevas leyes que modifican el Código Penal español.

La ley de Libertad Sexual ha eliminado la distinción entre abuso y agresión sexual. Ahora, toda interacción sexual sin consentimiento se considera una agresión.

Sin embargo, esta refundición de conductas también ha ampliado el rango de las penas que se aplican a estos comportamientos, que pueden ser muy distintos.

En algunos supuestos, las penas mínimas y las máximas son más bajas.

Esto ha sido aprovechado por los abogados de algunos condenados, que tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley si esta les resulta más favorable.

Perspectiva de género

Para la ministra española de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, el problema radica en que “hay jueces que no están cumpliendo con la ley” por “machismo“, y ha pedido que se refuerce la formación en igualdad en el sistema judicial.

La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

EPA
La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

Según la ministra, la ley está bien redactada y el problema se encuentra en la aplicación e interpretación de la misma por jueces a los que les falta “perspectiva de género”.

La titular de Derechos Sociales y líder del partido izquierdista, Ione Belarra, también ha dicho que los jueces están aplicando “mal” la nueva ley, y ha acusado a una parte de la magistratura de erigirse como “oposición al gobierno de coalición, y especialmente al ministerio de Igualdad”.

Ante las críticas, los jueces aseguran que ellos mantienen un compromiso con las víctimas, pero que la nueva ley puede dar lugar a interpretaciones.

El Consejo General del Poder Judicial, conocido como “gobierno de los jueces”, ya había advertido en un informe antes de que se aprobara la ley que ésta podría dar lugar a “una revisión de las condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas”.

Varias agrupaciones de jueces, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura, que reúne al mayor número de juristas en España, han pedido la dimisión de la ministra de Igualdad por sus ataques a los jueces y por generar “una alarma innecesaria y devastadora” entre las víctimas.

En el Gobierno de coalición, los socialistas se han abierto a revisar la ley del “solo sí es sí”.

“Si hay que abordar una reforma para conseguir un respaldo más sólido a las víctimas, habrá que abordarla”, ha dicho la ministra socialista de Educación, Pilar Alegría.

La ley, sostiene, se aprobó para la protección integral de las víctimas.

El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que corresponde a los jueces y fiscales “unificar” la doctrina al respecto.

Origen

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual tiene su origen en el polémico caso conocido como de “la manada“, que generó manifestaciones en todo el país y la exigencia de parte de la sociedad española de reformar las leyes para proteger a las mujeres de ataques sexuales y endurecer los castigos para quienes los perpetren.

En este caso, cinco hombres violaron a una joven de 18 años en un portal de Pamplona y fueron condenados a penas de 15 años.

Paradójicamente, la nueva ley podría rebajar la condena de alguno de ellos.

Su abogado ya ha dicho que, a la luz del nuevo código, pedirá la reducción de la pena de al menos uno de los condenados.

La ley se conoce como de “solo sí es sí” por uno de sus postulados más importantes y, a la vez, más polémicos: la del consentimiento antes de cualquier agresión sexual.

“Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, expone el texto legal.

Esto supone que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse.

La nueva norma también castiga el acoso callejero y la violencia sexual digital, entre otros delitos.


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