Fiscalía de Veracruz acepta recomendación de CNDH por caso de activista desparecida

La Comisión ve irregularidades de diversos servidores públicos en la investigación de la desaparición de una activista que colaboraba con organizaciones que brindan acompañamiento a familiares de personas desaparecidas.

activista
Archivo Cuartoscuro

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 4/2018, dirigida al Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, por irregularidades de diversos servidores públicos en la investigación de la desaparición de una activista que colaboraba con organizaciones que brindan acompañamiento a familiares de personas desaparecidas o ausentes en el estado.

Hasta la fecha se desconoce el paradero de la activista y no hay avances para presumir la causa de su desaparición e identificar a los probables responsables.

En un comunicado, la Comisión destaca que acreditó que cinco servidores públicos de la Fiscalía del estado violentaron el derecho de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia, de la víctima y sus familiares, y no investigaron oportunamente la desaparición.

“Omitieron tomar en cuenta el contexto de la labor de activismo y acompañamiento de la víctima a familiares de personas desaparecidas, con lo cual dejaron de observar las obligaciones previstas en la normatividad que rige su actuación”.

La CNDH solicitó en su momento a dicha Fiscalía General implementar medidas cautelares en favor de la activista desaparecida, para dar con su paradero, se respetaran sus derechos y se brindara seguridad a sus familiares.

Lo anterior, después de que el 25 de marzo de 2016, un portal de noticias publicó en Internet una nota periodística sobre un grupo armado que privó de la libertad a la activista en el local en el que trabajaba. De acuerdo con un reporte del diario Reforma, se trata de la activista Claudia Ivonne Vera García.

“Durante la investigación del caso, la CNDH constató que personal adscrito a dicha Fiscalía omitió realizar diversas acciones para su perfeccionamiento, por lo que no garantizaron el acceso a la justicia a los familiares de la agraviada e incurrieron en irregularidades”.

La Comisión recomendó al Fiscal General del Estado de Veracruz realizar la debida integración de la investigación iniciada con motivo de la desaparición de la víctima y continuar con la indagatoria de los hechos, conforme a los estándares nacionales e internacionales de debida diligencia y debido proceso.

La Fiscalía General de Veracruz aceptó la Recomendación de la CNDH “y que es reflejo de las omisiones y falta de debida diligencia en las investigaciones que caracterizó a la anterior administración”, indicó en un comunicado.

Destacó que desde su llegada, ha emitido diversos Acuerdos relacionados con la investigación de casos de personas desaparecidas, en los que se establecen mecanismos para agilizar la investigación de los hechos y establecen nuevas diligencias que resultan obligatorias para Fiscales, Peritos y Policías Ministeriales, con base en el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada; así como el incremento sustancial de los recursos humanos y materiales de la Fiscalía Especializada en la materia.

Estas acciones, indicó, han redundado en que la Fiscalía General del Estado de Veracruz, sea la que ha obtenido más órdenes de aprehensión en todo el país por el delito de desaparición forzada de personas, y la primera en hacerlo bajo el marco de la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, habiendo obtenido, tan solo en el primer trimestre del 2018, órdenes en contra de 40 ex servidores públicos por su probable responsabilidad en la comisión de desapariciones forzadas de personas.

Otra de las recomendaciones fue instruir a la Visitaduría General de esa Fiscalía a revisar la indagatoria del caso y presentar un plan de fortalecimiento de la investigación que tenga como objetivo la localización de la víctima, así como colaborar con la CNDH en la queja que promueva ante la Visitaduría General contra los servidores públicos responsables.

Se recomienda además capacitar al personal de dicha Fiscalía sobre los protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia utilizados para la investigación de los delitos que se relacionen con la desaparición de personas, así como activistas que acompañen y representen casos, tomando en cuenta el Protocolo de Investigación para la Atención de los Delitos Cometidos en Agravio a Personas Defensoras de Derechos Humanos con motivo del ejercicio de su labor, emitido por la misma Fiscalía.

Además, dotar a los agentes del Ministerio Público de recursos materiales necesarios para realizar las investigaciones en casos de desapariciones; asignar a un servidor público de alto nivel que sea enlace para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación, e inscribir a los familiares de la persona desaparecida en el Registro Estatal de Víctimas y enviar a la Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

El Organismo Nacional considera que las personas activistas que representan casos y dan acompañamiento a familiares de víctimas de desaparición y, en general, de víctimas de violaciones de derechos humanos, realizan tareas que las ubican en una situación de especial vulnerabilidad por lo que el Estado tiene un deber reforzado en su protección y, sobre todo, en investigar los casos de agresiones cometidas en su contra.

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