Ser joven y transitar por carretera, los mayores riesgos para ser víctima de desaparición en Coahuila
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Archivo Cuartoscuro

Ser joven y transitar por carretera, los mayores riesgos para ser víctima de desaparición en Coahuila

De acuerdo con el Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México, el 79% de los casos en Coahuila, las víctimas continúan desaparecidas, el 3% aparece sin vida y solo el 2% aparece con vida
Archivo Cuartoscuro
15 de marzo, 2018
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Ser joven y transitar por carreteras o caminos, es un peligro, pues representa el mayor riesgo para ser víctima de desaparición, al menos en el estado de Coahuila, de acuerdo con un informe del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México.

El informe señala que los jóvenes son el sector poblacional con mayor probabilidad de ser desaparecidos, también las personas que se encuentran en tránsito por las carreteras del estado, ya sea por su ocupación o por su condición de migrante.

Hasta la fecha, el Observatorio cuenta con un registro de 729 casos de desapariciones en la entidad.

Las desapariciones ocurrieron entre los años 2001 y 2017 y muestran una distribución que aumenta notablemente a partir de 2008 y tiene su máximo en el año 2011 con 179 casos. Luego se produce un progresivo descenso hasta el año 2017 con 8 casos registrados.

Las desapariciones se dan principalmente en 17 de los 38 municipios de la entidad, los de mayor incidencia son Piedras Negras (38%), Saltillo (23%) y Torreón (14%), que coinciden con las ciudades más pobladas del estado.

Las desapariciones en Coahuila han afectado a diferentes regiones entre los años 2009 y 2014, pero la más afectada fue la región fronteriza conformada por los municipios de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Durante los años 2010, 2011 y 2012 fue la región que más desaparecidos.

Los casos de desapariciones se concentran en el rango entre los 17 y los 37 años. La media general es de 29 años y el valor que más se repite es 26 años.

De los registros sobre desaparición analizados en este informe, existen 44 casos de víctimas entre 1 y 17 años distribuidas en 33 hechos. De ellas, 30 son hombres y 14 son mujeres.

El promedio de edad es de 13 años, sin embargo las edades más frecuentes se acumulan entre los 15, 16 y 17 años. Salvo el caso de un niño estadounidense, el resto de las víctimas son mexicanas.

¿Viajar es un peligro?

La segunda condición que resalta entre las víctimas de desaparición es encontrarse en tránsito por el estado o entre entidades del país, especialmente en las carreteras hacia Nuevo León y Tamaulipas. Este grupo de personas se puede identificar por su ocupación o por su calidad de migrantes.

De ellas, el 27% se dedicaba a actividades relacionadas al comercio y ventas, por lo que debían viajar por su trabajo.

La segunda categoría ocupacional más vulnerable a la desaparición se refiere a los trabajadores relacionados con el transporte de personas y mercancía como choferes de taxis, camiones y conductores de transportes de carga.

Mujeres, en riesgo

Las mujeres también integran los dos grupos de personas identificadas en alto riesgo de ser desaparecidos, la mayoría se dedica a trabajos domésticos, de limpieza y de cuidados. Otras eran estudiantes o comerciantes, vendedoras o empleadas en ventas.

De acuerdo con el informe, las mujeres suelen desaparecer después de discutir con ex parejas, en bares, capturadas en fiestas y con noticias posteriores de su “venta”, entre otras situaciones que sugieren la objetivización del cuerpo de las mujeres y, en ciertos casos, feminicidios.

¿Y las víctimas?

Los datos muestran que en el 79% de los casos las víctimas en general continúan desaparecidas, que el 3% aparece sin vida y solo el 2% aparece con vida. Existen 114 casos donde no fue posible establecer cómo aparecieron las víctimas.

“Las narrativas identifican algunas pocas personas que han aparecido, esas personas no abundan sobre lo sucedido después de la captura, los lugares a donde fueron trasladados o cualquier información respecto de los perpetradores. Entre los relatos, sin embargo, hay algunos que refieren actos de tortura constantes, traslados a diversos sitios de detención (públicos y privados), el ser forzados a cometer actos ilícitos e incluso ser utilizados como “carne de cañón” en los enfrentamientos con fuerzas armadas”, apunta el informe.

De acuerdo con la información disponible en el 26% de los casos se identifican a agentes oficiales como perpetradores de las desapariciones.

Respecto del 74% restante, la información en poder del Observatorio no es concluyente ya que muchas de las narrativas de los familiares de las víctimas son consistentes en identificar a personas vestidas de negro, encapuchadas la mayoría de las veces y sin ninguna identificación oficial. Ello lleva a las personas a no poder identificarlas con claridad como autoridades y, por tanto, pueden ser considerados agentes no estatales.

Lee: Desapariciones, tendencia constante en sexenios de Calderón y EPN

En aquellos casos donde se identifica con claridad la presencia de agentes estatales, se observa una mayor participación de los cuerpos policiales a nivel municipal (54%), seguido por el nivel estatal (25%) y federal (13%).

La autoridades que más veces es contactada frente a una desaparición es el Ministerio Público. Del total de casos donde se identificó la autoridad de contacto (682), los MP’s acumulan el 52% de los contactos, seguidos por la Procuraduría General de la República (19%) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (11%).

Para el análisis, el Observatorio se apoyó del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (CDHFJL), del Colegio de México (Colmex) para contar con información de los casos documentados por los colectivos Familias Unidas, Grupo Vida y Alas de Esperanza, así como de las organizaciones Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) e I(dh)eas-Litigio Estratégico de Derechos Humanos (IDHEAS).

El Observatorio parte de una pregunta básica: ¿quién le hizo qué a quién? o ¿quién desapareció a quién? Esta pregunta permite identificar a las víctimas, a los perpetradores y el mecanismo por el que ocurre la desaparición, y a partir de esto, establecer conclusiones sobre la forma en que opera la desaparición en las distintas regiones del país.

El Observatorio se basa en la información sistematizada por organizaciones y grupos de la sociedad civil.

 

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El gobierno de Maduro redujo ingresos de funcionarios públicos y desató una nueva ola de protestas en Venezuela

En 2022 ha habido un repunte de las protestas en Venezuela, luego de dos años consecutivos en los que venían disminuyendo. BBC Mundo te cuenta qué hay detrás de este cambio,
23 de agosto, 2022
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El descontento ha vuelto a tomar las calles de Venezuela.

Luego de dos años durante los cuales el número de protestas en ese país habían ido reduciéndose progresivamente, en 2022 la tendencia parece haberse revertido.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el primer semestre de este año hubo unas 3.892 protestas, un promedio de 22 al día, lo que significa un incremento de 15% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Pero a diferencia de lo ocurrido en 2019 -el año en el que se produjeron más manifestaciones en la última década- cuando las protestas por motivos políticos fueron las más numerosas, durante el primer semestre de este 2022 fueron los derechos laborales los que impulsaron la mayor cantidad de muestras de descontento: 42% del total.

Este giro tiene que ver con un choque entre las políticas laborales del gobierno de Nicolás Maduro y las exigencias de los empleados públicos.

BBC Mundo te explica por qué.

Rebajas de ingresos

En los últimos meses ha habido un recrudecimiento de las protestas de funcionarios públicos en Venezuela, en especial de parte de aquellos empleados en los sectores de salud y educación.

Solamente en julio pasado, hubo unos 143 conflictos laborales, de acuerdo con el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

Protesta de trabajadores en Venezuela.

Getty Images
Muchos trabajadores culpan al ONAPRE por la reducción en sus ingresos.

Detrás de estas protestas está un instructivo emitido en marzo por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) que reduce entre 40% y 70% el ingreso de los empleados públicos, de acuerdo con un informe del Inaesin.

“La ONAPRE se ha dado a la tarea de emitir un instructivo para pagar el salario a los trabajadores y, desde que ellos se han inmiscuido en eso, han estado violando la Constitución, las leyes y los derechos laborales, pues a medida que se aplican estos instructivos, el salario de los trabajadores ha ido disminuyendo”, dice Belkys Bolívar, miembro de la directiva nacional de la Federación Venezolana de Maestros.

Explica que por medio de estos instructivos la ONAPRE ha estado obviando los beneficios previstos en los contratos colectivos de los empleados públicos y ha estado reduciendo los montos de los bonos y primas allí previstos, los cuales representan una parte importante del ingreso de estos funcionarios.

“En marzo de este año, cuando se dio un aumento salarial por la vía Ejecutiva, ellos decidieron rebajar todas nuestras bonificaciones que están en la convención colectiva. Las rebajaron 50%. Por ejemplo, las primas de compensación académica por las cuales el docente estudia posgrados, maestrías o doctorados, las rebajaron todas 50%”, dice.

Señala que también redujeron, por ejemplo, las primas por antigüedad que, en su caso, pasó de 60% a 30% del salario, y que una prima geográfica, para quienes laboran en áreas rurales, pasó de 25% a 10%, una disminución mayor al 50%.

Esta política ha afectado también a otros sectores de la administración pública.

Según explica Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Fetrasalud, los funcionarios sanitarios en Venezuela también han perdido más de 50% de sus ingresos por la aplicación de este instructivo de la ONAPRE.

Victoria parcial

Aunque este instructivo más reciente de la ONAPRE viene generando expresiones de descontento desde su promulgación en marzo, la chispa se encendió recientemente cuando los empleados del sector educativo recibieron el pago de su tradicional bono vacacional por un monto muy inferior al esperado.

Según afirma Bolívar, la ley establece que ese bono debe pagarse tomando en cuenta el último salario percibido por el trabajador, pero que el gobierno en vez de hacerlo tomando en cuenta ese salario que fue aprobado en marzo pasado, lo hizo en función del sueldo vigente para diciembre de 2021.

La diferencia es notable.

“En mi caso, me pagaron 140 bolívares (unos US$23) y deberían haberme pagado 2.400 bolívares (unos US$400)“, apunta Bolívar.

“A raíz de esa arbitrariedad, entonces fue que empezaron a surgir manifestaciones. Ya nosotros veníamos manifestando desde hacía tiempo por el tema de que el salario no nos alcanza para vivir, pero entonces nos volvimos a activar. Salimos a las calles, estuvimos más de 3 semanas protestando para que no pudieran pagar ese bono vacacional con el sueldo con el último salario”, comenta.

Y obtuvieron una victoria parcial.

El pasado 15 de octubre, Maduro destituyó al entonces director de la ONAPRE, Marco Polo Cosenza, y nombró en ese cargo a Jennifer Quintero de Barrios, quien hasta ese momento estaba a cargo de la Tesorería Nacional.

Y poco después, los funcionarios del sector educativo comenzaron a recibir en sus cuentas la diferencia pendiente del bono vacacional.

Sin embargo, el instructivo de la ONAPRE no ha sido derogado, por lo que los trabajadores públicos han anunciado que se mantendrán activos pues su objetivo es que esta norma se elimine y que el gobierno se ponga al día con otras deudas que tienen pendientes con ellos.

Salarios de hambre

Bolívar indica que el malestar causado por el pago incompleto del bono vacacional no tiene que ver con las vacaciones de los funcionarios sino con la necesidad que tienen del dinero.

Una enfermera muestra un cartel que dice "No al salario de hambre".

Getty Images
Los funcionarios públicos en Venezuela se quejan por cobrar un “salario de hambre”.

“La gente siempre espera las vacaciones para resolver problemas personales con ese dinero porque no lo usamos realmente para irnos de vacaciones. Eso no alcanza para irnos de vacaciones con nuestro grupo familiar”, afirma y apunta que esos recursos los destinan a tapar los agujeros en el presupuesto que no logran cubrir con sus salarios.

Explica que entre los docentes que trabajan en la administración pública en Venezuela hay seis categorías. En la más baja ganan unos 400 bolívares al mes (unos US$67) y en la más alta, unos 900 bolívares al mes (unos US$150).

“Esos son salarios indignos. Es un salario de hambre porque no nos alcanza para cubrir las necesidades alimentarias. Además de que nosotros también tenemos necesidades de salud y de otro tipo. Cuando se nos presenta un siniestro, cuando fallece un familiar, no tenemos cómo cubrir estas situaciones y tenemos que buscar la solidaridad, pedir en las redes sociales, pedir a nuestros compañeros y familiares que nos ayuden, porque el salario no nos permite cubrir esas necesidades”, afirma.

La situación no es mejor en el caso de los trabajadores de la salud.

Pablo Zambrano explica que empleado administrativo devenga el equivalente a unos US$30 al mes, mientras que un médico gana un poco más de US$100.

Con esos salarios tienen que hacer frente a un elevado coste de la vida.

La llamada canasta alimentaria -que se refiere al dinero que hace falta para alimentar cada mes a una familia de cinco personas- se ubicó en junio en US$459,84, de acuerdo con cálculos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Así, harían faltan los ingresos de unos tres o cuatro médicos por familia para cubrir esa canasta mensualmente.

Qué ha dicho el gobierno

El gobierno de Maduro ha manejado este tema con discreción sin que sus principales figuras lo hayan abordado públicamente.

De acuerdo con la prensa venezolana, el pasado 8 de agosto, mientras daba un discurso, Maduro fue interrumpido por una mujer que le gritó algo relacionado con la ONAPRE a lo que el mandatario respondió: “Eso que estás diciendo no es así y si quieres lo hablamos personalmente. No es verdad. No es verdad. Es una campañita que nos tienen por las redes y no es verdad”.

Ese mismo día, durante una sesión de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Pedro Carreño hizo una defensa del instructivo de la ONAPRE, señalando que el verdadero problema era que el Estado no tiene dinero.

“Ese instructivo que satanizan, que someten al escarnio público, se constituyó en una suerte de muro de contención para frenar las pretensiones de la derecha reaccionaria que lo que pretende hacer ver es que hay una desidia en Venezuela porque no se está en consonancia con los derechos de los trabajadores, cuando el instructivo en realidad dice es que no hay recursos, no hay medios, para resolver las necesidades”, señaló.

BBC Mundo se puso en contacto con el Ministerio de Comunicación del gobierno de Venezuela para consultarles sobre este tema, pero al momento de publicar esta nota no habíamos recibido respuesta.

Manda el bolsillo

Luego de un 2019 convulso, el malestar expresado en las calles venezolanas había disminuido de forma notable.

Protesta de trabajadores en Venezuela.

Getty Images
2022 ha visto un repunte de las protestas callejeras en Venezuela.

De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2019 hubo en Venezuela unas 16.739 protestas. La cifra se redujo a 9.633 en 2020 y siguió cayendo hasta 6.560 en 2021.

En ese descenso jugaron un rol varios factores que van desde un aparente debilitamiento de las fuerzas de oposición, hasta las limitaciones a la movilidad derivadas de la pandemia de covid-19, entre muchos otros.

Pablo Zambrano, de Fetrasalud, asegura que los sindicatos se mantuvieron movilizados todo este tiempo, pero reconoce que el impulso reciente tomado por las protestas tiene que ver con algunos cambios recientes.

Señala que los trabajadores no se sienten satisfechos porque se les está aplicando el instructivo de la ONAPRE que cercena sus derechos laborales y que, para hacer las cosas peor, la respuesta del gobierno ante el reclamo ha sido la persecución, el amedrentamiento y la criminalización de las protestas.

“También ha generado descontento que el gobierno viene hablando de recuperación económica, pero eso no se siente entre los trabajadores. Puede ser para un sector que de alguna forma representará un 10% de la población y que forma parte de todas estas élites que se han construido ahora dentro de este gobierno, pero los trabajadores, los asalariados en este momento no tienen para vivir con dignidad, no tienen para mantener a su familia”, apunta.

Zambrano asegura que un elemento clave en la reactivación de las protestas ha sido el hecho de que los sectores de salud y educación han unido fuerzas para impulsar las protestas de forma conjunta, pero también que lo que exigen son respuestas concretas del gobierno a las exigencias de los trabajadores, sin otras banderas.

“Nosotros logramos que los trabajadores respondieran al reclamo, inclusive más allá del partido, más allá de la ideología, más allá del debate sobre el capitalismo, el comunismo, la izquierda o la derecha -esos discursos que ya están agotados-. Eso aquí en este momento se acabó. La gente indistintamente de su pensamiento sabe que el gobierno lo está haciendo mal, sabe que está cometiendo errores garrafales y que tiene una política que va en contra de la clase obrera y de la clase trabajadora venezolana”, asegura.


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