La sobreexplotación de mantos acuíferos tiene al país en crisis: expertos universitarios

En México se extrae anualmente 60 % más agua de la que se infiltra a los acuíferos, por lo que 16 % de estas reservas presentan condiciones de "franca sobreexplotación".

mantos acuíferos
Las autoridades mexicanas han fomentado un uso del agua poco eficiente y mal vigilado, dicen expertos. Cuartoscuro

La actual crisis de abasto de agua en México es resultado de una cadena de errores en materia política, cuyo efecto nocivo se conjuga y potencia en la actualidad, luego de que durante décadas se ha soslayado el deterioro constante de los acuíferos subterráneos —la única fuente de agua dulce para la mayor parte del país—, y por el contrario, hasta la fecha se mantiene una línea institucional que fomenta la sobreexplotación, advirtieron académicos de la UNAM, y las universidades autónomas de Chapingo y Zacatecas, que integran el “Seminario universitario de sociedad, medio ambiente e instituciones” (SUSMAI).

Las cifras hablan por sí mismas: con base en reportes oficiales, los expertos universitarios destacaron que cada año, en México se extrae 60 % más agua de la que se infiltra a los acuíferos, por lo que 16 % de estas reservas subterráneas ya presentan condiciones de “franca sobreexplotación”; 40 % están contaminados con tóxicos altamente dañinos (incluso radioactivos); otro 18% se ha contaminado por infiltración salina y 191 cuerpos de agua superficiales (ríos, lagos, lagunas) se consideran en “serio proceso de deterioro”.

Los expertos destacaron que la mayor parte del país presenta un clima árido y semiárido, por lo que los mantos subterráneos son la única fuente de agua no sólo para la mayoría de la población, sino para toda forma de vida.

La mala gestión del agua desarrollada al menos desde 1990, se destacó, representa una violación a los derechos humanos de la población, en particular porque aún en un ámbito nacional de sobreexplotación, el agua extraída no se reparte de forma equitativa, lo que genera “segregación” de los sectores poblacionales más vulnerables, tanto en localidades urbanas como en rurales.

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El resultado de esta política de sobreexplotación y reparto inequitativa, se destacó, es que se deja sin abasto a las localidades rurales para abastecer a las urbanas, y aún así, los sectores más pobres de la población en ciudades tampoco acceden a este recurso básico.

A este horizonte, de por sí desolador, se suma que las autoridades mexicanas han fomentado un uso del agua poco eficiente y mal vigilado, lo que ha permitido al sector industrial acaparar grandes volúmenes de este recurso natural, sin ningún tipo de control gubernamental.

En México, por ejemplo, 71 % del agua que el gobierno mexicano ha entregado, en concesión, a los sectores productivos no cuenta con medidor, por lo cual es imposible saber si respetan los límites de extracción oficiales.

En contraste, el gobierno sólo hizo inspecciones a 1.7 % de los concesionarios. Para ejemplificar la facilidad con la que las autoridades reparten agua a concesionarios, y la dificultad de que estas mismas autoridades verifiquen si el agua es correctamente usada, los expertos de la UNAM citaron el caso del Valle de México en el año 2014, temporada en la que la Comisión Nacional del Agua entregó mil 124 concesiones para explotación del recurso, pero sólo hizo visitas de inspección a 24 concesionarios.

Peor aún: las autoridades tampoco se han preocupado por hacer eficiente el cobro de derechos a estos concesionarios, por lo que, señalaron los expertos universitarios, en 2013 (último año auditado) sólo 4.8 % de los concesionarios cumplieron con el pago del agua que explotan.

Aun cuando buena parte de esta agua es para el sector primario, es decir, para productores agrícolas, la mayoría de los productores que no pagan agua no la usan para abastecer de alimentos a la población mexicana, sino que su producción “se orienta principalmente a la exportación”.

Es decir, con esa agua gratuita se subsidia a los consumidores, pero de otros países.

Estas consideraciones forman parte de un resumen de diversas investigaciones en materia ambiental desarrolladas por el Seminario Universitario, cuyas conclusiones finales serán hechas públicas en julio próximo.

Los expertos, no obstante, determinaron presentar un resumen de sus principales resultados, en un acto realizado este martes, 20 de marzo, con el objetivo de que sean tomadas en cuenta por los protagonistas del actual proceso electoral, que derivará en la renovación de los tres niveles de gobierno.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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