El candidato de Morena quiso eliminar su ficha de antecedentes penales; un juez se lo negó
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El candidato de Morena quiso eliminar su ficha de antecedentes penales; un juez se lo negó

La defensa del candidato a la gubernatura solicitó un amparo que permitiera destruir y desaparecer la ficha de antecedentes, y así evitar “un efecto estigmatizante”.
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Un juez federal y un tribunal colegiado desecharon una demanda de amparo interpuesta por Carlos Lomelí Bolaños, candidato a gobernador por Morena en Jalisco, con la cual el político buscaba destruir una ficha signalética (o de antecedentes penales) que se le inició en 2002, por el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

De acuerdo con los argumentos legales presentados por el abogado del candidato, Lomelí “solicitó la cancelación y destrucción del documento de identificación administrativa o también conocida como ficha signalética… en virtud de que todas las sanciones y obligaciones impuestas dentro de la presente causa han sido cumplidas y/o extinguidas”.

Carlos Lomelí es un empresario y político jalisciense señalado por Estados Unidos de contar con compañías que presuntamente lavan o han lavado dinero para el narcotráfico. En 2008, su empresa Lomedic fue ligada al grupo criminal de los hermanos Amezcua Contreras. En 2012, dicha compañía  fue retirada del listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros en Norteamérica; en 2017, otro de sus compañías (en la que también participa como socio el futbolista Rafael Márquez) fue boletinada  nuevamente por esa misma actividad.

Leer: Estos son los políticos que participan como socios en las empresas de Rafa Márquez

Además, el 12 de septiembre de 2002 fue condenado penalmente a 2 años de cárcel por el delito de portación de arma de fuego sin licencia. El 10 octubre de ese mismo año, se acogió al beneficio de la condena condicional. Fue hasta el 28 de marzo de 2007, que su sanción se declaró extinguida. La ficha de antecedentes penales que se generó por ese hecho, es la que el candidato pretendía destruir a través de la demanda de amparo que se le negó.

Para prevenir estigma

En el recurso de revisión contra la sentencia del Juez que le negó el amparo, Carlos Lomelí (a través de su abogado) le solicitó al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal revertir la decisión del juez quinto de distrito de amparo en Jalisco, bajo el argumento de que aun cuando se le había negado la protección federal “en virtud de considerar que la identificación administrativa (ficha signalética) no es una pena sino sólo una medida… que no afecta de modo alguno la esfera jurídica del suscrito”, en la práctica eso era “una apreciación errónea… porque si bien la identificación administrativa no es técnicamente una pena, produce el mismo impacto que una pena privativa de derechos”.

Recordó que diversos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han acogido en votos particulares esa opinión, “fundamentando… en que la ficha administrativa es innegable que tiene un efecto estigmatizante, dado que, quien es identificado queda inhabilitado, de hecho, para cargos privados y se convierte en un ciudadano de segundo orden”.

No sólo eso. Dijo que en el caso de quien ha cometido un delito y ha sido condenado por ello, “cabe la posibilidad de que por las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución de ilícitos, se pudiera contribuir de manera importante para desvirtuar esa presunción”, de allí que la defensa del candidato solicitara un amparo que les permitiera destruir y desaparecer la ficha de antecedentes, y así evitar “un efecto estigmatizante”.

“La falta cometida por un individuo en algún tiempo de su vida, no lo define ni lo marca para siempre, ni hace que su conducta sea cuestionable por el resto de su vida”, expuso la defensa a favor de su cliente.

Como respuesta al recurso de revisión de Lomelí, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado expusieron, entre otras cosas, que por tratarse de “un hecho cierto que culminó con una sentencia firme en la que se le condenó por un delito de portación de arma de fuego sin licencia”, no había argumentos legales para otorgarle la razón al candidato de Jalisco, desechando su recurso de revisión y negándole la posibilidad de ampararse.

No hay impedimento para ser candidato 

Animal Político entrevistó por separado a dos especialistas en derecho, uno electoral y otro constitucionalista, quienes coincidieron en señalar que  Carlos Lomelí no tiene ningún tipo de impedimento legal para compartir por la gubernatura de Jalisco, pues lo que le negaron fue la posibilidad de ampararse para destruir la ficha signalética por la comisión de un delito ya juzgado.

“Tendría que estar vigente el proceso penal en su contra, pero aquí estamos frente a un caso que ya fue juzgado”, explicó Roberto Duque, especialista en derecho electoral y académico de la UNAM.

Ricardo Peralta, maestro en materia penal y en temas anticorrupción, dijo por su parte que resulta evidente que con este amparo lo que se pretendía era destruir un documento que en el proceso electoral que se vive pudiera generar un estigma al candidato, pero que de ninguna manera le impide competir por un cargo de elección popular.

Animal Político buscó al candidato Carlos Lomelí Bolaños para hablar sobre la negativa a su demanda de amparo, pero hasta el cierre de la edición no se había atendido la petición del medio.

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Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
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Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


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