Le niegan amparo a exsecretario general del PRI con el que buscaba salir en libertad
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Fiscalía de Chihuahua

Le niegan amparo a exsecretario general del PRI con el que buscaba salir en libertad

El juez estimó que se han justificado correctamente las razones por las que se impuso la prisión preventiva contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, hasta por seis meses.
Fiscalía de Chihuahua
Por Luis S. Martínez
28 de marzo, 2018
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Un juez federal en Chihuahua negó un amparo al exsecretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Gutiérrez Gutiérrez para cambiarle la medida cautelar de prisión preventiva y que éste enfrentara el proceso penal en libertad.

Al resolver el juicio de garantías, el juzgador estimó que tanto el Ministerio Público como el juez de Control del Distrito Judicial Morelos, en la capital chihuahuense, justificaron correctamente las razones por las que se impuso la prisión preventiva hasta por seis meses en contra del político.

Alejandro Gutiérrez se encuentra vinculado a proceso en la causa penal 780/2017, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de peculado en el gobierno de Chihuahua.

Una investigación efectuada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua puso al descubierto una supuesta red criminal de desvíos de millones de pesos orquestados por ex funcionarios y políticos importantes del PRI.

Apenas el lunes 26 de marzo, un juez local resolvió que la competencia para procesar a Alejandro Gutiérrez y sus coacusados Antonio Tarín y Gerardo Villegas corresponde al fuero común y no al federal.

Los ex funcionarios, junto con el prófugo ex gobernador César Duarte Jáquez, son señalados de participar en la triangulación de 250 millones de pesos que terminaron en campañas electorales del PRI.

Además de vincular a proceso a Gutiérrez, en una audiencia celebrada el 21 de diciembre de 2017 el juez de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva hasta por seis meses, tal y como lo solicitó el Ministerio Público.

El fiscal sustentó su petición en la falta de arraigo de Alejandro Gutiérrez en la ciudad y el estado de Chihuahua, pues no acreditó contar con inmuebles de su propiedad ni actos de comercio en ese territorio. En cambio, tiene varios domicilios en Saltillo y Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila y en la Ciudad de México, así como once empresas en Saltillo.

También se argumentó que no cabía medida cautelar diferente a la de prisión preventiva puesto que el delito de peculado en la legislación penal chihuahuense tiene una pena agravada de cuatro a doce años de prisión, en caso de que se dictara una sentencia condenatoria.

Por tratarse de un delito continuado “obviamente se aumentaría el porcentaje y que por lo tanto, con base en ello no tendría derecho a una salida alterna ni a la condena condicional”, dijo el MP en su momento.

Anticipadamente debe garantizarse el monto de la reparación del daño por la cantidad de 250 millones de pesos.

Todo lo anterior, son aspectos que la representación social tomó en cuenta para presumir que el político podría evadirse de la acción de la justicia. El juez de control validó cada uno de los argumentos.

Por su parte, el juez de amparo consideró que la medida cautelar impuesta es proporcional a la intervención delictiva que se le imputa y por lo tanto sus conceptos de violación son infundados e inoperantes, por lo que le negó el amparo y protección de la justicia federal.

El fallo le fue notificado a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez en el Centro de Reinserción Social Estatal número 1, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua.

En el mismo asunto se investiga la presunta participación del ex gobernador César Duarte Jáquez, de ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y directivos del PRI nacional, entre los que se menciona al ex presidente del instituto político Manlio Fabio Beltrones Rivera.

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'Solo sí es sí': por qué muchos agresores sexuales en España podrán salir de prisión antes de tiempo bajo una nueva ley

Un agujero legal en la nueva legislación sobre la libertad sexual en España ha abierto la puerta a la rebaja de la pena a personas ya condenadas por agresión sexual.
18 de noviembre, 2022
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Lleva en vigor apenas un mes, pero la polémica no abandona a la nueva ley española conocida como del “solo sí es sí”.

Un “agujero legal” en La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que impulsó el sector más izquierdista del gobierno español, ha provocado que la aplicación de la norma tenga una consecuencia indeseada para sus promotores: la reducción de la pena a algunos condenados.

Desde que comenzó a aplicarse, una quincena de agresores condenados con la legislación antigua han obtenido una rebaja automática en sus penas, entre ellos un hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 14 años. Tres de ellos han sido excarcelados.

El cambio en el régimen jurídico, que se aprobó tras más de cuatro años de debate, no incluyó una disposición transitoria para acotar los casos susceptibles de revisión de la pena, una especie de reglas que establecen el paso de un Código al otro.

Esta es una disposición que suelen adjuntar las nuevas leyes que modifican el Código Penal español.

La ley de Libertad Sexual ha eliminado la distinción entre abuso y agresión sexual. Ahora, toda interacción sexual sin consentimiento se considera una agresión.

Sin embargo, esta refundición de conductas también ha ampliado el rango de las penas que se aplican a estos comportamientos, que pueden ser muy distintos.

En algunos supuestos, las penas mínimas y las máximas son más bajas.

Esto ha sido aprovechado por los abogados de algunos condenados, que tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley si esta les resulta más favorable.

Perspectiva de género

Para la ministra española de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, el problema radica en que “hay jueces que no están cumpliendo con la ley” por “machismo“, y ha pedido que se refuerce la formación en igualdad en el sistema judicial.

La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

EPA
La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

Según la ministra, la ley está bien redactada y el problema se encuentra en la aplicación e interpretación de la misma por jueces a los que les falta “perspectiva de género”.

La titular de Derechos Sociales y líder del partido izquierdista, Ione Belarra, también ha dicho que los jueces están aplicando “mal” la nueva ley, y ha acusado a una parte de la magistratura de erigirse como “oposición al gobierno de coalición, y especialmente al ministerio de Igualdad”.

Ante las críticas, los jueces aseguran que ellos mantienen un compromiso con las víctimas, pero que la nueva ley puede dar lugar a interpretaciones.

El Consejo General del Poder Judicial, conocido como “gobierno de los jueces”, ya había advertido en un informe antes de que se aprobara la ley que ésta podría dar lugar a “una revisión de las condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas”.

Varias agrupaciones de jueces, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura, que reúne al mayor número de juristas en España, han pedido la dimisión de la ministra de Igualdad por sus ataques a los jueces y por generar “una alarma innecesaria y devastadora” entre las víctimas.

En el Gobierno de coalición, los socialistas se han abierto a revisar la ley del “solo sí es sí”.

“Si hay que abordar una reforma para conseguir un respaldo más sólido a las víctimas, habrá que abordarla”, ha dicho la ministra socialista de Educación, Pilar Alegría.

La ley, sostiene, se aprobó para la protección integral de las víctimas.

El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que corresponde a los jueces y fiscales “unificar” la doctrina al respecto.

Origen

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual tiene su origen en el polémico caso conocido como de “la manada“, que generó manifestaciones en todo el país y la exigencia de parte de la sociedad española de reformar las leyes para proteger a las mujeres de ataques sexuales y endurecer los castigos para quienes los perpetren.

En este caso, cinco hombres violaron a una joven de 18 años en un portal de Pamplona y fueron condenados a penas de 15 años.

Paradójicamente, la nueva ley podría rebajar la condena de alguno de ellos.

Su abogado ya ha dicho que, a la luz del nuevo código, pedirá la reducción de la pena de al menos uno de los condenados.

La ley se conoce como de “solo sí es sí” por uno de sus postulados más importantes y, a la vez, más polémicos: la del consentimiento antes de cualquier agresión sexual.

“Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, expone el texto legal.

Esto supone que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse.

La nueva norma también castiga el acoso callejero y la violencia sexual digital, entre otros delitos.


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