Le niegan amparo a exsecretario general del PRI con el que buscaba salir en libertad
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Fiscalía de Chihuahua

Le niegan amparo a exsecretario general del PRI con el que buscaba salir en libertad

El juez estimó que se han justificado correctamente las razones por las que se impuso la prisión preventiva contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, hasta por seis meses.
Fiscalía de Chihuahua
Por Luis S. Martínez
28 de marzo, 2018
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Un juez federal en Chihuahua negó un amparo al exsecretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Gutiérrez Gutiérrez para cambiarle la medida cautelar de prisión preventiva y que éste enfrentara el proceso penal en libertad.

Al resolver el juicio de garantías, el juzgador estimó que tanto el Ministerio Público como el juez de Control del Distrito Judicial Morelos, en la capital chihuahuense, justificaron correctamente las razones por las que se impuso la prisión preventiva hasta por seis meses en contra del político.

Alejandro Gutiérrez se encuentra vinculado a proceso en la causa penal 780/2017, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de peculado en el gobierno de Chihuahua.

Una investigación efectuada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua puso al descubierto una supuesta red criminal de desvíos de millones de pesos orquestados por ex funcionarios y políticos importantes del PRI.

Apenas el lunes 26 de marzo, un juez local resolvió que la competencia para procesar a Alejandro Gutiérrez y sus coacusados Antonio Tarín y Gerardo Villegas corresponde al fuero común y no al federal.

Los ex funcionarios, junto con el prófugo ex gobernador César Duarte Jáquez, son señalados de participar en la triangulación de 250 millones de pesos que terminaron en campañas electorales del PRI.

Además de vincular a proceso a Gutiérrez, en una audiencia celebrada el 21 de diciembre de 2017 el juez de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva hasta por seis meses, tal y como lo solicitó el Ministerio Público.

El fiscal sustentó su petición en la falta de arraigo de Alejandro Gutiérrez en la ciudad y el estado de Chihuahua, pues no acreditó contar con inmuebles de su propiedad ni actos de comercio en ese territorio. En cambio, tiene varios domicilios en Saltillo y Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila y en la Ciudad de México, así como once empresas en Saltillo.

También se argumentó que no cabía medida cautelar diferente a la de prisión preventiva puesto que el delito de peculado en la legislación penal chihuahuense tiene una pena agravada de cuatro a doce años de prisión, en caso de que se dictara una sentencia condenatoria.

Por tratarse de un delito continuado “obviamente se aumentaría el porcentaje y que por lo tanto, con base en ello no tendría derecho a una salida alterna ni a la condena condicional”, dijo el MP en su momento.

Anticipadamente debe garantizarse el monto de la reparación del daño por la cantidad de 250 millones de pesos.

Todo lo anterior, son aspectos que la representación social tomó en cuenta para presumir que el político podría evadirse de la acción de la justicia. El juez de control validó cada uno de los argumentos.

Por su parte, el juez de amparo consideró que la medida cautelar impuesta es proporcional a la intervención delictiva que se le imputa y por lo tanto sus conceptos de violación son infundados e inoperantes, por lo que le negó el amparo y protección de la justicia federal.

El fallo le fue notificado a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez en el Centro de Reinserción Social Estatal número 1, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua.

En el mismo asunto se investiga la presunta participación del ex gobernador César Duarte Jáquez, de ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y directivos del PRI nacional, entre los que se menciona al ex presidente del instituto político Manlio Fabio Beltrones Rivera.

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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