Cómo es la vida en el idílico oasis de Venezuela donde (casi) no existe la crisis
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AFP

Cómo es la vida en el idílico oasis de Venezuela donde (casi) no existe la crisis

Los Roques escapa de casi todos los problemas que afectan a la Venezuela continental, sobre todo de la inseguridad.
AFP
Por Daniel García Marco
13 de marzo, 2018
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Todo empezó con una sugerencia durante una cena. Siguió con una búsqueda en Google y con la acelerada firma del testamento. Y terminó con un mojito acariciado por una templada brisa marina.

Rosemary y William Dunkley están lejos de su casa en el sur de Inglaterra. Son jubilados y pese a su avanzada edad decidieron emprender una aventura: hacer turismo en Venezuela.

Se están bebiendo el que quizás sea el mojito más barato de sus dilatadas vidas en la terraza de un apacible bar-restaurante en el archipiélago de Los Roques, en el Caribe, al norte de la costa de Venezuela.

Es uno de esos lugares idílicos de arena blanca y aguas ultraturquesas que uno casi no se explica que esté tan vacío.

Los Dunkley son los únicos clientes de la terraza en una noche de final de febrero.

“¿Los Roques? No lo habíamos escuchado nunca“, me dice Rosemary con su académico acento británico a diez metros de la orilla de un mar tranquilo que apenas mece las barcas blancas.

Entrada a Gran Roque.

BBC
En Gran Roque la mayor parte de las calles no están pavimentadas y se respira una aire de gran tranquilidad.

Los Dunkley son un acomodado matrimonio jubilado que tras una vida de trabajo disfruta de la tercera edad para viajar y conocer mundo.

Buscaban un nuevo destino cuando hace varios meses una amiga en una cena les lanzó una sugerencia: “¿Por qué no van a Los Roques, en Venezuela? Es hermoso”.

Hicieron una rápida consulta en Google. Y enseguida se convencieron.

“Queríamos algo que no fuera muy turístico”, me dice William, que como aficionado a la pesca encontró un destino ideal.

“Es increíble, una burbuja sin explotar. Estamos sorprendidos de que haya tan poca gente”, agrega, encantado de haber tomado la decisión de venir.

Mapa.

BBC

El testamento

A sus hijos, sin embargo, no les sonó bien eso de que sus ancianos padres se marcharan a Venezuela, un país que aparece en los medios siempre por noticias preocupantes. El Ministerio de Exteriores del Reino Unido recomienda viajar al país sólo si es necesario.

“Estaban un poco preocupados, así que decidimos dejar hecho nuestro testamento“, afirma Rosemary con una sonrisa.

“¿Firmar el testamento antes de venir a Venezuela?”, pregunto sorprendido.

“Sé que suena ridículo, pero es cierto”, asegura William, riéndose un poco de sí mismo y de esos hijos que a cierta edad se convierten en padres controladores de sus propios progenitores.

El matrimonio voló vía París a la temida Caracas, una de las ciudades más violentas del mundo.

“No nos sentimos en peligro para nada”, afirman tras pasar apenas una noche de hotel cerca del aeropuerto antes de volar al día siguiente durante media hora hasta Gran Roque, el único de los 42 cayos del archipiélago que está habitado.

“El secreto mejor guardado”

Tampoco hay peligro en Los Roques, que escapa de casi todos los problemas que afectan a la Venezuela continental, sobre todo de la inseguridad.

“Es el secreto mejor guardado“, me dice Rosemary, que no comprende cómo semejante destino está tan poco explotado.

Barco.

AFP
Los Roques son un destino que apenas está explotado, algo que beneficia a su conservación.

Ese es precisamente uno de los encantos de Los Roques, que tiene un turismo muy controlado que paga su estancia en dólares o en bolívares, pero a la tasa de cambio en el mercado negro.

Tres días en una posada en pensión completa, con vuelo de ida y vuelta a Caracas, y con los trayectos en barco a los diferentes cayos, está por debajo de los US$300.

Son precios imposibles para un venezolano que gane en bolívares, pero muy asequibles para alguien con dólares, euros o libras.

Por eso los Dunkley se asombran de que cada mojito que toman como si fuera agua les cueste apenas US$2.

Raquel y Luis, españoles jubilados de 73 y 83 años, respectivamente, también destacan lo barato del precio en comparación con Europa y otros destinos. Me instan con una sonrisa a que no escriba este artículo sobre Los Roques para que nadie descubra el lugar.

“Hemos estado en las Seychelles, en Malta, en las Galápagos. Conocemos todo el Caribe y el Pacífico Sur. Hasta ahora las Islas Cook eran lo mejor que habíamos visto. Pero ahora se han quedado atrás. No hay comparación“, me dice Raquel, entusiasmada.

El matrimonio descubrió Los Roques gracias a su hijo, que tiene una agencia de viajes y visitó el archipiélago para hacer kitesurf, motivo que atrae a los más jóvenes.

El único problema del que se queja Raquel es la falta de agua caliente en su posada.

Pero en la isla hay otros.

La otra cara de Los Roques

A apenas dos arenosas calles de esas posadas boutique asoma la otra Venezuela, esa que no verán los jubilados europeos ni los jóvenes que se toman un trago mientras disfrutan de música chillout y del atardecer.

Son las 8:00 de la mañana y la calma del Gran Roque sólo la rompen los ruidosos niños que acaban de entrar en la escuela y cantan el himno nacional para comenzar la jornada.

Miguel Salazar repara su atarraya, la red con la que se gana la vida pescando. Lleva 20 días sin salir a faenar.

A los pescadores les está afectando el cierre de la frontera decretado por el presidente Nicolás Maduro en enero que impide el comercio con las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, próximas al archipiélago.

Vender la mercancía a los comerciantes venezolanos de la costa supone hacerlo a un precio diez veces menor.

A eso se suman los problemas de abastecimiento. Un barco del gobierno carga los suministros desde la costa una vez a la semana. Algún supermercado incluso compra en Caracas y lo transporta por su propia cuenta.

No hay tanta escasez como en otras partes del país, pero el flete eleva los costos.

Entro a un supermercado y encuentro pan de molde y leche de larga duración que hace semanas que no veo en Caracas. El cartón de 30 huevos es más caro que en la capital.

“Está todo muy costoso. A veces no se puede pagar”, me dice Salazar mientras Loli Marcano, quien se autodefine como su “concubina”, lava y tiende la ropa a un sol que ya desde temprano quema.

“La gente empieza a hacer cola en cuanto ve que atraca el barco”, me dice Marcano, desencantada.

Como Salazar es roqueño y lleva aquí toda la vida le pido que compare. “Hace diez años había de todo y era más económico. El sueldo alcanzaba. Y había más turistas”, dice con nostalgia y sin despegar los ojos de la red.

Asegura que es diabético e hipertenso y que tiene que pedir que le traigan de Bonaire y Curazao las medicinas que ya no encuentra aquí.

El elevado precio de los anzuelos y del aceite para el motor del barco es otro problema para los que viven de la pesca artesanal, principal actividad junto al turismo.

“Aquí somos reyes”

Pese a todo, Rafael Mendoza, otro pescador, compara favorablemente la situación de Los Roques con la de Isla Margarita, otro hermoso paraje venezolano que él tuvo que dejar atrás porque se está viendo duramente afectando por la crisis de precios y empleo.

“Aquí uno sí se puede ganar la vida”, me dice mientras clava con paciencia en el palangre cientos de anzuelos.

José Luis Durán lleva 18 años en Los Roques y también se muestra satisfecho. Trabaja en el Instituto Nacional de Parques, donde cobra un salario mínimo que le alcanza para poco y que complementa haciendo y vendiendo en dólares pulseras y anillos de plata para los turistas.

“Aquí somos reyes. Esto es el paraíso”, me dice una mañana sin camiseta y sin ninguna urgencia por empezar su jornada laboral.

Durán destaca que en Los Roques no hay delincuencia.

Sorprende ver a niños jugando en la calle y a los turistas paseando de la mano ya en plena noche cerrada. Es algo impensable en Caracas y otras ciudades del país.

Tampoco se ve hambre ni desnutrición, pese a que algunos se quejan de que la caja con alimentos subsidiados que vende el gobierno no llega con la regularidad prometida.

“Cualquier persona te da un pescado”, dice Durán, sin familia en Los Roques, despreocupado. “Comida siempre vas a encontrar con abundancia”, me dice señalando la cercana orilla del mar.



Vida dolarizada

En los albergues para turistas, donde la vida está dolarizada, hay casi normalidad.

“Digamos que el roqueño no es pobre”, me dice Luz, cocinera de una posada.

“Está caro, pero se consigue de todo. Si en Caracas la harina PAN (de maíz, para hacer las tradicionales arepas) cuesta 180.000 (bolívares), aquí cuesta el doble”, añade, casi ajena a los problemas.

El miedo a la situación de Venezuela y la supresión de vuelos internacionales en los últimos meses han hecho caer la llegada de extranjeros, explica. Pero se compensa con la de venezolanosresidentes en el extranjero, a los que no hace falta descubrir la belleza del archipiélago.

“Viven fuera del país y al cambio…”, me dice Luz sin completar la frase.

Si ganan en moneda extranjera, los venezolanos pueden regresar a su país y disfrutar de unas vacaciones a un muy buen precio.

“Aquí no hay crisis”, concluye Luz, que parece conocer mil maneras de preparar el pescado.

 

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Cuartoscuro

Militarización, grupos criminales y despojos provocan desplazamiento forzado en 16 comunidades indígenas

Los conflictos territoriales en los estados de Chihuahua, Chiapas, Sonora, Michoacán, Yucatán y Guerrero ha provocado el desplazamiento de familias y comunidades enteras.
Cuartoscuro
14 de septiembre, 2022
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En México, al menos 16 comunidades originarias viven situaciones de asedio y desplazamiento forzado, relacionadas a la militarización de la seguridad pública, la presencia de grupos criminales, paramilitares, conflictos agrarios y despojos, de acuerdo con un informe realizado por la Iniciativa Global por los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI, por sus siglas en inglés).

Los conflictos territoriales en los estados de Chihuahua, Chiapas, Sonora, Michoacán, Yucatán y Guerrero ha provocado el desplazamiento de familias y comunidades enteras, “que viven amenazadas y en situaciones de verdadera catástrofe y precariedad que se agravan con el paso del tiempo, sin que exista una estrategia gubernamental dirigida a atender dichas situaciones”.

Por ello, organizaciones sociales pidieron a la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Cecilia Jimenez-Damary –quien estuvo en México del 29 de agosto al pasado 9 de septiembre– que tome en cuenta a esta población para la elaboración de su informe final sobre la situación del país, mismo que entregará en junio de 2023.

Las comunidades afectadas

En Chihuahua, el IPRI documentó que las comunidades de Monteverde, el Manzano, San Elías Repechique, Tehuerichi y Huitosachi han tenido que abandonar sus tierras, a causa de amenazas y el asedio de grupos del narcotráfico, a pesar de que han ganado amparos para que las autoridades los protejan y reconozcan su tenencia de las propiedades que les han sido arrebatadas.

Familias indígenas rarámuris, relataron al IPRI que tuvieron que abandonar su casa en 2014, luego de que algunos de sus integrantes fueron secuestrados y asesinados. Aunque después intentaron volver a su rancho, las amenazas constantes a través de mensajes de texto, y la presencia de hombres armados en Monteverde, Chihuahua, las obligaron a huir nuevamente, cediendo sus sembradíos de manzanos a los de mariguana y amapola.

De manera similar, en la comunidad de El Manzano, municipio de Uruachi, por lo menos 37 personas tuvieron que abandonar sus casas y pertenencias desde 2015, cuando un grupo criminal llegó a controlar el territorio para la siembra de enervantes, sometiendo a trabajo forzado a sus habitantes.

Pese a que en estos casos, como en los de Repechique, Tehuerichi y Huitosachi, los habitantes de las comunidades indígenas buscaron el apoyo gubernamental para recuperar sus bienes, según el informe del IPRI, “las autoridades han sido omisas y no hay respuestas de su parte”, aún cuando instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha pedido al gobierno emitir medidas de protección.

Indígenas tsotsiles y de la comunidad de Acteal, Chiapas, han denunciado la incursión del crimen organizado en sus comunidades, que con ataques armados han provocado asesinatos, desplazamiento forzado y el asedio constante de sus pobladores, aunque las autoridades mexicanas atribuyen dicha situación a una disputas territoriales.

En 2016, siete familias tsotsiles que vivían dentro de tierras en disputa fueron despojadas por la fuerza de 60 hectáreas de terreno, y fueron obligadas a refugiarse en las montañas, y ante la inacción de las autoridades, las agresiones se recrudecieron en las comunidades de Coco, Tabac, Xuxchen, San Pedro, Cotzilnam y Tselejpotobtic, situación que ha dejado como saldo varias personas heridas y asesinadas, así como el desplazamiento de otras familias.

En Acteal, defensores comunitarios han sido asesinados y viven bajo amenazas constantes de grupos cuyo interés es el control territorial de la población, así como la intimidación partidista, sin que las autoridades intervengan, por lo que el IPRI concluye que “es más factible o benéfico producir una imagen errónea de conflictos intercomunitarios que buscar alternativas al problema de fondo”.

Mientras, en Zitácuaro, Michoacán, indígenas de pueblos mazahua y hñahñu han denunciado amenazas, extorsiones, asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado, motivados por grupos criminales que buscan sacar ganancia de la tala ilegal de los bosques y la siembra de aguacate.

En Yucatán, la comunidad de Homún, uno de los 53 municipios dentro de la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, denuncian que viven una situación de amenaza y desprotección, debido a la instalación de una granja de cerdos que ha contaminado los cuerpos de agua con los que los pueblos indígenas guardan un vínculo espiritual.

Desde 2017, han presentado diversas acciones legales, entre ellas una denuncia ante autoridades de protección ambiental, amparos, recursos de revisión, sin que hasta ahora las autoridades hayan dado una respuesta a favor de los pobladores que se quejan de los malos olores y las enfermedades causadas por los desechos de la granja que los despojó de los cenotes que cuidaban y administraban para generar ingresos turísticos.

En el caso de la comunidad de Chablekal, en el mismo estado, indígenas mayas llevan peleando desde 1927 que el gobierno los dote de tierras a través de un modelo de comunidad agraria, y no como ejido, debido a que con la creación de ejidos en tierras ancestrales se les han arrebatado terrenos que consideran suyas por tradición “desde tiempos inmemoriales”.

La situación se ha venido agravando luego de que, a final de la década de los 90, Chablekal fue alcanzada por la especulación inmobiliaria, lo que motivó la venta de tierras, la depuración del padrón ejidal y la privación de los derechos agrarios de la población con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, con el que se limitaban las garantías de los propietarios que se negaran a poner a la venta sus terrenos.

Para otras comunidades de Sonora, Guerrero y Oaxaca, el asedio y el desplazamiento forzado ha sido motivado por sus labores de defensa del territorio contra megaproyectos que buscan establecerse en sus tierras.

Desde 2010, el pueblo yaqui de Loma de Bacum, Sonora, comenzó una lucha contra la construcción de un acueducto que surtiría de agua a la capital del estado, Hermosillo. La comunidad se amparó, primero, porque no fueron consultados sobre el megaproyecto, y en 2014 contra la suspensión del mismo, pero fueron ignorados por la empresa constructora que, en 2019, consiguió un fallo a su favor para comenzar con la obra.

Además de las amenazas y asedio que vive esta comunidad debido a su lucha por la defensa del territorio, han sido obligados a abandonar sus tierras, y en algunos casos, sus habitantes han sido víctimas de desaparición.

En Oaxaca, desde el año 2006, 43 comunidades de pueblos mixtecos, chatinos, afrooaxaqueños y mestizos constituyeron el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) para luchar en contra de la imposición de la presa hidroeléctrica “Paso de la Reyna” y el proyecto del Río Verde.

En Guerrero, por su parte, en 2003 indígenas y campesinos de municipios cercanos a Acapulco y Juan R. Escuderos, se organizaron y crearon el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, para protestar contra la instalación del proyecto hidroeléctrico en el río Papagayo, cuyo impacto negativo calculado en este momento sería contra 24 comunidades y desplazaría a más de 25 mil personas.

Leer más | Migrar y desaparecer: 25 indígenas de Chiapas desaparecieron en su camino al norte y no se les registró

Pueblos indígenas exigen reconocimiento como víctimas

En el marco de la visita de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, organizaciones de la sociedad civil pidieron a la especialista escuchar a las comunidades afectadas y considerarlas en su informe final, además emitieron una serie de recomendaciones al Estado mexicano, para atender la problemática que se incrementa conforme los conflictos territoriales avanzan y los grupos criminales ganan terreno a lo largo y ancho del país.

Pidieron la aprobación inmediata de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que actualmente se encuentra congelada en el Senado de la República, así como que se reconozca y se otorgue la calidad de víctimas sin que sea necesario que presenten una denuncia penal o que se emita una recomendación de un organismo público de derechos humanos.

Asimismo, exigieron reorientar el abordaje del tema de la seguridad pública y restablecimiento de la paz, con un enfoque integral de derechos humanos; establecer una estrategia nacional de prevención enfocada en eliminar las causas estructurales que influyen en los desplazamientos internos y cumplir con las leyes vigentes.

También solicitaron la implementación de una política pública para garantizar medidas de reparación integral, entre ellas el retorno seguro de las víctimas a sus comunidades, o la reubicación en condiciones dignas de las personas, lo más parecidas a las que tenían previo al desplazamiento.

Al concluir su visita por México, la relatora Cecilia Jiménez-Damary señaló que, aunque no hay una estadística oficial sobre el número de personas afectadas, se estima que cientos de miles han sido desplazadas internamente a causa de la criminalidad, los desastres, la minería, la tala ilegal y conflictos locales.

Jiménez-Damary subrayó que la impunidad y las fallas en el sistema de justicia y de seguridad también son factores que inciden de manera importante en el desplazamiento de personas que por temor prefieren dejar sus hogares.

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