Trabajos estereotipados y mal pagados: lo que enfrentan en México personas con discapacidad

La organización civil Impunidad Cero presenta un informe en el que analiza la situación laboral de las personas con discapacidad en México.

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El acceso al trabajo de esta población se está viendo como un favor a la persona, como una dádiva, y no como un derecho humano. Cuartoscuro

A pesar de que sobre el papel las leyes mexicanas garantizan la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad, en la práctica muy pocos en este sector de la población tienen la posibilidad de ingresar a un trabajo. Y quienes lo logran, lo hacen en puestos de bajo nivel, estereotipados, y mal remunerados.

Estas son algunas de las conclusiones que la organización civil Impunidad Cero documenta en el informe El derecho al trabajo de las personas con discapacidad; el cual subraya que los esfuerzos legislativos para crear nuevas leyes e instrumentos de inclusión, como el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018, no están generando “efectos reales” en la vida de las personas con discapacidad.

Por ejemplo, expone Impunidad Cero, las personas con discapacidad tienen menos acceso al mercado laboral. De acuerdo con datos del INEGI, en México cerca de 7.1 millones de habitantes se enfrentan a una discapacidad. De ese total, solo el 39% de las personas mayores de 15 años es económicamente activo; es decir, percibe algún ingreso. Esta cifra está 25.6 puntos porcentuales por debajo de la población sin discapacidad (64.7% es económicamente activa).

El informe destaca que de las personas con discapacidad que reciben algún ingreso, solo 4 cada 10 es porque tiene un empleo, mientras que el 51.9% vive de programas sociales de gobierno, o de ayudas de personas.

“De estos datos es posible advertir que las personas con discapacidad se encuentran considerablemente más excluidas de las actividades económicas que las personas sin discapacidad. De hecho, la tasa de desempleo de las  personas con discapacidad es alarmantemente elevada”, señaló en entrevista con Animal Político Mariana Díaz, investigadora y autora del informe.

En cuanto al salario que perciben las personas con discapacidad, existe una brecha salarial notable. Así lo documenta otro estudio de Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), el cual apunta que personas con discapacidad reciben el 66.5% del ingreso que gana una persona sin discapacidad por hacer exactamente el mismo trabajo, lo cual los deja en una situación de discriminación laboral.

“En México existe una grave problemática respecto al derecho al trabajo de las personas con discapacidad, al ser considerablemente bajo el porcentaje de personas que cuentan con un empleo, y quienes lo consiguen, en general, lo hacen en puestos inferiores donde no son remunerados adecuadamente”, agregó Mariana Díaz, que advirtió que muchos de los trabajos los que se ven orillados las personas con discapacidad son “estereotipados” y “con pocas posibilidades de crecer”,  como empacadores o conserjes.

Los contratan por lástima, no por sus habilidades

“Muchas empresas están contratando a personas con discapacidad no por sus habilidades, estudios, o aptitudes, sino por lástima. Y eso es un gran problema porque el acceso al trabajo de esta población se está viendo como un favor a la persona, como una dádiva, y no como un derecho humano que todos tenemos como personas”, dijo la investigadora.

Y las políticas públicas tampoco están ayudando a revertir la situación.

Por ejemplo, plantea el estudio de Impunidad Cero, la Secretaría del Trabajo cuenta con la Red Nacional de Vinculación Laboral (RNVL) que, a través de la coordinación de instituciones públicas, privadas y sociales, promueve la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas las personas con discapacidad.

Durante 2014, esta Red atendió a 2 mil 972 personas con discapacidad, apenas el 0.04% de la población de 7.1 millones de personas que pertenecen a este grupo poblacional.

Y de esas 2 mil 972 personas atendidas, solo 441 fueron colocadas en un empleo.

“Es decir, el proceso de inclusión laboral culminó satisfactoriamente solo en el 14.83% de los casos, por lo que de los propios datos que se establecen en el programa, la RNVL demuestra ser insuficiente y deficiente para cubrir las necesidades de la población”, advirtió Mariana Díaz.

Cambiar el enfoque

Además de políticas públicas insuficientes y deficientes, la investigadora de Impunidad Cero criticó que dichas políticas están planteadas desde un enfoque “médico asistencialista”, el cual se limita a ver a la persona con discapacidad como “una víctima” a la que hay que ayudar para “normalizar” su inclusión en la sociedad.

Un ejemplo de lo anterior es la promoción de empleo para personas con discapacidad que hace el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis). En su web, se observa un apartado donde se lee que “la discapacidad se puede transformar en capacidad”.

“Esto, más que un juego de palabras, refleja el enfoque bajo el cual se crean las políticas públicas en nuestro país, el cual, claramente, sigue un modelo médico para conceptualizar la discapacidad “como un problema que se puede corregir”, dijo Díaz, quien destacó la necesidad de cambiar ese ‘modelo médico’ por el que contempla la convención de Naciones Unidas de Derechos Humanos, el cual establece que la discapacidad es parte de la diversidad humana, y que por lo tanto no tiene que eliminarse, sino que la sociedad tiene que eliminar las barreras para que estas personas puedan acceder a sus derechos.

Para cambiar este enfoque, la investigadora recalcó que desde el gobierno es necesario realizar primero un diagnóstico sobre las condiciones de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Y para que sus necesidades sean atendidas, será “indispensable” que en su diseño, creación, implementación, seguimiento y evaluación, participen las personas con discapacidad.

“En definitiva, es responsabilidad de todos, tanto del sector público como del privado, deshacerse de los prejuicios y estereotipos respecto de las personas con discapacidad, para con ello eliminar una de las mayores barreras que limitan el pleno ejercicio de su derecho al trabajo”, concluyó la investigadora de Impunidad Cero.

Aquí puedes leer o descargar la investigación ‘El derecho al trabajo de las personas con discapacidad’, publicado por Impunidad Cero.

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