Trabajos estereotipados y mal pagados: lo que enfrentan en México personas con discapacidad
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Cuartoscuro

Trabajos estereotipados y mal pagados: lo que enfrentan en México personas con discapacidad

La organización civil Impunidad Cero presenta un informe en el que analiza la situación laboral de las personas con discapacidad en México.
Cuartoscuro
Por Manu Ureste
7 de marzo, 2018
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A pesar de que sobre el papel las leyes mexicanas garantizan la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad, en la práctica muy pocos en este sector de la población tienen la posibilidad de ingresar a un trabajo. Y quienes lo logran, lo hacen en puestos de bajo nivel, estereotipados, y mal remunerados.

Estas son algunas de las conclusiones que la organización civil Impunidad Cero documenta en el informe El derecho al trabajo de las personas con discapacidad; el cual subraya que los esfuerzos legislativos para crear nuevas leyes e instrumentos de inclusión, como el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018, no están generando “efectos reales” en la vida de las personas con discapacidad.

Por ejemplo, expone Impunidad Cero, las personas con discapacidad tienen menos acceso al mercado laboral. De acuerdo con datos del INEGI, en México cerca de 7.1 millones de habitantes se enfrentan a una discapacidad. De ese total, solo el 39% de las personas mayores de 15 años es económicamente activo; es decir, percibe algún ingreso. Esta cifra está 25.6 puntos porcentuales por debajo de la población sin discapacidad (64.7% es económicamente activa).

El informe destaca que de las personas con discapacidad que reciben algún ingreso, solo 4 cada 10 es porque tiene un empleo, mientras que el 51.9% vive de programas sociales de gobierno, o de ayudas de personas.

“De estos datos es posible advertir que las personas con discapacidad se encuentran considerablemente más excluidas de las actividades económicas que las personas sin discapacidad. De hecho, la tasa de desempleo de las  personas con discapacidad es alarmantemente elevada”, señaló en entrevista con Animal Político Mariana Díaz, investigadora y autora del informe.

En cuanto al salario que perciben las personas con discapacidad, existe una brecha salarial notable. Así lo documenta otro estudio de Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), el cual apunta que personas con discapacidad reciben el 66.5% del ingreso que gana una persona sin discapacidad por hacer exactamente el mismo trabajo, lo cual los deja en una situación de discriminación laboral.

“En México existe una grave problemática respecto al derecho al trabajo de las personas con discapacidad, al ser considerablemente bajo el porcentaje de personas que cuentan con un empleo, y quienes lo consiguen, en general, lo hacen en puestos inferiores donde no son remunerados adecuadamente”, agregó Mariana Díaz, que advirtió que muchos de los trabajos los que se ven orillados las personas con discapacidad son “estereotipados” y “con pocas posibilidades de crecer”,  como empacadores o conserjes.

Los contratan por lástima, no por sus habilidades

“Muchas empresas están contratando a personas con discapacidad no por sus habilidades, estudios, o aptitudes, sino por lástima. Y eso es un gran problema porque el acceso al trabajo de esta población se está viendo como un favor a la persona, como una dádiva, y no como un derecho humano que todos tenemos como personas”, dijo la investigadora.

Y las políticas públicas tampoco están ayudando a revertir la situación.

Por ejemplo, plantea el estudio de Impunidad Cero, la Secretaría del Trabajo cuenta con la Red Nacional de Vinculación Laboral (RNVL) que, a través de la coordinación de instituciones públicas, privadas y sociales, promueve la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas las personas con discapacidad.

Durante 2014, esta Red atendió a 2 mil 972 personas con discapacidad, apenas el 0.04% de la población de 7.1 millones de personas que pertenecen a este grupo poblacional.

Y de esas 2 mil 972 personas atendidas, solo 441 fueron colocadas en un empleo.

“Es decir, el proceso de inclusión laboral culminó satisfactoriamente solo en el 14.83% de los casos, por lo que de los propios datos que se establecen en el programa, la RNVL demuestra ser insuficiente y deficiente para cubrir las necesidades de la población”, advirtió Mariana Díaz.

Cambiar el enfoque

Además de políticas públicas insuficientes y deficientes, la investigadora de Impunidad Cero criticó que dichas políticas están planteadas desde un enfoque “médico asistencialista”, el cual se limita a ver a la persona con discapacidad como “una víctima” a la que hay que ayudar para “normalizar” su inclusión en la sociedad.

Un ejemplo de lo anterior es la promoción de empleo para personas con discapacidad que hace el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis). En su web, se observa un apartado donde se lee que “la discapacidad se puede transformar en capacidad”.

“Esto, más que un juego de palabras, refleja el enfoque bajo el cual se crean las políticas públicas en nuestro país, el cual, claramente, sigue un modelo médico para conceptualizar la discapacidad “como un problema que se puede corregir”, dijo Díaz, quien destacó la necesidad de cambiar ese ‘modelo médico’ por el que contempla la convención de Naciones Unidas de Derechos Humanos, el cual establece que la discapacidad es parte de la diversidad humana, y que por lo tanto no tiene que eliminarse, sino que la sociedad tiene que eliminar las barreras para que estas personas puedan acceder a sus derechos.

Para cambiar este enfoque, la investigadora recalcó que desde el gobierno es necesario realizar primero un diagnóstico sobre las condiciones de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Y para que sus necesidades sean atendidas, será “indispensable” que en su diseño, creación, implementación, seguimiento y evaluación, participen las personas con discapacidad.

“En definitiva, es responsabilidad de todos, tanto del sector público como del privado, deshacerse de los prejuicios y estereotipos respecto de las personas con discapacidad, para con ello eliminar una de las mayores barreras que limitan el pleno ejercicio de su derecho al trabajo”, concluyó la investigadora de Impunidad Cero.

Aquí puedes leer o descargar la investigación ‘El derecho al trabajo de las personas con discapacidad’, publicado por Impunidad Cero.

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Las 24 horas de ataques sincronizados del narco en Ecuador que dejaron 6 muertos y llevaron a un nuevo estado de excepción

Los tiroteos por parte de grupos del crimen organizado en Ecuador se han atribuido al traslado de presos del Penal del Litoral, en Guayaquil.
2 de noviembre, 2022
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Dos provincias de Ecuador vivieron 24 horas de terror cuando bandas armadas realizaron ataques sincronizados que fueron calificados por el presidente Guillermo Lasso como “una declaración de guerra” contra el estado de Derecho, el gobierno y la ciudadanía.

El mandatario decretó un nuevo estado de excepción en Guayas y Esmeraldas por 45 días, que implica un toque de queda desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana.

Según informó el diario El Universo, hasta el momento hay cinco policías muertos, atacados a tiros mientras patrullaban las calles de estas dos provincias, y un civil, quien falleció, por una herida de bala en la cabeza.

La mayoría de los ataques se produjeron entre la una y las tres y media de la madrugada, e incluyeron detonaciones de artefactos explosivos y coches bomba en los alrededores de gasolineras, terminales de autobuses y comisarías.

Como indicó en septiembre la enviada especial de BBC Mundo a Guayaquil Valentina Oropeza, “el Ministerio del Interior y la Policía Nacional han registrado 145 atentados con explosivos en Ecuador entre enero y agosto de este año, un récord en la historia del país. 72 de ellos, casi la mitad, han ocurrido en Guayaquil”.

Los atentados continuaron en horas de la tarde, por ejemplo frente al edificio municipal de Durán, ciudad vecina a Guayaquil, que tiene la segunda tasa de homicidios más alta del país, según informó el medio GK.

Traslados “por reparaciones”

Los ataques habrían sido -según la prensa local- una respuesta de grupos vinculados al narcotráfico a un traslado de cientos de presos del Penal del Litoral, ubicado en Guayaquil y escenario de motines sangrientos en los últimos dos años (unos 120 internos murieron en esta cárcel en septiembre de 2021).

El diario El Universo informó de panfletos atribuidos a las bandas Los Lobos y Los Tiguerones que advertían el lunes pasado con hacer uso de su poder logístico y armamento si “tocaban” a su gente de los pabellones 8 y 9 de esa penitenciaría.

Familiares de presos en el el Penal del Litoral

Getty Images
Familiares de presos en el el Penal del Litoral se autoconvocaron desde el lunes afuera de la penitenciaría.

Se desconoce aún a qué otros centros de rehabilitación fueron llevados los presos, cuyo traslado fue atribuido por el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores) a “reparaciones en los pabellones”.

“No sabemos a dónde los llevan, los mandan a morir”, dijo a este diario uno de los familiares que desde la noche del 31 de octubre se autoconvocaron en las afueras del Penal del Litoral ante las primeras noticias de los traslados y con temor a nuevas masacres carcelarias que han dejado más de 400 muertos en Ecuador desde 2020.

Mientras, en un centro de rehabilitación de Esmeraldas siete funcionarios penitenciarios fueron secuestrados por los presos y más tarde liberados.

“Incomodidad”

En este marco de violencia, el presidente suspendió sus vacaciones familiares a Orlando, Estados Unidos, por las que había sido criticado en redes sociales debido a la situación de violencia en el país, y se trasladó a Guayaquil -capital de la provincia del Guayas- para encabezar la respuesta del gobierno a esta última ola de atentados.

Según Lasso, lo ocurrido en estas 24 horas muestra “claramente los límites que la delincuencia organizada transnacional está dispuesta a traspasar”.

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador

Getty Images
El presidente Lasso ha decretado varios estados de excepción desde 2020 pero la violencia no se detiene en el país.

“La narcodelincuencia se siente incómoda y manifiesta su malestar con violencia”, añadió el mandatario, atribuyendo la reacción de las bandas armadas al combate de su gobierno al tráfico de drogas.

Como informó Valentina Oropeza, en 2022 Ecuador figura como el tercer país donde se incauta más cocaína después de Colombia y Estados Unidos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga.

Guayaquil, el mayor puerto marítimo del país, también es el principal puerto de salida de la droga que navega por el Pacífico hacia el norte del continente americano.


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