Demandan a jueces y magistrados de Zacatecas por no hacer públicas sus sentencias
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Demian Chávez / Cuartoscuro.com

Demandan a jueces y magistrados de Zacatecas por no hacer públicas sus sentencias

Un colectivo de ocho organizaciones de la sociedad civil interpuso un juicio de amparo en contra de los 46 jueces y magistrados de los municipios de Zacatecas y Fresnillo, como parte de una estrategia que será replicada en el resto de los estados para que hagan públicas todas las sentencias y se pueda evaluar la forma en que se hace justicia.
Demian Chávez / Cuartoscuro.com
11 de abril, 2018
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“Se merece la violencia porque parece un hombre”, se lee en la sentencia que un juez de Campeche emitió por violencia de género en contra de una mujer. “Como es una persona que no sabe qué es normal y qué no, no podemos decir que se tratara de una violación”, aporta un juez de Yucatán en sentencia por doble agresión sexual contra una mujer indígena con discapacidad. “Hubo exceso de legítima defensa”, asevera un juez de Ciudad de México en sentencia por violación a una mujer que durante el ataque alcanzó a herir a su agresor.

Estas resoluciones judiciales forman parte de una lista que ha logrado recabar la organización EQUIS Justicia para las Mujeres en sentencias de jueces, a las que ha tenido acceso a través del trabajo colaborativo con organizaciones locales que llevan los litigios..

Las tres pueden ser ejemplo de lo que ocurre a la hora de impartir justicia a nivel nacional. O no. Esto no se sabe porque los poderes judiciales de las entidades federativas se han escudado en el argumento del “interés público” para afirmar que ninguna de las sentencias lo es y así violar el derecho de acceso a la información, explica la organización.

Por esa razón, el pasado viernes 23 de marzo, un colectivo integrado por EQUIS Justicia para la Mujeres (EQUIS), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Participando por México, Controla tu Gobierno y Fundar interpusieron un juicio de amparo en contra de los 46 jueces y magistrados de los municipios de Zacatecas y Fresnillo, del estado de Zacatecas, así como contra otras autoridades incluido el gobernador, el magistrado presidente y el titular de la Unidad de Transparencia de la entidad, por no cumplir con su obligación de hacer públicas en el Portal Nacional de Transparencia las sentencias que han emitido.

Las OSC decidieron empezar con este estado porque forma parte de un grupo de entidades que desde hace dos años no publican una sola sentencia. Y escogieron solo dos municipios “para que (no salgan) con el argumento de que necesitan notificar al juez de Sombrerete, Zacatecas, y se tomen más tiempo. Una vez avanzado el litigio, se promoverá la demanda en contra del resto de los jueces (105 en total en la entidad)”, explica Gerardo Carrasco de MCCI.

La importancia de que estas disposiciones sean públicas quedó demostrada con el caso del llamado juez “Porky”, dice Carrasco. “Si se pudo saber de eso, es porque el Poder Judicial de la Federación sí cumple con la obligación de publicar sentencias, por eso se supo lo que estaba pasando en ese juzgado y el juez no tuvo de otra más que intentar mejorar su actuar, por el escrutinio de la sociedad. Lo que queremos es que en Zacatecas se haga esto y replicar la estrategia en los demás estados”.

Apenas es el inicio

Zacatecas no es el único estado que no ha hecho pública ninguna sentencia en dos años. A la lista se suman Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Colima, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Campeche. Hay, además, otros estados donde los Poderes Judiciales tienen menos de 50 sentencias publicadas. En el periodo de 2015 a 2017, el Poder Judicial de Yucatán solo publicó 30, el de Puebla 11 y el de Chiapas dos.

El problema radica en que los poderes judiciales de las entidades han usado un tecnicismo para no cumplir con su obligación de hacer públicas las sentencias, explican los denunciantes. En 2015, una reforma a la Ley General de Acceso a la Información Pública (LGTAIP) introdujo la consideración de hacer públicas sólo aquellas sentencias de “interes público”, pero no definieron el término. Así, tal concepto quedó sujeto al criterio de los poderes judiciales para decidir qué sentencia es de interés público y cual no.

Esta opacidad no permite evaluar la forma en que se hace justicia, advierten los denunciantes. “Si la sociedad no tiene acceso a las sentencias, no es posible evitar que se emitan sentencias discriminatorias, ni se pueden detectar actos de corrupción pues la labor de este Poder se encuentra al margen del escrutinio ciudadano. La publicación de las sentencias es una herramienta que también permite evaluar si las capacitaciones en los Poderes Judiciales Locales, en las que se han invertido cerca de 596 millones de pesos en los últimos 10 años, realmente están teniendo un impacto positivo”.

Este hecho ya fue reconocido por el Juzgado Tercero Civil de Zacatecas, que en un informe justificado del pasado 3 de abril, dos semanas después de interpuesto el juicio de amparo, respondió que “es cierto el acto reclamado. Esta autoridad no ha elaborado versiones públicas de sentencias de interés público emitidas por este juzgado, a fin de que fueran puestas a disposición del público, ni ha puesto a disposición del público las sentencias de interés público emitidas por este órgano jurisdiccional”.

Aunque la mayoría de las entidades no publica todas las sentencias, las OSC demandantes eligieron a Zacatecas por su nivel de opacidad, su cercanía con Ciudad de México y su número de jueces. “Evaluamos una combinación de factores: en Zacatecas tenemos contactos y capacidad para llegar a través de las organizaciones involucradas. Pero no va a ser el único estado, vamos a seguir”, señala Ana Pecova, de EQUIS Justicia para las Mujeres.

Los siguientes pasos de este litigio estratégico dependerán de los resultados. “En contra de lo que esperábamos -porque luego los jueces de distrito prefieren lavarse las manos y dejar que resuelva un tribunal colegiado- el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Iván Ojeda Romo, admitió la demanda. Tenemos confianza, es buena noticia que sin haberle temblado la mano, como a otros, la haya admitido, esto es una buena señal, ya seguiremos aportando pruebas e información para que se conceda el amparo de la justicia federal”, afirma Carrasco.

“Quizá esto genera el debate que queremos provocar y el poder judicial recapitula. Quizá éste sea el precedente que estábamos buscando y no va ser necesario seguir con ningún otro estado, pero si no es así, seguiremos”, considera por su parte Pecova.

Entre los objetivos del colectivo se encuentra sentar jurisprudencia y que se defina el término interés público para frenar el retroceso que significó la reforma a la Ley General de Acceso a la Información Pública. “El contenido que buscamos que se le dé a este concepto es que todas las sentencias son de interés público, porque todas sirven para monitorear cómo se imparte la justicia, que, además, es un servicio público. El poder judicial debe mostrar en qué consiste su trabajo”, puntualiza Pecova.

Por lo pronto, EQUIS Justicia prepara una campaña para emitir postales con las resoluciones discriminatorias que ha logrado recabar en las sentencias de jueces de todo el país, para que se conozca el tipo de lenguaje que utilizan “y todo lo que nos estamos perdiendo porque nos bloquean el acceso a las sentencias”, señala Pecova.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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Ayman al Zawahiri: cómo la CIA encontró y mató al sucesor de Bin Laden en Afganistán

Luego de estar prófugo por más de 20 años, el hombre falleció en un ataque con drones.
2 de agosto, 2022
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Cuando el año pasado Estados Unidos se retiró apresuradamente de Afganistán, el presidente Joe Biden prometió no permitir que el nuevo régimen de los talibanes hiciera del país un refugio seguro para los terroristas.

Esto dejó claro que, para la administración de Biden, la prolongada guerra contra el terrorismo no se acercaba a su fin.

Casi un año después, los principales asesores de seguridad del presidente le sugirieron que agentes de inteligencia podrían haber localizado al líder de al Qaeda, Ayman al Zawahiri, en Afganistán.

Un objetivo de alto valor

En sesiones informativas, autoridades del gobierno indicaron a la prensa que creían que Al Zawahiri había regresado a Afganistán el año pasado, tras producirse el colapso del gobierno respaldado por Occidente.

Los espías estadounidenses prestaban especial atención a Afganistán desde la retirada de sus tropas, en busca de señales de que los líderes de al Qaeda estuvieran regresando poco a poco al país, declaró un asesor de Biden.

Ayman al-Zawahiri. Junio de 2011

AFP
Aún no es claro qué ocurrió con el cuerpo de Al Zawahiri luego del ataque.

Al Zawahiri se habría instalado con su esposa e hija en un gran complejo con altos muros protectores en el centro de Kabul.

El barrio que escogió, un área relativamente próspera llamada Choorpur, había acogido embajadas y viviendas de diplomáticos extranjeros bajo la anterior administración.

Ahora, la mayoría de los altos funcionarios talibanes viven en las lujosas instalaciones de esa zona.

A principios de abril, autoridades de la CIA comunicaron algo importante a los asesores de Biden y luego al propio presidente: habían identificado una red que apoyaba al líder de al Qaeda y su familia, según varias fuentes de inteligencia.

Los espías estudiaron patrones de comportamiento de los residentes de la casa, incluidos los particulares gestos de una mujer que los espías identificaron como la esposa de Al Zawahiri.

Los funcionarios aseguraron haber reconocido su uso de las “habilidades” terroristas al intentar evitar el acceso de personas a la vivienda de seguridad de su esposo en Kabul.

Observaron que, desde que llegó a la casa, Al Zawahiri nunca abandonó las instalaciones y tenía el hábito de asomarse, de vez en cuando y por cortos periodos, a un balcón frente a los muros de la propiedad.

Lee: El día que mataron a Osama Bin Laden

Cómo se planeó la operación

Para Biden, la oportunidad de matar a uno de los hombres más buscados por Estados Unidos entrañaba muchos riesgos.

Al Zawahiri vivía en un barrio residencial densamente poblado.

Probablemente Biden tenía presente no repetir ciertos errores, como el ataque con aviones no tripulados que mató accidentalmente a 10 inocentes en Kabul entre ellos un trabajador humanitario y siete niños en los últimos días de la presencia estadounidense en Afganistán.

Mapa de donde se cree ocurrió el ataque

En mayo y junio, el líder estadounidense se centró en la guerra en Ucrania y en impulsar una legislación histórica sobre el control de armas y el cambio climático.

Pero, en secreto, un grupo “muy pequeño y selecto” de altos funcionarios de inteligencia preparaba varias opciones para mostrárselas.

Biden había encargado a los agentes de inteligencia asegurarse que en el ataque no murieran civiles, incluyendo la familia de Al Zawahiri y funcionarios talibanes.

El 1 de julio, el presidente estadounidense reunió a altos funcionarios, entre ellos el director de la CIA, William Burns, y la directora de inteligencia nacional, Avril Haines, para una sesión informativa.

Biden evaluó junto a sus asesores un modelo a escala de la vivienda de Al Zawahiri que los agentes de inteligencia habían construido y llevado a la Casa Blanca.

“Se centró particularmente en garantizar que se tomaran todas las medidas necesarias para garantizar que la operación minimizara ese riesgo”, declaró un asesor principal.

Biden pidió información sobre la estructura del edificio y, en particular, sobre cómo recibiría el impacto de un proyectil, antes de volar a Camp David para un receso de fin de semana.

En las semanas siguientes, los funcionarios se reunieron en la sala de crisis de la Casa Blanca, un centro de comando similar a un búnker bajo el edificio pensado para que el presidente controle situaciones límite dentro y fuera del país.

Planearon metódicamente la operación, tratando de anticipar cualquier pregunta que pudiera hacer el presidente.

En paralelo, un reducido equipo de abogados se reunió para evaluar la legalidad del ataque y concluyó que Al Zawahiri era un objetivo legítimo por “su papel de liderazgo continuo en al Qaeda, y su participación y apoyo operativo para los ataques del grupo”.

El 25 de julio, tras convocar a su equipo por última vez y pedir la opinión de sus principales asesores, Biden autorizó el ataque.

Inquietud entre los talibanes

A las 6:18 hora local, dos misiles Hellfire disparados por un dron alcanzaron el balcón de la casa de Al Zawahiri, matando al líder de al Qaeda. Los miembros de su familia resultaron ilesos, informaron autoridades de inteligencia.

Las ventanas de la casa parecían destruidas, pero sorprendentemente no se observaban más daños.

Muchos analistas creen que se utilizó una versión poco conocida del misil Hellfire, sin ojiva explosiva.

El cohete que se usó en el ataque

Esta variante llamada AGM-114R9X posee seis cuchillas que se despliegan en la superficie del misil a medida que se acerca al objetivo.

La energía cinética provocada por la velocidad de esta arma es lo que causa la destrucción, ya que hace trizas todo lo que alcanza y minimiza los daños colaterales.

A miles de kilómetros de distancia, en Washington, el presidente fue informado del éxito de la operación.

El domingo, el Ministerio del Interior talibán comunicó al medio local Tolo que un cohete había impactado en una vivienda vacía sin causar víctimas. No aportó detalles adicionales en ese momento.

Sin embargo, poco después la administración Biden anunció que combatientes de la red Haqqani, un ala ultraviolenta de los talibanes, habían sacado a la familia de Al Zawahiri del lugar y tratado de encubrir su presencia.

Cuando un periodista de la BBC acudió la mañana del lunes a la vivienda, un cordón del talibán lo detuvo, apuntándole con rifles e insistiendo en que “no había nada que ver”.

La supuesta locación del ataque con drones

BBC
Este es el supuesto sitio en el que se mató a Al Zawahiri.

Funcionarios estadounidenses afirmaron que “múltiples” fuentes de inteligencia habían confirmado la muerte de Al Zawahiri, pero enfatizaron que no hay personal estadounidense sobre el terreno en Kabul.

Se negaron a dar más detalles sobre cómo fue posible confirmar el éxito del ataque.

El cuerpo

Las agencias de inteligencia preservan con celo las identidades de sus espías. James Clapper, exdirector de inteligencia nacional durante la presidencia de Barack Obama, explicó a BBC que los exaliados de EU en Kabul pueden haber proporcionado alguna información.

No está claro qué ocurrió con el cuerpo de Al Zawahiri tras el ataque.

Según fuentes de la administración Biden, las autoridades de Estados Unidos no trataron de recuperar los restos de Al Zawahiri, a diferencia de la operación en la que se dio muerte a Osama Bin Laden.

En aquella ocasión, las fuerzas especiales recuperaron el cuerpo de Bin Laden para confirmar su identidad antes de lanzarlo al mar para evitar que su tumba se convirtiera en un santuario para los islamistas.

Mientras Biden transmitía la noticia al mundo desde la Casa Blanca, los líderes talibanes condenaron enérgicamente la incursión de Estados Unidos en su territorio.

Pero en sus comentarios no mencionaron a Al Zawahiri.

Ahora toca preguntarse hasta qué punto los altos líderes talibanes sabían de la presencia de Al Zawahiri en Kabul y qué ayuda le podrían haber estado brindando.

Un afgano que vive en la zona aseguró a BBC que los combatientes talibanes habían estado vigilando la calle y que la presencia de “residentes no afganos” era un secreto a voces entre los vecinos.

Es probable que esta hipótesis plantee algunas preguntas incómodas para los líderes talibanes.

Informes adicionales sobre el sistema Hellfire de Chris Partridge.


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