Demandan a jueces y magistrados de Zacatecas por no hacer públicas sus sentencias
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Demian Chávez / Cuartoscuro.com

Demandan a jueces y magistrados de Zacatecas por no hacer públicas sus sentencias

Un colectivo de ocho organizaciones de la sociedad civil interpuso un juicio de amparo en contra de los 46 jueces y magistrados de los municipios de Zacatecas y Fresnillo, como parte de una estrategia que será replicada en el resto de los estados para que hagan públicas todas las sentencias y se pueda evaluar la forma en que se hace justicia.
Demian Chávez / Cuartoscuro.com
11 de abril, 2018
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“Se merece la violencia porque parece un hombre”, se lee en la sentencia que un juez de Campeche emitió por violencia de género en contra de una mujer. “Como es una persona que no sabe qué es normal y qué no, no podemos decir que se tratara de una violación”, aporta un juez de Yucatán en sentencia por doble agresión sexual contra una mujer indígena con discapacidad. “Hubo exceso de legítima defensa”, asevera un juez de Ciudad de México en sentencia por violación a una mujer que durante el ataque alcanzó a herir a su agresor.

Estas resoluciones judiciales forman parte de una lista que ha logrado recabar la organización EQUIS Justicia para las Mujeres en sentencias de jueces, a las que ha tenido acceso a través del trabajo colaborativo con organizaciones locales que llevan los litigios..

Las tres pueden ser ejemplo de lo que ocurre a la hora de impartir justicia a nivel nacional. O no. Esto no se sabe porque los poderes judiciales de las entidades federativas se han escudado en el argumento del “interés público” para afirmar que ninguna de las sentencias lo es y así violar el derecho de acceso a la información, explica la organización.

Por esa razón, el pasado viernes 23 de marzo, un colectivo integrado por EQUIS Justicia para la Mujeres (EQUIS), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Participando por México, Controla tu Gobierno y Fundar interpusieron un juicio de amparo en contra de los 46 jueces y magistrados de los municipios de Zacatecas y Fresnillo, del estado de Zacatecas, así como contra otras autoridades incluido el gobernador, el magistrado presidente y el titular de la Unidad de Transparencia de la entidad, por no cumplir con su obligación de hacer públicas en el Portal Nacional de Transparencia las sentencias que han emitido.

Las OSC decidieron empezar con este estado porque forma parte de un grupo de entidades que desde hace dos años no publican una sola sentencia. Y escogieron solo dos municipios “para que (no salgan) con el argumento de que necesitan notificar al juez de Sombrerete, Zacatecas, y se tomen más tiempo. Una vez avanzado el litigio, se promoverá la demanda en contra del resto de los jueces (105 en total en la entidad)”, explica Gerardo Carrasco de MCCI.

La importancia de que estas disposiciones sean públicas quedó demostrada con el caso del llamado juez “Porky”, dice Carrasco. “Si se pudo saber de eso, es porque el Poder Judicial de la Federación sí cumple con la obligación de publicar sentencias, por eso se supo lo que estaba pasando en ese juzgado y el juez no tuvo de otra más que intentar mejorar su actuar, por el escrutinio de la sociedad. Lo que queremos es que en Zacatecas se haga esto y replicar la estrategia en los demás estados”.

Apenas es el inicio

Zacatecas no es el único estado que no ha hecho pública ninguna sentencia en dos años. A la lista se suman Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Colima, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Campeche. Hay, además, otros estados donde los Poderes Judiciales tienen menos de 50 sentencias publicadas. En el periodo de 2015 a 2017, el Poder Judicial de Yucatán solo publicó 30, el de Puebla 11 y el de Chiapas dos.

El problema radica en que los poderes judiciales de las entidades han usado un tecnicismo para no cumplir con su obligación de hacer públicas las sentencias, explican los denunciantes. En 2015, una reforma a la Ley General de Acceso a la Información Pública (LGTAIP) introdujo la consideración de hacer públicas sólo aquellas sentencias de “interes público”, pero no definieron el término. Así, tal concepto quedó sujeto al criterio de los poderes judiciales para decidir qué sentencia es de interés público y cual no.

Esta opacidad no permite evaluar la forma en que se hace justicia, advierten los denunciantes. “Si la sociedad no tiene acceso a las sentencias, no es posible evitar que se emitan sentencias discriminatorias, ni se pueden detectar actos de corrupción pues la labor de este Poder se encuentra al margen del escrutinio ciudadano. La publicación de las sentencias es una herramienta que también permite evaluar si las capacitaciones en los Poderes Judiciales Locales, en las que se han invertido cerca de 596 millones de pesos en los últimos 10 años, realmente están teniendo un impacto positivo”.

Este hecho ya fue reconocido por el Juzgado Tercero Civil de Zacatecas, que en un informe justificado del pasado 3 de abril, dos semanas después de interpuesto el juicio de amparo, respondió que “es cierto el acto reclamado. Esta autoridad no ha elaborado versiones públicas de sentencias de interés público emitidas por este juzgado, a fin de que fueran puestas a disposición del público, ni ha puesto a disposición del público las sentencias de interés público emitidas por este órgano jurisdiccional”.

Aunque la mayoría de las entidades no publica todas las sentencias, las OSC demandantes eligieron a Zacatecas por su nivel de opacidad, su cercanía con Ciudad de México y su número de jueces. “Evaluamos una combinación de factores: en Zacatecas tenemos contactos y capacidad para llegar a través de las organizaciones involucradas. Pero no va a ser el único estado, vamos a seguir”, señala Ana Pecova, de EQUIS Justicia para las Mujeres.

Los siguientes pasos de este litigio estratégico dependerán de los resultados. “En contra de lo que esperábamos -porque luego los jueces de distrito prefieren lavarse las manos y dejar que resuelva un tribunal colegiado- el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Iván Ojeda Romo, admitió la demanda. Tenemos confianza, es buena noticia que sin haberle temblado la mano, como a otros, la haya admitido, esto es una buena señal, ya seguiremos aportando pruebas e información para que se conceda el amparo de la justicia federal”, afirma Carrasco.

“Quizá esto genera el debate que queremos provocar y el poder judicial recapitula. Quizá éste sea el precedente que estábamos buscando y no va ser necesario seguir con ningún otro estado, pero si no es así, seguiremos”, considera por su parte Pecova.

Entre los objetivos del colectivo se encuentra sentar jurisprudencia y que se defina el término interés público para frenar el retroceso que significó la reforma a la Ley General de Acceso a la Información Pública. “El contenido que buscamos que se le dé a este concepto es que todas las sentencias son de interés público, porque todas sirven para monitorear cómo se imparte la justicia, que, además, es un servicio público. El poder judicial debe mostrar en qué consiste su trabajo”, puntualiza Pecova.

Por lo pronto, EQUIS Justicia prepara una campaña para emitir postales con las resoluciones discriminatorias que ha logrado recabar en las sentencias de jueces de todo el país, para que se conozca el tipo de lenguaje que utilizan “y todo lo que nos estamos perdiendo porque nos bloquean el acceso a las sentencias”, señala Pecova.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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McDonald's: la indignación que causa en Perú la muerte de dos jóvenes empleados de la cadena de hamburguesas

Gabriel Campos, de 19 años, y Alexandra Porras, de 18, murieron el domingo mientras terminaban sus labores en un McDonald's de Lima.
18 de diciembre, 2019
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Alexandra Porras y Gabriel Campos

Facebook de Gabriel Campos
Alexandra Porras y Gabriel Campos eran pareja y trabajaban desde hace unos meses en un local de McDonald’s en Lima.

Su muerte causó una fuerte indignación en Perú y ha puesto bajo la lupa a una de las cadenas de comida rápida más exitosas del mundo.

El domingo, las autoridades encontraron los cadáveres de Alexandra Porras y Carlos Gabriel Campos, ambos de 18 años, dentro del local de McDonald’s del distrito limeño de Pueblo Libre en el que trabajaban.

Los jóvenes, que habían sido pareja, llevaban menos de seis meses en la cadena de comida rápida.

Las autoridades están investigando los hechos y Arcos Dorados, la empresa encargada de la franquicia de McDonald’s en Perú, dijo que colaboraría con las pesquisas.

En un primer comunicado citado por la prensa peruana, Arcos Dorados habló de “un accidente que se habría originado por una descarga eléctrica“.

No obstante, en declaraciones a BBC Mundo la empresa dijo al respecto este martes que “no puede dar detalles” sobre lo ocurrido.

Preguntados por la diferencia entre ambas declaraciones, desde Arcos Dorados se limitaron a responder: “Las autoridades locales se encuentran trabajando activamente en la investigación del caso. A la vez, pusimos todos nuestros recursos a disposición para brindar la colaboración necesaria para el pronto esclarecimiento de este suceso”.

La municipalidad de Pueblo Libre, el distrito limeño donde se ubica este local de McDonald’s, clausuró el restaurante mientras se investigan los hechos, y la empresa cerró todos sus locales en Perú por dos días en señal de duelo.

Pero la muerte de los jóvenes provocó protestas en el país contra las condiciones laborales precarias en el país.

El suceso

Alexandra, hija única, quería ser abogada y Gabriel, fisioterapeuta. Estaban trabajando para pagar sus estudios.

Pero, según su familia, no trabajaban en circunstancias ideales. Los familiares de las víctimas dijeron a medios locales que los jóvenes cumplían jornadas de hasta 12 horas, en un país en el que el máximo permitido por ley son 8.

Walter Bedriñana, abogado de la familia de Gabriel, detalló que cuando los jóvenes estaban trabajando, el suelo estaba mojado.

“Yo no pude ingresar (pero) quien sí pudo ver lo que había adentro fue la mamá. Y quedó en shock, porque ella recuerda que el piso estaba mojado y que evidentemente sí había cables”, le dijo a BBC Mundo.

“Confío que con la información que recabaron los peritos se pueda determinar qué fue lo que pasó”, declaró el abogado al ser preguntado si la muerte de los jóvenes podía ser atribuida a inseguridad laboral.

Pero, según Bedriñana, “eso del piso mojado sí está en el acta de levantamiento del cadáver, por eso nosotros ya podemos decirlo”.

“No quiero buscar culpables, pero para mi tranquilidad, quiero saber con detalles qué pasó. Así como mi hija me contaba todo, con detalles”, le dijo Johana Inga, madre de Alexandra, a América Televisión.

Investigaciones

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) de Perú está investigando lo ocurrido, así como la Fiscalía peruana.

La ministra de Trabajo de Perú, Sylvia Cáceres, dijo a medios locales que, si se comprueba que la empresa incumplió alguna normativa, podría recibir una multa de hasta US$56.000.

En un comunicado enviado a BBC Mundo este martes, Arcos Dorados manifestó que “entendemos y compartimos el inmenso dolor junto a las familias de Carlos Gabriel Edgardo Campos Zapata y Alexandra Antonella Porras Inga por esta sensible pérdida”.

“Desde el hecho, hemos estado en contacto con las familias de nuestros colaboradores fallecidos para acompañar y ofrecer todo el apoyo necesario durante este difícil momento”, agrega.

“Además, estamos brindando soporte a todos nuestros demás colaboradores que están afectados por la pérdida de sus compañeros”, se lee en el comunicado.

McDonald's en Perú

Getty Images
McDonald’s dice estar colaborando con las autoridades.

Bedriñana, sin embargo, se mostró crítico con la compañía.

“Corrieron con los gastos del sepelio porque están en la obligación de hacerlo, pero en el tema de apoyar la investigación, he sentido que no ha sido así”, le dijo a BBC Mundo.

“Lo primero que deben aclarar es qué fue lo que paso y hasta el momento la empresa no ha dado una versión sobre qué es lo que ha sucedido”, se quejó el abogado.

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Según Arcos Dorados, sin embargo, “el caso sigue bajo reserva de las autoridades competentes, con lo cual no estamos autorizados a brindar detalles de este ya que podrían alterar el normal desarrollo de la investigación”.

Y sobre las acusaciones de que los jóvenes laboraban más de 8 horas por turno, Arcos Dorados le respondió a BBC Mundo que ambos “trabajaban en modalidad ‘part time’ con un máximo de 8 horas por día, con una hora adicional de descanso y un máximo programado de 24 horas por semana”.

McDonald's en Perú

Getty Images
Todos los McDonald’s de Perú cerraron durante dos días.

La corporación McDonald’s también se pronunció sobre los hechos.

“Estamos profundamente tristes por el trágico accidente que ocurrió en una franquicia de McDonald’s en Perú”, dijo en una declaración enviada también este martes a BBC Mundo.

La seguridad de los miembros del equipo en cualquier McDonald’s es una prioridad global y estamos trabajando con nuestro socio local , que está llevando a cabo una investigación exhaustiva con las autoridades locales”, señaló.

“Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias de los miembros del equipo, amigos y miembros del equipo durante este tiempo extraordinariamente difícil”, añadió.

Cerrados dos días

Por lo pronto, todos los McDonald’s de Perú cerraron durante dos días en señal de duelo por la muerte de sus dos trabajadores.

Pero el anuncio no pareció contentar a los peruanos.

El martes hubo plantones contra la empresa frente a uno de sus locales en Lima y frente a otro en Arequipa (en el sur de Perú).

Además, este caso ha hecho que sean mucho los que denuncien las “precarias” condiciones de trabajo que se dan en muchos locales de comida rápida.

La empresa Arcos Dorados posee el grupo de franquicias de McDonald’s más grande del mundo y cotiza en la Bolsa de Nueva York.

Opera en 20 países de América Latina y el Caribe, con alrededor de 2.200 restaurantes McDonald’s y más de 63,000 empleados.

En 2018, el Instituto “Great Place to Work” reconoció a sus sedes de Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá, México y Uruguay como “Mejor lugar para trabajar”, en una lista de 25 multinacionales de América Latina.

Pero en 2015 y en 2018, dos locales de McDonald’s en San Isidro y Miraflores, distritos acomodados de Lima, fueron clausurados temporalmente porque se hallaron cucarachas en el primero y por falta de higiene en el caso del segundo.


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