Documenta Comité de la ONU indefensión de grupos vulnerables ante gobierno mexicano y empresas
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Cuartoscuro.

Documenta Comité de la ONU indefensión de grupos vulnerables ante gobierno mexicano y empresas

Después de casi 12 años de no comparecer ante el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el Estado mexicano no salió bien librado de acuerdo con las conclusiones del organismo: el poder económico y político conjunta esfuerzos en los tres niveles de gobierno, en detrimento de los grupos vulnerables.
Cuartoscuro.
Por Andrea Vega
26 de abril, 2018
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“Seguirán siendo así, indefensos”, dice Leydy Pech, del Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes, que le dijo un magistrado ante las quejas interpuestas por el incumplimiento de la sentencia de amparo que ganaron pobladores de Campeche y Yucatán para suspender la siembra de soya transgénica en su territorio, en tanto no se efectúe una consulta libre e informada en la que puedan pronunciarse al respecto.

La sentencia la obtuvieron en 2015, pero la consulta está estancada. “Las seis sesiones que tuvimos atropellaron nuestros derechos, las autoridades solo favorecían a las empresas que están desarrollando el proyecto. Eso es muy preocupante, porque según nosotros, la sentencia nos iba a ayudar en nuestro derecho a la libre determinación, pero cuando quisimos ejercer ese derecho, nos lo desconocieron por completo”, afirma Pech, quien es parte de los avicultores afectados por la siembra de soya transgénica en Campeche.

A petición de las comunidades afectadas, la Misión de Observación de la Consulta Maya (conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil) emitió un reporte donde destacó que la consulta no tuvo una pertinencia cultural, al carecer de traducción e interpretación de las sesiones; tampoco contó con información clara ni con procedimientos adecuados pues las convocatorias para las sesiones se hicieron con pocas horas de anticipación, por ejemplo. Además, representantes de las comunidades mayas denunciaron hostigamientos y una estrategia para dividir, desgastar y desarticular su proceso organizativo.

“La semana pasada, yo y otros compañeros estuvimos en el Tribunal Colegiado en Campeche por dos quejas que interpusimos contra la no ejecución de la sentencia y el magistrado me dijo ‘no podemos hacer nada, seguirán siendo así, indefensos’”. Esta última frase que Leydy Pech remarca en el Foro para la Evaluación de las Observaciones Finales sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en México, por parte de la ONU, engloba las preocupaciones del organismo.

Después de casi 12 años de no comparecer ante el Comité de DESC, el Estado mexicano presentó dos informes sobre la situación de esas garantías en el país. A la par, más de 150 organizaciones de la sociedad civil emitieron uno alterno, en el que señalan los incumplimientos a diversos derechos.

Luego de hacer un balance entre los informes y de tener un diálogo con la delegación mexicana, el 12 y 13 de marzo pasado, en Ginebra Suiza, el Comité DESC de la ONU hizo públicas sus observaciones finales, de las que hicieron un recuento y análisis el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre DESCA, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CHND) y el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

“El poder económico y político reacciona a la crítica silenciándola, eso es muy claro desde la perspectiva indígena, con proyectos que benefician a los muy ricos y victimizan a los pobres”, afirmó, Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El poder económico y político, agregó, conjunta esfuerzos, en los tres niveles de autoridades, para garantizar que las sentencias (como las de la soya transgénica) no se cumplan.

Tanto el informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil como las observaciones finales de la ONU en cuanto a los DESC en México destacan otras problemáticas ligadas como un proteccionismo del Estado hacia las empresas. Entre ellas la criminalización a defensores del medio ambiente y de la tierra y el territorio, la falta de acceso a la justicia para quien la reclama y la impunidad y falta de debida diligencia de las empresas para evaluar si sus acciones vulneran o no derechos humanos.

Stephanie E. Brewer, del Centro Prodh, remarcó cuatro temas transversales que tocan las recomendaciones de la ONU en cuanto a DESC para México. El primero, la justicia en estos derechos, “el Comité señaló, en términos, muy claros, su preocupación por la falta de acceso y cumplimiento de juicios de amparo y recursos judiciales efectivos para las víctimas”.

El segundo tema es la situación de defensores de derechos DESC. “Los ataques a ellos en México son alarmantes, Cemda (Centro Mexicano de Derecho Ambiental) documentó que de julio de 2016 a diciembre de 2017 hubo 88 casos de ataques contra personas defensoras de derechos ambientales, incluyendo el homicidio de 29 personas”.

Es por eso que el Comité le recomienda al Estado mexicano que adopte medidas efectivas y oportunas para prevenir estos actos de violencia, que se investigue de manera exhaustiva, imparcial y eficaz todas las denuncias de atentados contra la vida, integridad física y libertad, así como todo acto de violencia, amenazas, hostigamiento, intimidación, acoso y difamación cometidos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.

Las empresas y los DESC es el tercer tema que, de acuerdo al Centro Prodh, toca de forma transversal los señalamientos y recomendaciones de la ONU. Al Comité le preocupa el carácter no obligatorio de los principios de debida diligencia en materia de derechos humanos por parte de las empresas, en el sentido de evaluar si sus actividades podrían conllevar alguna afectación a la población y prevenir ese impacto en todas las fases de su trabajo.

Ante esto le recomienda a México acelerar sus esfuerzos para la pronta adopción del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, garantizando que tanto en el proceso de elaboración como de aplicación se cuente con la debida participación de todos los actores interesados.

Por supuesto, entre los temas centrales de preocupación están los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, la recomendación para México es garantizar que las comunidades sean consultadas antes de otorgar licencias para actividades económicas en sus territorios.

Otros aspectos que destacan en las observaciones de la ONU son la corrupción, la discriminación que continúan enfrentando determinados grupos, y que no existan políticas apropiadas para combatir la múltiple discriminación que enfrentan, por ejemplo, las mujeres indígenas con discapacidad.

La evaluación también señala la necesidad de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres; el derecho al trabajo, con una preocupación especial en cuanto a la alta proporción de trabajadores en la economía informal; que el salario mínimo sea suficiente para proporcionar condiciones de vida dignas a los trabajadores y sus familias.

Los derechos sindicales, la seguridad social, la violencia contra la mujer, los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, la protección y apoyo a los familiares de personas desaparecidas, la atención a la pobreza y la desigualdad, el derecho a la alimentación y a una vivienda adecuada; los desalojos forzosos y los desplazados internos; así como el derecho al agua, al saneamiento, a la salud y a la educación y el respeto a la diversidad cultural y a la salud sexual y reproductiva son los otros temas en los que el Comité pide a México mejorar su actuación.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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Escándalos con la vacuna del coronavirus: cómo la lucha contra el COVID-19 desnuda viejos vicios de América Latina

El desarrollo de vacunas para combatir el coronarios ilusionó a la región, golpeada con especial dureza por la pandemia. Después surgieron los problemas.
27 de febrero, 2021
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En Argentina, Ecuador y Perú, los escándalos tumban a ministros de Salud. En Brasil, hubo al mismo tiempo escasez y desperdicio de vacunas. Y en otros países de la región recién llegan las primeras dosis.

La vacunación contra el COVID-19 se volvió de pronto un espejo flamante de viejos problemas del subcontinente como la corrupción, el favoritismo, la falta de planificación o la incapacidad para resolver grandes desafíos.

Cuando México protestó la semana pasada en Naciones Unidas por el “acaparamiento” de vacunas en los países ricos, puso el foco sobre algo reconocido por la Organización Mundial de la Salud: la alarmante brecha en la distribución global de las dosis.

Pero el rezago de la vacunación en Latinoamérica respecto a otras regiones se debe también a deficiencias propias, advierten expertos.

Por ejemplo, la carencia de materiales elementales como viales o filtros en México retrasó el envase y la distribución de millones de dosis de la “vacuna latinoamericana” producida en Argentina tras un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca.

“Hay una cuestión de dependencia externa, pero esa dependencia también es un fallo de América Latina: no tenemos la capacidad de producir esas vacunas, mientras que India o China, que eran tan subdesarrollados como nosotros hace 30 años, logran hacerlo”, dice Miguel Lago, director ejecutivo del Instituto de Estudios para Políticas de Salud (IEPS) en Brasil, a BBC Mundo.

“Terminemos con la payasada”

Con cerca de un cuarto de las muertes por COVID-19 en el mundo, pese a tener 8,5% de la población global, América Latina ha sido golpeada con especial dureza por la pandemia.

La región también sufrió el año pasado el peor desplome económico mundial tras la llegada del coronavirus, con una contracción de 7,4% del PIB según estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

Exministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos

Getty Images
El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, renunció tras un escándalo por el envío de vacunas a un geriátrico donde estaba su madre.

En este contexto, el descubrimiento de las vacunas contra el coronavirus ilusionó a los latinoamericanos con ver pronto la luz al final del túnel.

Sin embargo, los esfuerzos de vacunación regional han estado marcados por polémicas, demoras y frustraciones.

Las renuncias de los ministros de Salud en Argentina, Ecuador y Perú ocurrieron después que en sus países se denunciara favoritismo en el acceso a las vacunas que escasean para la población en general.

El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, dimitió a su cargo este viernes, en medio de investigaciones por el envío de parte de las primeras dosis de vacunas a un geriátrico privado donde estaba su madre.

En Argentina y Perú se reveló que funcionarios, exgobernantes o personas influyentes también se vacunaron de forma preferencial, sin seguir las reglas puestas al resto de la población.

Durante una visita a México esta semana tras pedir la dimisión de su ministro, el presidente argentino, Alberto Fernández, buscó enterrar el escándalo: “Terminemos con la payasada”, dijo.

El presidente argentino, Alberto Fernández, durante una visita a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Getty Images
El presidente argentino, Alberto Fernández, se refirió a la polémica por “vacunas VIP” en su país durante una visita a su par mexicano López Obrador.

El mandatario aludió a la investigación judicial abierta sobre el caso denominado “Vacunatorio VIP” en su país y sostuvo que “no hay ningún tipo penal en Argentina que diga ‘será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila'”.

Pero otros creen que estos casos son síntomas de antiguos vicios de la región, como el irrespeto a las normas o el uso de recursos públicos para beneficio de algunos.

“En todos los países donde saltan escándalos se repite una práctica bastante común: eludir las estructuras formales del Estado para canalizar las vacunas sin planes y protocolos claros y transparentes de atención a las poblaciones vulnerables. Más bien lo contrario: protejo y atiendo a los míos”, escribió Felipe Burbano de Lara, sociólogo, politólogo y columnista del diario El Universo de Ecuador.

Chile es el país de la región donde el proceso de inoculación avanza de forma más aceitada: casi 17% de su población de 19 millones fue vacunada en febrero.

Plan de vacunación masiva en Chile.

Getty Images
En Chile la campaña de vacunación masiva avanza con rapidez.

El caso chileno es visto como una prueba de que en la región es posible vacunar a tasas similares o incluso superiores al mundo desarrollado gracias a una robusta red de atención de salud que falta en otros países, además del poder adquisitivo y la rapidez del gobierno para comprar millones de dosis.

Pero tampoco Chile ha estado libre de polémicas en su campaña de vacunación: al menos 37.000 personas en ese país se adelantaron a su turno sin tener factores de riesgo, según datos oficiales.

“Ninguna fuerza”

Otro país latinoamericano que evidencia los contratiempos de vacunación en la región es Brasil, donde menos de 4% de la población ha recibido dosis hasta ahora.

Además de tener sus propias denuncias de irregularidades en el acceso a las vacunas, Brasil experimenta una escasez de dosis que expertos atribuyen a errores de planificación del gobierno de Jair Boslonaro.

Grandes ciudades brasileñas como Río de Janeiro, Porto Alegre o Salvador llegaron a suspender las inoculaciones por falta de vacunas, mientras también se reportaban en el país desperdicios de dosis abiertas que perdieron validez antes de ser inyectadas.

Vacuna en Rio de Janeiro

EPA/ANTONIO LACERDA
La primera etapa de vacunación en Brasil tuvo al mismo tiempo escasez y desperdicio de dosis.

Los países más rezagados de América Latina en la carrera de la vacunación contra el COVID-19 son Guatemala, Honduras, Nicaragua y Uruguay, que apenas importaron sus primeras dosis esta semana, mientras Cuba aún busca desarrollar sus propias vacunas.

Algunos observan que otra característica histórica de la región, como la falta de unidad y coordinación entre los países, también afectó sus posibilidades de demandar más vacunas al resto del mundo.

“América Latina no negocia como bloque, sino que cada país negocia como puede, entonces claro que no tiene ninguna fuerza”, señala Lago.

Se estima que, sin acelerar su ritmo actual de vacunación, varios países latinoamericanos podrían tardar años en alcanzar los niveles de inmunidad necesarios en sus poblaciones para volver a la normalidad.

Ciudad de Panamá

Getty Images
La lentitud de la vacunación en América Latina puede profundizar viejos problemas sociales de la región, como la desigualdad.

Como si se tratara de un círculo vicioso, esto amenaza a su vez con profundizar problemas sociales de una región que ya era considerada la más desigual del mundo.

Nora Lustig, una profesora de economía en la Universidad de Tulane, advierte que los efectos podrían llegar incluso a largo plazo por el cierre de escuelas para niños de familias de bajos recursos.

“En la medida que no tengas la capacidad de crear un espacio de normalidad a través de un proceso de vacunación más rápido”, dice Lustig a BBC Mundo, “vas a tener un impacto sobre la economía, la desigualdad y la pobreza”.


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