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¿Por qué el FBI intensificó la cacería del narcotraficante Rafael Caro Quintero?
Caro Quintero estuvo en prisión durante 28 años, pero en 2013 fue liberado tras un controvertido proceso legal. Desde entonces está prófugo pues el gobierno mexicano pretende recapturarlo.
Por Alberto Nájar / BBC Mundo
14 de abril, 2018
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El anuncio sorprendió a muchos. El Buró Federal de Investigaciones (FBI), incluyó al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero en su lista de las personas más buscadas.

E hizo algo más: anunció una recompensa de US$20 millones por su captura.

Es la cifra más alta en la historia de la lucha de Estados Unidos y México contra el narcotráfico.

Hace unos años cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán fue considerado el hombre más buscado del mundo –después de la muerte de Osama Bin Laden- el gobierno estadounidense ofrecía US$5 millones.

El Chapo enfrenta ahora un juicio en cortes de Nueva York, después de permanecer catorce años prófugo y escapar tres veces de prisión.

Caro Quintero estuvo en prisión durante 28 años, pero en 2013 fue liberado tras un controvertido proceso legal.

Desde entonces está prófugo pues el gobierno mexicano pretende recapturarlo.

Ahora se intensificó la cacería. “Estamos comprometidos a llevar ante la justicia a este criminal peligroso y líder del cartel responsable del brutal asesinato de un agente de la DEA“, advirtió el director adjunto del FBI, David L. Bowdich.

La muerte de Camarena

Para el gobierno de Estados Unidos y en particular su agencia antidrogas, la DEA, Rafael Caro Quintero representa un tema sensible.

En los años 80, el capo formó parte de la hasta entonces más grande organización de narcotráfico del país, el llamado Cartel de Guadalajara.

El grupo fue creado por Miguel Ángel Félix Gallardo, apodado el Jefe de Jefes, acompañado de otros personajes como Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto” y el mismo Caro Quintero.

El Cartel fue el primero en la historia de México en traficar cocaína, aunque la mayor parte de su negocio se concentraba en la marihuana.

Y en este sector el más destacado fue Rafael Caro. Por ejemplo, era dueño de un extenso rancho en Chihuahua, en el norte de México, donde cultivaba marihuana a gran escala.

La propiedad fue descubierta por el agente Camarena Salazar con ayuda de un piloto mexicano, Alfredo Zavala Avelar.

Sus investigaciones obligaron al gobierno mexicano a confiscar el rancho, llamado El Búfalo. Cuando el Ejército aseguró la propiedad encontró una cosecha de 10.000 toneladas de marihuana.

De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), Caro Quintero enfureció contra Camarena y Zavala ordenó a sus sicarios que los detuvieran.

En abril de 1985, El Kiki fue secuestrado cuando salía del consulado de Estados Unidos en Guadalajara, su área de operación.

El agente y su compañero piloto fueron torturados hasta la muerte en una casa del Jefe de Jefes, según la DEA. Sus cuerpos aparecieron semanas después en un rancho de Michoacán, en el occidente del país.

Las razones de la furia

La muerte de Enrique Camarena provocó una de las mayores crisis diplomáticas entre los dos países, y definió el rumbo histórico del combate binacional contra el narcotráfico.

Pero hubo algo más. El Kiki fue el primer agente en activo asesinado por su trabajo y en la DEA el caso fue como una declaración de guerra.

Para capturar a todos los que participaron en el homicidio emprendió una extensa operación especial que duró varios años.

Incluso utilizó medidas extremas como contratar cazarecompensas para atrapar a los involucrados.

Fue una especie de mensaje para todos los carteles del mundo, cuentan especialistas como José Reveles: la DEA no olvida ni perdona.

Quienes ataquen o asesinen a sus agentes serán perseguidos sin descanso.

Es, de hecho, una de las razones que explican la furia con que se busca a Caro Quintero.

Y también del temor que muchos capos latinoamericanos tienen a la agencia y una eventual extradición a Estados Unidos.

Lo recordó el director adjunto del FBI. “El agente especial Camarena se dedicó a detener el tráfico de drogas y romper el ciclo de delitos relacionados con las drogas”, dijo.

“Mostró tremendo coraje para perseguir a los traficantes de drogas más violentos, y es por su coraje y su altruismo que no vamos a dejar de buscar a Caro Quintero hasta que lo encontremos y lo coloquemos entre rejas a donde pertenece”.

“Estoy limpio”

La madrugada del 9 de agosto de 2013, Rafael Caro Quintero salió caminando de la cárcel de Puente Grande, Jalisco. Había pasado 28 años en prisión, después de ser detenido en Costa Rica en 1985.

El capo debía cumplir una sentencia de 40 años, pero el juez que seguía su caso consideró que su tiempo en la cárcel había sido suficiente.

En México, muchos se enteraron porque el gobierno estadounidense emitió una alerta y fue entonces que la PGR empezó una operación para recapturarlo.

Oficialmente la búsqueda es para cumplir una solicitud de extradición, pues en México no existen nuevos cargos contra Caro.

Pero en Estados Unidos sí. Además de la muerte de Camarena, la DEA y el FBI acusan al capo de tener “un papel de liderazgo en el Cartel de Sinaloa”.

Según la agencia antidrogas Caro Quintero es un narcotraficante en activo, y pretende ocupar el sitio que dejó El Chapo tras su extradición.

Pero el capo dice que no es cierto. En un par de entrevistas a la periodista Anabel Hernández asegura que está alejado del negocio, y lo único que espera es que lo dejen en paz.

“Yo no pertenezco a ningún cartel. Como ya le dije en una ocasión yo no voy a volver al narcotráfico nunca”, aseguró.

La periodista le preguntó si ahora es uno de los líderes del Cartel de Sinaloa. “¡Quien lo diga, miente! Y que me lo comprueben. El gobierno de México sabe que lo que estoy declarando es la verdad”.

Rafael Caro dice que no tiene dinero y que ocupa todo su tiempo en escapar de la persecución de marinos y soldados.

Se esconde en el llamado Triángulo Dorado, una región montañosa entre los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango considerada una de las mayores áreas de producción de heroína y amapola del país.

La periodista Hernández cuenta que el capo duerme poco, atento al sonido de algún dron o helicóptero. Varias veces, al salir corriendo de su escondite, se ha caído en la oscuridad.

“Todo lo que hago es huir, por algo para lo que ya cumplí mi condena”, confiesa en una de las entrevistas.

Una imagen muy distinta a la del capo detenido en 1985, cuando en una entrevista en prisión ofreció ayudar a pagar la deuda externa del país.

Ahora tiene otra oferta: puede ayudar a los candidatos presidenciales en campaña, asegura. Y lo hace porque no tiene nada que esconder.

“Si tuviera las manos llenas de droga no iba yo a decir que les puedo ayudar”, señala. “¿Pero sabe por qué me atrevo a decir que puedo ayudar? Porque estoy limpio, soy un hombre que habla con la verdad”.


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Foto: Elizabeth Cruz
Falta consultar a 19 comunidades indígenas sobre el aeropuerto de Santa Lucía
Hasta el momento solo una comunidad, Xaltocan, ha sido informada sobre el proyecto del aeropuerto. Según un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debe ser al menos 20 comunidades.
Foto: Elizabeth Cruz
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Hasta el momento solo un pueblo originario, Xaltocan, ha sido consultado sobre la obra de la base Militar de Santa Lucía, contrario a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 29 de abril.

Este martes, Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), contradijo también al mandatario, pues informó que la única comunidad consultada fue Xaltocan, Nextlalpan, en el Estado de México.

En entrevista para Animal Político, José Antonio Lara Duque, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), asegura que lo que el gobierno llama una consulta, no lo fue, además de que las otras 19 comunidades que deben ser tomadas en cuenta, no han sido visitadas ni informadas sobre el proyecto.

“Los habitantes de Xaltocan nos comentan que la visita del gobierno a su comunidad fue con el pretexto de realizar una asamblea para informar sobre obras públicas y los beneficios que habría en el lugar (…) había integrantes de la Sedatu y la Segob y ahí fue, con la presencia de unos 600 habitantes, de los 4 mil que tiene la comunidad, que ellos pidieron la opinión sobre Santa Lucía”, relata Lara Duque.

De acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el gobierno de México, para proyectos de esta magnitud deben consultarse al menos 20 comunidades que puedan resultar afectadas ambientalmente.

Lee también: AMLO dice que consultó a los pueblos cercanos a Santa Lucía y dieron el sí al aeropuerto

El convenio estipula que, para ser consultados, los 20 pueblos deben estar bajo un contexto de libertad, ser previamente informados, recibir datos culturalmente adecuados y recibirlos de buena fe.

Según el director del CDHZL, esto no se está cumpliendo. “Para nosotros más bien se trató de una consulta clandestina, a puerta cerrada, pues los habitantes fueron convocados para una asamblea y no fueron previamente informados; fue una situación muy opaca (…) el resto de los pueblos no se enteró sobre lo que estaba pasando (…) en ningún momento se ha cumplido con el convenio 169”.

Sobre una consulta más amplia, el titular de la Sedatu declaró este martes a Notimex que analizan con el Instituto de Pueblos Indígenas si la consulta se extenderá a otras comunidades de la zona, porque, según él, fue ese organismo quien determinó que fuera Xaltocan el pueblo visitado por el gobierno, al ser originario y estar a 700 metros de la base militar de Santa Lucía.

Lara Duque lamenta la declaración del titular de la Sedatu, pues dice que es inaceptable que el gobierno “analice” algo que está estipulado como una obligación del Estado mexicano.

Leer: Terminal de Santa Lucía se inaugurará en 2021 pero operará a toda su capacidad en 2069

Las 20 comunidades que deben ser consultadas según lo estipulado en el convenio 169 de la OIT son:

En Tecámac

1.- San Juan Pueblo Nuevo
2.- San Lucas Xolox
3.- Los Reyes Acozac
4.- Santo Domingo Ajoloapan
5.- Santa María Ajoloapan
6.- San Pedro Pozohuacan
7.- San Jerónimo Xonacahuacan
8.- Tecámac
9.- San Pablo Tecalco
10.- San Francisco Cuahtitlixca
11.- San Pedro Atzompa
12.- Santa María Ozumbilla

En Zumpango

13.- San Sebastián Atlatelco
14.- San Juan Xitlaltepec
15.- Santa María Cuevas
16.- Loma Larga
17.- San Bartolo Cuautlalpan

Y en Nextlalpan

18.- San Miguel Xaltocan
19.- San Mateo Acuitlapilco
20.- San Esteban Ecatitlán

Las comunidades más cercanas a Santa Lucía son San Sebastián, en Zumpango y San Lucas Xolox, en Tecámac, incluso más que Xaltocan, pero éstos no han sido ni siquiera visitadas.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario nacional comentó que su administración “estaba siguiendo todo el procedimiento legal en todos los casos, y donde se necesite hacer consulta se va a llevar a cabo”.

José Antonio Lara Duque niega tal afirmación pues dice que en el caso de Santa Lucía, su administración no ha iniciado los procesos correspondientes para realizar las consultas.

El CDHZL ha tenido dos acercamientos con integrantes del gabinete presidencial, el primero fue con la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y el segundo con Patricia Legarreta, directora de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, de la Segob.

“A la titular de la SFP se le planteó la necesidad de tener acceso a la información y de que su dependencia hiciera las gestiones que le corresponden para que las instancias correspondientes como la Sedena y la Sedatu, se apeguen a la normatividad internacional y realicen las consultas, pero días después publicó en sus redes sociales que irían con todo por Santa Lucía; y en el caso de Legarreta se no dijo categóricamente que no la Segob no iba a dialogar sobre el tema de Santa Lucía por una decisión presidencial”, relata Lara Duque.

Su principal preocupación: el agua

El argumento de los pueblos originarios en contra del proyecto de Santa Lucía así como del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, es que de llevarse a cabo se comprometería el derecho humano al agua.

La cuenca más cercana a la base militar de Santa Lucía es la de Cuautitlán-Pachuca, la cual según datos de la Comisión Nacional del Agua tiene una sobreexplotación de 800% por lo cual ya tiene una veda.

Lee: Nuevo Aeropuerto en Santa Lucía, 66% más caro que en Texcoco: Colegio de Ingenieros

“Hace unos días, la Secretaría de la Defensa Nacional presentó una manifestación de impacto ambiental a la Semarnat, en la que reconoce que la zona de Santa Lucía tiene una crisis hídrica y que por ellos, la Sedena puede obtener un millón de litros diarios de agua, pero según sus propios datos el Nuevo Aeropuerto requiere 6 millones de litros de agua diarios para su funcionamiento, entonces ¿de dónde sacarán los 5 millones de litros agua diarios?, todo nos hace pensar que de la cuenca Cuautitlán-Pachuca”, comenta Lara Duque.

Por ello, según el CDHZL de llevarse a cabo el proyecto de Santa Lucía y explotarse la cuenca de Cuautitlán, podría ocasionarse en los próximos 10 años, lo que los expertos llaman un “infarto hidrológico”, que se refiere a una escasez total del agua en la región por la sobreexplotación natural.

Los pueblos indígenas invitan al gobierno federal a tener un diálogo en donde se explique la estrategia para causar esta sobreexplotación y posteriormente realizar la consulta a los 20 pueblos originarios.

En caso de que no haya una mejor opción y la sobreexplotación de la cuenca sea inevitable, los pueblos originarios plantearían la posibilidad de impulsar el Circuíto Aeroportuario, también propuesto por el gobierno y que se trata de fortalecer los aeropuertos que rodean a la Ciudad de México, como el de Pachuca, Morelos, Toluca y Puebla.

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