Función Pública impuso en 5 años 45 mil sanciones, pero ni el 1% resultó en la destitución de un funcionario

Un estudio de la organización civil Impunidad Cero advierte que la Secretaría de la Función Pública (SFP) sanciona en promedio solo el 13% de las denuncias que recibe por malos manejos de funcionarios.

Función Pública
Pese a miles de sanciones de la SFP, la impunidad registra niveles muy elevados: estudio. SFP

En cinco años, entre 2012 y 2016, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió un total de 45 mil 108 sanciones contra funcionarios públicos por malas prácticas o irregularidades administrativas. Sin embargo, tan solo el 28% acabaron en sanciones firmes (13 mil 010). Y peor aún: menos del 1 % resultaron en la destitución de funcionarios (404); apenas un 1.7 % terminó en una sanción económica (779).

Estas son algunas de las principales cifras que documenta el informe ‘Responsabilidades administrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción’, en el que la organización civil Impunidad Cero analiza los retos que enfrenta México en materia de combate a la corrupción, en un contexto marcado por las próximas elecciones presidenciales.

El informe elaborado por el investigador Luis Darío Ángeles subraya que a pesar de que la SFP, que es la dependencia encargada de investigar a funcionarios, emite todos los años miles de sanciones, la impunidad registra niveles muy elevados.

Por ejemplo, apunta el documento, la SFP sanciona en promedio solo el 13.4 % de las quejas o denuncias que recibe. “Esto implica, en principio, que en las denuncias existe una impunidad en la Administración Pública Federal del 86.6 %”. Y de las sanciones a funcionarios emitidas por la SFP, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anula el 41.8 %, “lo que quiere decir que la cantidad de casos que no se sancionan aumenta del 86.6 % a un 92.2 %”.

Y a esto hay que añadir otros dos datos: uno, que casi la mitad de las sanciones impuestas por la secretería a servidores y funcionarios públicos (40%) se quedan únicamente en sanciones menores que se resuelven con una amonestación pública o privada.

Y dos, de acuerdo con una información del diario El Siglo de Torreón que recoge el informe de Impunidad Cero, desde la creación de la SFP en 2002 hasta septiembre de 2017, se han impuesto 16 mil multas económicas por 34 mil 855 millones de pesos en sanciones a funcionarios, de las cuales solo fueron recuperadas 158 millones de pesos; ni siquiera el 0.5% del monto total de las sanciones.

¿Los funcionarios son unos santos?

“Una de dos: o nuestros funcionarios públicos son unos santos, porque apenas hay sanciones graves firmes, o no sabemos qué está pasando con los criterios de la autoridad para sancionar, ni qué tipos de conductas están investigando, ni si se está investigando bien o mal”, planteó en entrevista con Animal Político el investigador Luis Darío Ángeles.

Sobre este punto, el académico expuso que para que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) funcione a pleno rendimiento es necesario “generar una política de información pública en tema de sanciones”, que permita enfrentar la corrupción y también la impunidad. Una propuesta que lanzó a los candidatos presidenciales.

“Los candidatos se están centrando en el combate a la corrupción. Y la forma de combatirla, de entrada, sería aumentar el número de denuncias. Pero si aumentas las denuncias y no hay sanciones, vas a tener un nivel altísimo de impunidad. Entonces, no arreglas el problema solo queriendo acabar con la corrupción. Tienes que solucionar también el problema de la impunidad”, señaló Ángeles, quien insistió en que “el enojo y la desconfianza de los mexicanos” pone de manifiesto la necesidad de discutir los mecanismos de sanción a los funcionarios que incumplan las leyes.

El investigador de Impunidad Cero planteó también que no se necesitan más leyes para lograr un mejor funcionamiento del nuevo Sistema Anticorrupción, ni para elevar los índices de efectividad de las sanciones. Lo que se requiere, precisó, es de “voluntad política” y de una mayor “comunicación y coordinación” entre las instancias encargadas de combatir a la corrupción y la impunidad.


Por ejemplo, en febrero la SFP firmó un convenio con el Poder Judicial de la Federación para compartir estrategias contra la corrupción. Un convenio que, en opinión del investigador, se produjo muy tarde.

“Me parece inverosímil que en 2018 se esté firmando ese convenio, y no se haya hecho muchos años atrás. Eso nos lleva a preguntarnos cómo se está combatiendo la corrupción si el encargado de perseguir irregularidades y el encargado de juzgar las sanciones, no están compartiendo información”, aseguró Ángeles.

Lee aquí el informe completo de Impunidad Cero.

Tras la publicación del informe de Impunidad Cero, la SFP emitió un comunicado en el que precisó que los porcentajes de denuncias no sancionadas “no significa necesariamente impunidad, ya que no todas las denuncias cuentan con los elementos para sancionar”.

“Sin embargo, se lleva a cabo una tarea institucional permanente para mejorar la integración de expedientes y contar con elementos más sólidos para la resolución de los mismos”, añadió la dependencia.

La SFP también indicó que se han fortalecido los mecanismos de atención y denuncia ciudadana, como el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC) y la app móvil ‘Denuncia la Corrupción’, “lo cual permite a la ciudadanía contar con un mecanismo ágil y seguro, durante las 24 horas del día, los 365 días del año, para presentar su queja o denuncia y dar seguimiento hasta su conclusión”.

Asimismo, la dependencia subrayó que puso en operación el Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas (SIRA), “como una herramienta para sistematizar la información puesta a disposición de las autoridades encargadas de prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción”.

Lee aquí la respuesta íntegra de la SFP.

El Paso Exprés, aún sin sanciones

El pasado 7 de febrero, Impunidad Cero publicó el informe ‘Impunidad, Sanciones Administrativas y el Socavón del Paso Exprés’, también elaborado por Luis Darío Ángeles.

En esa investigación, la organización civil expuso que a ocho meses de que dos personas murieran tras caer su vehículo en un socavón que se generó en la carretera federal conocida como el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, ni un solo funcionario público ha sido sancionado, inhabilitado, ni destituido de su cargo. Situación que no ha variado a dos meses de la publicación del informe.

Ningún funcionario ha sido sancionado tampoco por las 22 irregularidades por mil 34 millones de pesos que detectó la SFP en los contratos de construcción de esta carretera, la cual estuvo a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) y dos empresas privadas.

Entre esas 22 observaciones que la SFP hizo como resultado de cuatro auditorías a la Dirección General del Centro SCT Morelos, a la Dirección General de Desarrollo Carretero, y a la Dirección General de Carreteras –todas dependientes de la SCT-, destacan irregularidades en los procedimientos de licitación y/o adjudicación, trabajos ejecutados sin comprobación documental, incumplimiento al programa de obra, e inadecuada planeación y programación de la obra, entre otros.

“En el Paso Exprés no se cometieron irregularidades leves, sino graves. Y el hecho de que meses después no se haya anunciado aún sanciones a funcionarios públicos involucrados en la muerte de dos personas, es una clara muestra de impunidad”, subrayó Luis Darío Ángeles.

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