IMSS niega atención ginecológica a una mujer... por ser soltera
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IMSS niega atención ginecológica a una mujer... por ser soltera

Alegando su soltería, el IMSS se negó a brindarle atención a una joven trabajadora, y además ordenó que la echaran de sus instalaciones por la fuerza, cuando exigió una explicación fundada.
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S. es una joven mujer que vive en la Ciudad de México, que luego de culminar sus estudios de maestría, ha decidido emprender el otro gran proyecto de su vida: ser madre. Sin embargo, enfrenta dos problemas, ambos diagnosticados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El primer problema es que S. presenta una condición congénita que dificulta que pueda embarazarse, algo que tiene solución, a través de terapias de salud reproductiva y reproducción asistida

El segundo problema, no obstante, resulta del todo insoslayable, al menos para el IMSS: y dicho problema es que S. no está casada.

Así, alegando su soltería, dicho organismo público no sólo se negó a brindarle atención a esta joven trabajadora, sino que, además, ordenó que la echaran de sus instalaciones por la fuerza, cuando exigió una explicación fundada.

S. dio inicio a su proyecto de maternidad en 2016, cuando solicitó una terapia de salud reproductiva en el Centro Médico Nacional La Raza (perteneciente al IMSS), en donde inicialmente aceptaron darle tratamiento, que incluyó la realización de diversos estudios clínicos: biopsias de endometrio, ultrasonidos, exhudados, salpingografías y distintas exploraciones de vientre, órganos reproductivos, y análisis de orina y sangre, entre otros.

“Algunos de esos estudios fueron muy dolorosos –recuerda S., cuyo nombre se reserva por respeto a su intimidad–, y otros fueron caros, porque aún cuando soy derechohabiente y hago mis aportaciones al IMSS, yo tuve que pagar varios de esos estudios en laboratorios privados, porque en el IMSS me decían que no tenían el equipo, pero que era necesario que me los realizara”.

Sin embargo, dos años después de haber iniciado dicha terapia, “el pasado 16 de febrero (de 2018) me indican en el área de Ginecología que no podían seguir atendiéndome, por el tema de que debía ir casada, que eso es parte de su protocolo y que ellos cuidan el tema familiar”.

Este argumento, detalla la paciente, le fue expuesto por el doctor Carlos Ramón Jiménez Vieyra, jefe del servicio de Ginecología del Centro Médico Nacional La Raza, quien la recibió en su oficina para anunciarle que su terapia quedaba cancelada, momento en el que S. intentó registrar los hechos con su teléfono celular, lo que provocó que fuera expulsada de dichas instalaciones.

Tal como muestra el video captado dentro de la oficina del doctor Jiménez Vieyra, del que Animal Político posee copia, cuando S. pidió que se le explicara la razón de que su tratamiento quedara cancelado, el servidor público sólo levantó el teléfono de su escritorio y pidió la presencia de elementos de seguridad.

El video muestra que la paciente siempre fue respetuosa y que, literalmente, sólo pedía una explicación fundada sobre la negativa de atención, y muestra luego que, como respuesta, el funcionario del IMSS se limita llamar a los elementos de seguridad y después abandona su propia oficina, ignorando los siguientes llamados de la paciente a que fundamentara su proceder.

Esa misma postura omisa fue asumida a nivel institucional por el IMSS, organismo público al que Animal Político solicitó (en tres ocasiones) una entrevista para conocer bajo qué criterios se otorga o se niega atención en salud reproductiva a mujeres solteras, peticiones que fueron igualmente ignoradas.

“Luego de que en el hospital de La Raza me mencionaron que tenía que ir casada para recibir el servicio, yo me asesoré con un abogado –explica S.–, y vimos que eso que dice el IMSS no pertenece al marco legal mexicano, en ninguna ley se dice que las terapias de salud reproductiva, o de reproducción asistida, sean sólo para mujeres casadas. Entonces, solicité una audiencia con el jefe del servicio de Ginecología de La Raza, y le pedí que me mostrara en dónde se estipula que yo tenía que estar casada para recibir el servicio, pero el doctor me dijo que no me iba a mostrar nada, que yo lo buscara”.

Fue por esa razón, detalla, “que yo decidí sacar mi teléfono celular, y le dije que no pensaba moverme de la oficina hasta que me explicara eso de que yo tenía que estar casada para recibir atención ginecológica, es entonces que él pide que la seguridad me retire del lugar y sí, el personal de seguridad me arrebató mi teléfono y me sacó de la institución”.

Luego de verse obligados a acatar la orden de expulsarla de las instalaciones, fueron los mismos elementos de seguridad quienes, apenados, le recomendaron a S. presentar una queja ante la dirección del IMSS, “y la presenté, pero nunca pasó nada, es como si la denuncia no existiera”, por eso, reconoce, decidió hacer pública su situación.

Aunque el IMSS no quiso informar cuáles sus criterios para brindar o negar la atención en salud reproductiva e infertilidad para mujeres, en su página de internet se encuentran las guías de práctica clínica en las que se establecen sus criterios de asistencia a derechohabientes.

Luego de consultar este catálogo, la única guía clínica hallada que hace referencia a infertilidad es aquella denominada “Diagnóstico de la pareja infértil y tratamiento con técnicas de baja complejidad”, documento que, efectivamente, sólo contempla la posibilidad de brindar asistencia a parejas heterosexuales, no a mujeres solteras, ni a mujeres en cualquier otro tipo de relación que no sea heterosexual.

En esta guía, explícitamente, se establece como requisito para diagnosticar la infertilidad el que la mujer interesada en una terapia de reproducción asistida tenga “relaciones sexuales regularmente, sin el uso de métodos anticonceptivos, durante un año (sin lograr el embarazo)”.

A finales del año pasado, el IMSS informó oficialmente que ha brindado tratamientos de reproducción asistida “a 12 mil parejas” heterosexuales, a través de conteos seminales para los hombres y terapias para regular la ovulación en mujeres.

Aquellas mujeres que, como en el caso de S., optan por un modelo familiar que no implique estar casada, quedan fuera de los parámetros de atención previstos por el IMSS.

Discriminación cotidiana

Debido a que en México existe una “ausencia de regulación generalizada” en materia de salud, cada institución (pública o privada) desarrolla sus propios criterios de atención, y muchos de estos criterios resultan “cuestionables, desde el enfoque antidiscriminatorio”, explica el maestro Enrique Ventura, representante del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred).

“La negación de los servicios de salud reproductiva es un acto de discriminación –detalla el experto–, cuando dicha negativa no es objetiva ni razonable, es decir, cuando está sustentada en una condición inherente a la persona, como puede ser su condición de género, o su estado civil”.

Estas situaciones, afirma el representante del Conapred, “podrían constituir discriminación porque se estaría excluyendo a las personas solteras, particularmente a las mujeres solteras, que con la finalidad de tener hijos quieren beneficiarse de los servicios de reproducción humana”, sin que a este sector de la población el IMSS les brinde “ninguna otra posibilidad” que la de contraer matrimonio para ser atendidas.

El representante del Conapred, organismo público autónomo que combate los actos de discriminación en México, subraya que existen “personas solteras que se ven esperanzadas en formar una familia. Y esas personas solteras, al ver truncada esa esperanza por este tipo de criterios, sufren un detrimento en su proyecto de vida”.

Estos criterios de atención, afirma, “además pudieran vulnerar otros derechos, como el derecho a la salud reproductiva, que es el derecho de las personas a ser informadas, y a elegir métodos seguros y eficaces para regular la fertilidad”.

Asimismo, añade, el IMSS “podría estar vulnerando el derecho a la vida privada, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuyas resoluciones son de aplicación obligatoria para el Estado mexicano) ha dicho que la decisión de ser madre es parte del derecho a la vida privada”, y dentro de esa esfera de la vida privada están las decisiones sobre aspectos genéticos y biológicos de una persona, como lo es la forma en que desea embarazarse, y el estado civil que desea guardar antes y después de la concepción.

Este tipo de actos de discriminación en instituciones públicas, en contra de mujeres que buscan servicios de salud reproductiva, ya fue abordado en 2017 por el Conapred, a partir de tres casos identificados en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en donde se negó la atención ginecológica a mujeres derechohabientes, con base en criterios de edad y de estado civil.

Por esos tres casos, destaca el representante del Conapred, se emitió la resolución 8-2017, en la que se determinó que negar los servicios de salud reproductiva, argumentando la edad de las pacientes, así como la imposición del requisito de vivir en pareja, representa un acto de discriminación.

Además de esa resolución, que iba directamente dirigida al ISSSTE, el 25 de julio de 2017 el Conapred hizo público un pronunciamiento “en el que justo se instó a todas las instituciones de salud a realizar las acciones administrativas y normativas necesarias, para modificar los requisitos para acceder a tratamientos, desde una perspectiva de derechos humanos y no discriminación, que garantice a todas las personas acceder a estos servicios, sin que se les limite nada por una condición inherente a ellas, como su estado civil”.

Es decir, concluye Ventura, que “ya hay un antecedente en el que se hizo toda una valoración, y se dejó en claro que estos requisitos no son objetivos ni razonables, y por lo tanto constituyen un acto de discriminación en agravio de estas personas”.

Sin embargo, ese llamado del Conapred dirigido a las instituciones de salud, exigiéndoles eliminar sus criterios de atención discriminatorios, concretamente aquellos basados en el estado civil de las personas, también fue ignorado por el IMSS.

Estadísticas contra prejuicios

Cuando las autoridades de salud imponen como requisito de atención el que las y los derechohabientes estén casados, “lo que se está haciendo, de manera implícita, es formular un juicio de valor respecto de los distintos tipos de familia que puede haber”, explica Alex Alí Méndez, representante del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), asociación que desde hace 25 años promueve y defiende el derecho de las personas, particularmente de las mujeres, a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.

“Nosotros nos preguntamos: ¿cuál es el fundamento objetivo y razonable de las autoridades para que sólo las personas casadas puedan acceder a servicios de reproducción asistida? Es como si se pusiera en entredicho que las personas solteras puedan darle al recién nacido o nacida los cuidados que requiere”, señala el especialista.

Las estadísticas oficiales en la materia revelan que las mujeres solteras son tan aptas como como lo es un binomio parental, independientemente de su orientación sexual, para formar y encabezar una familia. De hecho, el número de mujeres que están al frente de su familia incrementó 33% en México, entre 1990 y 2005.

Incluso, el Consejo Nacional de Población (Conapo) señala, en su estudio “Transformaciones y retos que enfrenta la familia en México” que, a partir del año 2000, el aumento en el número de jefas de familia está específicamente relacionado con un incremento en el número de “madres solteras”.

Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 27.8% de las mujeres con hijos en México “ejercen su maternidad sin pareja”, luego de enviudar, divorciarse o separarse. Pero otro 6.5% de este sector de la población corresponde a mujeres que se convirtieron en madres sin volverse esposas de nadie.

Lo que las estadísticas oficiales revelan, por el contrario, es que las desventajas reales que enfrentan las mujeres solteras para ejercer su maternidad no tienen que ver con sus capacidades para encabezar una familia, sino con las condiciones de desigualdad “tanto económica como social”, que México, como pueblo, les impone.

Según el INEGI, las “madres ocupadas”, es decir, aquellas que trabajan para aportar o, de plano, para sostener enteramente a su familia, tienen jornadas laborales de más de 40 horas a la semana (es decir, trabajan más de lo que la ley señala), pero ganan menos que los hombres o que las mujeres sin hijos.

La soltería, pues, no obsta para que una mujer pueda ejercer la maternidad en plenitud. El obstáculo verdadero es la sanción social que enfrentan aquellas que deciden ser madres solteras, y la negativa de atención en salud reproductiva es un claro ejemplo del arraigo que estos prejuicios tienen en el país y sus instituciones.

“Mi pelea –explica S.– no es personal, no es sólo por mí. Este es un tema nacional, estos actos discriminatorios pasan en todo el país, y yo no quiero que le siga sucediendo a más mujeres, porque no es posible que esto esté ocurriendo en México. Yo soy una mujer con estudios, tengo la maestría, y pude asesorarme legalmente, tuve quién me explicara que negarme el servicio por ser soltera no es constitucional, y no puedo imaginarme entonces qué es lo que sucede con las cientos o miles de mujeres que no tienen esa posibilidad de informarse sobre sus derechos”.

Detrás de este tipo de criterios, añadió, “no sólo hay un tema de discriminación. Yo lo veo también como un problema de corrupción del servicio público, de falta de integridad de los servidores públicos: ¿cómo es posible que al frente de un área de ginecología de un centro médico nacional esté una persona que no sólo te niega la atención si eres soltera, sino que se niega a fundamentar sus actos de autoridad y ejerce la fuerza contra quien le pide cumplir su labor?”.

Solo para heteros 

Desde la óptica de los derechos humanos, el requisito de matrimonio obligatorio para acceder a terapias de salud reproductiva y reproducción asistida, subraya Alex Alí Méndez, del GIRE, no sólo limitan el libre ejercicio de sus derechos a las mujeres solteras, sino a toda persona que no sea heterosexual.

“Una pareja de mujeres –detalla–, no puede solicitar este servicio a las instituciones de salud pública, en principio porque hay muchos estados en donde ni siquiera está regulado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Una pareja de mujeres en Oaxaca, por ejemplo, no podría acceder al servicio de reproducción asistida, ni siquiera si intentara cumplir con la condición actual de estar casadas, por el simple hecho de que en esa entidad no está regulado el acceso al matrimonio para parejas del mismo sexo”.

La imposición del matrimonio civil heterosexual, como condición de atención en el IMSS, ya fue sancionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en noviembre del año pasado, a través de su recomendación 053/2017, dirigida al entonces titular de la dependencia, Mikel Arriola, (actual candidato del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México), luego de negarse a otorgar pensión por viudez a personas homosexuales cuyas parejas, con las que habían vivido en concubinato, fallecieron.

A una de esas personas afectadas por este criterio, de hecho, literalmente se le informó que “el Instituto Mexicano del Seguro Social únicamente está en posibilidades de dar trámite y regular las solicitudes de prestaciones económicas relacionadas con personas del mismo género, unidas por matrimonio civil”.

Luego de estudiar tres denuncias similares, la CNDH concluyó que ese criterio del IMSS, que excluye de la atención a parejas distintas a las heterosexuales, “perpetúa la noción de que son menos merecedoras de reconocimiento”, lo que “ofende su dignidad como personas y su integridad”, todo lo cual “implica una discriminación por razones de preferencia sexual y estado civil”.

En su más reciente informe de seguimiento, emitido en enero de 2018 (un mes después de que Mikel Arriola dejara el IMSS), la CNDH señaló que aún cuando el IMSS había admitido las violaciones a derechos humanos relacionadas con discriminación por preferecial sexual y por estado civil, no existían pruebas de que nada hubiese cambiado.

Ya como candidato, en febrero de 2018, Arriola hizo pública su oposición personal a la existencia de matrimonios civiles entre gente del mismo sexo, y afirmó que, de llegar a la jefatura de gobierno en la capital del país, impulsaría una consulta pública orientada a revocar las leyes que los permiten, ya que, remató, eso promueve el “libertinaje”.

POSTURA DEL IMSS: CARTA INTEGRA 

En referencia a la nota publicada con relación a la supuesta negativa de atención en materia de salud reproductiva y reproducción asistida a una mujer por ser soltera, el Hospital de Gineco Obstetricia 3 del CMN La Raza del IMSS rechaza categóricamente que se le niegue el servicio por discriminación y hace las siguientes precisiones:

Desde noviembre de 2017, la paciente estaba siendo tratada y en febrero del año en curso, acudió con el Jefe de la División de Ginecología, Dr. Carlos Ramón Jiménez Vieyra, del Hospital de Gineco Obstetricia No. 3 del CMN La Raza, argumentando negativa de atención médica en los servicios de Ginecología y Biología.

El médico le reiteró que para proseguir con su tratamiento era fundamental contar con estudios del esperma del varón, ya que el factor masculino es causante hasta en un 40%, de la infertilidad. Sin embargo, la paciente se negó a presentar dicho estudio.

El médico le explicó que la atención se le proporcionó con apego a criterios nacionales e internacionales.

 

Atentamente

 

Dra. Rosa María Arce Herrera

Directora Titular de la UMAE

 

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Por qué en México están apareciendo “antimonumentos” (y cómo reflejan los episodios más oscuros de su historia reciente)

Instalados por movimientos sociales en las calles de la capital mexicana, los "antimonumentos" intentan que las víctimas de casos de violencia emblemáticos y a la espera de justicia no se olviden.
8 de diciembre, 2020
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En México, un país donde nueve de cada diez delitos denunciados quedan impunes, los familiares de las víctimas luchan por conseguir que sus casos no caigan en el olvido.

Con ese objetivo afloraron en los últimos años en el país los llamados “antimonumentos”, unos memoriales que simbolizan historias muy distintas pero que comparten una finalidad: el recordar que sus casos continúan a la espera de justicia.

Todos fueron colocados en espacios de la vía pública por ciudadanos y movimientos sociales al margen de las autoridades, ya que precisamente lo que persiguen es “denunciar la inacción o poca empatía del Estado”, le dice a BBC Mundo el doctor en Antropología Alfonso Díaz Tovar.

Autor de la investigación “Antimonumentos. Espacio público, memoria y duelo social en México”, el experto destaca cómo los monumentos “tradicionales” son instalados por el Estado para que perduren en el tiempo y representen “discursos oficiales y verdades históricas”.

“Pero los antimonumentos surgen para deconstruir esas posturas oficiales mediante una apropiación del espacio público, digamos ‘caótica’, y que sí tienen una temporalidad”, apunta.

Así, según Díaz Tovar, mientras los monumentos representan ideas generales sobre la historia de una nación, los antimonumentos simbolizan historias que aún no han terminado, que actúan como una memoria que no está cerrada sobre algo pendiente y que no ha podido acceder a la justicia.

Varios de estos conjuntos están distribuidos por buena parte de México, como la imponente cruz de clavos en Chihuahua (y su réplica en Ciudad Juárez) que fue uno de los primeros que se instaló para representar a cada una de las mujeres asesinadas o desaparecidas desde los años 90.

Sin embargo, probablemente son los antimonumentos de la capital del país los que logran mayor atención, al haberse levantado en puntos emblemáticos y muy transitados de una de las ciudades más pobladas del mundo.

Esta es la historia -y la reivindicación- de los siete antimonumentos de Ciudad de México.

1. Los 43 de Ayotzinapa

Antimonumento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Marcos González

El primer antimonumento fue levantado en 2015 en memoria de uno de los casos de desaparición forzada más escandalosos y reconocidos internacionalmente en la historia reciente de México.

Un año antes, 43 jóvenes estudiantes de una escuela de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en el municipio de Iguala.

Seis años después, el caso sigue sin resolver y está considerado como uno de los mayores episodios de violaciones de derechos humanos en el país.

El Paseo de la Reforma, una de las arterias principales de la capital mexicana, se convirtió en escenario de habituales protestas por este caso y fue el lugar donde sus padres inauguraron un gran “+ 43” en rojo, en alusión a las otras miles de personas desaparecidas en México.

“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se lee en la base del antimonumento.

2. La desaparición de David y Miguel

Antimonumento a la desaparición de Miguel y David

Marcos González

A pocos metros, se encuentra otro antimonumento que recuerda precisamente otro caso de desaparición que tampoco fue resuelto.

Se trata de David Ramírez y Miguel Rivera, dos jóvenes secuestrados en 2012 cerca de Ciudad Altamirano cuando se dirigían al estado de Guerrero para festejar el 20º cumpleaños de uno de ellos.

Los captores se comunicaron con la familia, que llegó a pagar un rescate. Las autoridades iniciaron una investigación pero, en todo este tiempo, ni los jóvenes fueron liberados ni se logró detener a los responsables.

Sus familiares, sin embargo, denunciaron en numerosas ocasiones “inacción” por parte de la policía, y aseguraron que fueron ellos mismos quienes investigaron el paradero de sus hijos rastreando por ejemplo la señal de sus teléfonos, que los secuestradores siguieron utilizando.

La instalación representa una forma de letra T azul que simula dos siluetas dividas a la mitad y los transeúntes son llamados a colocar un candado en su base como muestra de apoyo.

3. Incendio de la guardería ABC

Antimonumento a los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC.

Marcos González

En el mismo Paseo de la Reforma, un “ABC” de colores recuerda a los 49 niños que murieron en 2009 en el incendio de la guardería que llevaba este nombre en Hermosillo, estado de Sonora. Más de un centenar resultaron heridos.

El fuego se originó en los archivos de un edificio del gobierno estatal contiguo a la guardería mientras los pequeños dormían la siesta. Parte del personal se encontraba en la hora de la comida, y otros ya habían concluido su turno.

Las labores de evacuación fueron caóticas y se prolongaron durante 30 minutos. Vecinos de la zona abrieron boquetes en las paredes incluso con vehículos ante la falta de salidas de emergencia y extintores suficientes.

Cerca de 20 personas, entre funcionarios y encargados del cuidado de los niños, fueron condenadas a prisión. Pero cuando el año pasado se cumplió una década de la tragedia, ninguna había ingresado en la cárcel mientras se resuelven sus recursos de amparo.

Los familiares denuncian que no se ha hecho justicia y por eso colocaron el antimonumento frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del cual la guardería prestaba sus servicios de manera subrogada.

4. La explosión en la mina de Pasta de Conchos

Antimonumento a los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos.

Marcos González

Un gran “+ 65” pide justicia para los 65 trabajadores que fallecieron en 2006 atrapados por una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila.

Un año después, la compañía a cargo de la explotación de la mina suspendió las tareas de rescate tras haber recuperado solo dos cuerpos. Argumentó que se ponía en riesgo la vida de los equipos de emergencia.

Varias familias denunciaron que, de ser rescatados los cadáveres, podría evidenciarse que las condiciones de trabajo en la mina no eran adecuadas para garantizar la seguridad de los mineros, como concluyó después la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El pasado octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en 2021 se reanudará el rescate de los cuerpos atrapados. También confirmó que este año los familiares de los fallecidos recibirían sendas indemnizaciones.

Su antimonumento se encuentra desde 2018 en Reforma, frente a la Bolsa Mexicana de Valores. Un año después, los familiares colocaron junto a él decenas de cascos como símbolo de los mineros que quedaban por rescatar.

5. La masacre de Tlatelolco

Antimonumento a la masacre de Tlatelolco.

Marcos González

El simbólico Zócalo de Ciudad de México fue el lugar elegido para inaugurar un antimonumento cuando se cumplieron 50 años de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Aquel día, miles de personas se reunieron en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, convocadas por un movimiento de estudiantes cada vez más activo que protestaba contra el gobierno y la violencia de la policía.

Pero ese 2 de octubre la actuación fue aún más desmedida. Cientos de soldados y miembros de grupos paramilitares iniciaron una balacera contra la multitud que participaba en un mitin pacífico. No hay un balance oficial de víctimas, aunque se estima que mataron a cientos de personas.

No fue hasta 2006 que el expresidente Luis Echeverría -quien era secretario de Gobernación en 1968 en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz- quedó en arresto domiciliario acusado de genocidio, aunque fue exonerado tres años después. Ningún funcionario fue declarado nunca culpable.

La emblemática frase “2 de octubre no se olvida” y otra que reza “Fue el Ejército, fue el Estado” pueden leerse en el antimonumento dedicado a una masacre que dio un vuelco a la vida política y social de México para siempre.

6. “Antimonumenta” contra los feminicidios

Antimonumento a los feminicidios

Marcos González

Un antimonumento para denunciar la violencia contra las mujeres parece inevitable en México, un país donde diez mujeres son asesinadas cada día.

El conocido como “Antimonumenta” fue inaugurado en el marco del Día Internacional de la Mujer del año pasado frente al Palacio de Bellas Artes.

Convertido en punto central de muchas de las marchas de mujeres organizadas en los últimos meses en la capital mexicana, junto a él suelen verse veladoras, flores, cruces rosas, fotografías de decenas de mujeres asesinadas o desaparecidas en el país y mensajes exigiendo justicia.

“Ni una más. No más feminicidios”, se lee en este antimonumento que fue saboteado durante una marcha de opositores al aborto el pasado año.

7. Masacre de migrantes de San Fernando

Antimonumento de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas.

AFP

El último en sumarse a la lista de antimonumentos de Ciudad de México fue un “+72” instalado el pasado agosto en Reforma, frente a la Embajada de Estados Unidos, para reclamar justicia por la masacre ocurrida en San Fernando diez años antes.

En agosto de 2010, 72 personas migrantes -la mayoría de origen centroamericano- fueron brutalmente asesinadas en esta localidad del estado de Tamaulipas, en la frontera norte de México.

El grupo fue secuestrado mientras viajaba en autobús por el cartel de Los Zetas, que los acribilló después de negarse a pagar el dinero que les exigían por dejarlos libres.

Los captores los vendaron, los obligaron a apoyarse contra un muro y luego los balearon. Solo dos personas lograron escapar. Ninguna persona llegó a ser condenada por este espeluznante hecho.

Con el mensaje “migrar es un derecho humano”, el antimonumento fue colocado como homenaje a las víctimas de esta masacre y a todos los migrantes muertos o desaparecidos en el peligroso viaje que emprenden cada año hacia territorio estadounidense.


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