5 claves de la polémica en España por la sentencia por abusos sexuales a La manada
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5 claves de la polémica en España por la sentencia por abusos sexuales a La manada

En redes se hizo viral la expresión “yo sí te creo, hermana” en alusión a la víctima.
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28 de abril, 2018
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Una sentencia ha generado una oleada de protestas en España. Se trata del caso de “La Manada”, los cinco jóvenes acusados de violar en grupo a una joven de 18 años que fueron condenados a 9 años de prisión por abuso sexual.

“No es abuso, es violación”, coreaban las manifestaciones en ciudades de todo el país y que se espera que continúen el fin de semana.

En redes se hizo viral la expresión “yo sí te creo, hermana” en alusión a la víctima.

Según la sentencia, los cinco amigos llevaron de madrugada a la víctima, una madrileña de 18 años en estado de ebriedad, a un portal “recóndito y angosto”, con una sola salida, y allí la desnudaron y la “penetraron” por vía bucal, anal y vaginal.

Además, la grabaron en video y luego se marcharon tras robarle el celular.

Y mientras los condenados insistieron en que se trató de una relación consentida, los jueces dictaminaron que fue un caso de abuso, pero no de agresión sexual al no haberse probado que hubo violencia o intimidación.

En BBC Mundo te explicamos algunas claves del caso para entender la indignación de gran parte de la sociedad española.


1- Unos sanfermines marcados por los abusos

Los hechos ocurrieron en 2016 durante las populares fiestas de San Fermín, que se celebran a partir de cada 7 de julio en Pamplona, norte de España.

Los sanfermines de los últimos años han estado marcados por las denuncias de abusos y el caso de “La manada”, como se hacían llamar los cinco jóvenes condenados esta semana, volvió a evidenciar este grave problema.

Imagen de los sanfermines en Pamplona en 2016.

AFP
En esta imagen de las fiestas de Pamplona en 2016, un mensaje colgado en un balcón dice “No a las agresiones sexuales”.

Según datos publicados por la prensa local, el número de denuncias por agresiones sexuales en sanfermines se ha mantenido entre las cinco y las diez en los últimos cinco años, pese a que los expertos creen que el número real puede ser muy superior.

Las agresiones y abusos sexuales son un delito que solo se denuncia en España entre un 17 y un 20 por ciento de las veces, según cifras oficiales.

En 2008, una chica llamada Nagore Lafagge fue estrangulada durante las fiestas de Pamplona por un joven tras negarse a mantener relaciones sexuales con él.

Su muerte removió conciencias y provocó que las autoridades comenzaran a implementar medidas.

También motivó el cambio de políticas las imágenes de los sanfermines de 2012, en las que se podía ver cómo numerosos jóvenes manoseaban a mujeres.

2- Un juicio muy mediático y polémico

Desde el principio, el caso de “La manada” acaparó gran atención mediática.

Los hechos ocurrieron en 2016 y el juicio se celebró en 2017. Los cinco acusados fueron imputados por un delito continuado de agresión sexual, otro contra la intimidad y otro por robo con intimidación.

La Fiscalía pedía 22 años y 10 meses de cárcel para cada uno, la denunciante, una pena de 24 años, y las acusaciones populares del Ayuntamiento de Pamplona y el gobierno regional, 25 años.

Las defensas, por su parte, siempre sostuvieron que las relaciones fueron consentidas y abogaban por la absolución. Los acusados fueron enviados a prisión de forma preventiva.

Juicio de la manada.

Reuters
El juicio se efectuó a puerta cerrada.

Durante el juicio, la estrategia de la defensa fue muy criticada. Entre otras cosas, presentó como prueba un informe de unos detectives sobre la actividad de la denunciante en redes sociales tras lo ocurrido.

Un video grabado por dos actrices feministas, con el lema “Yo te creo”, se hizo viral entonces e inundó las redes sociales de miles de mensajes de apoyo a la víctima, y se produjo una manifestación en Madrid que congregó a centenares de personas.

Tras ello, la defensa optó por retirar el informe.

Otro de los puntos más destacados del caso fueron los 96 segundos de videos del suceso, grabados por los procesados, que la sala del tribunal visualizó.

En las imágenes, se ve a la víctima con “los ojos cerrados”, con una actitud “pasiva o neutra”, según los agentes que testificaron en el juicio.

La Policía consideró las imágenes “repugnantes” y prueba de que la chica no participó de forma voluntaria en el acto.

Uno de los abogados de la defensa de "La manada".

EPA
Uno de los abogados de la defensa, Agustín Martínez Becerra, consideró que el ejercicio del derecho de la defensa se ha vulnerado de manera “brutal” en el proceso.

Durante el proceso, también salieron a la luz los mensajes de WhatsApp que los jóvenes enviaron a sus amigos después de lo ocurrido.


¿Quiénes son los cinco de “La manada?

  • José Ángel Prenda, 28 años: se lo considera el líder del grupo. Fue quien escribió el mensaje en WhatsApp sobre el video. En 2011, fue sentenciado a dos años de prisión por robo con uso de fuerza.
  • Antonio Manuel Guerrero: guardia civil, nacido en 1989. Se cree que él grabó seis videos. También admitió robarle el celular a la víctima.
  • Ángel Boza, 26 años: su historial delictivo incluye robo con uso de fuerza y manejar bajo la influencia de las drogas y el alcohol.
  • Alfonso Jesús Cabezuelo, 29 años: oficial militar. Se cree que grabó uno de los videos.
  • Jesús Escudero, 27 años: peluquero.

La joven explicó ante la sala que no opuso resistencia dada la superioridad numérica y física de los procesados, situación que le hizo entrar en shock y desear únicamente que todo terminara lo antes posible.

Los acusados, por su parte, se declararon inocentes y mostraron su confianza en la justicia. Uno de ellos, guardia civil, se mostró arrepentido por haberle robado el celular y pidió perdón por este hecho.

Agustín Martínez Becerra, defensor de tres de los cinco procesados, aseguró que los acusados “no son modelo de nada”, incluso “patanes”, “imbéciles” en algunos aspectos, “simples” y “primarios” con el fútbol o las relaciones sexuales, pero defendió que son “trabajadores” y “buenos hijos”.

3- Sentencia controvertida

Casi cinco meses después de finalizar el juicio, se publicó la sentencia ante gran expectación.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra consideraron a los integrantes de “La manada” culpables de un delito de abuso sexual con prevalimiento pero no de agresión sexual, es decir, no de violación.

Los jueces consideraron que los abusos se produjeron sin consentimiento de la mujer, pero, a su juicio, no se dio ni uso de la violencia ni intimidación, condiciones para que se considere agresión sexual o violación según el Código Penal español.

El abuso sexual está penado entre 1 a 3 años de cárcel; si existe penetración, la condena oscila entre 4 y 10 años de cárcel; mientras en el caso de la agresión sexual, la pena es de 1 a 5 años de cárcel y si hay penetración pasa a ser violación y la condena oscila entre los 6 a 12 años de prisión.

Vehículos policiales en España.

EPA
Los cinco acusados fueron puestos en prisión preventiva tras ser detenidos.

Los magistrados encargados del caso dictaminaron que, en este caso, hubo abuso agravado e impusieron nueve años de prisión para cada uno de los jóvenes.

En la sentencia, los jueces dan por probado que la denunciante “sintió un intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera, manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados”.

Tras anunciarse el fallo, cientos de personas irrumpieron en el tribunal al grito de “no es abuso, es violación” y “yo sí te creo”, en relación a la víctima; y se comenzaron a convocar movilizaciones por toda España, mientras las redes sociales y los medios de comunicación se llenaban de críticas.

4- La declaración de un juez

Otro de los aspectos del caso que provocó indignación entre la sociedad española fue la opinión de uno de los magistrados encargado del caso.

Fueron tres los jueces que estudiaron el caso, pero la sentencia no fue unánime.

El juez Ricardo Javier González emitió un voto particular en el que defendió la absolución de los cinco acusados.

Uno de sus argumentos se basa en las imágenes del suceso.

El juez señala que no se percibe en la expresión de la víctima ni en sus movimientos “atisbo alguno de oposición, rechazo, disgusto, asco, repugnancia, negativa, incomodidad, sufrimiento, dolor, miedo, descontento, desconcierto o cualquier otro sentimiento similar”.

Protesta a las puertas del Palacio de Justicia de Navarra.

EPA
Se han producido numerosas críticas contra los jueces.

La expresión de su rostro es en todo momento relajada y distendida y, precisamente por eso, incompatible a mi juicio con cualquier sentimiento de miedo, temor, rechazo o negativa”, afirma.

“Tampoco aprecio en ella esa ‘ausencia y embotamiento de sus facultades superiores’ que se afirma por la mayoría de la Sala; por el contrario, lo que me sugieren sus gestos, expresiones y los sonidos que emite es excitación sexual”, añade.

No obstante, luego niega que “esta apreciación haya de suponer necesariamente una relación sexual consentida, pues no es descartable que durante una relación sexual no consentida pueda llegar a sentirse y expresarse una excitación sexual meramente física en algún momento”.

Las preguntas que le formuló a la víctima durante el juicio también fueron controvertidas.

“¿Qué manifestación hizo usted, de cara a ellos, para que supiesen que usted estaba en situación de shock y que estaban teniendo esa situación de relaciones sexuales sin consentimiento por su parte, ¿cómo pudieron ellos… si usted hizo algo, manifestó algo, verbalizó algo…?”, le espetó el juez.

“Yo cerré los ojos… No hablaba, no estaba haciendo nada, estaba sometida. Estaba con los ojos cerrados y sin hacer nada, ni decir nada ni nada”, contestó la joven.

5- ¿Reforma?

Además de movilizar a miles de ciudadanos, el caso también ha generado un debate sobre el papel de los jueces y las normas españolas.

Un millón de personas ha apoyado una iniciativa en internet para inhabilitar a los magistrados españoles que juzgaron a “La manada”.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces de España, Carlos Lesmes, salió en defensa del tribunal y advirtió que las “descalificaciones” vertidas por personas con responsabilidades públicas comprometen “gravemente” la confianza que el sistema de justicia “merece de los ciudadanos”.

Ante el clamor popular, el gobierno de Mariano Rajoy anunció que impulsará una revisión de cómo están tipificados los delitos sexuales en el Código Penal.

Mientras tanto, la vista vuelve a estar puesta en los tribunales, pues la fiscalía anunció que recurrirá la sentencia.

Tendrán que pasar algunos meses para conocer el resultado, pero de momento el debate ya ha traspasado fronteras, impulsado por el movimiento “metoo“.

“Cinco extraños dijeron a una adolescente ebria que la acompañarían a su coche. En lugar de hacerlo, eligieron otra localización donde grabaron al grupo violándola. Que no te muevas y que estés con los ojos cerrados no significa que hubiera consentimiento. Eso no es abuso. Es violación“, señaló la actriz Jessica Chastain, en redes sociales.

Otras figuras de renombre internacional compartieron esa misma opinión, como el actor venezolano Edgar Ramírez o el español Antonio Banderas.


 

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Fiscalía General de Michoacán

Falta de ley de declaración especial de ausencia deja en el limbo a hijos de Patricia, desaparecida en Michoacán

Patricia desapareció en Michoacán hace más de dos años. La falta de una ley de declaración especial de ausencia en el estado impide que sus hijos puedan acceder a beneficios educativos u otros derechos, por lo que su familia acusa omisión por parte del Congreso local.
Fiscalía General de Michoacán
Por Marcela Nochebuena 
22 de noviembre, 2022
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El limbo en el que permanecen los hijos de Patricia Paniagua tras su desaparición hace dos años y medio ha llevado a su familia y abogados no solo a pedir la reposición de la investigación del delito, luego de que el imputado —padre de dos de sus hijos— fue absuelto, sino también a reclamar la omisión del Congreso de Michoacán para aprobar la ley local de declaración especial de ausencia.

Patricia desapareció el 31 de mayo de 2020 saliendo de su trabajo en el municipio de Santa Ana Maya, Michoacán, en los límites con Guanajuato. Tenía entonces 26 años. El último registro que hay de ella, recuerda su hermana Yessica, es en las cámaras de vigilancia de locales cercanos. Días después, la única comunicación que existió fueron mensajes enviados al celular de Yessica, cuya autenticidad ella pone en duda. 

Su familia no supo más de Paty hasta 15 días después, cuando su expareja y único sospechoso de la desaparición fue detenido. Tras varios meses, comenzó el proceso de juicio. En enero de 2021, “por el mal trabajo de la fiscalía, el tipo salió libre”, relata Yessica. Esto derivó en que la mamá de Paty y sus nietos se trasladaran durante un tiempo a un refugio. Ahora, una apelación a la sentencia está en curso.  

Además, la guarda y custodia de los hijos de Patricia está en el limbo ante la falta de una declaración especial de ausencia, que permitiría darle certeza jurídica a sus hijos, definir claramente la tutela en favor de la familia de ella y que ellos tuvieran acceso a cualquier beneficio que pudiera existir en su nombre. 

El pasado 20 de octubre, un juez federal en Michoacán admitió a trámite una demanda de amparo contra el Congreso local por la omisión de emitir la Ley sobre Declaración Especial de Ausencia de personas desaparecidas, promovida por los abogados de Patricia, que también llevan el caso de apelación de la sentencia que absolvió a su expareja.

La defensa de la familia subraya que desde el 17 de noviembre de 2017, cuando se publicó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Congreso federal y los estatales están obligados a legislar en materia de declaración especial de ausencia. Tenían un plazo de 180 días.

A pesar de que el 24 de febrero pasado se presentó una iniciativa para crear esta ley en Michoacán, las comisiones de Justicia, de Seguridad Pública y Protección Civil y de Gobernación no han emitido el dictamen correspondiente en el plazo que tenían de 90 días para su votación en el pleno, por lo cual el proceso legislativo está paralizado. 

Ignacio Mendoza Oropeza, abogado de la familia, explica que, en términos generales, la diferencia en el caso de Paty sería que sus hijos tendrían la certeza jurídica de que van a estar con su familia materna, lo que se traduciría también en beneficios educativos y derechos, como acceso a servicios de psicología especializados, pues hasta ahora no hay quien los represente.

Quien podría hacerlo en este momento, aunque práctica y materialmente no está haciendo nada para representarlos, es su papá —quien es padre biológico de dos, pero reconoció a los tres—, imputado y absuelto por la desaparición. Independientemente del conflicto moral o social que pudiera representar dárselos, señala Mendoza Oropeza, él tampoco está actuando para reclamar su guarda y custodia. 

Los hijos de Paty no podrían acceder en este momento a cualquier beneficio social que ella pudiera tener o hubiera tenido. De acuerdo con la Ley General en la materia, la declaración especial de ausencia puede solicitarse a partir de los tres meses de presentada una denuncia o reporte de desaparición, o bien, una queja ante organismos de Derechos Humanos, y las leyes de la Federación y de las entidades federativas deben establecer el procedimiento para hacerlo.  

Mediante ella, se puede garantizar la protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años, fijar derechos de guarda y custodia, proteger el patrimonio de la persona desaparecida, fijar forma y plazos para que las familias puedan acceder al patrimonio de las personas desaparecidas, continuar gozando de regímenes de seguridad social, y suspender de forma provisional actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos, entre otras acciones.

El artículo 148 de la misma ley especifica que, aun cuando los familiares o representantes legales hayan solicitado la declaración especial de ausencia, la Comisión Nacional de Búsqueda debe continuar con la búsqueda, y las fiscalías especializadas con la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada y cometida por particulares.

Mendoza Oropeza subraya que los legisladores locales están obligados, a final de cuentas, porque son quienes brindan las herramientas para garantizar justicia. En cambio, les tienen en el limbo porque la regulación secundaria no es clara o no existe en Michoacán, lo que impacta en diversas problemáticas, desde las más cotidianas hasta las más complejas.

“Tanto yo como mi familia, mi mamá y los niños hemos estado corriendo peligro ya que él está libre. Aparte de que ganamos la apelación, él debería estar otra vez en prisión preventiva y hasta ahora no nos han solucionado nada; ni siquiera nos han brindado protección”, acusa Yessica. 

Lee: Crece la cifra de desaparecidos, pero no la capacidad para encontrarlos: suman 100 mil en medio de incumplimientos e impunidad

Sin haber encontrado justicia, buscan reposición del proceso penal

Además del amparo para señalar la omisión del Congreso, el 20 de julio pasado el juez cuarto de distrito en el estado emitió sentencia en el juicio de amparo indirecto 536/2022, que promovieron las víctimas indirectas de la desaparición de Patricia ante la falta de seguimiento en la carpeta de investigación que abrió la fiscalía especializada en desaparición.

Dentro de los aspectos que reclamó la defensa de Patricia, se incorporó el hecho de que, a más de dos años de su desaparición, la fiscalía local no la ha buscado en los lugares en los que la investigación había arrojado que se cruzaban las líneas telefónicas de la víctima y de José “N”, el presunto responsable.

Según el análisis del juzgado, la fiscalía “no justificó que hayan empleado hasta el máximo de los recursos de los que disponen para lograr ubicar el paradero de la víctima, así como la restitución con vida a su núcleo familiar”. Además, afirma que no han sido cumplidos los objetivos de esclarecer la verdad y determinar el paradero de la persona desaparecida.

Aunado a esto, la fiscalía ha sido omisa en reconocerles la calidad de víctimas indirectas a Yessica Paniagua, su hermana, y a los hijos menores de Paty, además de omitir brindarles las medidas de protección y asistencia que les corresponden de acuerdo con la Ley General de Víctimas. 

El juez ordenó que el fiscal estatal, la fiscal especializada y el Ministerio Público realicen todas las acciones de búsqueda o se determinen los hechos para ejercer acción penal contra el responsable de su desaparición. Del mismo modo, es necesario que a los familiares se le reconozcan sus derechos como víctimas indirectas. La reposición del proceso penal permanece pendiente. 

Yessica señala que no existe claridad sobre lo que sucedió por la falta de resultados de la fiscalía, en particular para investigar las pistas sobre el último paradero de Patricia. “La única respuesta que hemos tenido de los amparos ha sido una donde el juez dice que el trabajo de la fiscalía estuvo muy mal”, añade.

De acuerdo con una solicitud de información realizada por la defensa de Paty, la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición de Michoacán informó que cuenta con 36 carpetas judicializadas por dichos delitos. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en esa entidad aún se desconoce el paradero de 4 mil 722 personas hasta el cierre de esta publicación.

Yessica recuerda la cercanía que tenía con su hermana, a quien acompañaba en su vida cotidiana y mediante la cual pudo conocer la violencia de su expareja: “Sé bien que ella pasaba por mucha violencia, y realmente era una persona muy amable a pesar de eso; era muy cariñosa con sus hijos y los quería mucho. De hecho, pienso que, si aguantaba todo ese sufrimiento, era más por ellos y por las amenazas que le hacía”.

Antes habían ocurrido ya varias separaciones entre ellos. Patricia había sido muy valiente, remarca su hermana. La última vez, sin embargo, la recuerda temblando de miedo. Yessica la percibía muy cansada de la situación, y está segura de que había tomado la decisión definitiva de no estar más con él. Habían pasado más o menos seis meses desde esa determinación cuando ella desapareció. 

“Todos hemos cambiado bastante nuestra forma de vivir, principalmente en no vivir libres, tener que estar cuidándonos en todo momento… No es como que podamos vivir normal, y lo que más me molesta y me lastima es que con los niños es algo muy triste, porque no pueden salir a menos de que salgamos todos juntos. Corren mucho peligro con su papá, más aparte el dolor de no tener a su mamá y todo el miedo que les genera”, lamenta Yessica.

Ahora, solo espera que se haga una mejor investigación, porque considera que hay muchas fuentes de las cuales aún se podría obtener información más detallada. Desde su perspectiva, ni siquiera hubo pesquisas de la fiscalía, que solo se guió por lo que pudo averiguar la familia. “Uno quisiera que hicieran bien su trabajo y nos dieran respuestas después de todo este tiempo”, concluye.

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