Más de 80 políticos han sido asesinados en este proceso electoral, ¿a qué se deben las agresiones?
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Archivo Cuartoscuro

Más de 80 políticos han sido asesinados en este proceso electoral, ¿a qué se deben las agresiones?

Entre amenazas de la delincuencia organizada, conflictos en el proceso de selección y con deficientes protocolos de seguridad, aspirantes, funcionarios y candidatos a niveles locales son quienes enfrentan mayor riesgo de violencia en el proceso electoral.
Archivo Cuartoscuro
Por Gonzalo Ortuño y Martha Hernández
20 de abril, 2018
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El actual proceso electoral no solo es el más grande en la historia de México, también es el más violento, pues en siete meses 82 políticos han sido asesinados, de acuerdo con el reciente informe de la consultoría Etellekt. Exfuncionarios, alcaldes, aspirantes y candidatos locales son el sector más vulnerable a los ataques del crimen organizado, de acuerdo con este conteo.

Animal Político consultó a autoridades electorales de Jalisco y Puebla y a un especialista en seguridad del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) sobre la situación de riesgo que viven los contendientes y las medidas que están tomando en medio de una crisis de violencia política.

De acuerdo con el director de Etellekt, Rubén Salazar, 90 % de las agresiones documentadas en su informe fueron contra funcionarios y candidatos del ámbito local, y esto lo atribuye al interés de la delincuencia organizada por controlar políticamente a las localidades mediante las policías, así como servicios de agua y electricidad. El informe consultado por este medio destaca que el 69 % de las víctimas fueron asesinadas por grupos armados (54 casos), mientras que en otro 12 % (9 casos) las víctimas fueron privadas de la libertad y posteriormente halladas sin vida y con señales de violencia.

Tercer reporte sobre violencia política de Etellekt

El 66% de los casos sucedieron en seis entidades: Guerrero con 18 casos, Oaxaca con 13, Puebla (9), Veracruz (8) y Estado de México (6). De acuerdo con Salazar, los ataques se dieron en municipios con problemas de seguridad, de robo de combustible (huachicoleo) y de robo de mercancía a transporte.

El especialista explica que en la elaboración del estudio detectaron varios patrones, como el que los municipios que tuvieron mayores ataques contra políticos son colindantes y comparten problemas en delitos específicos.

“Son municipios que están conectados entre sí. Observamos cómo se están desarrollando ciertos corredores, ciertos blindajes. Lo que te explica es que sí se están enfocando en ciertos municipios, hay una intención por controlar políticamente algunas localidades”, explica en entrevista.

Otro patrón ubica los hechos violentos en estados como Oaxaca, con motivaciones políticas, pues “podría tratarse de disputas o de violencia derivada por cuestiones de carácter local. Observamos mucha rispidez en los procesos de selección de candidatos en todos los partidos”, relata Salazar.

En Puebla, por ejemplo, la consejera del Instituto Electoral del estado (IEEP) Claudia Barbosa asegura que la violencia política que se está presentando en varios municipios está dirigida contra varias mujeres que buscan contender por algún cargo local.

“El panorama es más en el sentido de agresiones o intimidación en contra de las candidatas, fundamentalmente a través de mensajes de WhatsApp o redes sociales”, explica la consejera en entrevista.

Sobre el asesinato de alcaldes y funcionarios en zonas con altos índices de robo de combustible, la consejera electoral señaló que deben ser las autoridades estatales las que expliquen las causas de los ataques.

De acuerdo con Etellekt, del 8 de septiembre de 2017 al 8 de abril pasado han ocurrido 33 casos de agresiones contra mujeres políticas, la mayoría de ellas (24), contra aspirantes y candidatas.

Violencia política contra mujeres

Violencia política contra mujeres

Las cifras del informe también arrojan que los representantes del PRI han sido los más atacados con 29 casos, seguido por los del PRD con 16; después sigue el PAN  (8 casos); Movimiento Ciudadano (5) y Morena (4).

Para el profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) Martín Gabriel Barrón Cruz, el proceso electoral es un momento de transición en el cual la delincuencia organizada buscará proteger sus negocios e intereses postulando o intimidando candidatos.

Sin embargo, ante la violencia política actual considera que primero es necesario revisar la dinámica de cada caso, antes de magnificar las agresiones y averiguar la causas por las cuales están matando a aspirantes políticos.

“Se tiene que hacer un estudio criminovictimológico. (Revisar) quién es la víctima, cuáles fueron sus propuestas y cuáles son sus alianzas”, explica el especialista en seguridad, pues considera que no necesariamente todos los asesinatos de funcionarios y candidatos ocurridos en el presente proceso electoral tuvieron alguna relación con la delincuencia organizada o con violencia política.

Protocolos de seguridad se quedan cortos

El pasado 4 de abril, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron un protocolo de protección para los candidatos presidenciales, en el cual la Comisión Nacional de Seguridad y el Estado Mayor se harán cargo de la seguridad de los contendientes.

Para el director de Etellekt, las medidas de seguridad se han quedado cortas, pues se enfocan en candidatos a nivel federal, cuando son los de nivel local quien enfrentan mayor riesgo.

El tamaño de la elección este año, en la cual se elegirán 3 mil 400 cargos a distintos niveles, así como el desfase en los calendarios estatales están siendo aprovechados por el crimen organizado para incidir violentamente en los comicios, asegura Salazar.

También critica que las leyes estatales no contemplan mayor seguridad para precandidatos, solo para candidatos, lo que, asegura, favorece que organizaciones criminales puedan influir en el proceso de selección e imponer candidatos.

“Hubo mucha irresponsabilidad de los partidos políticos en las reforma electorales, por la concurrencia y los calendarios electorales no homologados. Esta situación está ocasionando que esta violencia persista”, detalla Salazar, quien publicará más informes de violencia electoral, podrán adquirirse en la página de Etellekt para financiar futuros reportes.

En este sentido, la consejera Claudia Barbosa señala que si bien el riesgo de más ataques es grande por el tamaño de la elección, “se ha creado una estructura” que permitirá atender y prevenir más casos de violencia política.

Aunque advirtió que vendrán más casos de violencia por el tamaño de los comicios, donde 30 estados empataron sus calendarios con la Federación, también han tomado medidas en municipio de Puebla para evitar, principalmente, que candidatas mujeres sean amenazadas o intimidadas por buscar un cargo.

“Desde diciembre pasado emitimos una guía para la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en el estado, una herramienta que pusimos para todas las mujeres que estén resistiendo actos de violencia, justamente para establecer ejemplos de lo que sí es violencia política contra las mujeres y lo que no es violencia”, expuso.

Asesinatos contra políticos en Jalisco, a todos los niveles

En Jalisco, sin distinción de colores, los políticos se sumaron como víctimas de los crecientes índices delictivos. Asesinatos y desapariciones de representantes populares y funcionarios de primer nivel han marcado el sexenio que concluirá el próximo mes de diciembre.

A tan solo una semana de que había tomado protesta como secretario estatal de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez, fue acribillado. Desde entonces los homicidios siguieron sin tregua. El caso más reciente, ocurrido el pasado 15 de abril, fue el del presidente municipal con licencia que aspiraba a la reelección en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Juan Carlos Andrade Magaña.

Un día después, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz se dijo “abierto a que todos los candidatos que soliciten la protección, se las demos, pero también hago una convocatoria a qué nadie politice este tema que es tan delicado y tan grave”.

Debido al nivel de riesgo, son tres los candidatos que en Jalisco han solicitado seguridad adicional, y la lista de solicitantes podría aumentar, pues será el 29 de abril que arranquen las campañas para presidencias municipales y diputaciones de la entidad.

Se ha podido confirmar que entre ellos está el presidente municipal con licencia de Guadalajara y candidato puntero en las encuestas al gobierno de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez; así como el ex titular de la Fiscalía Estatal y precandidato a la alcaldía tapatía por el PRI, Eduardo Almaguer Ramírez.

“Nosotros no vemos hoy en la necesidad de solicitar algo extraordinario en términos de seguridad para el Instituto. Vemos con preocupación lo sucedido (asesinatos de políticos) y estaremos atentos a la estrategia que nos planteen las autoridades de Seguridad. Por supuesto que es preocupante, pero tiene que haber algún planteamiento del Gobierno del Estado”, indicó el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, Guillermo Armando Alcaraz Cross.

“Brindar seguridad a la población es una responsabilidad de las autoridades de Seguridad, de tal manera que, con lo ocurrido en el orden local, estaremos atentos a la investigaciones que se realicen para conocer el entorno de un hecho que pudiera tener tal trascendencia que afecte de alguna manera el curso del proceso electoral”, comentó el titular del INE Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez Morales, ante los casos recientes.

En caso de más adelante algún aspirante solicite protección adicional, las instancias electorales redireccionarán los trámites al gobernador, anotaron los entrevistados.

Por otra parte, el director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides, dijo que el panorama de violencia política “no es nuevo ni sólo fruto de las elecciones. Lo que estamos viendo es al crimen organizado haciéndose notar en un proceso que en teoría es ajeno, pero que de alguna manera están diciendo, aquí y todo el país, `también soy parte´, y lo dicen a balazos”.

“La lectura de estos asesinatos, de manera superficial, es ¿qué tanto está metido el crimen organizado o de qué poder es su calibre para meterse aún más en la vida política? La lectura más profunda es: La impunidad nos está cobrando su cuota más alta, no les importa matar gente tan visible, no les importa si los pescan las autoridades porque les responden con balazos, es ya una disputa por vidas, por territorio y por medios de producción”, indicó en entrevista el representante del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos.

De 529 muertes registradas de servidores públicos en Jalisco, entre 2013 y abril de 2018, 202 han sido por armas de fuego, 18 por objetos punzo cortantes, 13 por golpes, cinco por estrangulamiento y el resto por otras causas, según datos del Sistema Estadístico de Autopsias del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

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Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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