Más de 80 políticos han sido asesinados en este proceso electoral, ¿a qué se deben las agresiones?
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Archivo Cuartoscuro

Más de 80 políticos han sido asesinados en este proceso electoral, ¿a qué se deben las agresiones?

Entre amenazas de la delincuencia organizada, conflictos en el proceso de selección y con deficientes protocolos de seguridad, aspirantes, funcionarios y candidatos a niveles locales son quienes enfrentan mayor riesgo de violencia en el proceso electoral.
Archivo Cuartoscuro
Por Gonzalo Ortuño y Martha Hernández
20 de abril, 2018
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El actual proceso electoral no solo es el más grande en la historia de México, también es el más violento, pues en siete meses 82 políticos han sido asesinados, de acuerdo con el reciente informe de la consultoría Etellekt. Exfuncionarios, alcaldes, aspirantes y candidatos locales son el sector más vulnerable a los ataques del crimen organizado, de acuerdo con este conteo.

Animal Político consultó a autoridades electorales de Jalisco y Puebla y a un especialista en seguridad del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) sobre la situación de riesgo que viven los contendientes y las medidas que están tomando en medio de una crisis de violencia política.

De acuerdo con el director de Etellekt, Rubén Salazar, 90 % de las agresiones documentadas en su informe fueron contra funcionarios y candidatos del ámbito local, y esto lo atribuye al interés de la delincuencia organizada por controlar políticamente a las localidades mediante las policías, así como servicios de agua y electricidad. El informe consultado por este medio destaca que el 69 % de las víctimas fueron asesinadas por grupos armados (54 casos), mientras que en otro 12 % (9 casos) las víctimas fueron privadas de la libertad y posteriormente halladas sin vida y con señales de violencia.

Tercer reporte sobre violencia política de Etellekt

El 66% de los casos sucedieron en seis entidades: Guerrero con 18 casos, Oaxaca con 13, Puebla (9), Veracruz (8) y Estado de México (6). De acuerdo con Salazar, los ataques se dieron en municipios con problemas de seguridad, de robo de combustible (huachicoleo) y de robo de mercancía a transporte.

El especialista explica que en la elaboración del estudio detectaron varios patrones, como el que los municipios que tuvieron mayores ataques contra políticos son colindantes y comparten problemas en delitos específicos.

“Son municipios que están conectados entre sí. Observamos cómo se están desarrollando ciertos corredores, ciertos blindajes. Lo que te explica es que sí se están enfocando en ciertos municipios, hay una intención por controlar políticamente algunas localidades”, explica en entrevista.

Otro patrón ubica los hechos violentos en estados como Oaxaca, con motivaciones políticas, pues “podría tratarse de disputas o de violencia derivada por cuestiones de carácter local. Observamos mucha rispidez en los procesos de selección de candidatos en todos los partidos”, relata Salazar.

En Puebla, por ejemplo, la consejera del Instituto Electoral del estado (IEEP) Claudia Barbosa asegura que la violencia política que se está presentando en varios municipios está dirigida contra varias mujeres que buscan contender por algún cargo local.

“El panorama es más en el sentido de agresiones o intimidación en contra de las candidatas, fundamentalmente a través de mensajes de WhatsApp o redes sociales”, explica la consejera en entrevista.

Sobre el asesinato de alcaldes y funcionarios en zonas con altos índices de robo de combustible, la consejera electoral señaló que deben ser las autoridades estatales las que expliquen las causas de los ataques.

De acuerdo con Etellekt, del 8 de septiembre de 2017 al 8 de abril pasado han ocurrido 33 casos de agresiones contra mujeres políticas, la mayoría de ellas (24), contra aspirantes y candidatas.

Violencia política contra mujeres

Violencia política contra mujeres

Las cifras del informe también arrojan que los representantes del PRI han sido los más atacados con 29 casos, seguido por los del PRD con 16; después sigue el PAN  (8 casos); Movimiento Ciudadano (5) y Morena (4).

Para el profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) Martín Gabriel Barrón Cruz, el proceso electoral es un momento de transición en el cual la delincuencia organizada buscará proteger sus negocios e intereses postulando o intimidando candidatos.

Sin embargo, ante la violencia política actual considera que primero es necesario revisar la dinámica de cada caso, antes de magnificar las agresiones y averiguar la causas por las cuales están matando a aspirantes políticos.

“Se tiene que hacer un estudio criminovictimológico. (Revisar) quién es la víctima, cuáles fueron sus propuestas y cuáles son sus alianzas”, explica el especialista en seguridad, pues considera que no necesariamente todos los asesinatos de funcionarios y candidatos ocurridos en el presente proceso electoral tuvieron alguna relación con la delincuencia organizada o con violencia política.

Protocolos de seguridad se quedan cortos

El pasado 4 de abril, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron un protocolo de protección para los candidatos presidenciales, en el cual la Comisión Nacional de Seguridad y el Estado Mayor se harán cargo de la seguridad de los contendientes.

Para el director de Etellekt, las medidas de seguridad se han quedado cortas, pues se enfocan en candidatos a nivel federal, cuando son los de nivel local quien enfrentan mayor riesgo.

El tamaño de la elección este año, en la cual se elegirán 3 mil 400 cargos a distintos niveles, así como el desfase en los calendarios estatales están siendo aprovechados por el crimen organizado para incidir violentamente en los comicios, asegura Salazar.

También critica que las leyes estatales no contemplan mayor seguridad para precandidatos, solo para candidatos, lo que, asegura, favorece que organizaciones criminales puedan influir en el proceso de selección e imponer candidatos.

“Hubo mucha irresponsabilidad de los partidos políticos en las reforma electorales, por la concurrencia y los calendarios electorales no homologados. Esta situación está ocasionando que esta violencia persista”, detalla Salazar, quien publicará más informes de violencia electoral, podrán adquirirse en la página de Etellekt para financiar futuros reportes.

En este sentido, la consejera Claudia Barbosa señala que si bien el riesgo de más ataques es grande por el tamaño de la elección, “se ha creado una estructura” que permitirá atender y prevenir más casos de violencia política.

Aunque advirtió que vendrán más casos de violencia por el tamaño de los comicios, donde 30 estados empataron sus calendarios con la Federación, también han tomado medidas en municipio de Puebla para evitar, principalmente, que candidatas mujeres sean amenazadas o intimidadas por buscar un cargo.

“Desde diciembre pasado emitimos una guía para la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en el estado, una herramienta que pusimos para todas las mujeres que estén resistiendo actos de violencia, justamente para establecer ejemplos de lo que sí es violencia política contra las mujeres y lo que no es violencia”, expuso.

Asesinatos contra políticos en Jalisco, a todos los niveles

En Jalisco, sin distinción de colores, los políticos se sumaron como víctimas de los crecientes índices delictivos. Asesinatos y desapariciones de representantes populares y funcionarios de primer nivel han marcado el sexenio que concluirá el próximo mes de diciembre.

A tan solo una semana de que había tomado protesta como secretario estatal de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez, fue acribillado. Desde entonces los homicidios siguieron sin tregua. El caso más reciente, ocurrido el pasado 15 de abril, fue el del presidente municipal con licencia que aspiraba a la reelección en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Juan Carlos Andrade Magaña.

Un día después, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz se dijo “abierto a que todos los candidatos que soliciten la protección, se las demos, pero también hago una convocatoria a qué nadie politice este tema que es tan delicado y tan grave”.

Debido al nivel de riesgo, son tres los candidatos que en Jalisco han solicitado seguridad adicional, y la lista de solicitantes podría aumentar, pues será el 29 de abril que arranquen las campañas para presidencias municipales y diputaciones de la entidad.

Se ha podido confirmar que entre ellos está el presidente municipal con licencia de Guadalajara y candidato puntero en las encuestas al gobierno de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez; así como el ex titular de la Fiscalía Estatal y precandidato a la alcaldía tapatía por el PRI, Eduardo Almaguer Ramírez.

“Nosotros no vemos hoy en la necesidad de solicitar algo extraordinario en términos de seguridad para el Instituto. Vemos con preocupación lo sucedido (asesinatos de políticos) y estaremos atentos a la estrategia que nos planteen las autoridades de Seguridad. Por supuesto que es preocupante, pero tiene que haber algún planteamiento del Gobierno del Estado”, indicó el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, Guillermo Armando Alcaraz Cross.

“Brindar seguridad a la población es una responsabilidad de las autoridades de Seguridad, de tal manera que, con lo ocurrido en el orden local, estaremos atentos a la investigaciones que se realicen para conocer el entorno de un hecho que pudiera tener tal trascendencia que afecte de alguna manera el curso del proceso electoral”, comentó el titular del INE Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez Morales, ante los casos recientes.

En caso de más adelante algún aspirante solicite protección adicional, las instancias electorales redireccionarán los trámites al gobernador, anotaron los entrevistados.

Por otra parte, el director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides, dijo que el panorama de violencia política “no es nuevo ni sólo fruto de las elecciones. Lo que estamos viendo es al crimen organizado haciéndose notar en un proceso que en teoría es ajeno, pero que de alguna manera están diciendo, aquí y todo el país, `también soy parte´, y lo dicen a balazos”.

“La lectura de estos asesinatos, de manera superficial, es ¿qué tanto está metido el crimen organizado o de qué poder es su calibre para meterse aún más en la vida política? La lectura más profunda es: La impunidad nos está cobrando su cuota más alta, no les importa matar gente tan visible, no les importa si los pescan las autoridades porque les responden con balazos, es ya una disputa por vidas, por territorio y por medios de producción”, indicó en entrevista el representante del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos.

De 529 muertes registradas de servidores públicos en Jalisco, entre 2013 y abril de 2018, 202 han sido por armas de fuego, 18 por objetos punzo cortantes, 13 por golpes, cinco por estrangulamiento y el resto por otras causas, según datos del Sistema Estadístico de Autopsias del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

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Qué hay detrás de los cambios de política de EU hacia Cuba y Venezuela

El alivio de algunas restricciones a ambos países marca un giro de Washington respecto a la estrategia de mano dura de Trump y busca dar señales de cambio a la región, según analistas.
19 de mayo, 2022
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Después de insistir por un buen tiempo con sanciones, reproches y presión extrema, Estados Unidos comenzó a flexibilizar su política hacia dos de sus mayores antagonistas latinoamericanos: Cuba y Venezuela.

Washington anunció por separado esta semana que aliviaría sus restricciones para viajes y remesas a Cuba, así como para las negociaciones de la principal petrolera estadounidense en Venezuela.

Las medidas son limitadas y están lejos de suponer una normalización de las relaciones de EE.UU. con los gobiernos de ambos países.

Pero sí resulta evidente el giro que la Casa Blanca de Joe Biden busca darle a la estrategia de mano dura diseñada por el anterior presidente Donald Trump para esos países.

Y detrás de este cambio hay varios motivos, según expertos.

Una cumbre polémica

Los anuncios de Washington surgieron mientras el gobierno de Biden se prepara para organizar la novena Cumbre de las Américas el mes que viene en Los Angeles.

La antesala del cónclave está signada por pugnas y un riesgo de boicot de algunos presidentes por la probable exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, países a los que EE.UU. ha sugerido que dejaría fuera por considerarlos autocráticos.

Joe Biden

Getty Images

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha condicionado su asistencia al encuentro a la participación de esas tres naciones, una postura que también asumió su homólogo boliviano, Luis Arce.

Otros gobiernos latinoamericanos cuyos presidentes prevén asistir a la cumbre, como Argentina, Chile y Honduras, también pidieron que todos los países de la región sean invitados.

EE.UU. ha respondido que aún debe tomar la decisión final sobre los invitados y abrió un diálogo con López Obrador sobre su reclamo.

En el gobierno de Biden niegan que esta polémica por la cumbre tenga alguna relación con los cambios de política hacia Cuba y Venezuela.

“El momento de esto diría que está completamente separado de lo que ha dicho el presidente mexicano respecto a Cuba”, sostuvo un alto funcionario del gobierno de EE.UU. al explicar el martes a periodistas el alivio de sanciones a Venezuela.

El funcionario dijo que las medidas, que incluyen una autorización “limitada” a la petrolera estadounidense Chevron para negociar posibles actividades futuras con Venezuela, buscan respaldar un reinicio del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y sus opositores.

Nicolás Maduro

Getty Images
El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela podrá entablar negociaciones con la petrolera estadounidense Chevron.

Señaló además que el gobierno de Biden llevaba meses preparando su nueva política hacia Cuba, que autoriza vuelos comerciales a ciudades de la isla más allá de La Habana y suspende el límite de US$1.000 por trimestre a las remesas.

Sin embargo, algunos analistas observan un vinculo claro entre estos cambios y las críticas de la región a la Cumbre de las Américas a celebrarse del 6 al 10 de junio.

“Es una muestra de que la administración Biden no quiere llegar a la cumbre con las manos vacías”, dice Cynthia Arnson, directora del programa latinoamericano del Wilson Center, un centro de análisis independiente en Washington, a BBC Mundo.

Y agrega que el objetivo de la Casa Blanca es mostrar diferencias con el gobierno de Trump en las políticas sobre Cuba, Venezuela y la migración, en medio de las dudas sobre los compromisos que se lograrán en la cumbre.

De hecho, muchos anticipaban que Biden aliviaría las restricciones impuestas por Trump a Cuba y Venezuela poco después de asumir en enero de 2020, pero diferentes razones demoraron el cambio.

Banderas de países americanos en Washington.

Getty Images
La cumbre de las Américas se realiza en junio en Los Angeles.

“El país obvio”

Pese al afloje de las restricciones a Cuba y Venezuela, los analistas consideran improbable que Biden invite finalmente a ambos países al cónclave de Los Angeles.

En esto también pesan razones de política doméstica: la presencia de autoridades de cubanas o venezolanas en EE.UU. provocaría rechazos internos a meses de las elecciones de mitad de período en noviembre.

Los cambios anunciados esta semana por Washington fueron criticados no solo por opositores republicanos, sino también por demócratas como Bob Menéndez, que preside el poderoso comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU.

Bob Menéndez

Getty Images
El senador demócrata Bob Menéndez ha rechazado los planes de la administración Biden para Cuba y Venezuela.

“Darle a Maduro un puñado de dádivas inmerecidas solo para que su régimen prometa sentarse a negociar es una estrategia destinada al fracaso”, sostuvo Menéndez en un comunicado.

El alto funcionario del gobierno de Biden que habló bajo la condición de que su nombre se mantuviera en reserva negó que el permiso a Chevron vaya a derivar en un aumento de ganancias para el gobierno de Maduro, quien sigue bajo sanciones de Washington.

También advirtió que EE.UU. podría aumentar o aliviar más las sanciones a Venezuela en función de lo que ocurra en el diálogo entre el gobierno de Maduro y sus opositores.

Y señaló que el objetivo de Washington es lograr avances hacia elecciones libres y justas en Venezuela, negando que el foco esté en el petróleo.

Pero algunos prevén un mayor rédito para la petrolera estatal venezolana PDVSA luego de este anuncio.

“Tarde o temprano, Chevron explorará petróleo y PDVSA se beneficiará de eso”, dice a BBC Brasil Ryan Berg, investigador para América Latina del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), una organización bipartidista en Washington.

Otros creen que EE.UU. ve en Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo, una oportunidad para rebajar el precio del petróleo, que se disparó tras la invasión de Rusia a Ucrania en febrero.

En marzo, mientras EE.UU. impulsaba sanciones al petróleo ruso, enviados de Biden viajaron sorpresivamente a Venezuela para conversar reservadamente con Maduro, un aliado de Moscú que dijo estar dispuesto a aumentar la producción petrolera.

Venezuela liberó a dos prisioneros estadounidenses luego de aquel encuentro, que también generó críticas de republicanos y demócratas en Washington.

Ahora cobra fuerza para algunos la idea de que el pulso de Occidente con Rusia también ha movido la política de EE.UU. hacia Venezuela.

“La visita en marzo (a Maduro) fue parte de una mirada global sobre cómo sustituir el petróleo de Rusia al mundo con producción en otros sitios”, señala Arnson. “Y en América Latina, el país obvio es Venezuela”.


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