Más de 80 políticos han sido asesinados en este proceso electoral, ¿a qué se deben las agresiones?
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Archivo Cuartoscuro

Más de 80 políticos han sido asesinados en este proceso electoral, ¿a qué se deben las agresiones?

Entre amenazas de la delincuencia organizada, conflictos en el proceso de selección y con deficientes protocolos de seguridad, aspirantes, funcionarios y candidatos a niveles locales son quienes enfrentan mayor riesgo de violencia en el proceso electoral.
Archivo Cuartoscuro
Por Gonzalo Ortuño y Martha Hernández
20 de abril, 2018
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El actual proceso electoral no solo es el más grande en la historia de México, también es el más violento, pues en siete meses 82 políticos han sido asesinados, de acuerdo con el reciente informe de la consultoría Etellekt. Exfuncionarios, alcaldes, aspirantes y candidatos locales son el sector más vulnerable a los ataques del crimen organizado, de acuerdo con este conteo.

Animal Político consultó a autoridades electorales de Jalisco y Puebla y a un especialista en seguridad del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) sobre la situación de riesgo que viven los contendientes y las medidas que están tomando en medio de una crisis de violencia política.

De acuerdo con el director de Etellekt, Rubén Salazar, 90 % de las agresiones documentadas en su informe fueron contra funcionarios y candidatos del ámbito local, y esto lo atribuye al interés de la delincuencia organizada por controlar políticamente a las localidades mediante las policías, así como servicios de agua y electricidad. El informe consultado por este medio destaca que el 69 % de las víctimas fueron asesinadas por grupos armados (54 casos), mientras que en otro 12 % (9 casos) las víctimas fueron privadas de la libertad y posteriormente halladas sin vida y con señales de violencia.

Tercer reporte sobre violencia política de Etellekt

El 66% de los casos sucedieron en seis entidades: Guerrero con 18 casos, Oaxaca con 13, Puebla (9), Veracruz (8) y Estado de México (6). De acuerdo con Salazar, los ataques se dieron en municipios con problemas de seguridad, de robo de combustible (huachicoleo) y de robo de mercancía a transporte.

El especialista explica que en la elaboración del estudio detectaron varios patrones, como el que los municipios que tuvieron mayores ataques contra políticos son colindantes y comparten problemas en delitos específicos.

“Son municipios que están conectados entre sí. Observamos cómo se están desarrollando ciertos corredores, ciertos blindajes. Lo que te explica es que sí se están enfocando en ciertos municipios, hay una intención por controlar políticamente algunas localidades”, explica en entrevista.

Otro patrón ubica los hechos violentos en estados como Oaxaca, con motivaciones políticas, pues “podría tratarse de disputas o de violencia derivada por cuestiones de carácter local. Observamos mucha rispidez en los procesos de selección de candidatos en todos los partidos”, relata Salazar.

En Puebla, por ejemplo, la consejera del Instituto Electoral del estado (IEEP) Claudia Barbosa asegura que la violencia política que se está presentando en varios municipios está dirigida contra varias mujeres que buscan contender por algún cargo local.

“El panorama es más en el sentido de agresiones o intimidación en contra de las candidatas, fundamentalmente a través de mensajes de WhatsApp o redes sociales”, explica la consejera en entrevista.

Sobre el asesinato de alcaldes y funcionarios en zonas con altos índices de robo de combustible, la consejera electoral señaló que deben ser las autoridades estatales las que expliquen las causas de los ataques.

De acuerdo con Etellekt, del 8 de septiembre de 2017 al 8 de abril pasado han ocurrido 33 casos de agresiones contra mujeres políticas, la mayoría de ellas (24), contra aspirantes y candidatas.

Violencia política contra mujeres

Violencia política contra mujeres

Las cifras del informe también arrojan que los representantes del PRI han sido los más atacados con 29 casos, seguido por los del PRD con 16; después sigue el PAN  (8 casos); Movimiento Ciudadano (5) y Morena (4).

Para el profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) Martín Gabriel Barrón Cruz, el proceso electoral es un momento de transición en el cual la delincuencia organizada buscará proteger sus negocios e intereses postulando o intimidando candidatos.

Sin embargo, ante la violencia política actual considera que primero es necesario revisar la dinámica de cada caso, antes de magnificar las agresiones y averiguar la causas por las cuales están matando a aspirantes políticos.

“Se tiene que hacer un estudio criminovictimológico. (Revisar) quién es la víctima, cuáles fueron sus propuestas y cuáles son sus alianzas”, explica el especialista en seguridad, pues considera que no necesariamente todos los asesinatos de funcionarios y candidatos ocurridos en el presente proceso electoral tuvieron alguna relación con la delincuencia organizada o con violencia política.

Protocolos de seguridad se quedan cortos

El pasado 4 de abril, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron un protocolo de protección para los candidatos presidenciales, en el cual la Comisión Nacional de Seguridad y el Estado Mayor se harán cargo de la seguridad de los contendientes.

Para el director de Etellekt, las medidas de seguridad se han quedado cortas, pues se enfocan en candidatos a nivel federal, cuando son los de nivel local quien enfrentan mayor riesgo.

El tamaño de la elección este año, en la cual se elegirán 3 mil 400 cargos a distintos niveles, así como el desfase en los calendarios estatales están siendo aprovechados por el crimen organizado para incidir violentamente en los comicios, asegura Salazar.

También critica que las leyes estatales no contemplan mayor seguridad para precandidatos, solo para candidatos, lo que, asegura, favorece que organizaciones criminales puedan influir en el proceso de selección e imponer candidatos.

“Hubo mucha irresponsabilidad de los partidos políticos en las reforma electorales, por la concurrencia y los calendarios electorales no homologados. Esta situación está ocasionando que esta violencia persista”, detalla Salazar, quien publicará más informes de violencia electoral, podrán adquirirse en la página de Etellekt para financiar futuros reportes.

En este sentido, la consejera Claudia Barbosa señala que si bien el riesgo de más ataques es grande por el tamaño de la elección, “se ha creado una estructura” que permitirá atender y prevenir más casos de violencia política.

Aunque advirtió que vendrán más casos de violencia por el tamaño de los comicios, donde 30 estados empataron sus calendarios con la Federación, también han tomado medidas en municipio de Puebla para evitar, principalmente, que candidatas mujeres sean amenazadas o intimidadas por buscar un cargo.

“Desde diciembre pasado emitimos una guía para la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en el estado, una herramienta que pusimos para todas las mujeres que estén resistiendo actos de violencia, justamente para establecer ejemplos de lo que sí es violencia política contra las mujeres y lo que no es violencia”, expuso.

Asesinatos contra políticos en Jalisco, a todos los niveles

En Jalisco, sin distinción de colores, los políticos se sumaron como víctimas de los crecientes índices delictivos. Asesinatos y desapariciones de representantes populares y funcionarios de primer nivel han marcado el sexenio que concluirá el próximo mes de diciembre.

A tan solo una semana de que había tomado protesta como secretario estatal de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez, fue acribillado. Desde entonces los homicidios siguieron sin tregua. El caso más reciente, ocurrido el pasado 15 de abril, fue el del presidente municipal con licencia que aspiraba a la reelección en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Juan Carlos Andrade Magaña.

Un día después, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz se dijo “abierto a que todos los candidatos que soliciten la protección, se las demos, pero también hago una convocatoria a qué nadie politice este tema que es tan delicado y tan grave”.

Debido al nivel de riesgo, son tres los candidatos que en Jalisco han solicitado seguridad adicional, y la lista de solicitantes podría aumentar, pues será el 29 de abril que arranquen las campañas para presidencias municipales y diputaciones de la entidad.

Se ha podido confirmar que entre ellos está el presidente municipal con licencia de Guadalajara y candidato puntero en las encuestas al gobierno de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez; así como el ex titular de la Fiscalía Estatal y precandidato a la alcaldía tapatía por el PRI, Eduardo Almaguer Ramírez.

“Nosotros no vemos hoy en la necesidad de solicitar algo extraordinario en términos de seguridad para el Instituto. Vemos con preocupación lo sucedido (asesinatos de políticos) y estaremos atentos a la estrategia que nos planteen las autoridades de Seguridad. Por supuesto que es preocupante, pero tiene que haber algún planteamiento del Gobierno del Estado”, indicó el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, Guillermo Armando Alcaraz Cross.

“Brindar seguridad a la población es una responsabilidad de las autoridades de Seguridad, de tal manera que, con lo ocurrido en el orden local, estaremos atentos a la investigaciones que se realicen para conocer el entorno de un hecho que pudiera tener tal trascendencia que afecte de alguna manera el curso del proceso electoral”, comentó el titular del INE Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez Morales, ante los casos recientes.

En caso de más adelante algún aspirante solicite protección adicional, las instancias electorales redireccionarán los trámites al gobernador, anotaron los entrevistados.

Por otra parte, el director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides, dijo que el panorama de violencia política “no es nuevo ni sólo fruto de las elecciones. Lo que estamos viendo es al crimen organizado haciéndose notar en un proceso que en teoría es ajeno, pero que de alguna manera están diciendo, aquí y todo el país, `también soy parte´, y lo dicen a balazos”.

“La lectura de estos asesinatos, de manera superficial, es ¿qué tanto está metido el crimen organizado o de qué poder es su calibre para meterse aún más en la vida política? La lectura más profunda es: La impunidad nos está cobrando su cuota más alta, no les importa matar gente tan visible, no les importa si los pescan las autoridades porque les responden con balazos, es ya una disputa por vidas, por territorio y por medios de producción”, indicó en entrevista el representante del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos.

De 529 muertes registradas de servidores públicos en Jalisco, entre 2013 y abril de 2018, 202 han sido por armas de fuego, 18 por objetos punzo cortantes, 13 por golpes, cinco por estrangulamiento y el resto por otras causas, según datos del Sistema Estadístico de Autopsias del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

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Coronavirus: las muertes de miles de ancianos que no están siendo contabilizadas en Europa

La crisis del coronavirus ya ha cobrado al menos 119,000 víctimas, pero el número puede ser mucho mayor: muchos países solamente incluyen a las muertes que ocurren en hospitales.
14 de abril, 2020
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El número real de contagiados y de víctimas podría ser mucho mayor al que arrojan los datos oficiales.

Getty Images
El número real de contagiados y de víctimas podría ser mucho mayor al que arrojan los datos oficiales.

Hasta el 14 de abril ya se habían registrado más de 1.9 millones de casos y al menos 119,000 muertes por coronavirus, según cifras oficiales.

Pero el número real de contagiados y de víctimas podría ser mucho mayor.

Según advierte un grupo de organizaciones benéficas británicas, una parte importante de personas de la tercera edad está siendo ignorada en las estadísticas oficiales de coronavirus en Reino Unido.

La cifra oficial de muertos por la pandemia en ese país, y en otras partes del mundo, ha sido criticada por incluir solo a las personas que mueren en hospitales y no a aquellas que fallecen en residencias de mayores o en sus casas.

Las autoridades británicas revelaron que hubo infecciones de covid-19 en más de 2.000 residencias de ancianos en Inglaterra: cientos de personas murieron, pero no aparecen en las estadísticas oficiales.

Reuters
Las autoridades británicas revelaron que hubo infecciones de covid-19 en más de 2.000 residencias de ancianos en Inglaterra: cientos de personas murieron, pero no aparecen en las estadísticas oficiales.

Esta situación se repite en naciones como España, Italia y, hasta hace poco, Francia, entre otros países.

Las autoridades sanitarias españolas contabilizan únicamente a aquellas personas de las que se tenía constancia del contagio, tras efectuarles una prueba.

Este método deja fuera a un gran número de personas que fallecen durante el confinamiento en casa y a las muertes que se producen en las residencias de ancianos.

Una cifra “precisa y rápida”

Italia, al igual que España, solo cuenta como víctimas a aquellos que hayan dado positivo por covid-19, y las pruebas se realizan principalmente en hospitales.

Francia, por su parte, incluía en sus estadísticas solamente a los pacientes que fallecían en centros hospitalarios hasta hace dos semanas.

Ante la polémica generada cuando esta información se hizo pública, el gobierno de Emmanuel Macron ordenó que se hiciera un seguimiento diario de la mortalidad en los ancianatos.

Así, este lunes, el país galo contabilizaba 14,967 víctimas mortales, de las cuales 9,588 murieron en hospitales y 5,379 en residencias de ancianos.

La ministra de Trabajo y Pensiones de Reino Unido, Therese Coffey, le explicó a la BBC que el conteo en ese país solo incluye la cifra de fallecimientos en hospitales porque “es precisa y rápida”.

406 muertes invisibles en las estadísticas

Los últimos números de la Oficina Nacional de Estadísticas británica, que incluye todas las muertes relacionadas con la covid-19 en Inglaterra y Gales, muestran que un total de 406 muertes registradas hasta el 3 de abril ocurrieron fuera de los hospitales.

Esto habría agregado un 11% adicional a las cifras oficiales dadas por el gobierno de Reino Unido.

De esas muertes adicionales, no incluidas en las estadísticas, 217 tuvieron lugar en ancianatos, 33 en hospicios, 136 en hogares privados, 3 en otros establecimientos comunales y 17 en lugares no precisados.

Un conjunto de organizaciones benéficas, entre las que se encuentran Age UK, Marie Curie y la Alzheimer’s Society, le han enviado una carta al ministro de Salud británico, Matt Hancock, pidiendo un recuento diario de muertes más completo, que incluya a los fallecidos en residencias.

Las autoridades sanitarias de Reino Unido revelaron recientemente que hubo infecciones de covid-19 en más de 2,000 residencias de ancianos en Inglaterra, sin especificar la cantidad de víctimas fatales por la enfermedad.

Un asilo de ancianos en Cataluña

EPA
En España se han detectado numerosos casos de covid-19 en centros de cuidados para personas mayores.

Luego de este anuncio, Age UK aseguró que el brote de coronavirus se está saliendo de control en los ancianatos del país.

“Las cifras actuales están retocando (excluyendo de las estadísticas) a las personas mayores como si no importaran”, dijo Caroline Abrahams, directora de la organización benéfica.

Cerca de 410,000 personas viven en hogares de cuidado en Reino Unido.

La Comisión de Calidad de la Atención, el regulador de hogares residencias de ancianos de Inglaterra, ha afirmado que comenzará a registrar las muertes en la atención social de adultos a partir de esta semana.

De igual forma, le ha pedido al personal de estos centros que brinden actualizaciones diarias sobre la cantidad de casos confirmados y posibles contagios.

El caso de España

En España, en los últimos días, han sido varias las regiones cuyas autoridades han asegurado que las estadísticas oficiales que proporciona el gobierno de Pedro Sánchez no incluyen las muertes de miles de ancianos que fallecen en residencias a causa del coronavirus pero a los que no se les realizan pruebas para saber si están infectados.

Así, por ejemplo, la semana pasada la Comunidad de Madrid (gobierno regional) informó que 4,260 personas usuarias de residencias -entre las que se encuentran también las que albergan a discapacitados o a personas con enfermedades mentales- murieron entre el 8 de marzo y el 8 de abril por Covid-19 (781) o teniendo síntomas de esa enfermedad (3,479).

Las cifras oficiales de muertos por covid-19 en España no incluyen a esos 3,479 fallecidos que no fueron sometidos a pruebas.

La misma situación está sucediendo por todo el país.

Las residencias de ancianos llevan semanas denunciando que están desbordadas y que no cuentan con los medios para hacer frente a la pandemia, lo que está haciendo que la mortalidad se haya disparado, aunque esos fallecimientos no aparecen en las estadísticas oficiales.

Por toda Europa, particularmente en los países más afectados por el coronavirus, parece estar repitiéndose la misma situación. Miles de ancianos no están recibiendo la atención médica que necesitan y sus muertes no son contabilizadas.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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Por su parte, el gobierno español también está desde hace días bajo presión para que incluya datos de fallecidos en las residencias en las estadísticas.

Pero, hasta el día de hoy, esto todavía no ha sido posible.

El portavoz del Ministerio español de Sanidad, Fernando Simón, ha explicado que “el análisis de las residencias es más complejo que el del resto porque hay muchos más factores que en el resto de grupos”.

Pero aseguró que tan pronto como su equipo pueda hacer este análisis los datos se harán públicos.


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