La presión de ser madres, detonante en asesinatos de mujeres embarazadas para robarles a sus bebés
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Moisés Pablo / Cuartoscuro.com

La presión de ser madres, detonante en asesinatos de mujeres embarazadas para robarles a sus bebés

De 2010 a la fecha se han registrado 12 casos en todo el país, en los cuales víctimas y victimarias eran menores de 25 años; la presión social para ser madres y la falta de oportunidades, la constante detrás de estas tragedias.
Moisés Pablo / Cuartoscuro.com
Por Andrea Vega
19 de abril, 2018
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Damaris Rocío Jiménez tenía 17 años cuando asesinó a una mujer embarazada para extraerle del vientre al bebé y quedarse con él. Era junio de 2014, en Reynosa, Tamaulipas. La adolescente homicida había tenido un aborto nueve meses antes, pero fingió un nuevo embarazo para retener a su novio de acuerdo con la investigación posterior; por eso necesitaba un niño.

La víctima tenía 20 años: Nathaly Cartas León, estudiante de la licenciatura en Nutrición, vivía en unión libre con su pareja, pero tenían problemas económicos. Por eso buscó ayuda a través de Facebook. Publicó un mensaje solicitando trabajo o apoyo para su futuro hijo. Damaris Rocío la contactó, prometió ayudarle y se citaron en un centro comercial.

De ahí, Rocío llevó a Nathaly a la casa que rentaba, desde hacía apenas un mes, en la colonia Santa Fe, de Reynosa, Tamaulipas, donde la asesinó, para después realizarle un corte horizontal en el vientre bajo y extraerle al producto de la gestación. El caso impactó por los hechos y porque la homicida era una adolescente de 17 años.

Pero el feminicido de Nathaly no es algo aislado.

María Salguero, geóloga que registra en un mapa los feminicidios en México, tiene 12 casos contabilizados de 2010 a la fecha, en los que asesinaron a las madres para extraerles a los bebés del vientre o para robarles a los niños ya nacidos. Salguero alerta que esto apenas se volvió visible ante la serie de tres homicidios ocurridos entre marzo y abril de 2018, pero asegura que ha estado sucediendo desde hace años.

Las víctimas, en la mayoría de los 12 casos documentados por María, son menores de 25 años (solo una tenía 29), al menos 10 eran de bajo nivel económico y no tenían acceso a la seguridad social donde atendieran sus partos y cuidaran la salud de sus futuros hijos.

“Estos son casos de mujeres asesinando a mujeres jóvenes, de escasos recursos, a quienes enganchan prometiéndoles ropa para los bebés o apoyos económicos o integrarlas a algún programa de ayuda social. Con ese engaño se las llevan y después las asesinan”, dice Salguero.

Jimena Soria, analista de dirección del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), confirma que el blanco de estos homicidios son mujeres jóvenes con falta de oportunidades. En esto, dice, hay una primera responsabilidad del Estado porque no solo no les está garantizado la vida y la integridad física, sino que tampoco les está garantizando un trabajo digno y servicios de salud adecuados.

Lista de casos registrados desde 2010.

El motivo del crimen

Solo en dos casos, de los 12 registrados por Salguero, el móvil pudo ser diferente. En el de Alicia Ramos Blanco, de 17 años, a quien asesinaron en junio de 2010 en Coatzacoalcos, Veracruz, cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) vecinos de la víctima, quienes planearon durante tres meses el homicidio para robar el bebé de la jovencita y venderlo en 500 mil pesos.

Una de las mujeres, Rosa María A. C, de 33 años, enganchó a Alicia haciéndole creer que pertenecía a una asociación dedicada a apoyar a embarazadas de escasos recursos. Con esa mentira, Rosa llevó a Alicia a su casa. Ahí, con ayuda de su esposo, Omar M. A., y de sus vecinos, Mélida M. B. y su hijo Héctor R. M, asesinaron a la adolescente, le abrieron el vientre, sacaron al neonato y enterraron el cadáver en el traspatio de la casa.

Pero después, todo se les complicó. Una llamada anónima alertó a la Agencia Veracruzana de Investigaciones respecto a que en una vivienda se encontraba enterrado un cuerpo. Un grupo de elementos de la agrupación se trasladó al domicilio de Rosa y encontraron el cadáver y a Omar M. A., quien terminó por confesar el crimen. El bebé fue recuperado y entregado a su padre.

En otro caso, Reyna Alicia N, de 22 años, fue asesinada por Eulalia L. O. y Roberto C. V. hace apenas unos días, el 2 de abril, en Oaxaca. Las investigaciones están en curso para descartar un posible hecho de tráfico de menores.

En el resto de los casos recabados por Salguero el móvil coincide: las homicidas pretendía quedarse con el bebé y criarlo como hijo propio. Nueve de las mujeres que cometieron el asesinato fingieron un embarazo para engañar a sus parejas, familiares y amigos.

Dos, Nancy Carrasco Pérez (quien asesinó a Luveneydi Yasmin Velázquez de 23 años, en octubre de 2015, en Tijuana, Baja California) y Damaris Rocío Jiménez habían estado embarazadas, pero perdieron a sus bebés y temían que, al no haber un niño, su pareja las dejara. Las demás no podían tener hijos y estaban obsesionadas con tener uno.

Hay una presión de la pareja y social hacia las mujeres para que sean madres, explica Soria. “En el contexto machista en el que vivimos, el mandato de la maternidad parece que viene aparejado con ser mujer, como una cosa que sí o sí tienes que cumplir. Ese estereotipo persiste y es muy dañino, aquí se ve el extremo de lo dañino que puede ser. Y no se trata de responsabilizar solo a las mujeres, sino de ser muy críticos sobre esto y ver cómo se puede cambiar”.

Esta presión, sumada al contexto de violencia generalizada en el país, la violencia estructural contra las mujeres, y a que sus cuerpos y sus vidas se perciben como desechables al grado de valorar más los productos en gestación, es lo que ha llevado al extremo de ser asesinadas para robarles a sus hijos, resalta la especialista.

Salvo en dos casos en los que eran amigas o parientes lejanas, el resto de las homicidas conoció a la víctima por Facebook, en la colonia o en una clínica de salud. Como Luveneydi Yasmin, quien conoció a Nancy Carrasco en el control prenatal de una clínica del IMSS.

Nancy había estado embarazada, pero perdió al bebé dos meses antes y no le dijo a nadie. Incluso fingió que asistía a las consultas de control prenatal y en sus idas a la clínica conoció a Luveneydi. Se hicieron amigas. Nancy la invitó a su casa. Luveneydi fue y Nancy la atacó con su propia mascada, sofocándola, hasta que perdió el conocimiento. Después le abrió el vientre con un cuchillo y sacó al bebé.

Investigaciones a fondo

Todas las homicidas involucradas en los casos documentados por Salguero fueron detenidas y se encuentran encarceladas. Cuatro de los bebés fallecieron a causa de la rudimentaria cesárea y los ocho restantes fueron recuperados por las autoridades y están con sus familiares.

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), y Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), coinciden en que no se puede dimensionar la magnitud del problema porque no hay cifras oficiales. En el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no existe la variable embarazada, por lo tanto, no se puede saber cuántas de las mujeres de quienes se desconoce su paradero estaban esperando un bebé.

Lo más que se puede conocer analizando este registro y filtrando por edad es que hasta febrero de 2018 se reportan en el país 100 niños desaparecidos de 0 años, la mayoría de ellos (64) en Sonora y el resto en el Estado de México y Coahuila. Niños de un año desaparecidos hay 137, la mayoría del Estado de México, Puebla y Nuevo León.

Organizaciones y activistas urgen a que haya un registro que considere la variable del embarazo para las víctimas de homicidio y desaparición, y a que se hagan investigaciones a fondo de los casos para descartar incluso la posibilidad de que detrás de estos asesinatos se encuentren redes del crimen organizado.

“Se ha intentado minimizar estos casos pensando que son casos aislados, pero podríamos estar frente a un fenómeno del que no se sabe qué hay detrás, porque no se hacen las investigaciones para ver si estas mujeres de verdad actúan solas o están en contacto con algunas redes. El estado ha sido omiso para analizar el fenómeno en su totalidad y para llevar las investigaciones a fondo”, afirma Soria.

En esto coincide el director de Redim: “una persona que es detenida por un hecho de este tipo, para evitar un agravante más y por miedo, no dirá soy parte de un grupo criminal. Eso debe descartarlo la autoridad, pero hay negligencia en las investigaciones e incapacidad para entender lo que puede haber detrás de este tema”.

María Salguero exhorta a las autoridades, sobre todo a las de salud, a que hagan una campaña para alertar a la población. “En las clínicas se pueden poner carteles hablando de los factores de riesgo y de la prevención, de no confiar en la gente, de no dar información demás, de andar acompañadas, preferentemente, no tiene que ser de un hombre, puede ser de otras mujeres y siempre decir a dónde y con quién van”.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

 

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'Solo sí es sí': por qué muchos agresores sexuales en España podrán salir de prisión antes de tiempo bajo una nueva ley

Un agujero legal en la nueva legislación sobre la libertad sexual en España ha abierto la puerta a la rebaja de la pena a personas ya condenadas por agresión sexual.
18 de noviembre, 2022
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Lleva en vigor apenas un mes, pero la polémica no abandona a la nueva ley española conocida como del “solo sí es sí”.

Un “agujero legal” en La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que impulsó el sector más izquierdista del gobierno español, ha provocado que la aplicación de la norma tenga una consecuencia indeseada para sus promotores: la reducción de la pena a algunos condenados.

Desde que comenzó a aplicarse, una quincena de agresores condenados con la legislación antigua han obtenido una rebaja automática en sus penas, entre ellos un hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 14 años. Tres de ellos han sido excarcelados.

El cambio en el régimen jurídico, que se aprobó tras más de cuatro años de debate, no incluyó una disposición transitoria para acotar los casos susceptibles de revisión de la pena, una especie de reglas que establecen el paso de un Código al otro.

Esta es una disposición que suelen adjuntar las nuevas leyes que modifican el Código Penal español.

La ley de Libertad Sexual ha eliminado la distinción entre abuso y agresión sexual. Ahora, toda interacción sexual sin consentimiento se considera una agresión.

Sin embargo, esta refundición de conductas también ha ampliado el rango de las penas que se aplican a estos comportamientos, que pueden ser muy distintos.

En algunos supuestos, las penas mínimas y las máximas son más bajas.

Esto ha sido aprovechado por los abogados de algunos condenados, que tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley si esta les resulta más favorable.

Perspectiva de género

Para la ministra española de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, el problema radica en que “hay jueces que no están cumpliendo con la ley” por “machismo“, y ha pedido que se refuerce la formación en igualdad en el sistema judicial.

La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

EPA
La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

Según la ministra, la ley está bien redactada y el problema se encuentra en la aplicación e interpretación de la misma por jueces a los que les falta “perspectiva de género”.

La titular de Derechos Sociales y líder del partido izquierdista, Ione Belarra, también ha dicho que los jueces están aplicando “mal” la nueva ley, y ha acusado a una parte de la magistratura de erigirse como “oposición al gobierno de coalición, y especialmente al ministerio de Igualdad”.

Ante las críticas, los jueces aseguran que ellos mantienen un compromiso con las víctimas, pero que la nueva ley puede dar lugar a interpretaciones.

El Consejo General del Poder Judicial, conocido como “gobierno de los jueces”, ya había advertido en un informe antes de que se aprobara la ley que ésta podría dar lugar a “una revisión de las condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas”.

Varias agrupaciones de jueces, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura, que reúne al mayor número de juristas en España, han pedido la dimisión de la ministra de Igualdad por sus ataques a los jueces y por generar “una alarma innecesaria y devastadora” entre las víctimas.

En el Gobierno de coalición, los socialistas se han abierto a revisar la ley del “solo sí es sí”.

“Si hay que abordar una reforma para conseguir un respaldo más sólido a las víctimas, habrá que abordarla”, ha dicho la ministra socialista de Educación, Pilar Alegría.

La ley, sostiene, se aprobó para la protección integral de las víctimas.

El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que corresponde a los jueces y fiscales “unificar” la doctrina al respecto.

Origen

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual tiene su origen en el polémico caso conocido como de “la manada“, que generó manifestaciones en todo el país y la exigencia de parte de la sociedad española de reformar las leyes para proteger a las mujeres de ataques sexuales y endurecer los castigos para quienes los perpetren.

En este caso, cinco hombres violaron a una joven de 18 años en un portal de Pamplona y fueron condenados a penas de 15 años.

Paradójicamente, la nueva ley podría rebajar la condena de alguno de ellos.

Su abogado ya ha dicho que, a la luz del nuevo código, pedirá la reducción de la pena de al menos uno de los condenados.

La ley se conoce como de “solo sí es sí” por uno de sus postulados más importantes y, a la vez, más polémicos: la del consentimiento antes de cualquier agresión sexual.

“Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, expone el texto legal.

Esto supone que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse.

La nueva norma también castiga el acoso callejero y la violencia sexual digital, entre otros delitos.


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