De la religión al territorio y a la política: la violencia que mina la vida en Los Altos de Chiapas

Escenario constante de conflictos internos entre partidarios de distintos partidos, de grupos religiosos y de reclamantes de tierras, la violencia en Chenalhó recrudece ahora por razones electorales que han dejado cientos de personas desplazadas de tres municipios, de acuerdo con las denuncias.

De la religión al territorio y a la política: la violencia que mina la vida en Los Altos de Chiapas
Desplazados del Ejido Puebla en plantón frente al palacio de gobierno en Tuxtla Gutierrez, Chiapas. Foto: Centro Ku´untik. Foto: Centro Ku´untik

Incubada por décadas, la violencia crece en el municipio de Chenalhó, en Chiapas. Ahora se expande y alcanza no solo a sus pobladores, sino también a los vecinos cercanos. El 24 de marzo pasado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció que un grupo armado proveniente del ejido Manuel Utrilla desplazó a 90 familias tsotsiles de la comunidad de Koko, en el municipio de Aldama. Los desplazados se encuentran dispersos en la montaña, sin condiciones de seguridad ni de asistencia humanitaria.

El grupo armado que provocó este desplazamiento es el mismo que cuatro días antes, el 20 de marzo, expulsó de sus casas y territorios a 145 familias de Tabak, también en Aldama. Desde febrero de este año, otras comunidades aldameñas, como Cotzilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente, han sido víctimas de ataques con armas de fuego orquestados por alrededor de 75 hombres.

Quienes han huido a las montañas lo han hecho porque saben que los armados están dispuestos a ir más allá de asustarlos. Apenas el lunes 2 de abril, un grupo ejecutó a tres personas de la comunidad San Pedro Cotzilnam, Aldama. En los hechos también murió un poblador de Atzamilo, Santa Martha, municipio de Chenalhó, de acuerdo con información divulgada por el Centro de Derechos Humanos Ku´untik.

De acuerdo con el Frayba, existen testimonios que mencionan que el grupo armado del ejido de Manuel Utrilla se encuentra reclutando personas y que se ha coordinado en sus acciones con otro, de corte paramilitar y procedente de Chenalhó, vinculado con la presidenta municipal Rosa Pérez Pérez, el mismo que según las denuncias operó en el desplazamiento de más de 5 mil personas en el municipio de Chalchihuitán.

La violencia no solo se esparce hacia afuera de Chenalhó, que ha sido escenario constante de conflictos internos entre partidarios de distintos partidos, de grupos religiosos y de reclamantes de tierras. El más reciente, el conflicto postelectoral de 2015, ha dejado cientos de personas desplazadas del Ejido Puebla.

Sumando los hechos, grupos armados de Chenalhó han causado la salida de habitantes de tres municipios. En todos los casos, los testimonios señalan a Rosa Pérez como la causante de que se hayan reactivado estos grupos armados, a los cuales se ubica como paramilitares. No obstante, el Frayba no descarta que estén también articulados con cédulas del crimen organizado y que en la zona, sobre todo entre Chalchihuitán y Chenalhó, hay intereses económicos por los yacimientos de jade verde azul que se presume existen ahí.

Desplazados del Ejido Puebla y el Centro de Derechos Humanos Ku´untik han denunciado a Abraham Cruz, quien fungió como tesorero municipal en la administración de Rosa Pérez de octubre de 2015 hasta el 16 de marzo de 2018, como quien canalizaba los recursos a los grupos paramilitares para la compra de armas.

Abraham Cruz (quien todavía aparece en la página del gobierno de Chiapas como el tesorero municipal de Chenalhó) es hijo del pastor presbiteriano y comisariado ejidal que fue señalado como el que bendijo las armas de los paramilitares que perpetraron la masacre de Acteal contra Las Abejas, en 1997.

De acuerdo a lo que ha documentado el Centro Ku´untik, sus integrantes aseguran que “el pastor Agustín Cruz es como el general de los grupos paramilitares” y Calixto Cruz, su hijo, junto con Diego López Guzmán, Juan Gutiérrez Arias, Juan Arias López y Manuel Méndez Gutiérrez “son los comandantes, quienes se encargan de materializar los hechos planeados por Agustín Cruz”. Los testimonios recabados por el Centro Ku´untik aseguran que cada uno de ellos comanda a grupos de personas “bien armadas” provenientes de diferentes parajes del municipio de Chenalhó.

El padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, sostiene que “los grupos armados de la zona siempre han estado latentes. Los que participaron en la masacre de Acteal de 1997 salieron de la cárcel y ahí siguen operando. En (el Ejido) Puebla es otro lugar donde han actuado ellos. Rosa no colabora para la resolución del conflicto, genera más protegiendo a los grupos armados”.

Animal Político buscó la versión de la presidenta de Chenalhó, pero Rosa Pérez no atendió la entrevista programada para el lunes 2 de abril a las 8am, ni devolvió las llamadas ni los mensajes enviados por este portal a su celular. También se solicitó una entrevista con el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez, para conocer la posición del gobierno del estado ante las acusaciones de inacción respecto a las denuncias en contra de Pérez, quien milita en el mismo partido que el gobernador de Chiapas. Ya no hubo respuesta luego que Gómez renunciara a su cargo el pasado 31 de marzo para buscar una diputación federal por su partido.

Desplazados del Ejido Puebla en plantón frente a Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutierrez. Foto: Centro Ku`untik

Estaban hibernando

Organizaciones de derechos humanos, antropólogos, historiadores, autoridades eclesiásticas y diversos actores cercanos al conflicto señalan a estos nuevos grupos como los herederos de aquel que perpetró en 1997 la masacre de Acteal contra Las Abejas.

“Nunca ha habido un acuerdo de paz en Chiapas (después del levantamiento del EZLN en 1994) ni un proceso de desarme de los grupos armados. Así que ese grupo paramilitar solo ha estado hibernando un buen tiempo, pero nunca desarmados”, afirma Diego Cárdenas, director del Centro Ku´untik, a quien se le ha abierto una carpeta de investigación en la Fiscalía General de Justicia del Estado por el delito de atentados contra la paz pública, al acompañar el plantón de los desplazados del Ejido Puebla.

De acuerdo con las investigaciones del Frayba, además del nexo entre Rosa Pérez y el pastor evangélico Agustín Cruz, hay otro lazo entre la presidenta municipal y presuntos paramilitares con historia. “Sabemos que uno de los asesores de Rosa Pérez es Jacinto Arias, expresidente municipal de Chenalhó, quien auspició y fue detenido por los hechos de la masacre de Acteal, pero lo liberaron en 2013. A partir de la liberación, por parte de la Suprema Corte, de los detenidos por esa masacre, la violencia ha vuelto a la zona de Los Altos de Chiapas”, acusa Pedro Faro, director del Frayba.

Y ha vuelto con más fuerza desde las elecciones de 2015 para la presidencia municipal de Chenalhó. Estas tierras eran dominio priista, hasta que ese partido se alió con el PVEM para llevar a la gubernatura a Manuel Velasco Coello.

“Si bien el gobernador actual llega por una alianza entre PRI y Verde, el objetivo del nuevo grupo en el poder fue sustituir las estructuras priistas que sostienen e impulsan a ese partido en todo el estado de Chiapas, por una nueva estructura del Verde”, explica Cárdenas.

Como en muchos municipios de esta entidad, en Chenalhó se elegía por consenso entre las comunidades y grupos de poder a quien sería el nuevo presidente municipal. El elegido se postulaba como candidato del PRI. Así sucedió para las elecciones a alcalde en 2015. Pero tanto aquí como en muchos otros municipios, se olvidaron de las cuotas de género que por ley se debían cumplir en los procesos electorales.

Ante la omisión, la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó al Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) garantizar el principio de paridad de género en el registro de candidaturas a diputados del Congreso local y miembros de los ayuntamientos. El Partido Verde nombró como candidata en Chenalhó a una de sus partidarias, Rosa Pérez, quien ganó la alcaldía.

El 25 de mayo de 2016, ocho meses después de que Rosa Pérez asumió el poder, alrededor de 100 pobladores de Chenalhó secuestraron a Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Congreso local (a quien también se le señala como quien ha operado para reactivar a grupos paramilitares) y a Carlos Penagos, coordinador de la bancada del Partido Verde, para presionar por la renuncia de Rosa Pérez, quien finalmente dimitió a cambio de la liberación de los legisladores.

Los inconformes alegaron que la presidenta municipal no estaba cumpliendo con sus compromisos de campaña. En su lugar se nombró a quien era su síndico, Miguel Sántiz Álvarez, también del PVEM. Sin embargo, el 17 de agosto de 2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó restituir a Rosa Pérez y a su cabildo, al considerar que fue removida por medio de la fuerza. La alcaldesa regresó a su cargo, pero la violencia se desató.

El párroco de Simojovel, Marcelo Pérez, asegura que al recuperar la presidencia “Rosa tenía que encontrar alguna forma de legitimarse. Después de los ataques a las Torres Gemelas, el presidente de EU desató una guerra contra Irak; Felipe Calderón tuvo que inventar la guerra contra el narcotráfico que ha dejado miles de muertos en México, muchas veces los gobernantes generan los conflictos para legitimarse”.

La antropóloga social Araceli Burguete, experta en movimientos sociales y quien ha publicado diversas investigaciones referentes a la remunicipalización en Chiapas y a la historia de Aldama, Chalchihuitán y el propio Chenalhó, asegura que, en realidad, Rosa Pérez ha sido engullida por el sistema y por la necesidad de demostrar que puede gobernar su municipio.

“Yo creo que a Rosa se la comió la práctica de ejercicio de poder masculinizante. Hay un entramado político de cómo se ejerce el poder con códigos masculinos: son una serie de andamiajes de poder, de violencia, de armas, de machismos, y entonces las mujeres que entran a esas posiciones se vuelven machistas. Para decirlo con una metáfora: es una mesa en la que ella está sentada con los armados en convivencia, porque no tiene opción”.

El caso Aldama

Los desplazados de Aldama acusan que sus agresores vienen del Ejido Manuel Utrilla, en la agencia municipal Santa Martha, en Chenalhó. La rivalidad entre los pobladores de estas dos zonas es histórica. Aldama, donde 97.3 % de la población vive en situación de pobreza de acuerdo con datos de CONEVAL,  se llamaba Santa María Magdalena y era un municipio, pero una reforma constitucional le quitó ese rango en 1921, lo degradó a agencia municipal y lo anexó como parte de Chenalhó, tal como documentó Burguete.

A Santa Martha le pasó lo mismo. En la década de los veinte del siglo pasado, el gobierno federal le quitó su estatus de municipio y lo convirtió en una agencia municipal que también anexó a Chenalhó. Ambas regiones estuvieron siempre inconformes con ese cambio.

Cuando el exgobernador Roberto Albores propuso la remunicipalización de Chiapas para intentar sofocar el movimiento zapatista, volviendo constitucionales los municipios que se habían declarado como autónomos, tanto Santa María Magdalena como Santa Martha levantaron la mano para volver a ser municipios, pero sólo el primero lo consiguió, en julio de 1999.

“De acuerdo con lo que argumentó el gobierno de la entidad, Santa Martha tenía muy poca población para otorgarle ese rango. Como los pobladores estaban inconformes con ser parte de Chenalhó, a cuyas autoridades acusaban de no atender nunca sus demandas, se les propuso anexarse entonces a Aldama, a lo cual, por supuesto, se negaron”, explica Burguete.

Santa Martha justificó su negativa argumentando que ambos pueblos tienen características muy diferentes, tales como la especificidad cultural, la vestimenta, además de que cada uno tiene su propia iglesia, con su propio santo patrón. Tanto Aldama como Santa Martha se han considerado rivales desde hace mucho, así que los marteños se quedaron como parte de Chenalhó.

Solo un río divide a ambas localidades. Las parcelas de ambos lados, 30 hectáreas, son las que están en disputa. Los problemas de tierras entre ambas zonas vienen desde la década de los 70´s cuando se hizo la Reforma Agraria en el país.

Sin embargo, ambas comunidades habían logrado negociar y consensar para no llegar a un conflicto, hasta que una acción del gobierno volvió a detonar el problema: el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), con el que se hicieron nuevos planos de los bienes comunales de los que resultó que una porción de tierra que aparentemente era de Aldama quedó dentro de Santa Martha, en Chenalhó.

Fue a mediados de 2016 cuando los conflictos se agudizaron en la zona limítrofe, conocida como Manuel Utrilla – Santa Martha, cuando los pobladores acusaron a sus vecinos de Aldama de cometer actos de provocación, al destruir sus cultivos.

Desde entonces las agresiones han estado subiendo de tono, hasta llevar al desplazamiento de 90 familias de Koko, 145 en Tabak y de otras zonas de Aldama, así como el asesinato de los tres pobladores de San Pedro Cotzilnam, en un tramo de carretera cuando se dirigían a sembrar su milpa.

“Hemos denunciado estas agresiones desde hace meses. La carretera está bloqueada y la población de Aldama tiene mucho miedo. Lo que nos dicen los pobladores es que posiblemente se desplacen más personas. Hay amenazas de este grupo armado del ejido Manuel Utrilla, que quiere controlar las tierras del río que pasa entre ambos municipios. Son unos 75 jóvenes armados, auspiciados por Rosa Pérez. Si el gobierno no atiende la situación de emergencia y desarticula a este grupo, se va a generar una masacre o mayor violencia, como la que hemos visto en Chalchihuitán”, señala Pedro Faro.

El caso Chalchihuitán

En diciembre pasado, medios locales de Chiapas y nacionales difundieron la noticia de que el conflicto estaba resuelto entre Chalchihuitán (que tiene, según datos del Coneval, a 96.8% de su población en pobreza) y Chenalhó (con 95.6%). El Tribunal Unitario Agrario (TUA) había fallado a favor de Chenalhó para hacerlo el dueño oficial de 382 hectáreas que estaban en disputa entre ambos municipios desde hace 45 años.

Sin embargo, acompañados por el Frayba, pobladores de Chalchihuitán ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar que era mentira que el conflicto había acabado. En esa conferencia, María, una de las desplazadas, afirmó que siguen refugiados en la montaña a la espera de que el gobierno solucione de verdad el problema.

“En noviembre (de 2017) llegaron más de 50 hombres de Chenalhó con sus armas a querer matarnos. Nosotros corrimos a la montaña. No podemos regresar a vivir en nuestras casas. Cuando algunas veces queremos llegar a ver cómo están, vienen los de Chenalhó a espantarnos. De esta situación nadie quiere saber, nadie quiere creer, creen que ya no existe el problema, pero no podemos ir a nuestras casas. Hasta ahora seguimos viviendo en las montañas”, afirmó la desplazada.

El Frayba informó que 1090 personas de la zona limítrofe entre ambos municipios aún siguen fuera de su comunidad. “Ellos no pudieron sembrar ni en el periodo anterior ni en este periodo y los amenaza una hambruna para este año, porque la subsistencia aquí se basa en la siembra de maíz, frijol y café”, advierte Faro.

El resto de los desplazados desde octubre han regresado a sus casas, pero sin garantías, agrega el director del Frayba. “El gobierno se había comprometido a resguardar la seguridad de los retornados, también a desarticular al grupo armando y no lo ha hecho. Este grupo sigue actuando, aterrorizando a las comunidades en Chalchihuitán”.

Aún cuando el pasado 13 de diciembre el Tribunal Agrario dio a conocer públicamente el fallo, éste no otorga los derechos de las tierras en disputa a nadie. Lo que hace es invalidar toda resolución (respecto a los terrenos) y todos los acuerdos firmados por autoridades de ambos municipios. Según el procedimiento legal, lo que sigue es una nueva delimitación del territorio. Por lo tanto, por ahora, no hay nada para nadie.

La solución a este conflicto ha tardado mucho, 45 años, dice la antropóloga social Araceli Burguete. “Todo esto empezó en los años 70´s, porque el funcionario de la Reforma Agraria se equivocó, unos decían que porque en lugar de ir a terreno y caminar midió desde su escritorio y no consideró las curvas del río (que separa ambos municipios) y entonces por decreto presidencial le dieron a Chalchihuitán tierras que en el imaginario popular y la tradicional oral eran de Chenalhó. Un grupo multidisciplinario, en el que yo participé, hicimos un estudio y determinamos que así era, que las tierras eran de Chenalhó, pero el gobierno no lo aceptó”.

Es la misma cuestión que en Aldama, agrega, “un conflicto agrario por la torpeza de los funcionarios de los años 70 de la Reforma Agraria, que enfrenta a pueblos que habían vivido en paz, hasta entonces, y que además son pobrísimos, tanto unos como otros. Y ahora tenemos también a un gobierno estatal totalmente omiso: en Chiapas hay tráfico de armas, una omisión irresponsable del gobierno del estado y una gran impunidad”.

El caso Ejido Puebla, Chenalhó

En Chenalhó ha habido diversos conflictos por diferentes causas. Es un municipio convulso. Pero el que ha generado los desplazados más recientes, del Ejido Puebla, es un conflicto postelectoral entre los partidarios de la presidenta municipal Rosa Pérez y sus disidentes, quienes han tenido que salir huyendo a San Cristóbal de Las Casas.

Las 54 familias desplazadas (249 personas en total) apoyaron al síndico Miguel Sántiz cuando se generó el movimiento para quitar a Rosa Pérez del poder. Los hoy desplazados salieron de su comunidad el 26 de mayo de 2016, cuando la alcaldesa volvió al poder y sus partidarios los hicieron huir.

“Nosotros antes éramos del PRI, pero no queremos saber nada de partidos ahora. Rosa Pérez y su síndico, Miguel Sántiz, eran los dos del Verde (PVEM), pero se empezaron a dividir entre ellos y empezaron a dividir a la comunidad. Nosotros apoyamos al síndico y a los seguidores de Rosa no les gustó, nos agredieron con palos, machetes y armas de fuego, quemaron nuestras casas y asesinaron a uno de nuestros compañeros”, cuenta Javier Hernández, representante de los desplazados del Ejido Puebla de Chenalhó.

Desde el pasado lunes 26 de marzo, Hernández y su grupo volvieron a instalar un plantón. Ya lo habían hecho antes, frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez. “Queremos que nos resuelvan nuestra situación para poder volver a nuestra comunidad. Ya hemos perdido, el año pasado y éste, nuestra cosecha de maíz. Los paramilitares de Rosa Pérez incendiaron nuestras casas. Hemos perdido mucho. Queremos que el gobierno del estado de Chiapas se haga responsable de todos esos daños y exigimos que intervenga en el desplazamiento y que desarticule los grupos paramilitares activados por Rosa Pérez”.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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