Las omisiones y negligencias que dejan impunes los feminicidios en México
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ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Las omisiones y negligencias que dejan impunes los feminicidios en México

Datos recabados sobre la actuación judicial en casos de feminicidios registrados en los últimos cuatro años a nivel nacional, permiten documentar una ruta de impunidad compuesta por resistencias, omisiones, negligencias y actos violatorios de los derechos de las víctimas, de acuerdo con un informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM
12 de abril, 2018
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El 4 de octubre de 2010, aproximadamente a las 9:30 horas, Rosa Diana Suárez Torres se encontraba sola en la cocina de su casa, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, cuando escuchó que abrieron la puerta. Era Gilberto, su exnovio, quien le exigió entregarle su teléfono celular. Ante la negativa de Rosa, él la sujetó del cuello y comenzó a estrangularla. Solo porque ella le entregó el teléfono, la soltó, pero la amenazó de muerte.

Rosa acudió al ministerio público a denunciar los hechos y a solicitar una orden de restricción en contra de Gilberto. El funcionario que la atendió le dijo que “eso solo existía en Estados Unidos”. No se hizo nada. Semanas después, el 31 de diciembre, Rosa fue asesinada por Gilberto, quien abandonó su cuerpo en un predio que sirve de jardín de juegos infantiles sobre la Avenida Felipe Ángeles, en Atizapán de Zaragoza.

Aunque el mismo día de los hechos se abrió la carpeta de investigación, no fue sino hasta ocho meses después, el 19 de agosto de 2011, que se ejecutó la orden de aprehensión librada en contra de Gilberto. En ese entonces se le procesó como probable responsable de la comisión del delito de homicidio calificado, toda vez que al momento de los hechos no existía el tipo penal de feminicidio. Al feminicida se le dictó una pena de sesenta y siete años y seis meses de prisión.

Concluido el juicio, Victorina y José Diego, padres de Rosa Diana, interpusieron una denuncia en contra de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ante las omisiones y negligencias en que incurrieron previo al feminicidio de su hija. Lo único que han conseguido hasta ahora es una amonestación para los funcionarios.

El caso de Rosa Diana forma parte del historial que antecede a los 8,904 asesinatos de mujeres que las Procuradurías de Justicia y Fiscalías estatales del país tienen registrados en los últimos cuatro años, de 2014 a 2017. Apenas el 30 por ciento de estos casos, 1,886 asesinatos, se ha investigado como feminicidios y de estos, muy pocos llegarán a una condena.

Así lo consideran organizaciones y especialistas en México que han denunciado cómo la falta de castigo a la violencia contra las mujeres y la inexistencia de una política pública para prevenir los crímenes generan una especie de “permiso para matar”. Y se basan en los datos. De acuerdo con el informe Implementación del tipo penal del feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), los asesinatos de mujeres se elevaron 52 % en esos tres años.

Esto se debe a una ruta de impunidad con ocho componentes que el Observatorio ha identificado y que Anayeli Pérez Garrido, asesora jurídica de la organización, explicó este miércoles en la presentación del informe en donde se analizan 14 casos que se cruzan con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP):

1.- Resistencia a investigar por razones de género

De acuerdo a los casos de estudio y a los datos del SNSP, el OCNF encontró que existen resistencias para iniciar las investigaciones desde la hipótesis del feminicidio o para considerar acreditadas las razones de género durante el desarrollo de las investigaciones o en el inicio de los procesos.

Muestra de ello es la recurrencia a descartar como probables responsables a las parejas sentimentales de las mujeres asesinadas, en lugar de identificarlos desde un principio como sospechosos máxime cuando existen antecedentes de violencia o se encuentra documentado que fueron las últimas personas que tuvieron contacto con la víctima.

Esto sucedió en los casos de Mariana Lima Buendía, Wendy Hernández González y el de Lesvy Berlín Rivera Osorio, en los que a pesar de los antecedentes de violencia en la relación víctima – victimario, estos no se consideraron para establecer una hipótesis de un posible feminicidio.

El informe documenta también que las carpetas de investigación se inician por homicidio culposo (que tiene una pena menor al del feminicidio), a pesar de haber huellas de crímenes de odio en los cuerpos, como en los casos de Karen Sánchez o de Victoria Pamela Salas. Otros casos se tipifican como suicidio, pese a la presencia de lesiones infamantes o signos de violencia sexual, como en los asesinatos de Mariana Lima Buendía, María Fernanda Rico Vargas, Yang Kyung María Jun Borrego, Nadia Muciño Márquez y Lesvy Berlín, todos ellos documentados en el informe.

2.- Revictimización de las víctimas y las familias

Esto sucede a partir de la difusión en medios de comunicación de imágenes e información sensible sobre las mujeres asesinadas o cuando se les cuestiona directamente a los familiares sobre las actividades de las jóvenes, una mala práctica que expone datos sensibles y que puede poner sobre aviso a los probables responsables o generar hipótesis de investigación con fuertes cargas de estereotipos de género.

La revictimizacion fue evidente en los casos de Wendy Hernández y Mayra Abigail Guerrero y en el de Lesvy Berlín, en el que “fue la propia procuraduría desde sus áreas de comunicación social la que difundió información sensible de la investigación, que, además, estigmatizaba a la víctima y estaba basada solo en el dicho del agresor”, señaló la abogada del OCNF.

3.- Mal manejo del lugar del hallazgo y pérdida de evidencia

Este componente implica una falta de debida diligencia, y una sentencia de impunidad anticipada, en la que no se recaban, no se embalan y no se garantiza la cadena de custodia de pruebas fundamentales para la investigación e incluso se pierden evidencias.

Ejemplos de esto son los casos de Mariana lima, María Fernanda, Yang Kyung, en los que se perdieron: la cuerda, el cordón, la bufanda o el cinturón con el que supuestamente se habían suicidado, o el caso de Wendy, donde se perdió todo el material probatorio, o el de Mayra Abigail, en el que se extraviaron unos condones recabados por la autoridad pericial, pero que luego no aparecieron para los peritajes.

4.- Inconsistencias graves en los dictámenes periciales

En muchos casos, explicó Pérez Garrido, hay contradicciones entre peritos: “el médico forense da una opinión y el criminalista dice lo contrario. También hemos encontrado peritajes con deficientes o nulas metodologías, prueba de ello es la necropsia psicológica, que sirve más bien para reforzar los estereotipos de género en contra de las mujeres, incluso para afirmar que ellas se suicidaron”, como en el caso de Lesvy, del que ya la procuraduría reconoció que sí fue un feminicidio y no un suicidio, como lo clasificó al principio.

Además, en los peritajes no se describen o se minimizan lesiones infamantes o se analizan de forma equivocada. “Hay un caso donde se identifican mordidas humanas en el cuerpo de la víctima, pero la autoridad determina que son de fauna cadavérica; de ese nivel son las inconsistencias”, subrayó la abogada.

5.- Falta de análisis de contexto

Los estándares de investigación de feminicidios determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y confirmados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación contemplan el contexto en los casos de feminicidio como un estándar, pero en las investigaciones se omite. Por ejemplo, en los casos de Nadia Alejandra, Mariana Lima, María Fernanda, Yang Kyung y Lesvy Berlín se concluye que fueron suicidios a partir de no mirar el contexto de violencia en el que ellas estaban inmersas.

En otros casos, no se analiza el contexto de la zona. “Hay casos vinculados a la delincuencia organizada que exigen otro nivel de investigación. En estados con alta criminalidad –señala Anayeli Pérez– “debería haber una unidad de análisis y contexto, porque pasa que el ministerio público, que es abogado, se queda corto en su investigación. Hace falta conformar equipos con peritos y expertos en análisis político, económico, de la estructura de los cuerpos policiacos o los militares y la del crimen organizado, así como en análisis antropológicos o sociológicos de la zona”.

6.- No se garantizan los derechos de las víctimas

No hay participación efectiva de las familias de las víctimas en las investigaciones, a quienes se les violan sus derechos porque no se les explica cómo va la investigación, o porque se les niegan las copias de los expedientes y no se les asigna asesoría jurídica para tener una defensa técnica adecuada. No se les da tampoco atención psicológica y médica después del hecho, ni de tipo psicosocial para transitar el proceso judicial con menos impactos, y, por supuesto, no hay reparación integral del daño.

7.- No existe un mecanismo efectivo de seguimiento a la debida diligencia para evaluar y, si es necesario, sancionar a los servidores públicos

“Por las fallas y omisiones en las investigaciones nadie tiene una sanción, ni el procurador que puede estar vinculado con redes criminales, ni el perito que perdió los condones, ni el policía que no resguardó el lugar, nadie”, resaltó Pérez Garrido.

Esto pese a que las irregularidades y omisiones sistemáticas presentes en la mayoría de los casos develan la necesidad de que existan mecanismos efectivos de supervisión de las investigaciones, de las capacidades técnicas de las y los funcionarios públicos y de la sanción a servidores públicos. “En uno de los casos, el de Rosa Diana, la familia luchó desde 2010 para obtener una sanción, porque su hija fue asesinada gracias a que un ministerio público no le otorgó una orden de protección y el feminicidio se consumó, pero el funcionario solo recibió una amonestación”.

8.- Falta de perspectiva de género en las sentencias

Es frecuente observar que las sentencias desacreditan que la violencia ejercida en los cuerpos de las mujeres responda a razones de género, por el uso de interpretaciones basadas en estereotipos o en opiniones sin una base objetiva. “En el caso de Karen Johana –puntualizó la abogada– la segunda sala reconoce que el asesinato se realiza por esas razones, pero aduce que es con independencia del sentimiento que pueda tener el sujeto activo, como odio o desprecio, y entonces concluye que no puede ser feminicidio”.

Para probar la ancha brecha en la ruta de la impunidad, el informe del OCNF muestra que 13 estados no cuentan con un tipo penal adecuado para acreditar este delito, y en los otros 19, aunque sí se considera el feminicidio, la tipificación cumple solo parcialmente con las características requeridas o no hay protocolos de actuación para las investigaciones, como en el caso de Baja California Sur, Durango, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y Tlaxcala.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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3 nuevos fraudes y estafas surgidos por la pandemia del coronavirus

El miedo y la desinformación desatados por la crisis sanitaria mundial han permitido a grupos delictivos crear nuevas formas de engaño para obtener dinero y datos de identidad. Te contamos algunas de las estafas más utilizadas en tiempos de covid.
9 de febrero, 2021
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Mientras las economías del mundo sufren y millones de negocios han tenido que cerrar sus puertas debido a la crisis sanitaria mundial generada por el covid-19, hay quienes han aprovechado la pandemia para sacar un beneficio económico.

Se trata de grupos de delincuentes en varios rincones del globo que han encontrado nuevas formas ilegales de hacer dinero.

Algunos de estos criminales engañan a sus víctimas aprovechando la confusión, desinformación y desesperación de muchos en medio de la pandemia.

Otros, ofrecen falsificaciones que permiten violar algunas de las restricciones impuestas por las autoridades en muchos países.

Aquí te contamos tres de los principales fraudes y estafas que han surgido en los últimos tiempos en torno al coronavirus.

1. Resultados de tests falsos

Muchos países exigen a toda persona que quiera viajar allí que se realice una prueba de laboratorio para comprobar que no está infectado con el virus que causa el covid-19.

La exigencia de mostrar un certificado con resultado negativo ha propiciado un lucrativo negocio que consiste en vender resultados falsificados.

Las dificultades o retrasos para acceder a las pruebas, su alto costo en algunos lados y la urgencia o pereza de algunas personas que quieren viajar, han llevado a que el negocio de los tests falsos florezca.

Un hombre se realiza una prueba de coronavirus en el aeropuerto de Los Ángeles, en EE.UU.

Getty Images
Algunos viajeros buscan evitar realizarse los tests de coronavirus y compran certificados falsos.

Agencias de seguridad han desbaratado redes de falsificadores de certificados en el aeropuerto Charles de Gaulle, en la capital de Francia, y en el aeropuerto de Luton, en Reino Unido.

También la Policía Nacional de España arrestó al menos a una persona que ofrecía resultados de tests falsos.

En Países Bajos se identificaron varias cuentas en redes sociales como Whatsapp y Snapchat con nombres como Vliegtuig Arts (el médico del avión) o Digitale Dokter (el médico digital) que ofrecían certificados falsos.

El diario El País de España denunció recientemente que este negocio también prolifera en algunas zonas turísticas de México, donde tests apócrifos son vendidos por menos de US$40.

Y en Chile, las autoridades sanitarias clausuraron en enero un centro médico ubicado en la acomodada comuna de Las Condes, en Santiago, que falsificaba resultados de exámenes supuestamente realizados a cambio de US$85.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) reconoció que se trata de “un problema cada vez mayor en todo el mundo”.

El organismo señaló que parte del problema es que los certificados en papel se pueden manipular fácilmente porque vienen en diferentes formatos e idiomas, lo que “conduce a ineficiencias en los controles de salud, errores y fraude”.

Por su parte, la Oficina Europea de Policía, Europol, indicó que “la proliferación de medios tecnológicos de gran precisión, ya sea impresoras o distintos programas de software, facilita la circulación de documentos fraudulentos”.

Europol, que esta semana alertó a la Unión Europea sobre una banda de falsificadores de certificados llamada Rathkeale Rovers Mobile Organised Crime Group, presuntamente de origen irlandés, admitió que el problema es difícil de combatir.

“Mientras haya limitaciones para viajar debido a la covid-19, es probable que se mantenga la producción y venta de certificados falsos”, señalaron portavoces de la institución.

Una persona con guantes sostiene una vacuna y un modelo de un coronavirus

iStock
La llegada de las vacunas contra el covid ha desatado una nueva serie de estafas.

2. El engaño de las vacunas

Desde que comenzó la pandemia, ha habido timadores que buscaron lucrar con el miedo que genera la enfermedad, ofreciendo remedios y curas falsas.

Tés, aceites esenciales y terapias intravenosas con vitamina C son solo algunos de los supuestos tratamientos antivirales que se siguen vendiendo en clínicas, sitios online, redes sociales y programas de televisión.

Pero el desarrollo de vacunas contra el coronavirus, que ya empezaron a distribuirse y aplicarse en varias partes del mundo, ha generado una nueva forma de estafa.

Consiste en exigir dinero a cambio de estar en una presunta lista para recibir la preciada inmunización, cuyas dosis son limitadas.

También hay quienes afirman falsamente vender alguna de las vacunas desarrolladas.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) advirtió que este fraude se está extendiendo en ese país debido a las complejidades del sistema de distribución de las vacunas, que varía según el estado o territorio.

“Los estafadores, siempre listos para actuar, se están aprovechando de la confusión”, señaló Colleen Tressler, especialista en Educación del Consumidor de la FTC.

Para evitar el fraude, la agencia recuerda que no se puede pagar para inscribirse para recibir la vacuna.

“Todo aquel que te pida que pagues para colocar tu nombre en una lista, para hacer una cita para ti o reservarte un puesto en la fila es un estafador”, advierte.

Un hombre con guantes de latex, sosteniendo vacunas en una mano y dinero en la otra

iStock
Los estafadores fingen tener vacunas para vender o prometen un lugar en la lista de vacunación.

También recomienda ignorar los anuncios de venta de vacunas contra el coronavirus.

“No la puedes comprar en ningún lugar. La vacuna está disponible únicamente en lugares aprobados a nivel federal y estatal”, indica.

3. El corona-phishing

La creación de negocios falsos, que ofrecen productos inexistentes a través de sitios online, redes sociales, correos electrónicos y llamadas, con la intención de obtener los datos bancarios de quienes caen en la trampa, explotó desde que comenzó la pandemia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también debió emitir una advertencia en marzo pasado para alertar que cibercriminales se hacían pasar por representantes del organismo para obtener donaciones falsas y robar datos de identidad.

Pero mientras que al principio esta forma de delito, conocido como “phishing”, se enfocó en campañas de caridad falsas o la supuesta venta de productos muy en demanda, como mascarillas, alcohol en gel o desinfectantes, con el tiempo las estafas se hicieron más sofisticadas.

En Argentina, algunos bancos debieron cerrar sus perfiles en redes sociales luego de que delincuentes utilizaran información recabada allí para vaciar las cuentas de algunos clientes.

Los criminales se ponían en contacto con personas que habían utilizado las redes para denunciar algún problema con su cuenta, ante la imposibilidad de asistir a los bancos, que por muchos meses permanecieron cerrados al público durante la cuarentena.

Haciéndose pasar por representantes del banco, los delincuentes lograban obtener los datos de la cuenta de la víctima. Antes de vaciarla a través de la banca online, pedían un préstamo pre-acordado.

Así, las víctimas no solo perdían todo el dinero en sus cuentas. También quedaban endeudados, en algunos casos por cifras muy por encima de sus ingresos.

En realidad, pretenden robarlas. Ilustración de un hombre en traje sosteniendo una maleta llena de dinero

iStock
En varios países, estafadores pretenden ser funcionarios del gobierno que ayudan a gestionar las ayudas estatales.

Otra forma de estafa común en países donde se otorgan ayudas estatales es la de los llamados de personas que afirman ser gestores del gobierno. En realidad, se trata de timadores que buscar obtener información para robar esos pagos.

En enero pasado, la FTC de EE.UU. informó que había recibido más de 225.000 quejas de consumidores relacionados con este tipo de fraude. En total, se estima que más de US$309 millones de asistencia económica terminaron en manos de delincuentes.

El organismo también ha advertido sobre otra forma de estafa: la de los rastreadores de contactos falsos.

Son personas que llaman a sus víctimas y les dicen que estuvieron con alguien que dio positivo de covid.

Les recomiendan hacerse una prueba cuanto antes y les ofrecen un test casero gratuito, pero les dicen que, para recibirlo, deben darles su número de tarjeta de crédito para cubrir los gastos de envío.

Según las autoridades, estos estafadores suelen enfocarse en minorías y personas de la tercera edad.

Los expertos en seguridad afirman que la clave para evitar caer en estas trampas es recordar que ningún banco, agencia estatal o instituto de salud contacta a personas para pedirles información confidencial.

“Es posible que (los delincuentes) lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales”, advierte la página del gobierno estadounidense dedicado a “Estafas y fraudes comunes”.

“Proteja su dinero y su identidad al no compartir información personal como el número de su cuenta de banco, número de Seguro Social o fecha de nacimiento”, aconseja.


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