La administración de Enrique Peña Nieto será la que registre la mayor caída en inversión pública en la historia reciente del país, pues entre 2013 y 2017, ésta ha decrecido en 5% promedio anual, situación que ninguna administración desde 1995 había acumulado.
El INEGI publicó la inversión del cuarto trimestre de 2017; representó 22.4% del PIB. El #SemáforoEconómico está en amarillo al no alcanzar la meta de 24% del PIB. Esta proporción es igual a la del trimestre inmediato anterior e inferior en 1.1 puntos porcentuales a la observada a finales de 2016, cuando la inversión representó 23.5% del PIB.
Dentro de la inversión total, la inversión pública representó 3.7% del PIB y la privada 18.7%. Es la primera vez que la inversión privada como proporción del PIB está debajo de 19% desde el segundo trimestre de 2015.
Las cifras también pueden analizarse en términos del crecimiento real – tras ajustar por efectos inflacionarios – para cada tipo de inversión. Bajo este indicador, la inversión privada decreció 2.5% real respecto al cuarto trimestre de 2016, mientras la inversión pública decreció en 2.8% real anual. Hasta la fecha, la inversión pública ha acumulado 13 trimestres de crecimiento negativo; inició con esta tendencia ininterrumpida desde finales de 2014.
La caída en la inversión privada es un fenómeno relativamente reciente. En promedio, durante cada trimestre de 2017 ésta decreció 0.6% anual. Sin embargo, en años previos había crecido en 4.5%, 8.9% y 2.3% promedio anual durante 2014, 2015 y 2016 respectivamente. De acuerdo con las últimas minutas de la Junta de Gobierno de Banco de México, los miembros de la Junta consideran que uno de los principales factores que han frenado la inversión privada es la incertidumbre en torno al proceso de renegociación del TLCAN. Aunque han disminuido los temores de un resultado negativo, el hecho que la negociación continúe prolongándose conlleva que proyectos de inversión se pospongan.
Por el contrario, la caída en la inversión pública ha sido un hecho constante durante la actual administración. Adicionalmente, esto se ha observado en un escenario en el cual el gasto corriente se ha priorizado sustancialmente por encima de la inversión física.
De acuerdo con las estadísticas oportunas de las finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, el gasto corriente – recursos destinados a la operación del gobierno, al pago de salarios de los funcionarios y a subsidios – representaba en 2013 58% del gasto público total. En 2017, dicha proporción fue de 59%. En contraste, mientras 18% de los recursos públicos totales se destinaban a inversión física al iniciar la administración, esta proporción ha disminuido a únicamente 11%.
Diversos organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil – incluyendo a México, ¿cómo vamos? – han insistido en la necesidad de mejorar la calidad del gasto público. En noviembre de 2017, el Fondo Monetario Internacional subrayó la necesidad de mejorar la recaudación tributaria para permitir mayores niveles de inversión pública que resulten en un crecimiento económico más fuerte e incluyente. Asimismo, la Junta de Gobierno de Banco de México ha reiterado la importancia de mantener finanzas públicas sanas sin sacrificar la inversión pública.
La inversión pública debió haber sido una de las principales prioridades del gobierno por su capacidad para potenciar el crecimiento, la productividad, la conectividad y la inclusión.
Sin embargo, de acuerdo con datos del INEGI, únicamente 67% de las vialidades en las zonas metropolitanas del país tienen recubrimiento de calle, 73% tienen alumbrado público y 56% tienen banqueta.
En los próximos meses se votará por un Presidente de la República y por gobernadores en nueve estados del país. Quien quiera que gane las elecciones deberá tener clara la importancia de invertir en obras públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y que, a su vez, mejoren las condiciones para atraer inversión privada a todas las regiones del país.
