El Senado aprueba la Ley Chayote para regular la publicidad oficial

Organizaciones civiles están en contra del dictamen por considerar que legaliza la corrupción mediática. Además, sostienen que los legisladores solo retomaron una iniciativa propuesta por el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza.

Ley Chayote
La ley que busca regular la publicidad oficial que los entes públicos otorgan a medios de comunicación. Cuartoscuro

Con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó en lo general la ley que busca regular la publicidad oficial que los entes públicos otorgan a medios de comunicación, también conocida como #LeyChayote.

La ley modifica el artículo 134 de la Constitución y una vez aprobada entrará en vigor el 01 de enero de 2019. La transparencia en los contratos, topes claros al gasto de comunicación social y una distribución lógica y equitativa del dinero, son algunos de los elementos que se deben atender en la nueva ley, de acuerdo con la orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio como límite al 30 de abril para emitir una legislación en el tema.

La ley fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 10 de abril, posteriormente estuvo detenida tras una reunión de las comisiones unidas de Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos.

Cerca de 40 legisladores se anotaron para realizar intervenciones previas a la votación, luego de que rechazaran una moción suspensiva para detener la discusión del dictamen propuesta por la senadora Martha Tagle. Ley de Publicidad Oficial y sus costos para la libertad de expresión

El panista Héctor Larios aseguró que la ley institucionaliza que el Gobierno gaste el dinero de los contribuyentes en promover acciones de Gobierno, algo inconcebible en países desarrollados.

La senadora sin partido, Martha Tagle, se refirió a la orden de la Corte de que la norma debe atender el espíritu de la propia Constitución, circunstancia que no se cumple con la minuta que tuvo su origen en la Cámara de Diputados y que esta noche fue aprobada sin cambios en la Cámara Alta.

“¿Cuáles son los efectos de la omisión legislativa en materia de libertad de expresión? No se refiere al tiempo, escuchen bien, la omisión es no expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del 134 de la Constitución, (pues con ello se) viola la libertad de expresión, de prensa y de información.

“La ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos”, señaló.

El panista Héctor Larios aseguró que la ley institucionaliza que el Gobierno gaste el dinero de los contribuyentes en promover acciones de Gobierno, algo inconcebible en países desarrollados.

¿Qué propone el dictamen?

De acuerdo con el dictamen, los medios de comunicación tienen garantizado el pleno ejercicio del desarrollo a la libertad de expresión en la contratación y difusión de propaganda gubernamental.

La Secretaría de Gobernación (Segob) administrará el uso de los tiempos del Estado y de los tiempos fiscales, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones, salvo en el caso de los tiempos oficiales que administra el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con la iniciativa, la difusión de los logros de programas sociales no son propaganda, sino comunicación gubernamental. Además, la ley no especifica si fija topes al gasto del gobierno federal por contratación de pauta en medios.

La norma aprobada por los diputados no establece, en ninguno de sus 45 artículos, la forma en la que podrían ser sancionados los funcionarios que no observen los criterios y objetivos de la ley.

Si bien el artículo 44 detalla el tipo de infracciones que pueden cometer los entes públicos, y por ende sus titulares, no se especifican las sanciones a las mismas.

¿Por qué la rechazan las organizaciones civiles?

El proyecto está basado en ocho iniciativas presentadas por todos los grupos parlamentarios; pero no incluye las propuestas más importantes que garantizarían transparencia e imparcialidad en la asignación de contratos, la creación de organismos autónomos encargados de dichas contrataciones, así como de figuras que vigilarían y auditarían los recursos públicos destinados a gastos de Comunicación Social, de acuerdo con varias organizaciones.

Artículo 19 y Fundar están en contra del dictamen por considerar que legaliza la corrupción mediática. Además, consideran que los legisladores solo retomaron una iniciativa propuesta por el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza.

Las organizaciones civiles que han dado seguimiento a este proceso, ahora están integradas en el colectivo #MediosLibres.

“Es lamentable que desde que se pronunció la SCJN no se haya escuchado ni dialogado con la sociedad civil para construir un dictamen de consenso y con una multiplicidad de voces que están inmersas en el tema. Los partidos PRI, PVEM y PANAL no pueden seguir ignorando las propuestas realizadas por los demás actores”, expuso el colectivo en un comunicado.

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