La base secreta del ejército japonés que experimentó con humanos para desarrollar armas biológicas
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La base secreta del ejército japonés que experimentó con humanos para desarrollar armas biológicas

De acuerdo con archivos, las "fuerzas bacterianas" japonesas, incluida la Unidad 731, iniciaron la guerra biológica en más de 20 provincias y ciudades de China durante la Segunda Guerra Mundial.
26 de abril, 2018
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La rutina consistía en infectarlos con virus letales para luego abrirlos vivos sin anestesiarlos y extraerles algunos órganos.

Los enfermaban de cólera, disentería, ántrax y tifus y luego estudiaban y registraban sus reacciones y cuerpos con el fin de desarrollar armas biológicas y químicas de destrucción masiva.

Este procedimiento del horror se practicó a al menos 3 mil prisioneros de guerra, principalmente chinos aunque también coreanos y rusos, en una base militar secreta antes y durante la Segunda Guerra Mundial.

La instalación, que se hacía pasar por un departamento científico y de purificación de aguas, era conocida como la Unidad 731 y fue el brazo más importante del programa bélico biológico del ejército imperial japonés.

Existió entre 1936 y 1945 en la ciudad de Harbin, en el norte de China, en ese entonces invadida por las tropas imperiales de Japón.

mapa

BBC

Cuando la guerra llegó a su fin, Japón se rindió y Estados Unidos pasó a tener control de los archivos militares del país asiático durante nueve años.

Por entonces, no se dieron a conocer detalles de la Unidad 731. Ni los militares ni los científicos que trabajaban allí fueron juzgados.

Pero décadas después, comenzaron a surgir escalofriantes testimonios que arrojaron luces sobre las labores del temido escuadrón y revelaron un oscuro capítulo de la historia de Japón.

Morían por segunda vez

“Al principio de la década de 1980, empezó a haber un aumento de los relatos de guerra que hablaban explícitamente del rol del soldado japonés como un victimario“, escribieron los académicos Takashi Inoguch y Lyn Jackson en un artículo sobre el tema publicado en 1995 por la Universidad de Naciones Unidas.

El gobierno chino, por su parte, también comenzó a recolectar evidencias como parte de una política de documentar los crímenes de guerra cometidos contra China, según reportó en 1983 la periodista del Washington Post, Tracy Dahl.

En el reportaje de Dahl, un funcionario chino llamado Han Xiao dijo que “lo más cruel que hicieron los japoneses” había sido experimentar con prisioneros de guerra hasta su muerte.

Al mismo tiempo, investigadores solicitaron acceso a archivos militares en Tokio para reconstruir la historia, una petición recibida con reticencia por parte del Estado japonés, según reportó el New York Times en 1999.

El aporte más impactante, sin embargo, fue el de los propios japoneses que pertenecieron a la Unidad 731.

Uno de ellos fue Yoshio Shinozuka, quien sirvió como médico militar en la base secreta, aunque dijo considerarse en realidad un criminal de guerra.

“Hice lo que ningún ser humano debería hacer”, declaró a medios japoneses citados por la BBC en julio de 2002.

El profesor Sheldon Harris muestra una fotografía del general japonés Shiro Ishii, quien comandó la Unidad 731.

Getty Images
El profesor Sheldon Harris, autor del libro “Fábricas de la Muerte”, muestra en una foto de 1999 un retrato del general japonés Shiro Ishii, quien comandó la Unidad 731.

Shinozuka contó que había criado pulgas infectadas en ratas y tifus, ántrax, peste y cólera para usar contra el ejército soviético.

También detalló que se referían a los prisioneros como “troncos”.

“Decíamos que habíamos cortado un tronco, luego dos troncos…”, recordó Shinozuka.

La analogía fue abordada también por otro miembro de la Unidad 731, Toshimi Mizobuchi, en una declaración de 1999 recogida por el New York Times.

“Eran troncos para mí (…) no se consideraban humanos. Eran conspiradores o espías (…) así que ya estaban muertos. Ahora morían por segunda vez. Nosotros simplemente ejecutábamos una sentencia de muerte”.

El papel de Estados Unidos y Rusia

De acuerdo con historiadores japoneses e investigadores estadounidenses, la actividad de la Unidad 731 se mantuvo en secreto en parte debido a que EE.UU. otorgó inmunidad de enjuiciamiento por crímenes de guerra a los médicos a cambio de la información científica recolectada en el programa.

A Washington le preocupaba que esos datos cayeran en manos de Rusia, según la reconstrucción que hicieron historiadores.

Moscú, por el contrario, llevó a juicio a 12 militares japoneses de la Unidad 731 por crímenes de guerra en la ciudad rusa de Khabarovsk en 1949.

Seis de los acusados recibieron sentencias de entre 2 y 25 años de prisión, en un juicio que Estados Unidos calificó como “propaganda comunista”.

Con los años, Estados Unidos ha ido desclasificando más de 1.000 documentos relacionados con la Unidad 731, que dan cuenta de los “experimentos de guerra biológica” que allí se realizaban, según señala el Archivo Nacional de ese país en su sitio web.

Admisión histórica de Japón

Además de los testimonios de los miembros de la Unidad 731, una demanda colectiva contra el Estado japonés arrojó más detalles de otras actividades llevadas a cabo por el programa secreto.

Fue introducida entre 1997 y 1998 por 180 ciudadanos chinos, entre los que había sobrevivientes y familiares de víctimas.

Los demandantes argumentaron que la unidad liberó desde aviones pulgas infectadas con peste bubónica y entregó alimentos mezclados con bacterias de cólera en las provincias de Zhejiang y Hunan entre 1940 y 1942, lo que resultó en la muerte de cientos de personas.

Los testigos contaron cómo las aeronaves de guerra japonesas rociaron una mezcla de pulgas infectadas con granos de trigo que, poco después, desataron brotes de enfermedades.

El grupo demandó una disculpa por parte del Estado japonés y diez millones de yenes (US$84.000) como compensación para cada uno.

Una protesta a las afueras de la Corte Suprema de Japón el 19 de julio de 2005, cuando el tribunal ratificó la existencia de

Getty Images
En 2005, la Corte Suprema de Japón reconoció la existencia de la Unidad 731, pero rechazó compensar a quienes demandaron al Estado.

La corte rechazó en 2002 los pedidos de reparación pero reconoció los hechos del caso. Fue la primera vez que un tribunal japonés admitía que ese país llevó a cabo una guerra biológica durante la Segunda Guerra Mundial.

“La evidencia muestra que las tropas japonesas, incluidas las de la Unidad 731, usaron armas bacteriológicas bajo órdenes del ejército imperial japonés y que muchos residentes murieron”, dijo el juez Koji Iwata citado por el Japan Times.

Los demandantes apelaron la decisión y la llevaron hasta la Corte Suprema de Japón.

En 2005, el máximo tribunal ratificó el fallo previo pero tampoco aprobó compensar a las víctimas, al argumentar que la ley internacional no permitía que ciudadanos extranjeros pidieran reparaciones al gobierno japonés por actos de guerra.

La existencia de la Unidad 731 supone un capítulo oscuro de la historia de Japón que aún no se ha cerrado.

El país asiático ha sido acusado de fallar al momento de reconocer con amplitud los crímenes de guerra que cometió en el pasado.

Sin embargo, hay esfuerzos de japoneses desde la academia y la ciencia para dilucidar con exactitud qué pasó en la Unidad 731.

El profesor Katsuo Nishiyama, de la Universidad de Shiga, en el oeste del país, anunció a mediados de abril que su equipo científico está analizando una lista de más de 3.000 miembros de la Unidad 731.

“Es la primera vez que vemos una lista de nombres de todos los miembros siendo publicada como un documento oficial”, dijo en una entrevista con el diario Mainichi Shimbun.

El listado, que fue entregado por los Archivos Nacionales de Japón a Nishiyama, según señaló el investigador, contiene los rangos y direcciones de los funcionarios de la base militar.

“Esta valiosa evidencia sostiene todos los testimonios dados por aquellos que conocían la unidad. Es un gran paso en los esfuerzos para revelar la verdad escondida”, sentenció.


 

 

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Cuartoscuro

Acompañar abortos no es delito, abortar tampoco debería serlo, responde médica denunciada en Puebla

La médica Aïssata Si enfrenta una demanda de un estudiante de Puebla, por “promover” abortos; ella responde que no le importa que la juzguen por lo que hace, pero espera que se despenalice la interrupción del embarazo en el estado.
Cuartoscuro
14 de abril, 2021
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Cuando Aïssata Si González terminó la carrera de Medicina, una amiga suya tuvo un embarazo no deseado y decidió interrumpirlo. La ayudó a investigar qué tenía que hacer y a tener una receta para comprar el medicamento necesario, misoprostol. Pero ahí se dio cuenta de que quienes ofrecen acompañar abortos suelen ser feministas y no médicas, así que se sintió con la obligación moral de hacer algo.

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Aunque los grupos feministas están reconocidos para hacer esa labor por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), aclara, al toparse con los mitos y desinformación que promueven grupos antiaborto decidió aprovechar su mayor conocimiento de las medicinas y sus efectos para orientar a mujeres, difundir información confiable y desmentir fake news sobre el tema en redes sociales, lo que después se convirtió en la página Medicina por el Derecho a Decidir.

Seis años después y ya dedicada de tiempo completo a auxiliar a entre 25 y 30 mujeres al día, se enfrenta a que un Estudiante de Derecho de Puebla anunció el pasado viernes que las denunció legalmente a ella y a una de las 13 chicas de su red de acompañamiento por “promover” la interrupción del embarazo.

Aïssata dice en entrevista que no le importaría si de verdad pudieran juzgarla por lo que hace; lo que importa es que se discuta que los abortos no deberían ser considerados ilegales. Una discusión que justamente se está llevando en el Congreso del Estado en parlamento abierto (es decir, con participación ciudadana).

La médica explica que la mayoría de los procedimientos se realizan en casa, justo así, con un medicamento y el seguimiento adecuado, y que es absurdo cómo pretenden acusarla, ya que si bien practicar un aborto está criminalizado, dar acompañamiento no.

“La Ley federal dice que se penaliza a quien cause aborto, porque esa ley es de mil novecientos treinta y tantos, cuando los abortos se hacían instrumentados, y esto me lo han dicho muchísimos abogados, pero ¿cómo van a comprobar que una mujer compró las pastillas de misoprostol, se las introdujo y abortó, si no hay evidencia de nada, todo sería circunstancial? Y la siguiente cuestión es, ¿y qué sería ‘causar’ el aborto? Porque si tú agarras las pastillas y tú se las metes en la boca, pues tú lo estás causando; pero si tú solo estás del otro lado de la línea dando una consulta de telemedicina, diciéndoles cuáles son las características de un aborto seguro y cuáles son los datos de alarma, pues ¿qué te pueden hacer?”, señala.

El Código Penal de Puebla castiga actualmente con uno a tres años de prisión a la mujer que tenga un aborto voluntario y “al que hiciere abortar a una mujer”, excepto si el embarazo fue por violación, pone en peligro la vida de la embarazada o el producto tiene graves malformaciones.

Este año ya hay una carpeta de investigación abierta en el Estado por este delito en enero pasado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Durante 2020 se reportaron 6, una cifra menor al 1% de las 633 registrada en todo el país.

Una investigación publicada recientemente por CIMAC reveló que de 2009 a 2019 fueron sentenciadas 11 mujeres por el delito de aborto, de acuerdo con información entregada vía transparencia por el Tribunal de Justicia del Estado, aunque hubo otras seis mujeres encarceladas por “homicidio en razón de parentesco”, que se castiga con más de 20 años de prisión.

Aïssata asegura que el hecho de que el aborto esté considerado ilegal no ha detenido a ninguna mujer que no quiera tener un hijo a tomar acciones para evitarlo y lo que está pasando en Puebla —donde ya ni siquiera vive— es que están viajando a la Ciudad de México a acceder a abortos legales. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud de la capital, Puebla es la segunda entidad, después del Estado de México, de donde más usuarias acuden a solicitar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE): mil 458 mujeres de 2007 a diciembre de 2020.

Lee más: Por qué el derecho de las mujeres al aborto seguro no es algo que necesite consultarse, como dice AMLO

Segunda denuncia en menos de un año

Esta no es la primera vez que un hombre intenta denunciar a mujeres por acompañar procedimientos de interrupción del embarazo. En septiembre pasado, el diputado local de Nuevo León Carlos Leal presentó una iniciativa para castigar la difusión de información sobre el tema y dijo que había denunciado a Vanessa Jiménez, vocera de la red Necesito Abortar.

Pero siete meses después, ella confirma a Animal Político que nunca procedió la supuesta denuncia, ni siquiera fue notificada ni citada porque hubiera algo legal en su contra.

“El delito de aborto aquí en Nuevo León aplica por ejemplo si alguien obligara a abortar a una mujer. Pero brindar información, hablar de los procedimientos de aborto, hablar de los protocolos, entender el funcionamiento de cómo es el misoprostol, pues eso no es delito ni aquí ni en ninguna parte de México”, asegura.

“En este país, a todos nos asiste el derecho de tener la más alta calidad posible en cuanto a derechos de salud se trate, y la información es un derecho básico de todas las personas. Vaya, hablar de aborto, les guste o no, es un derecho”.

En Nuevo León se han presentado tan solo en enero y febrero 20 carpetas de investigación por el delito de aborto, con las mismas excepciones que en Puebla, y ahí se castiga con seis meses a un año de prisión. El año pasado fueron 100 carpetas en la entidad, el 16% del total de denuncias por esta causa en el país. Aunque según la investigación de CIMAC, ninguna ha terminado en condena en más de una década.

Vanessa asegura que las demandas como la que intentan contra Aïssata y hace tiempo contra ella, o en su estado las iniciativas de ley para endurecer las penas que ha presentado Leal, más bien son actos de intimidación y con intenciones de promoción política para ganar notoriedad. Lo que le preocupa es que los medios retomen declaraciones de los grupos antiaborto que en realidad están plagadas de datos falsos.

Por ello, ambas activistas señalan que seguirán adelante en su lucha, primero por dar a conocer información confiable a las mujeres, y segundo, porque finalmente se despenalice el aborto.

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