La base secreta del ejército japonés que experimentó con humanos para desarrollar armas biológicas
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La base secreta del ejército japonés que experimentó con humanos para desarrollar armas biológicas

De acuerdo con archivos, las "fuerzas bacterianas" japonesas, incluida la Unidad 731, iniciaron la guerra biológica en más de 20 provincias y ciudades de China durante la Segunda Guerra Mundial.
26 de abril, 2018
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La rutina consistía en infectarlos con virus letales para luego abrirlos vivos sin anestesiarlos y extraerles algunos órganos.

Los enfermaban de cólera, disentería, ántrax y tifus y luego estudiaban y registraban sus reacciones y cuerpos con el fin de desarrollar armas biológicas y químicas de destrucción masiva.

Este procedimiento del horror se practicó a al menos 3 mil prisioneros de guerra, principalmente chinos aunque también coreanos y rusos, en una base militar secreta antes y durante la Segunda Guerra Mundial.

La instalación, que se hacía pasar por un departamento científico y de purificación de aguas, era conocida como la Unidad 731 y fue el brazo más importante del programa bélico biológico del ejército imperial japonés.

Existió entre 1936 y 1945 en la ciudad de Harbin, en el norte de China, en ese entonces invadida por las tropas imperiales de Japón.

mapa

BBC

Cuando la guerra llegó a su fin, Japón se rindió y Estados Unidos pasó a tener control de los archivos militares del país asiático durante nueve años.

Por entonces, no se dieron a conocer detalles de la Unidad 731. Ni los militares ni los científicos que trabajaban allí fueron juzgados.

Pero décadas después, comenzaron a surgir escalofriantes testimonios que arrojaron luces sobre las labores del temido escuadrón y revelaron un oscuro capítulo de la historia de Japón.

Morían por segunda vez

“Al principio de la década de 1980, empezó a haber un aumento de los relatos de guerra que hablaban explícitamente del rol del soldado japonés como un victimario“, escribieron los académicos Takashi Inoguch y Lyn Jackson en un artículo sobre el tema publicado en 1995 por la Universidad de Naciones Unidas.

El gobierno chino, por su parte, también comenzó a recolectar evidencias como parte de una política de documentar los crímenes de guerra cometidos contra China, según reportó en 1983 la periodista del Washington Post, Tracy Dahl.

En el reportaje de Dahl, un funcionario chino llamado Han Xiao dijo que “lo más cruel que hicieron los japoneses” había sido experimentar con prisioneros de guerra hasta su muerte.

Al mismo tiempo, investigadores solicitaron acceso a archivos militares en Tokio para reconstruir la historia, una petición recibida con reticencia por parte del Estado japonés, según reportó el New York Times en 1999.

El aporte más impactante, sin embargo, fue el de los propios japoneses que pertenecieron a la Unidad 731.

Uno de ellos fue Yoshio Shinozuka, quien sirvió como médico militar en la base secreta, aunque dijo considerarse en realidad un criminal de guerra.

“Hice lo que ningún ser humano debería hacer”, declaró a medios japoneses citados por la BBC en julio de 2002.

El profesor Sheldon Harris muestra una fotografía del general japonés Shiro Ishii, quien comandó la Unidad 731.

Getty Images
El profesor Sheldon Harris, autor del libro “Fábricas de la Muerte”, muestra en una foto de 1999 un retrato del general japonés Shiro Ishii, quien comandó la Unidad 731.

Shinozuka contó que había criado pulgas infectadas en ratas y tifus, ántrax, peste y cólera para usar contra el ejército soviético.

También detalló que se referían a los prisioneros como “troncos”.

“Decíamos que habíamos cortado un tronco, luego dos troncos…”, recordó Shinozuka.

La analogía fue abordada también por otro miembro de la Unidad 731, Toshimi Mizobuchi, en una declaración de 1999 recogida por el New York Times.

“Eran troncos para mí (…) no se consideraban humanos. Eran conspiradores o espías (…) así que ya estaban muertos. Ahora morían por segunda vez. Nosotros simplemente ejecutábamos una sentencia de muerte”.

El papel de Estados Unidos y Rusia

De acuerdo con historiadores japoneses e investigadores estadounidenses, la actividad de la Unidad 731 se mantuvo en secreto en parte debido a que EE.UU. otorgó inmunidad de enjuiciamiento por crímenes de guerra a los médicos a cambio de la información científica recolectada en el programa.

A Washington le preocupaba que esos datos cayeran en manos de Rusia, según la reconstrucción que hicieron historiadores.

Moscú, por el contrario, llevó a juicio a 12 militares japoneses de la Unidad 731 por crímenes de guerra en la ciudad rusa de Khabarovsk en 1949.

Seis de los acusados recibieron sentencias de entre 2 y 25 años de prisión, en un juicio que Estados Unidos calificó como “propaganda comunista”.

Con los años, Estados Unidos ha ido desclasificando más de 1.000 documentos relacionados con la Unidad 731, que dan cuenta de los “experimentos de guerra biológica” que allí se realizaban, según señala el Archivo Nacional de ese país en su sitio web.

Admisión histórica de Japón

Además de los testimonios de los miembros de la Unidad 731, una demanda colectiva contra el Estado japonés arrojó más detalles de otras actividades llevadas a cabo por el programa secreto.

Fue introducida entre 1997 y 1998 por 180 ciudadanos chinos, entre los que había sobrevivientes y familiares de víctimas.

Los demandantes argumentaron que la unidad liberó desde aviones pulgas infectadas con peste bubónica y entregó alimentos mezclados con bacterias de cólera en las provincias de Zhejiang y Hunan entre 1940 y 1942, lo que resultó en la muerte de cientos de personas.

Los testigos contaron cómo las aeronaves de guerra japonesas rociaron una mezcla de pulgas infectadas con granos de trigo que, poco después, desataron brotes de enfermedades.

El grupo demandó una disculpa por parte del Estado japonés y diez millones de yenes (US$84.000) como compensación para cada uno.

Una protesta a las afueras de la Corte Suprema de Japón el 19 de julio de 2005, cuando el tribunal ratificó la existencia de

Getty Images
En 2005, la Corte Suprema de Japón reconoció la existencia de la Unidad 731, pero rechazó compensar a quienes demandaron al Estado.

La corte rechazó en 2002 los pedidos de reparación pero reconoció los hechos del caso. Fue la primera vez que un tribunal japonés admitía que ese país llevó a cabo una guerra biológica durante la Segunda Guerra Mundial.

“La evidencia muestra que las tropas japonesas, incluidas las de la Unidad 731, usaron armas bacteriológicas bajo órdenes del ejército imperial japonés y que muchos residentes murieron”, dijo el juez Koji Iwata citado por el Japan Times.

Los demandantes apelaron la decisión y la llevaron hasta la Corte Suprema de Japón.

En 2005, el máximo tribunal ratificó el fallo previo pero tampoco aprobó compensar a las víctimas, al argumentar que la ley internacional no permitía que ciudadanos extranjeros pidieran reparaciones al gobierno japonés por actos de guerra.

La existencia de la Unidad 731 supone un capítulo oscuro de la historia de Japón que aún no se ha cerrado.

El país asiático ha sido acusado de fallar al momento de reconocer con amplitud los crímenes de guerra que cometió en el pasado.

Sin embargo, hay esfuerzos de japoneses desde la academia y la ciencia para dilucidar con exactitud qué pasó en la Unidad 731.

El profesor Katsuo Nishiyama, de la Universidad de Shiga, en el oeste del país, anunció a mediados de abril que su equipo científico está analizando una lista de más de 3.000 miembros de la Unidad 731.

“Es la primera vez que vemos una lista de nombres de todos los miembros siendo publicada como un documento oficial”, dijo en una entrevista con el diario Mainichi Shimbun.

El listado, que fue entregado por los Archivos Nacionales de Japón a Nishiyama, según señaló el investigador, contiene los rangos y direcciones de los funcionarios de la base militar.

“Esta valiosa evidencia sostiene todos los testimonios dados por aquellos que conocían la unidad. Es un gran paso en los esfuerzos para revelar la verdad escondida”, sentenció.


 

 

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Tlachinollan

A dos meses de la desaparición del activista Vicente Suástegui, hay dos detenidos pero ninguna pista

Un expolicía y un comandante de la UPOEG están entre los sospechosos por la desaparición de Vicente Suástegui, según denuncian la familia y organizaciones sociales.
Tlachinollan
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Dos meses después de su secuestro a manos de hombres armados, no hay rastro de Vicente Suastegui, de 37 años. El activista medioambiental, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), fue capturado por hombres armados en la colonia Renacimiento de Acapulco, Guerrero, el 5 de agosto y desde entonces no hay noticias. Actualmente hay dos sospechosos vinculados a proceso y otras cuatro órdenes de aprehensión pendientes de ser ejecutadas. Además, se han desarrollado diversas jornadas de búsqueda, sin éxito. “Ya están identificadas las personas. Se ha ubicado donde están estas personas. Lamentablemente la inacción en cuanto a órdenes de aprehensión forma parte de la complicidad de las instituciones”, dijo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. 

Hasta el momento hay dos detenidos que ya han sido vinculados a proceso, según explicó el abogado Rogelio Telis García. Se trata de Juan Carlos “N”, alias El Brillo, y Felipe “N”, alias La Yegua. También hay órdenes de aprehensión contra un expolicía ministerial, Baltasar Cardona Clavel, y un comandante de la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones Estatales de Guerrero), Pedro Santos Pinos, así como contra Jorge Eduardo García Ramírez, alias El Junior y José Luis Carrera Vázquez, alias El Galleta. 

“No entendemos por qué se han ejecutado las órdenes”, se queja Telis García.

Animal Político consultó con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero pero al cierre de la edición no había recibido respuesta. 

Te puede interesar: Asesinan a 141 activistas y periodistas en lo que va del gobierno de AMLO

La historia de esta desaparición es la síntesis de muchos de los conflictos enquistados en Guerrero. Vicente Suástegui fue integrante del Cecop y uno de los principales opositores a la presa La Parota desde principios de este siglo. Su hermano Marco Antonio era vocero de la misma organización y entre 2014 y 2015 estuvo en prisión acusado de un robo que él siempre negó haber perpetrado. De hecho, las organizaciones sociales que acompañan a los comunitarios siempre consideraron que se trataba de un castigo por su activismo social. 

Tras años de activismo, Vicente Suástegui se trasladó al Acapulco rural para vivir con su familia alejado de las tensiones de los últimos años. Atrás quedaba, por ejemplo, su detención, junto a su hermano, tras los enfrentamientos entre policías comunitarios, civiles armados y policías estatales ocurridos el 7 de enero de 2018 en La Concepción. Ahora su vida iba a dedicarse al taxi. Sin embargo, no logró la tranquilidad que buscaba con su desplazamiento interno. 

Desde que abandonó su comunidad en 2019 hasta su desaparición en el mes de agosto, Suástegui fue hostigado por miembros de la UPOEG, que le acusaban de no dejar ser revisado en los controles. Además, la policía estatal y la Marina le realizaron cateos tras acusarlo de vender droga, algo que nunca llegó ante un juez.

El 5 de agosto Suástegui estaba manejando su taxi cuando fue capturado por hombres armados. Según la versión que aparece en la carpeta de investigación, hay testimonios de un forcejeo y de que sonó un disparo. 

Organizaciones apoyan a la familia 

“Esto no es un hecho aislado, es debido a las actividades que realiza en las últimas dos décadas, defendiendo bienes naturales”, dijo su hermano Marco Antonio en conferencia de prensa. Junto a él se encontraban organizaciones de Derechos Humanos como Tlachinollan, Fundar o la Red TDT Todos los Derechos para Todos.

La hipótesis que barajan los investigadores es que integrantes de la delincuencia lo capturaron para entregarlo al comandante de la UPOEG cuya captura se ha solicitado. 

“Días antes del 5 de agosto, una persona llamada Jorge Eduardo Gracia Ramirez, el Junior, manda citar a Valenzuela, El Balda y el Yegua, tienen que levantar a tres personas, entre las que está Vicente, a las que acusan de venta de drogas o ir de chapulines”, dijo el abogado Telis García. Según esta misma declaración, la víctima habría sido entregada a Santos Pinos, conocido como Comandante Pino, que habría acabado con la vida de Suástegui y lo habría enterrado a 300 metros de Metlapil, en una zona conocida como El deshuesadero. Aunque esto último el testigo dijo no tener constancia directa. 

A pesar de que las órdenes de aprehensión están firmadas todavía no se han producido las cuatro capturas pendientes. “Más de 80 personas están reportadas como desaparecidas ante la FGE recientemente”, dijo Barrera, quien denunció que “no hay investigaciones que pudieran contener la avalancha delincuencial”. “Hay actores armados que están interviniendo y no hay acción que los ponga en orden”, dijo. 

“Vicente es un defensor de derechos humanos, de campesinos, tiene que aparecer con vida”, dijo Marco Antonio, su hermano, quien consideró que los últimos 60 días han sido “de mucho sufrimiento”. “Estamos viviendo el infierno mismo”, afirmó. 

Guerrero tiene registradas 3 mil 613 personas desaparecidas según el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda. Recientemente se cumplieron siete años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Este mes también se cumplen dos años de la desaparición y posterior asesinato de Arnulfo Cerón Soriano. 

La familia de Suástegui teme que la falta de acción de las autoridades lleve al caso a convertirse en un nuevo ejemplo de impunidad.

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