La base secreta del ejército japonés que experimentó con humanos para desarrollar armas biológicas
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La base secreta del ejército japonés que experimentó con humanos para desarrollar armas biológicas

De acuerdo con archivos, las "fuerzas bacterianas" japonesas, incluida la Unidad 731, iniciaron la guerra biológica en más de 20 provincias y ciudades de China durante la Segunda Guerra Mundial.
26 de abril, 2018
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La rutina consistía en infectarlos con virus letales para luego abrirlos vivos sin anestesiarlos y extraerles algunos órganos.

Los enfermaban de cólera, disentería, ántrax y tifus y luego estudiaban y registraban sus reacciones y cuerpos con el fin de desarrollar armas biológicas y químicas de destrucción masiva.

Este procedimiento del horror se practicó a al menos 3 mil prisioneros de guerra, principalmente chinos aunque también coreanos y rusos, en una base militar secreta antes y durante la Segunda Guerra Mundial.

La instalación, que se hacía pasar por un departamento científico y de purificación de aguas, era conocida como la Unidad 731 y fue el brazo más importante del programa bélico biológico del ejército imperial japonés.

Existió entre 1936 y 1945 en la ciudad de Harbin, en el norte de China, en ese entonces invadida por las tropas imperiales de Japón.

mapa

BBC

Cuando la guerra llegó a su fin, Japón se rindió y Estados Unidos pasó a tener control de los archivos militares del país asiático durante nueve años.

Por entonces, no se dieron a conocer detalles de la Unidad 731. Ni los militares ni los científicos que trabajaban allí fueron juzgados.

Pero décadas después, comenzaron a surgir escalofriantes testimonios que arrojaron luces sobre las labores del temido escuadrón y revelaron un oscuro capítulo de la historia de Japón.

Morían por segunda vez

“Al principio de la década de 1980, empezó a haber un aumento de los relatos de guerra que hablaban explícitamente del rol del soldado japonés como un victimario“, escribieron los académicos Takashi Inoguch y Lyn Jackson en un artículo sobre el tema publicado en 1995 por la Universidad de Naciones Unidas.

El gobierno chino, por su parte, también comenzó a recolectar evidencias como parte de una política de documentar los crímenes de guerra cometidos contra China, según reportó en 1983 la periodista del Washington Post, Tracy Dahl.

En el reportaje de Dahl, un funcionario chino llamado Han Xiao dijo que “lo más cruel que hicieron los japoneses” había sido experimentar con prisioneros de guerra hasta su muerte.

Al mismo tiempo, investigadores solicitaron acceso a archivos militares en Tokio para reconstruir la historia, una petición recibida con reticencia por parte del Estado japonés, según reportó el New York Times en 1999.

El aporte más impactante, sin embargo, fue el de los propios japoneses que pertenecieron a la Unidad 731.

Uno de ellos fue Yoshio Shinozuka, quien sirvió como médico militar en la base secreta, aunque dijo considerarse en realidad un criminal de guerra.

“Hice lo que ningún ser humano debería hacer”, declaró a medios japoneses citados por la BBC en julio de 2002.

El profesor Sheldon Harris muestra una fotografía del general japonés Shiro Ishii, quien comandó la Unidad 731.

Getty Images
El profesor Sheldon Harris, autor del libro “Fábricas de la Muerte”, muestra en una foto de 1999 un retrato del general japonés Shiro Ishii, quien comandó la Unidad 731.

Shinozuka contó que había criado pulgas infectadas en ratas y tifus, ántrax, peste y cólera para usar contra el ejército soviético.

También detalló que se referían a los prisioneros como “troncos”.

“Decíamos que habíamos cortado un tronco, luego dos troncos…”, recordó Shinozuka.

La analogía fue abordada también por otro miembro de la Unidad 731, Toshimi Mizobuchi, en una declaración de 1999 recogida por el New York Times.

“Eran troncos para mí (…) no se consideraban humanos. Eran conspiradores o espías (…) así que ya estaban muertos. Ahora morían por segunda vez. Nosotros simplemente ejecutábamos una sentencia de muerte”.

El papel de Estados Unidos y Rusia

De acuerdo con historiadores japoneses e investigadores estadounidenses, la actividad de la Unidad 731 se mantuvo en secreto en parte debido a que EE.UU. otorgó inmunidad de enjuiciamiento por crímenes de guerra a los médicos a cambio de la información científica recolectada en el programa.

A Washington le preocupaba que esos datos cayeran en manos de Rusia, según la reconstrucción que hicieron historiadores.

Moscú, por el contrario, llevó a juicio a 12 militares japoneses de la Unidad 731 por crímenes de guerra en la ciudad rusa de Khabarovsk en 1949.

Seis de los acusados recibieron sentencias de entre 2 y 25 años de prisión, en un juicio que Estados Unidos calificó como “propaganda comunista”.

Con los años, Estados Unidos ha ido desclasificando más de 1.000 documentos relacionados con la Unidad 731, que dan cuenta de los “experimentos de guerra biológica” que allí se realizaban, según señala el Archivo Nacional de ese país en su sitio web.

Admisión histórica de Japón

Además de los testimonios de los miembros de la Unidad 731, una demanda colectiva contra el Estado japonés arrojó más detalles de otras actividades llevadas a cabo por el programa secreto.

Fue introducida entre 1997 y 1998 por 180 ciudadanos chinos, entre los que había sobrevivientes y familiares de víctimas.

Los demandantes argumentaron que la unidad liberó desde aviones pulgas infectadas con peste bubónica y entregó alimentos mezclados con bacterias de cólera en las provincias de Zhejiang y Hunan entre 1940 y 1942, lo que resultó en la muerte de cientos de personas.

Los testigos contaron cómo las aeronaves de guerra japonesas rociaron una mezcla de pulgas infectadas con granos de trigo que, poco después, desataron brotes de enfermedades.

El grupo demandó una disculpa por parte del Estado japonés y diez millones de yenes (US$84.000) como compensación para cada uno.

Una protesta a las afueras de la Corte Suprema de Japón el 19 de julio de 2005, cuando el tribunal ratificó la existencia de

Getty Images
En 2005, la Corte Suprema de Japón reconoció la existencia de la Unidad 731, pero rechazó compensar a quienes demandaron al Estado.

La corte rechazó en 2002 los pedidos de reparación pero reconoció los hechos del caso. Fue la primera vez que un tribunal japonés admitía que ese país llevó a cabo una guerra biológica durante la Segunda Guerra Mundial.

“La evidencia muestra que las tropas japonesas, incluidas las de la Unidad 731, usaron armas bacteriológicas bajo órdenes del ejército imperial japonés y que muchos residentes murieron”, dijo el juez Koji Iwata citado por el Japan Times.

Los demandantes apelaron la decisión y la llevaron hasta la Corte Suprema de Japón.

En 2005, el máximo tribunal ratificó el fallo previo pero tampoco aprobó compensar a las víctimas, al argumentar que la ley internacional no permitía que ciudadanos extranjeros pidieran reparaciones al gobierno japonés por actos de guerra.

La existencia de la Unidad 731 supone un capítulo oscuro de la historia de Japón que aún no se ha cerrado.

El país asiático ha sido acusado de fallar al momento de reconocer con amplitud los crímenes de guerra que cometió en el pasado.

Sin embargo, hay esfuerzos de japoneses desde la academia y la ciencia para dilucidar con exactitud qué pasó en la Unidad 731.

El profesor Katsuo Nishiyama, de la Universidad de Shiga, en el oeste del país, anunció a mediados de abril que su equipo científico está analizando una lista de más de 3.000 miembros de la Unidad 731.

“Es la primera vez que vemos una lista de nombres de todos los miembros siendo publicada como un documento oficial”, dijo en una entrevista con el diario Mainichi Shimbun.

El listado, que fue entregado por los Archivos Nacionales de Japón a Nishiyama, según señaló el investigador, contiene los rangos y direcciones de los funcionarios de la base militar.

“Esta valiosa evidencia sostiene todos los testimonios dados por aquellos que conocían la unidad. Es un gran paso en los esfuerzos para revelar la verdad escondida”, sentenció.


 

 

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Cuartoscuro

Militarización, grupos criminales y despojos provocan desplazamiento forzado en 16 comunidades indígenas

Los conflictos territoriales en los estados de Chihuahua, Chiapas, Sonora, Michoacán, Yucatán y Guerrero ha provocado el desplazamiento de familias y comunidades enteras.
Cuartoscuro
14 de septiembre, 2022
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En México, al menos 16 comunidades originarias viven situaciones de asedio y desplazamiento forzado, relacionadas a la militarización de la seguridad pública, la presencia de grupos criminales, paramilitares, conflictos agrarios y despojos, de acuerdo con un informe realizado por la Iniciativa Global por los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI, por sus siglas en inglés).

Los conflictos territoriales en los estados de Chihuahua, Chiapas, Sonora, Michoacán, Yucatán y Guerrero ha provocado el desplazamiento de familias y comunidades enteras, “que viven amenazadas y en situaciones de verdadera catástrofe y precariedad que se agravan con el paso del tiempo, sin que exista una estrategia gubernamental dirigida a atender dichas situaciones”.

Por ello, organizaciones sociales pidieron a la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Cecilia Jimenez-Damary –quien estuvo en México del 29 de agosto al pasado 9 de septiembre– que tome en cuenta a esta población para la elaboración de su informe final sobre la situación del país, mismo que entregará en junio de 2023.

Las comunidades afectadas

En Chihuahua, el IPRI documentó que las comunidades de Monteverde, el Manzano, San Elías Repechique, Tehuerichi y Huitosachi han tenido que abandonar sus tierras, a causa de amenazas y el asedio de grupos del narcotráfico, a pesar de que han ganado amparos para que las autoridades los protejan y reconozcan su tenencia de las propiedades que les han sido arrebatadas.

Familias indígenas rarámuris, relataron al IPRI que tuvieron que abandonar su casa en 2014, luego de que algunos de sus integrantes fueron secuestrados y asesinados. Aunque después intentaron volver a su rancho, las amenazas constantes a través de mensajes de texto, y la presencia de hombres armados en Monteverde, Chihuahua, las obligaron a huir nuevamente, cediendo sus sembradíos de manzanos a los de mariguana y amapola.

De manera similar, en la comunidad de El Manzano, municipio de Uruachi, por lo menos 37 personas tuvieron que abandonar sus casas y pertenencias desde 2015, cuando un grupo criminal llegó a controlar el territorio para la siembra de enervantes, sometiendo a trabajo forzado a sus habitantes.

Pese a que en estos casos, como en los de Repechique, Tehuerichi y Huitosachi, los habitantes de las comunidades indígenas buscaron el apoyo gubernamental para recuperar sus bienes, según el informe del IPRI, “las autoridades han sido omisas y no hay respuestas de su parte”, aún cuando instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha pedido al gobierno emitir medidas de protección.

Indígenas tsotsiles y de la comunidad de Acteal, Chiapas, han denunciado la incursión del crimen organizado en sus comunidades, que con ataques armados han provocado asesinatos, desplazamiento forzado y el asedio constante de sus pobladores, aunque las autoridades mexicanas atribuyen dicha situación a una disputas territoriales.

En 2016, siete familias tsotsiles que vivían dentro de tierras en disputa fueron despojadas por la fuerza de 60 hectáreas de terreno, y fueron obligadas a refugiarse en las montañas, y ante la inacción de las autoridades, las agresiones se recrudecieron en las comunidades de Coco, Tabac, Xuxchen, San Pedro, Cotzilnam y Tselejpotobtic, situación que ha dejado como saldo varias personas heridas y asesinadas, así como el desplazamiento de otras familias.

En Acteal, defensores comunitarios han sido asesinados y viven bajo amenazas constantes de grupos cuyo interés es el control territorial de la población, así como la intimidación partidista, sin que las autoridades intervengan, por lo que el IPRI concluye que “es más factible o benéfico producir una imagen errónea de conflictos intercomunitarios que buscar alternativas al problema de fondo”.

Mientras, en Zitácuaro, Michoacán, indígenas de pueblos mazahua y hñahñu han denunciado amenazas, extorsiones, asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado, motivados por grupos criminales que buscan sacar ganancia de la tala ilegal de los bosques y la siembra de aguacate.

En Yucatán, la comunidad de Homún, uno de los 53 municipios dentro de la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, denuncian que viven una situación de amenaza y desprotección, debido a la instalación de una granja de cerdos que ha contaminado los cuerpos de agua con los que los pueblos indígenas guardan un vínculo espiritual.

Desde 2017, han presentado diversas acciones legales, entre ellas una denuncia ante autoridades de protección ambiental, amparos, recursos de revisión, sin que hasta ahora las autoridades hayan dado una respuesta a favor de los pobladores que se quejan de los malos olores y las enfermedades causadas por los desechos de la granja que los despojó de los cenotes que cuidaban y administraban para generar ingresos turísticos.

En el caso de la comunidad de Chablekal, en el mismo estado, indígenas mayas llevan peleando desde 1927 que el gobierno los dote de tierras a través de un modelo de comunidad agraria, y no como ejido, debido a que con la creación de ejidos en tierras ancestrales se les han arrebatado terrenos que consideran suyas por tradición “desde tiempos inmemoriales”.

La situación se ha venido agravando luego de que, a final de la década de los 90, Chablekal fue alcanzada por la especulación inmobiliaria, lo que motivó la venta de tierras, la depuración del padrón ejidal y la privación de los derechos agrarios de la población con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, con el que se limitaban las garantías de los propietarios que se negaran a poner a la venta sus terrenos.

Para otras comunidades de Sonora, Guerrero y Oaxaca, el asedio y el desplazamiento forzado ha sido motivado por sus labores de defensa del territorio contra megaproyectos que buscan establecerse en sus tierras.

Desde 2010, el pueblo yaqui de Loma de Bacum, Sonora, comenzó una lucha contra la construcción de un acueducto que surtiría de agua a la capital del estado, Hermosillo. La comunidad se amparó, primero, porque no fueron consultados sobre el megaproyecto, y en 2014 contra la suspensión del mismo, pero fueron ignorados por la empresa constructora que, en 2019, consiguió un fallo a su favor para comenzar con la obra.

Además de las amenazas y asedio que vive esta comunidad debido a su lucha por la defensa del territorio, han sido obligados a abandonar sus tierras, y en algunos casos, sus habitantes han sido víctimas de desaparición.

En Oaxaca, desde el año 2006, 43 comunidades de pueblos mixtecos, chatinos, afrooaxaqueños y mestizos constituyeron el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) para luchar en contra de la imposición de la presa hidroeléctrica “Paso de la Reyna” y el proyecto del Río Verde.

En Guerrero, por su parte, en 2003 indígenas y campesinos de municipios cercanos a Acapulco y Juan R. Escuderos, se organizaron y crearon el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, para protestar contra la instalación del proyecto hidroeléctrico en el río Papagayo, cuyo impacto negativo calculado en este momento sería contra 24 comunidades y desplazaría a más de 25 mil personas.

Leer más | Migrar y desaparecer: 25 indígenas de Chiapas desaparecieron en su camino al norte y no se les registró

Pueblos indígenas exigen reconocimiento como víctimas

En el marco de la visita de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, organizaciones de la sociedad civil pidieron a la especialista escuchar a las comunidades afectadas y considerarlas en su informe final, además emitieron una serie de recomendaciones al Estado mexicano, para atender la problemática que se incrementa conforme los conflictos territoriales avanzan y los grupos criminales ganan terreno a lo largo y ancho del país.

Pidieron la aprobación inmediata de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que actualmente se encuentra congelada en el Senado de la República, así como que se reconozca y se otorgue la calidad de víctimas sin que sea necesario que presenten una denuncia penal o que se emita una recomendación de un organismo público de derechos humanos.

Asimismo, exigieron reorientar el abordaje del tema de la seguridad pública y restablecimiento de la paz, con un enfoque integral de derechos humanos; establecer una estrategia nacional de prevención enfocada en eliminar las causas estructurales que influyen en los desplazamientos internos y cumplir con las leyes vigentes.

También solicitaron la implementación de una política pública para garantizar medidas de reparación integral, entre ellas el retorno seguro de las víctimas a sus comunidades, o la reubicación en condiciones dignas de las personas, lo más parecidas a las que tenían previo al desplazamiento.

Al concluir su visita por México, la relatora Cecilia Jiménez-Damary señaló que, aunque no hay una estadística oficial sobre el número de personas afectadas, se estima que cientos de miles han sido desplazadas internamente a causa de la criminalidad, los desastres, la minería, la tala ilegal y conflictos locales.

Jiménez-Damary subrayó que la impunidad y las fallas en el sistema de justicia y de seguridad también son factores que inciden de manera importante en el desplazamiento de personas que por temor prefieren dejar sus hogares.

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