Boda real: ¿cuánto va a costar el enlace de Meghan Markle y el príncipe Harry, y quién va a pagarlo?
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Boda real: ¿cuánto va a costar el enlace de Meghan Markle y el príncipe Harry, y quién va a pagarlo?

El evento puede costar hasta 43 millones de dólares, según las estimaciones. De ser así, sería una de las bodas más caras de toda la historia.
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18 de mayo, 2018
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El mundo centrará su atención este sábado en el castillo de Windsor, a 40 km de Londres, donde se celebrará la boda del príncipe Harry —sexto en la línea de sucesión al trono británico— con la actriz estadounidense Meghan Markle.

Harry, de 33 años, y Meghan, de 36, que tienen una relación desde hace un año y medio, se casarán en la Capilla de San Jorge, en las dependencias del castillo, en una ceremonia a la que asistirán 600 invitados, entre ellos, monarcas de otros países europeos. Después, partirán a una fiesta organizada para 250 amigos y familiares.

Construido hace casi 500 años, en el castillo se encuentran las tumbas de diez monarcas británicos —incluido Enrique VIII— y se hizo popular para bodas reales desde el enlace entre el entonces futuro rey Eduardo VII con Alexandra de Dinamarca en 1863.

Pero si ninguna boda sale barata, mucho menos una de la realeza.

Tradicionalmente, el costo total de los enlaces reales no se divulga al público.

Pero en la prensa británica ha estado circulando la estimación de 32 millones de libras (US$43 millones), calculada por la plataforma virtual de organización de bodas Bridebook, teniendo en cuenta el precio de las flores, la comida, la fiesta y el vestido de la novia.

El mayor gasto, con todo, será para la seguridad en el evento (30 millones de libras). Habrá desde francotiradores hasta policías vestidos de paisano, pasando por un sistema antidrones. Una de las preocupaciones es la amenaza terrorista, mayor que en el momento de la boda del príncipe William y Kate Middleton, en 2011.

Los gastos de seguridad serán pagados por los contribuyentes, como sucedió con la boda de William y Kate.

El vestido, el secreto mejor guardado de la boda, costaría en torno a 300.000 libras (unos US$400.000) y lo pagará la propia Meghan.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esa estimación. Para Katie Nicholl, especialista en realeza británica y autora del libro Harry: Life, Loss and Love (“Harry: vida, pérdida y amor), el presupuesto es “impreciso y fuera de la realidad”, dijo en una entrevista al tabloide británico Express.

Si la cifra fuera correcta, sería uno de los diez enlaces reales más caros de la historia, prácticamente igualando el del hermano mayor de Harry, William, que se casó con Kate Middleton hace siete años en la famosa abadía de Westminster. Los festejos costaron, en la época, 34 millones de libras (casi US$46 millones).

Incluso sumados, los valores aún quedan por debajo del costo de la boda de los padres de los príncipes. El enlace de Diana y Carlos, en la Catedral de San Pablo en 1981, costó 84 millones de libras (US$113 millones).

Según la tradición, el padre de la novia debe pagar la boda. Pero el Palacio de Kensington, donde vive actualmente el príncipe Harry y donde vivirá con su futura esposa, divulgó un comunicado informando que se ocupará de los costos.

“Como en el caso del enlace del duque y la duquesa de Cambridge (William y Kate), la familia real pagará los aspectos centrales de la boda, como la ceremonia religiosa, la música, las flores, decoraciones y la posterior recepción”, se lee en el comunicado.

Pese a todos los gastos, especialistas creen que la boda del príncipe Harry y Meghan Markle puede inyectar en la economía hasta 500 millones de libras (US$675 millones).

Mapa del recorrido de la boda.

BBC

¿De dónde sale el dinero de la familia real?

1. El Sovereign Grant

Son varias las fuentes de renta. Una de ellas es el llamado Sovereign Grant o subvención soberana, una especie de pago fijo del Tesoro británico a la reina con el que paga los salarios de los empleados de la familia, viajes oficiales y mantenimiento de los palacios.

Para el año fiscal 2017-2018, ese valor alcanzará los 82,2 millones de libras (US$111 millones).

El Sovereign Grant es un porcentaje fijo de las ganancias del Patrimonio de la Corona o Crown Estate, que anunció un beneficio de 328 millones de libras (US$443 millones) en 2016-2017, un aumento de 24 millones en relación con el anterior año fiscal.

Spice Girls

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Está previsto que las Spice Girls actúen en la fiesta de Harry y Meghan.

El Crown Estate se remonta a 1760, cuando el rey George III llegó a un acuerdo con el gobierno para que los ingresos excedentes de las tierras de la corona fueran destinados al Tesoro.

La mayoría de los activos de la cartera están en Londres, pero también hay propiedades en Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

La reina o rey en ejercicio recibe del Tesoro un 15% de las ganancias anuales del Crown Estate para financiar los costos de las actividades de la familia real.

Técnicamente, el patrimonio de la Corona pertenece al monarca durante su reinado pero, en la práctica, no puede venderlo.

2. Privy Purse

La reina Isabel II también tiene su ingreso privado, llamado Privy Purse, para costear los gastos generados por otros miembros de la realeza.

Los fondos para el Privy Purse provienen mayoritariamente del ducado de Lancaster, un portafolio de tierra, propiedad y activos que le pertenecen a la reina y que son manejados separadamente por el Crown Estate.

Anualmente son cerca de 17 millones de libras (cerca de US$23 millones)

El portafolio consiste en 18.454 hectáreas de tierra en Inglaterra y Gales y comprende la propiedad comercial, agrícola y residencial.

Aunque está clasificado como propiedad privada de la reina y se hereda, la monarca no lo puede vender.

Como la Crown Estate, las ganancias del Ducado de Lancaster van al Tesoro, el cual le da fondos a la reina para pagar por los gastos que no son cubiertos por el Sovereign Grant.

El ministro de Hacienda del ducado de Lancaster es quien administra el patrimonio y las rentas del mismo.

Por otro lado, los ingresos del ducado de Cornwall financian el gasto privado y oficial del príncipe de Gales y de la duquesa de Cornwall.

Ambos miembros de la familia real están exentos, por parte del gobierno, de pagar impuesto de sociedades por ser parte de la corona.

3. Inversiones

Los ingresos privados de la reina son mucho menos conocidos.

De acuerdo con el periódico The Sunday Times, la soberana tiene un portafolio de inversiones que consiste mayormente en acciones en destacadas empresas privadas y cuyo valor se estima en 110 millones de libras (US$150 millones).

Otros bienes personales incluyen la colección de estampillas reales, obras de arte, joyas, automóviles, caballos y el legado de su madre, la reina madre, que se suman a su fortuna personal.

Por otro lado, la Colección Real, que incluye las Joyas de la Corona y obras de arte, muebles antiguos, fotografías históricas y libros —en total más de un millón de objetos valorados en US$13 millones— no puede ser contabilizada en la fortuna de la monarca porque es administrada en nombre de sus sucesores y del país.

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Cuartoscuro

La OEA sugiere a México reformar la Ley de Revocación: plantea transparentar la publicidad y que autoridades defiendan su mandato

La misión de observación del organismo consideró que debe haber claridad sobre quién paga los anuncios a favor o en contra de las opciones en la boleta, y pidió que las autoridades a revocar puedan posicionarse y defender su permanencia en cargos.
Cuartoscuro
12 de abril, 2022
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La Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó al Estado mexicano reformar la Ley Federal de Revocación de Mandato y, entre otras medidas, establecer en ella mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer quiénes financian la publicidad a favor o en contra de alguna de las opciones que aparezcan en la boleta.

Tras concluir su misión de observación en México por la jornada del domingo, el organismo señaló en su informe que la legislación vigente sobre la revocación es vaga y no regula cuánto pueden invertir en propaganda instancias como asociaciones civiles, empresas y ciudadanos, lo que puede fomentar la opacidad y el desequilibrio.

“La Misión advierte por otra parte que, si bien en algunos aspectos el modelo vigente resulta restrictivo, en otros se encuentra evidentemente poco regulado. Por ejemplo, actualmente no existe ningún tipo de límite a lo que ciudadanos particulares, organizaciones de la sociedad civil o empresas pueden gastar en propaganda en la vía pública o en redes sociales. Tampoco existen mecanismos de rendición de cuentas que permitan a la ciudadanía conocer quiénes están promoviendo cada una de las opciones en consulta”, señala el documento.

La OEA afirmó que se debe regular la compra de propaganda, especialmente de parte de empresas, a fin de evitar posibles inequidades entre las campañas a favor y en contra de la revocación de un funcionario público.

También sugirió mecanismos para garantizar que la ciudadanía acceda a la información de quién o quiénes están financiando propaganda favorable a cada posición.

Dilucidar quién estuvo detrás de la publicidad a favor de la consulta revocatoria y de una de las opciones en la boleta (la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador), y cuál fue el verdadero rol de la organización Que Siga la Democracia, fue un reto para el Instituto Nacional Electoral (INE).

Animal Político documentó que dicha asociación desplegó una campaña masiva en todo el país, que incluyó asambleas informativas, anuncios espectaculares, pintas en bardas y entrega de panfletos a domicilio. La AC declaró al INE que no pagó uno solo de esos medios de difusión, y sostuvo que se trataba de aportaciones en especie de ciudadanos.

No obstante, el árbitro electoral estimó que tan solo el alquiler de espectaculares costó al menos 5.4 millones de pesos, y cuestionó que ciudadanos comunes y corrientes estuvieran dispuestos a pagar esos costos, tomando en cuenta el poder adquisitivo en el país. 

Además, este medio documentó que quien “donó” los anuncios que fueron desplegados en el Metro de la Ciudad de México es la representante legal de tres empresas que son contratistas del gobierno de Claudia Sheinbaum.

En su informe, la OEA criticó que la Ley de Revocación no permita a la autoridad a ser revocada argumentar y posicionarse a favor de su continuidad, por lo que también recomendó modificaciones legales para volverla menos restrictiva.

“Con base en el análisis de la normativa vigente y lo observado a lo largo del proceso, la Misión coincide en que el modelo de comunicación vigente para procesos de revocación de mandato es sumamente restrictivo. Más allá de la discusión sobre la posible participación de los partidos políticos, que algunos entienden podría desvirtuar la naturaleza de este tipo de proceso de democracia directa, la Misión considera que la persona cuyo mandato se encuentra en cuestión debería poder expresarse buscando convencer al electorado de votar en contra de la revocación de su gestión”, cita el informe.

Organismo recomienda dar al INE recursos necesarios

La misión de observación de la OEA expresó su preocupación por el recorte al financiamiento requerido por el INE para organizar correctamente la consulta de revocación de mandato.

En su informe, señaló que la disminución presupuestal impactó directamente en la cantidad de casillas que se instalarían en el ejercicio, pero también redundó en que se contratara a menos Capacitadores y Asistentes Electorales (CAE) y Supervisores Electorales (SE), se redujera el apoyo financiero a los consejos distritales y locales, se utilizara papel convencional para la impresión de boletas y se dispusieran menos insumos sanitarios en las casillas.

La OEA señaló que no es la primera vez que se le niegan al INE los fondos necesarios para organizar un ejercicio de participación directa, pues lo mismo sucedió el año pasado en lo relativo a la consulta popular.

“La Misión comprende las limitaciones fiscales que enfrentan los países de la región en la actualidad, en un contexto todavía marcado por la pandemia de COVID-19 y el impacto que esta ha tenido en las economías nacionales. Sin embargo, para que las autoridades electorales sean capaces de cumplir con sus responsabilidades de manera efectiva, es fundamental que se les garantice el presupuesto y que este sea entregado oportunamente. La Misión desea además resaltar que, dada la naturaleza de los mecanismos de democracia directa, debido a que estos no son procesos con fecha de realización periódica o previamente fijada, la asignación presupuestal es una condición indispensable para su realización”, dice el reporte.

“La Misión advierte con preocupación que esta es la segunda vez en dos años consecutivos que al INE no se le garantizan los recursos solicitados para la organización de un proceso electoral, y espera que esta tendencia no se consolide, dado que podría tener un impacto nocivo sobre su fortaleza y autonomía”.

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