Comisión de la Verdad y mejor utilización de los recursos, piden damnificados del 19S
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Tercero Díaz / Cuartoscuro.com

Comisión de la Verdad y mejor utilización de los recursos, piden damnificados del 19S

El gobierno de la ciudad no puede invertir 60 millones de pesos en un memorial “cuando todavía no hay una reparación digna e integral” para los damnificados del 19S, reclaman organizaciones y afectados, quienes propusieron en su lugar una reconstrucción segura centrada en las personas y no en los inmuebles.
Tercero Díaz / Cuartoscuro.com
Por César Reveles
2 de mayo, 2018
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Un grupo de organizaciones y activistas sociales propusieron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) la creación de un memorial “donde se informe la verdad que investigaciones ciudadanas y experiencias vecinales arrojan” sobre la situación de los damnificados tras el sismo del 19 de septiembre, además de la instauración de una Comisión de la Verdad 19S que “garantice un debido proceso y respete los derechos humanos de las personas afectadas”.

Esta propuesta se da luego de que el pasado 28 de abril la Seduvi lanzara una convocatoria para convertir el espacio que antes ocupaba el inmueble de Álvaro Obregón 286 en un “memorial” para honrar a las víctimas del sismo de magnitud 7.1 que sacudió el centro y sur del país el pasado 19 de septiembre. Para este proyecto, el gobierno de Ciudad de México destinará un presupuesto de 60 millones de pesos.

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Las organizaciones consideran que tal cantidad de dinero no puede invertirse en un proyecto como el memorial propuesto por la SEDUVI, “cuando todavía no hay una reparación digna e integral” para las personas damnificadas.

“No queremos un monumento que dé carpetazo al #19s, queremos #NuestroMemorial19S que abra la verdad, apoye la reconstrucción segura y dé atención a los afectados, recuerde dignamente y que nos ayude a prevenir otra emergencia”, plantean las organizaciones.

Por esta razón proponen un memorial distinto al planteado por la SEDUVI, con el acompañamiento de las personas afectadas para escuchar sus experiencias y necesidades, y con base en ellas crear estrategias que les ayuden a superar la situación que atraviesan.

También proponen la instauración de una #ComisiónDeLaVerdad19S conformada por “personas afectadas por el sismo, expertos en las ciencias y disciplinas que intervienen en la planeación de la Ciudad y las autoridades correspondientes. Así como organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación interesados para comenzar un proceso de memoria, verdad y justicia”.

 

Irregularidades y falta de acceso a derechos durante la reconstrucción

Para ello las organizaciones anunciaron una jornada de presentación de quejas, que serán interpuestas por las personas damnificadas ante la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHDF); así como la entrega del “Informe sobre violaciones a los derechos humanos de personas afectadas a siete meses del sismo del 19 de septiembre: hacia una Comisión de la Verdad”, elaborado por la organización CIUDADanía19s.

Leer: A 7 meses del sismo, damnificados de Tlalpan siguen esperando regresar a sus hogares. 

Dicho informe -realizado con la ayuda de damnificados, líderes y grupos vecinales, documentación de casos, entrevistas con funcionarios y el seguimiento de notas periodísticas- tiene el objetivo de evidenciar los hechos que durante siete meses “han dado pie a violaciones a los derechos humanos de las personas afectadas en la Ciudad de México”, así como ayudar a crear estrategias de atención y una política pública de reconstrucción que incluya la participación ciudadana.

Entre las principales violaciones a los derechos humanos de los damnificados, las organizaciones destacan las siguientes:

  1. Violaciones al debido proceso, acceso a la justicia y certeza jurídica en relación a la atención de personas afectadas y dictámenes de edificios;
  2. Falta de mecanismos adecuados para la aplicación de la ley;
  3. Acceso desigual a la asistencia, servicios básicos, y discriminación en la prestación de asistencia;
  4. Pérdida de documentación y dificultades para reemplazarla, especialmente debido a la falta de mecanismos adecuados para su obtención;
  5. Acceso restringido a un sistema judicial imparcial y eficiente;
  6. Falta de mecanismos eficaces para la retroalimentación y presentación de reclamos;
  7. Violaciones al derecho a saber, en relación con acceso a la información, transparencia y participación;
  8. Afectaciones al goce y ejercicio del derecho a la educación;
  9. Violaciones a la protección, respeto y garantía del derecho a una vivienda digna;
  10. Afectaciones al derecho a la ciudad en relación a la vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México.
  11. Regreso o reasentamiento peligroso de personas desplazadas por el desastre; falta de restitución de la propiedad y acceso a la tierra.

El Estado, como principal responsable de proteger los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción, no puede olvidarse de su obligación de proteger los derechos constitucionales de las personas afectadas por los temblores, puesto que estas no los han perdido, resalta el informe. También hace énfasis en la necesidad de centrar el enfoque de la reconstrucción en las personas y no en los inmuebles, toda vez que el fracaso de las medidas dirigidas a la población derivan inevitablemente en el aumento de los “riesgos, y refuerzan la discriminación y la exclusión”.

Las organizaciones autoras del informe exigen a las autoridades que las personas damnificadas tras el sismo cuenten y tengan acceso a los siguientes derechos:

  • Tener acceso fácil de información, en un idioma que entiendan sobre la naturaleza y nivel del desastre, las medidas de mitigación del riesgo y vulnerabilidad, la asistencia humanitaria y esfuerzos de recuperación disponibles, sus derechos de acuerdo con el derecho internacional y nacional.
  • Ser consultadas e informadas sobre la planificación y ejecución de las distintas acciones de respuesta ante el desastre.
  • Reclamar y ejercer sus derechos, incluyendo el acceso al sistema judicial.
  • Los derechos humanos de las personas afectadas y el impacto de las actividades humanitarias sobre ellos deberán ser regularmente vigilados.

El problema central, de acuerdo con este informe, es que durante el proceso de reconstrucción ha imperado una falta de claridad en la atención para las personas damnificadas, además de que no hay un camino institucional que señale a qué autoridad recurrir para comenzar un proceso de atención, ni los pasos a seguir y requisitos para acceder a los programas y recursos financieros que, de acuerdo al Programa y el Presupuesto, están disponibles.

“A lo anterior se suma la falta de institucionalización y publicidad de las reuniones que las autoridades tienen con los vecinos afectados, las cuales carecen de información oficial, seriedad, falta de minutas, respeto y seguimiento de acuerdos, situación que se ha exacerbado con el constate cambio de los funcionarios titulares de las instituciones encargadas de la reconstrucción”, como la Comisión para la Reconstrucción, SEDUVI, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y el INVI.

Respecto a los casos específicos que llaman la atención por la falta de una debida investigación y sanción a las personas responsables, destacan:

  • El edificio de Zapata 56 en la colonia Portales que colapsó a menos de un año de habitado.
  • El caso de Nuevo León 238 en la colonia Hipódromo Condesa, donde se construyó ilegalmente un helipuerto que durante el sismo provocó graves afectaciones a los edificios colindantes por la sobrecarga de peso causada por dicho helipuerto.
  • El inmueble de Álvaro Obregón 286, donde falleció un número considerable de personas porque el edificio colapsó por las malas condiciones en las que se encontraba.
  • El caso de Bolívar 186, la fábrica de trabajadoras textiles de Chimalpopoca que en un contexto de irregularidades fallecieron personas por el mal estado estructural que tenía el inmueble desde el sismo de 1985.

Finalmente, en relación a la falta de acceso a la información y transparencia desde el momento inmediato de la emergencia a la fecha, el informe destaca que:

  • No existe información pública sobre los efectos negativos del sismo y existen declaraciones contradictorias de autoridades sobre estos daños.
  • No existe un censo público del total de personas afectadas.
  • No existe un censo público de edificios dañados por el sismo, excepto lo registrado en la plataforma, donde hay una frecuente manipulación de la información.
  • No existe un censo público de edificios de gobierno ni escuelas afectadas por el sismo.
  • No se tiene acceso a un Atlas de Riesgos actualizado y microzonificado que permita determinar parámetros de construcción para una reconstrucción segura.
  • Contrario a lo que establece la Ley de Reconstrucción, las sesiones de la Comisión para la Reconstrucción no son públicas ni las minutas de las reuniones están disponibles.
  • No son públicos los estándares que se utilizaron para realizar los estudios socioeconómicos que la Ley de Reconstrucción establece como necesarios para determinar el acceso a ciertos programas de gobierno.
  • Existe información poco accesible sobre los perfiles de las personas capacitadas para realizar dictámenes estructurales (formación, experiencia, etc.). Esto propicia corrupción y acciones irresponsables al emitir los dictámenes.
  • No hay una lista pública de constructoras o desarrolladoras acreditadas para realizar la reparación, rehabilitación y reconstrucción de edificios.
  • Existe poca transparencia sobre los recursos disponibles para la reconstrucción y el destino de los mismos. No hay información del total de presupuesto público y de donaciones internacionales disponibles para la reconstrucción, ni existen reportes públicos que expliquen cuánto de ese dinero ha sido ejercido y en qué rubros.

Estos hallazgos retrasan los procesos de demolición, rehabilitación o reconstrucción de edificios, pero principalmente pone en riesgo la integridad personal y la vida de las personas damnificadas, argumentan.

Por tal motivo se plantea la creación de una Comisión de la Verdad, además de utilizar los recursos destinados para el memorial en beneficio real de los damnificados, y solicitan a las autoridades que garanticen una atención digna e integral.

“Todavía no hay reconstrucción #19s y nuestros gobiernos deben atender las responsabilidades que les competen y no preocuparse por los periodos y campañas electorales”, finaliza el informe.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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Coronavirus: los países de América Latina cuyas economías tardarán más en recuperarse de la pandemia

América Latina será la región más golpeada del mundo, pero algunos países están más preparados que otros. Los analistas apuntan a los más endeudados como los que más tardarán en reponerse del golpe del virus.
13 de octubre, 2020
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Mujer esperando

EPA
No todos los países tendrán que esperar lo mismo para recuperar su nivel de PIB.

Todos los informes económicos que publican los organismos internacionales repiten la advertencia: América Latina será la región más golpeada por la pandemia de coronavirus.

Para la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal) se trata de la mayor crisis económica en un siglo para la región.

Pese a que empieza a detectar señales positivas inesperadas, el Banco Mundial calculó que el Producto Interno Bruto del área caerá un 7,9% en 2020, un desplome sin precedentes en la historia reciente.

Pero Abhijit Surya, analista especializado en América Latina de la Unidad de Inteligencia Económica de “The Economist” advierte: “Hay países que se van recuperar muy rápidamente, como Chile o Uruguay, y otros que tienen muchos problemas que no lograrán superar hasta probablemente 2023 ó 2024″.

En realidad, determinar cuándo un país se ha recuperado de una crisis no es sencillo y los economistas tienen diferentes ideas sobre cuáles son los indicadores que hay que observar para ello.

Uno de los que más a menudo se utilizan es el Producto Interno Bruto, el valor total de los bienes y servicios producidos en un país en un periodo determinado.

Pese a las dudas que genera sobre el comportamiento de la economía el virus, para el que aún no hay disponible una vacuna efectiva, se espera que el PIB de la mayoría de los países latinoamericanos vuelva a crecer ya en 2021.

Pero el PIB regional no recuperará los niveles previos a la pandemia al menos hasta 2023.

En algunos países esa ardua senda hacia la recuperación de la riqueza perdida podría ser aún más larga.

Surya indica que “a los países que puedan mantener por más tiempo los estímulos a la economía les irá mejor en la fase de recuperación”.

Deuda fiscal en América Latina. (como % del PIB). .

Como sucedió en otros lugares, cuando el coronavirus golpeó a los países de la región, los gobiernos que pudieron permitírselo comenzaron a adoptar medidas para apoyar a la economía, desde las ayudas directas a las familias puestas en marcha en Brasil por el presidente Jair Bolsonaro, hasta los programas de compra de deuda pública adoptados por los bancos centrales de Chile y Colombia.

El objetivo era apoyar el crecimiento y la actividad en un momento en el que el virus los deprimía sin piedad.

Pero la persistencia de la pandemia obligará a los países a mantener este esfuerzo extra y nadie sabe por cuánto tiempo.

En palabras de Martín Rama, economista jefe para la región del Banco Mundial: “Cuando empezó la pandemia se aplicaron estímulos como si se tratara de un esprint; ahora vemos que va a ser más bien una maratón”.

¿Quiénes son los peor equipados para una carrera de fondo de estas características?

Los economistas lo tienen claro. A mayor endeudamiento, mayor riesgo. Cuanto mayor sea la deuda de un país, menor margen tendrá para seguir apoyando a sus empresas y ciudadanos.

Estos son los países con el pronóstico más oscuro en la América Latina pandémica.

Argentina

Con una de las cuarentenas más largas y estrictas de la región, la de argentina es una de las economías que más ha sufrido y el Banco Mundial estima que el país cerrará 2020 con un 12,3% menos en su PIB y casi el doble de pobres que a comienzos de año.

El gobierno de Alberto Fernández aplicó medidas de estímulo por valor del 3,5% del PIB, pero Argentina, agobiada por problemas de solvencia desde hace décadas no puede mantener ese esfuerzo indefinidamente.

Buenos Aires.

Reuters
La economía argentina sigue lastrada por su alto endeudamiento.

Surya señala que “en algún momento las van a tener que retirar porque no es sostenible fiscalmente”.

Fernández logró un respiro a comienzos de año cuando acordó con los acreedores una reestructuración de más de US$66.000 millones de la deuda vencida.

William Jackson, analista de la consultora británica Capital Economics le dijo a BBC Mundo que “el gobierno actuó rápido en la reestructuración de la deuda, pero en realidad lo que hizo fue aplazar un problema que va volver a plantearse a mediados de la década”.

Alberto Ramos, investigador para América Latina de la firma Goldman Sachs tampoco es optimista. “Argentina tiene mucha dificultad e incertidumbre, pese a la reestructuración, porque tiene un gran déficit fiscal que se está monetizando y esto está generando mucha presión cambiaria”.

Esta dinámica amenaza con agravar la espiral de la inflación, aumento de los precios, en la que la economía argentina lleva años atrapada, un lastre para el crecimiento.

A todo ello se suman los controles cambiarios y de precios que entorpecen la actividad económica y que, a juicio de los analistas, disuaden a potenciales inversores.

El Banco Mundial cree que el PIB de Argentina no recuperará su nivel anterior a la pandemia antes de 2023.

Ecuador

Ecuador también acordó recientemente una reestructuración de su deuda, que alcanza ya el 68,9% de su PIB. Un obstáculo demasiado grande para hacer el esfuerzo fiscal que requiere la situación actual.

Con un déficit fiscal que se ha disparado hasta el 8,9% este año, Ecuador se enfrenta al más difícil reto de aumentar sus ingresos fiscales sin ahogar aún más su ya golpeada economía.

“Podríamos ver un retorno a la austeridad cuando la economía aún está sufriendo”, indica Jackson.

Mujer en Ecuador.

Reuters
Ecuador ha sido muy afectado por el virus y su economía se resentirá.

Los analistas del Banco Mundial señalan que la economía ecuatoriana necesita “reformas estructurales”, pero cuando en octubre de 2019 el presidente Lenín Moreno intentó aumentar los impuestos al combustible para así incrementar los ingresos del Estado se encontró con masivas protestas que le obligaron a rectificar.

Ramos advierte que “el clima de tensión política se mantiene en el país y podría afectar al crecimiento”.

Ecuador es otro de los candidatos a no recuperar su PIB de 2019 al menos hasta 2023.

México

La recuperación será también probablemente mas lenta en México.

Al contrario que a Argentina o a Ecuador, su lastre no será la deuda.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con la promesa de sanear las cuentas públicas y reducir el déficit público, y la pandemia no parece haberlo desviado de su objetivo.

“En circunstancias normales eso está bien, pero en este momento necesitas más gasto público”, dice Surya.

AMLO

Reuters
El presidente de México prioriza frenar el déficit y muchos economistas que creen que no es el momento de eso.

El gobierno mexicano ha sido uno de los más reacios a aplicar medidas de apoyo a la economía, lo que probablemente explique en parte que el PIB mexicano vaya a reducirse en torno a un 10% en 2020.

La caída del turismo, clave para México, también ha golpeado la economía, y lo peor es que los expertos coinciden en que ese será uno de los últimos sectores en recuperarse.

El descenso de los precios del petróleo tampoco ayuda a México, que, paradójicamente, podría estar también ante su gran oportunidad.

Los problemas en el transporte y el peligro potencial de restricciones aduaneras han llevado a “una tendencia global a acercar las cadenas de suministro a los mercados, y México está muy cerca del gran mercado que es Estados Unidos”, afirma Surta.

Pero, según señala Ramos, de Goldman Sachs, el gobierno de López Obrador, “no ha creado el ambiente más favorable a los negocios”.

Venezuela

Sin cifras oficiales desde hace años, el Banco Mundial no incluye a Venezuela en sus análisis, pero según apunta Jackson, de Capital Economics, en un contexto de precios del petróleo bajos “las cosas no harán sino empeorar en un país que ya era una tragedia antes de la pandemia”.

La Unidad de Inteligencia Económica de The Economist” cree que el país perderá este año cerca de un 30% de su PIB en 2020, con lo que desde que Nicolás Maduro llegó al poder acumulará una caída cercana al 70%.

El gobierno venezolano culpa a las sanciones de Estados Unidos de sus problemas económicos, mientras que la mayoría de observadores los achacan a la mala política económica del gobierno y a graves problemas estructurales de la economía venezolana.

Ningún informe pronostica cuándo el PIB de Venezuela dejará de caer y tampoco cuándo recuperará su nivel de 2019.

Según la ONU, un tercio de los venezolanos no recibe comida suficiente y millones de ellos han abandonado su país en los últimos años.


Datos positivos inesperados

Pese al sombrío panorama general, el último informe del Banco Mundial detectó algunos datos positivos inesperados para América Latina.

El comercio mundial está volviendo a niveles prepandemia, lo que favorece a los países de la regiónque dependen de las exportaciones de materias primas, cuyo precio en los mercados internacionales se ha mantenido, quizá favorecido por la recuperación vigorosa de la demanda de China.

También se ha mantenido el volumen de remesas. Pese a un pronunciado descenso inicial, los migrantes latinoamericanos siguen enviando dinero que ha ayudado a sostenerse a muchos en sus países de origen.

También han sido más “robustos” de lo esperado las medidas de estímulo aplicadas por gobiernos y bancos centrales.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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