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Cómo el gobierno de Estados Unidos perdió el rastro de casi 1,500 niños inmigrantes
En abril pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos reconoció ante el Congreso que la agencia "perdió el rastro" de 1.475 menores migrantes centroamericanos que había colocado con tutores u otras personas responsables. ¿Cómo es esto posible?
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Por BBC Mundo
22 de mayo, 2018
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Cristian* tardó tres meses en llegar a Estados Unidos, aunque dice que tal vez fueron cuatro o cinco.

No recuerda. Cuenta que hubo días que se fueron muy rápido y otros que duraron mucho.

Cuando tenía 14 años, a inicios de 2017, salió de San Casimiro, un caserío cercano a Metapán, en el norte profundo de El Salvador.

Lo mandaron sus padres, para que se “se salvara” y para que los ayudara después. Dice que eran muy pobres, que había mucha violencia, que pasaban hambre.

Cruzó dos países caminando o pagando, atravesó selvas, ríos y lagos, montó la Bestia (el tren que cruza desde México hasta Estados Unidos) y finalmente llegó a la frontera.

Estuvo detenido un tiempo y luego lo ubicaron en un albergue en Florida. Un tío que no conocía lo acogió por unas semanas y luego se fue a California solo, donde trabaja actualmente en una granja por US$7,50 la hora.

Como cambió de dirección y estado y no lo reportó ante las autoridades, nunca pudo presentarse antes la corte que debía decidir su solicitud de asilo.

Ahora, según cuenta en conversación telefónica con BBC Mundo, anda escondido “de la migra”.

No es el único.

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Desde 2008, más de 250.000 niños sin acompañantes provenientes de Centroamérica han sido detenidos en la frontera de EE.UU.

En abril pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés), encargado de la atención a estos menores migrantes que llegan solos a Estados Unidos, reconoció ante el Congreso que la agencia “perdió el rastro” de 1.475 de ellos.

El número refleja únicamente la cantidad de menores que la agencia se vio incapacitada de localizar entre los 7.635 que ubicó en hogares de diferentes personas que se hicieron responsables de ellos en los últimos tres meses de 2017.

“Creo que esa cifra (la ofrecida por la HHS ante el Congreso) no da cuenta del número real de menores en estas circunstancias. Fueron 1.500 en esa etapa, pero yo diría que en total son cientos de miles los que no sabe en dónde están“, le asegura a BBC Mundo Eric Hershberg, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University y estudioso del tema.

Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indican que entre octubre y abril pasado aprehendieron a un total de 26.001 menores de edad, que llegaron sin ningún tipo de acompañamiento.

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AFP
Entre octubre de 2017 y abril de este año, más de 26.001 menores de edad llegaron a la frontera con Estados Unidos sin acompamiento.

Un portavoz del HHS le indicó a BBC Mundo que, desde 2008, la agencia se hizo cargo de más de 250.000.

Pero poco se sabe de los que, tras ser liberados, les perdieron el rastro.

BBC Mundo solicitó información al HHS sobre el total de menores migrantes de los que desconoce el paradero, pero la agencia respondió que no ofrecería comentarios ni nueva información pública antes de proporcionar una respuesta oficial al Congreso, que investiga actualmente esta situación.

Perdidos en el sistema

Mark Greenberg, quien fuera director del HHS entre 2013 y 2017, le explica a BBC Mundo que en la mayor parte de los casos se trata de menores de edad que salieron desde El Salvador, Honduras, México o Guatemala huyendo de las pandillas o para buscar mejores condiciones de vida en Estados Unidos.

“Algunos vienen porque sus padres están aquí desde hace tiempo o tienen algún familiar, pero hay que no tienen a nadie. Actualmente, más del 60% de los que llegan no tienen sus padres en Estados Unidos”, afirma.

Greenberg indica que cuando estos menores llegan sin compañía son enviados a albergues especiales que controla la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

“Mientras están allí, la meta es encontrar un familiar o amigo de la familia con el que puedan residir mientras esperan su procedimiento migratorio”, señala.

Pero es en esa circunstancia cuando, en muchos casos, se desconoce qué pasa después.

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Son niños y adolescentes menores de 18 años y llegan solos desde Guatemala, Honduras, México o El Salvador.

Lo que ocurre, explica Greenberg, es que una vez que son entregados a los nuevos tutores el gobierno se desentiende de la custodia de los menores y no hay un programa que le dé un seguimiento a su situación posterior.

“Hay un procedimiento de hacer una llamada telefónica a los 30 días de entregar la custodia para saber si la familia o persona que se hizo cargo tiene preguntas, alguna necesidad de servicios, referencias… Pero más allá de esto, no existe otro tipo mecanismo y, en ocasiones, se da el caso de que cuando se hace esa llamada, ya los menores no están con esas personas y se les pierde el rastro”, señala.

Es en este punto, según Eric Hershberg, cuando las deficiencias del mecanismo utilizado por las autoridades para el seguimiento de estos menores complica aún más su situación legal en Estados Unidos.

“La mayor parte de las veces pasa que no acuden la audiencia donde se decidirá su estatus migratorio. Pero esto ocurre porque ni siquiera saben que la tenían, porque las citas les son enviadas muchas veces a lugares donde ya ellos no están”, explica el profesor de la American University.

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Cuando llegan a la frontera, los menores sin acompañamiento son detenidos hasta que los envían a unos albergues temporales.

Al no acudir a las cortes, los menores violan sus términos de admisión, lo que resulta generalmente en una orden de deportación en ausencia.

“En realidad el gobierno no tiene los medios para localizar a estos chicos, pero como pierden su estatus legal, muchos de ellos se sienten como fugitivos y comienzan a ocultarse de las autoridades, lo que da paso a que ocurran muchas situaciones irregulares”, sostiene Hershberg.

Pero la polémica en torno al mecanismo de ubicación y a la forma en que se pierde el rastro de estos menores no queda ahí.

Una investigación de medios estadounidenses de 2016 reveló que más de 20 menores fueron enviados a hogares donde fueron agredidos sexualmente, apenas recibían alimentos o eran obligados a trabajar por poco o ningún salario.

Algunos vivían con personas que habían tomado la custodia de varios de ellos sin ningún parentesco, lo que fue visto por las autoridades como un posible caso de tráfico de personas.

Poco antes, en 2014, otro grupo de menores guatemaltecos fueron obligados a trabajar en una granja de huevos en Ohio bajo amenaza de muerte.

“Les entregamos la custodia porque creímos que eran familiares y amigos, y al final resultó que eran traficantes de personas”, comenta el exdirector de la HHS.

“Desde entonces se introdujo un cambio en las leyes para disminuir las posibilidades de que esto volviera a pasar, pero todavía queda un sistema que no es capaz de dar cuenta de lo que pasa con la mayoría de estos niños después de que salen de los albergues“, afirma.

La vida después

Sin embargo, es precisamente cuando salen del cuidado de las instituciones del gobierno que comienza la etapa más difícil para ellos en Estados Unidos, según Hershberg.

“Estos menores enfrentan desafíos muy difíciles para integrarse a nuevos hogares y nuevas comunidades. Una de las condiciones para que puedan residir en Estados Unidos es que deben ir a la escuela, pero la integración allí tampoco es fácil. Hay problemas de idiomas, ya que la mayoría de las veces no dominan el inglés y quieren trabajar, pero no tienen permitido el empleo”, señala.

“Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones son menores que han experimentado traumas de distintos tipos en sus países, algunos muy graves, y no reciben ningún tipo de tratamiento para esto”, agrega.

Ahora, las condiciones para ellos pueden empeorar tras los planes de Donald Trump para facilitar la deportación de estos menores.

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El gobierno de Trump busca poner freno a la llegada de estos menores y facilitar su deportación

Y es que el actual gobierno ha sugerido en varias ocasiones que una de las soluciones para frenar el fenómeno de las pandillas centroamericanas en Estados Unidos es “cerrar el paso” a los niños y adolescentes que llegan sin acompañamiento a territorio estadounidense.

De hecho, en su primer discurso sobre el estado de la Unión en enero pasado, el presidente pidió al Congreso eliminar “lagunas flagrantes” en las leyes que, en su opinión, usaban los “los pandilleros” para “ingresar al país como menores no acompañados”.

Sin embargo, en opinión de Greenberg, las cifras que manejó durante su paso por el HHS no sostienen una correlación entre la presencia de estos menores y las actividades ilegales de grupos como la Mara Salvatrucha.

Hershberg, por su parte, considera la relación entre estos menores y el fenómeno de las pandillas se manifiesta en otro sentido.

“Nuestros estudios muestran que en comunidades donde ha habido un influjo importante de jóvenes centroamericanos las pandillas que existen en esas comunidades a veces enfocan sus esfuerzos para victimizar a estos jóvenes o para reclutarlos”, señala.

Al mismo tiempo, hemos visto que en las comunidades donde hay programas que facilitan la incorporación de estos menores en escuelas, en familias estables, en condiciones con viviendas dignas, no suelen ser proclives a afiliarse con estos grupos criminales más de que lo haría cualquier otro joven de su edad o circunstancia“, asegura.

En su opinión, restringir los mecanismos de integración de estos jóvenes podría conllevar a mayores índices de delincuencia y a comportamientos antisociales.

“Si como están las cosas ahora se les pierde el rastro a tantos miles de menores, entonces ¿qué podría pasar si seguimos haciendo las cosas más difíciles para ellos?”, se cuestiona.


*No es su nombre real.


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Cuartoscuro Archivo
Daniel y Reyes cumplen 17 años en prisión preventiva, el mayor tiempo sin sentencia en el mundo
A pesar de que desde 2017 varios organismos internacionales se han pronunciado contra esta medida, las autoridades siguen sin aclarar su situación legal.
Cuartoscuro Archivo
28 de febrero, 2019
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Daniel García y Reyes Alpizar cumplieron 17 años en prisión, sin que las autoridades les hayan dictado sentencia, por un delito que no cometieron.

De acuerdo con el colectivo Pena Sin Culpa, esta es una medida de prisión preventiva récord a nivel mundial.

A pesar de que desde 2017 organismos internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Instituto de Justicia Procesal Penal se han pronunciado contra esta medida, que consideran una “privación de la libertad de carácter arbitrario”, las autoridades continúan sin liberarlos y sin aclarar su situación legal.

El 25 de febrero de 2002, Daniel García Reyes fue detenido cuando se dirigía a casa de su padre; dos hombres lo interceptaron a bordo de un vehículo particular, y le informaron que solicitaban su presencia en la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, Estado de México, para declarar por un homicidio.

Tras 14 horas de detención e incomunicación, le notificaron que había una orden de arraigo en su contra por 30 días.

Exactamente ocho meses después de la detención de Daniel García, el 25 de octubre de 2002, Reyes Alpízar también fue detenido, cuando esperaba un camión para ir a su domicilio. El hombre fue trasladado a la Subprocuraduría de Tlalnepantla, donde lo torturaron física y psicológicamente y posteriormente fue arraigado.

Ambos fueron acusados de cometer homicidio en contra de una regidora de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El colectivo Pena Sin Culpa acusa que las autoridades han fabricado a los culpables y los han torturado, además de que han estado por 17 años encarcelados sin sentencia, aunque la Constitución establece que la prisión preventiva en ningún caso puede ser superior a dos años.

Este miércoles, en conferencia de prensa, Pena Sin Culpa recordó que desde 2017 el Grupo de detenciones arbitrarias de la ONU pidió la liberación inmediata de los detenidos, y anunció que en los próximos días la CIDH emitirá un informe sobre el caso.

Además, exigió al gobernador del Estado de México, Alfredo del Maso, atender la exigencia de liberación de Daniel García y Reyes Alpizar, quienes han vivido “falta de protección judicial y violaciones al debido proceso”.

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