Cómo el gobierno de Estados Unidos perdió el rastro de casi 1,500 niños inmigrantes
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Cómo el gobierno de Estados Unidos perdió el rastro de casi 1,500 niños inmigrantes

En abril pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos reconoció ante el Congreso que la agencia "perdió el rastro" de 1.475 menores migrantes centroamericanos que había colocado con tutores u otras personas responsables. ¿Cómo es esto posible?
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Por BBC Mundo
22 de mayo, 2018
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Cristian* tardó tres meses en llegar a Estados Unidos, aunque dice que tal vez fueron cuatro o cinco.

No recuerda. Cuenta que hubo días que se fueron muy rápido y otros que duraron mucho.

Cuando tenía 14 años, a inicios de 2017, salió de San Casimiro, un caserío cercano a Metapán, en el norte profundo de El Salvador.

Lo mandaron sus padres, para que se “se salvara” y para que los ayudara después. Dice que eran muy pobres, que había mucha violencia, que pasaban hambre.

Cruzó dos países caminando o pagando, atravesó selvas, ríos y lagos, montó la Bestia (el tren que cruza desde México hasta Estados Unidos) y finalmente llegó a la frontera.

Estuvo detenido un tiempo y luego lo ubicaron en un albergue en Florida. Un tío que no conocía lo acogió por unas semanas y luego se fue a California solo, donde trabaja actualmente en una granja por US$7,50 la hora.

Como cambió de dirección y estado y no lo reportó ante las autoridades, nunca pudo presentarse antes la corte que debía decidir su solicitud de asilo.

Ahora, según cuenta en conversación telefónica con BBC Mundo, anda escondido “de la migra”.

No es el único.

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Desde 2008, más de 250.000 niños sin acompañantes provenientes de Centroamérica han sido detenidos en la frontera de EE.UU.

En abril pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés), encargado de la atención a estos menores migrantes que llegan solos a Estados Unidos, reconoció ante el Congreso que la agencia “perdió el rastro” de 1.475 de ellos.

El número refleja únicamente la cantidad de menores que la agencia se vio incapacitada de localizar entre los 7.635 que ubicó en hogares de diferentes personas que se hicieron responsables de ellos en los últimos tres meses de 2017.

“Creo que esa cifra (la ofrecida por la HHS ante el Congreso) no da cuenta del número real de menores en estas circunstancias. Fueron 1.500 en esa etapa, pero yo diría que en total son cientos de miles los que no sabe en dónde están“, le asegura a BBC Mundo Eric Hershberg, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University y estudioso del tema.

Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indican que entre octubre y abril pasado aprehendieron a un total de 26.001 menores de edad, que llegaron sin ningún tipo de acompañamiento.

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AFP
Entre octubre de 2017 y abril de este año, más de 26.001 menores de edad llegaron a la frontera con Estados Unidos sin acompamiento.

Un portavoz del HHS le indicó a BBC Mundo que, desde 2008, la agencia se hizo cargo de más de 250.000.

Pero poco se sabe de los que, tras ser liberados, les perdieron el rastro.

BBC Mundo solicitó información al HHS sobre el total de menores migrantes de los que desconoce el paradero, pero la agencia respondió que no ofrecería comentarios ni nueva información pública antes de proporcionar una respuesta oficial al Congreso, que investiga actualmente esta situación.

Perdidos en el sistema

Mark Greenberg, quien fuera director del HHS entre 2013 y 2017, le explica a BBC Mundo que en la mayor parte de los casos se trata de menores de edad que salieron desde El Salvador, Honduras, México o Guatemala huyendo de las pandillas o para buscar mejores condiciones de vida en Estados Unidos.

“Algunos vienen porque sus padres están aquí desde hace tiempo o tienen algún familiar, pero hay que no tienen a nadie. Actualmente, más del 60% de los que llegan no tienen sus padres en Estados Unidos”, afirma.

Greenberg indica que cuando estos menores llegan sin compañía son enviados a albergues especiales que controla la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

“Mientras están allí, la meta es encontrar un familiar o amigo de la familia con el que puedan residir mientras esperan su procedimiento migratorio”, señala.

Pero es en esa circunstancia cuando, en muchos casos, se desconoce qué pasa después.

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Son niños y adolescentes menores de 18 años y llegan solos desde Guatemala, Honduras, México o El Salvador.

Lo que ocurre, explica Greenberg, es que una vez que son entregados a los nuevos tutores el gobierno se desentiende de la custodia de los menores y no hay un programa que le dé un seguimiento a su situación posterior.

“Hay un procedimiento de hacer una llamada telefónica a los 30 días de entregar la custodia para saber si la familia o persona que se hizo cargo tiene preguntas, alguna necesidad de servicios, referencias… Pero más allá de esto, no existe otro tipo mecanismo y, en ocasiones, se da el caso de que cuando se hace esa llamada, ya los menores no están con esas personas y se les pierde el rastro”, señala.

Es en este punto, según Eric Hershberg, cuando las deficiencias del mecanismo utilizado por las autoridades para el seguimiento de estos menores complica aún más su situación legal en Estados Unidos.

“La mayor parte de las veces pasa que no acuden la audiencia donde se decidirá su estatus migratorio. Pero esto ocurre porque ni siquiera saben que la tenían, porque las citas les son enviadas muchas veces a lugares donde ya ellos no están”, explica el profesor de la American University.

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Getty Images
Cuando llegan a la frontera, los menores sin acompañamiento son detenidos hasta que los envían a unos albergues temporales.

Al no acudir a las cortes, los menores violan sus términos de admisión, lo que resulta generalmente en una orden de deportación en ausencia.

“En realidad el gobierno no tiene los medios para localizar a estos chicos, pero como pierden su estatus legal, muchos de ellos se sienten como fugitivos y comienzan a ocultarse de las autoridades, lo que da paso a que ocurran muchas situaciones irregulares”, sostiene Hershberg.

Pero la polémica en torno al mecanismo de ubicación y a la forma en que se pierde el rastro de estos menores no queda ahí.

Una investigación de medios estadounidenses de 2016 reveló que más de 20 menores fueron enviados a hogares donde fueron agredidos sexualmente, apenas recibían alimentos o eran obligados a trabajar por poco o ningún salario.

Algunos vivían con personas que habían tomado la custodia de varios de ellos sin ningún parentesco, lo que fue visto por las autoridades como un posible caso de tráfico de personas.

Poco antes, en 2014, otro grupo de menores guatemaltecos fueron obligados a trabajar en una granja de huevos en Ohio bajo amenaza de muerte.

“Les entregamos la custodia porque creímos que eran familiares y amigos, y al final resultó que eran traficantes de personas”, comenta el exdirector de la HHS.

“Desde entonces se introdujo un cambio en las leyes para disminuir las posibilidades de que esto volviera a pasar, pero todavía queda un sistema que no es capaz de dar cuenta de lo que pasa con la mayoría de estos niños después de que salen de los albergues“, afirma.

La vida después

Sin embargo, es precisamente cuando salen del cuidado de las instituciones del gobierno que comienza la etapa más difícil para ellos en Estados Unidos, según Hershberg.

“Estos menores enfrentan desafíos muy difíciles para integrarse a nuevos hogares y nuevas comunidades. Una de las condiciones para que puedan residir en Estados Unidos es que deben ir a la escuela, pero la integración allí tampoco es fácil. Hay problemas de idiomas, ya que la mayoría de las veces no dominan el inglés y quieren trabajar, pero no tienen permitido el empleo”, señala.

“Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones son menores que han experimentado traumas de distintos tipos en sus países, algunos muy graves, y no reciben ningún tipo de tratamiento para esto”, agrega.

Ahora, las condiciones para ellos pueden empeorar tras los planes de Donald Trump para facilitar la deportación de estos menores.

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Getty Images
El gobierno de Trump busca poner freno a la llegada de estos menores y facilitar su deportación

Y es que el actual gobierno ha sugerido en varias ocasiones que una de las soluciones para frenar el fenómeno de las pandillas centroamericanas en Estados Unidos es “cerrar el paso” a los niños y adolescentes que llegan sin acompañamiento a territorio estadounidense.

De hecho, en su primer discurso sobre el estado de la Unión en enero pasado, el presidente pidió al Congreso eliminar “lagunas flagrantes” en las leyes que, en su opinión, usaban los “los pandilleros” para “ingresar al país como menores no acompañados”.

Sin embargo, en opinión de Greenberg, las cifras que manejó durante su paso por el HHS no sostienen una correlación entre la presencia de estos menores y las actividades ilegales de grupos como la Mara Salvatrucha.

Hershberg, por su parte, considera la relación entre estos menores y el fenómeno de las pandillas se manifiesta en otro sentido.

“Nuestros estudios muestran que en comunidades donde ha habido un influjo importante de jóvenes centroamericanos las pandillas que existen en esas comunidades a veces enfocan sus esfuerzos para victimizar a estos jóvenes o para reclutarlos”, señala.

Al mismo tiempo, hemos visto que en las comunidades donde hay programas que facilitan la incorporación de estos menores en escuelas, en familias estables, en condiciones con viviendas dignas, no suelen ser proclives a afiliarse con estos grupos criminales más de que lo haría cualquier otro joven de su edad o circunstancia“, asegura.

En su opinión, restringir los mecanismos de integración de estos jóvenes podría conllevar a mayores índices de delincuencia y a comportamientos antisociales.

“Si como están las cosas ahora se les pierde el rastro a tantos miles de menores, entonces ¿qué podría pasar si seguimos haciendo las cosas más difíciles para ellos?”, se cuestiona.


*No es su nombre real.


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Semáforo rojo y rebrote no frenaron fiestas Covid en Edomex, detectaron casi 9 mil en diciembre

Entre los municipios que son ‘focos rojos’ de ‘fiestas Covid’ están Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl.
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22 de enero, 2021
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Las ‘fiestas Covid’ no se detuvieron en el Estado de México en diciembre, a pesar del semáforo rojo y del rebrote de contagios que padece la entidad. 

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De acuerdo con datos que la Secretaría de Seguridad mexiquense proporcionó a Animal Político, en diciembre detectaron 8 mil 937 ‘fiestas Covid’, así como convivencias sociales y otros eventos que no cumplían con las medidas sanitarias, ni con las restricciones del semáforo epidemiológico. 

En contraste, tan solo unos días después de que se llevaran a cabo esos eventos no permitidos, Salud federal informó este 17 de enero que el Estado de México está en el top 3 de entidades de todo el país con mayor saturación hospitalaria por el virus, con una ocupación del 84% de camas generales; solo por detrás de la Ciudad de México, con el 88% de saturación; y del estado de Guanajuato, con el 86%. 

Además, el Edomex también está entre las tres primeras entidades con mayor número de pacientes intubados en camas con ventilador, con una ocupación del 81%. 

Precisamente, para tratar de contrarrestar estas cifras, el pasado 18 de diciembre autoridades mexiquenses, de la capital, y de la Secretaría de Salud federal, dieron una rueda de prensa conjunta en la que anunciaron la vuelta al semáforo rojo, luego de que la inercia de la pandemia en el Valle de México fuera claramente al alza en los meses de noviembre y diciembre. 

En ese acto, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, llamó a la población a ser “solidarios y responsables” y a evitar las reuniones en las festividades navideñas para frenar la actual oleada de contagios.

Sin embargo, las cifras oficiales del Edomex muestran que diciembre ha sido el mes con más fiestas detectadas por la Secretaría de Seguridad en lo que va de pandemia, tan solo por detrás de mayo, cuando detectó hasta 10 mil 195 fiestas, y abril, con otras 9 mil 056. 

En cuanto a los municipios que son ‘focos rojos’ de ‘fiestas Covid’, están Toluca, con 9 mil 496; Ecatepec, con 9 mil 423; Naucalpan, con 5 mil 896; Tlalnepantla, con 3 mil 866; y Nezahualcóyotl, con 3 mil 710. 

Más de 70 mil denuncias telefónicas por fiestas Covid 

Además, la Secretaría de Seguridad detalló que ha recibido a través del número de emergencias 9-1-1 un total de 70 mil 176 reportes de fiestas ilegales en pandemia, siendo los fines de semana cuando más llamadas reciben para que desmantelen estos eventos. 

Una de esas fiestas reportadas ocurrió apenas el pasado domingo 17 de enero, cuando vecinos del barrio Tlatelco, en la zona limítrofe entre Chimalhuacán y Ciudad Nezahualcóyotl, denunciaron una fiesta ilegal en una vivienda con al menos 200 personas. Ninguno de los asistentes usaba cubrebocas. 

Por su parte, el Instituto de Verificación Administrativa mexiquense informó a este medio que, entre el 26 de marzo del año pasado y el 18 de enero de este 2021, lleva realizados 21 mil 844 exhortos a negocios y empresas para que cumplan las medidas sanitarias durante la pandemia, de las que resultaron 35 establecimientos suspendidos y tres clausurados.  

Mientras que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM) lleva 14 mil 836 visitas de verificación desde que arrancó la pandemia, de las que resultaron la suspensión de al menos 600 negocios por no cumplir con las medidas sanitarias. 

 “Estamos haciendo esfuerzos enormes por contener esta pandemia. Pero también hay que decirlo: hay una parte de la sociedad que se está comportando de una manera muy irresponsable, sin acatar las medidas y haciendo fiestas como el virus no existiera”, denunció en entrevista Santiago Ramos Millán, titular de la COPRISEM; dependencia que, junto a Seguridad Pública y el Instituto de Verificación Administrativa, realiza las brigadas de inspección en la entidad para desmantelar fiestas Covid.

Ramos Millán expuso que a través del monitoreo de redes sociales, la COPRISEM ha detectado también múltiples fiestas clandestinas que se promocionan en Facebook, principalmente. 

Así “desactivaron” en las pasadas fiestas navideñas siete eventos multitudinarios en varios puntos del estado, como en Atenco, Ixtlahuaca, Toluca, Tlalnepantla, o Teotihuacán. En Teotihuacán era donde se esperaba el evento más grande: mil personas. 

“Es muy desgastante y también muy frustrante ver que el número de contagios va al alza en el Edomex y en todo el Valle de México y que todavía, a estas alturas de la pandemia, haya personas que insisten en que la Covid no existe, y que por eso organizan fiestas de manera irresponsable”, recalcó el funcionario estatal.

Lee más: Pese a semáforo amarillo por COVID, las fiestas en Tulum no paran; los contagios tampoco

Por otra parte, en otros puntos del país, como en el caribe mexicano, las ‘fiestas Covid’ también han sido una constante, especialmente en diciembre. 

Ayer miércoles, Animal Político publicó que las brigadas de inhibición de fiestas en Quintana Roo, compuestas por personal del Servicio de Administración Tributaria estatal (SATQ), la Secretaría de Finanzas (SEFIPLAN), y policías locales, utilizan drones para detectar y desmantelar las denominadas ‘Jungle Party’ o fiestas ‘Secret Location’. Se trata de ‘raves’ de música electrónica que se realizan en lugares remotos de la selva y de muy difícil acceso, y a los que no está permitido acceder con teléfono para no revelar la ubicación de la fiesta. 

“A este tipo de fiestas asisten muchas personas, sobre todo turistas extranjeros, que se suben a una camioneta sin saber a dónde van, y se meten a estos lugares secretos donde no hay servicios de ningún tipo, ni pueden usar el teléfono, y que van a lo que pase asumiendo un riesgo increíble”, dijo en entrevista Rodrigo Díaz Robledo, director del SAT Quintana Roo, que también resaltó que las brigadas corren “un gran riesgo” asistiendo a desmantelar este tipo de fiestas, puesto que los invitados no usan cubrebocas, ni guardan la sana distancia.

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