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Cuartoscuro Archivo

La construcción de un gasoducto genera violencia en una comunidad yaqui

Habitantes de Lomas de Bácum, Sonora, acusan que la obra no ha llevado desarrollo a su pueblo, sino muerte y confrontación entre indígenas.
Cuartoscuro Archivo
Por Andrea Vega
8 de mayo, 2018
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Esta vez la violencia en la comunidad yaqui de Loma de Bácum, cuyos habitantes se oponen a la construcción del gasoducto Sonora, empezó con la quema de un trigal y terminó con el asesinato de un joven de 18 años, y el incendio provocado de varios vehículos y casas.

“Un joven, de los cholos de la comunidad, le prendió fuego a un sembradío que está en renta. Las autoridades tradicionales de Loma de Bácum lo detuvieron y lo llevaron ante el ministerio público –cuenta Anabela Carlón, abogada y habitante de este poblado yaqui– pero el afectado no quiso proceder con la denuncia para no tener más problemas. Entonces dejaron ir al muchacho, pero continuaron las agresiones por parte de él y su grupo (cinco familias, que están a favor del gasoducto Sonora al que el resto de la comunidad se opone), nos gritaban insultos y majaderías”.

“En la comunidad no queremos tener gente así –dice Carmen García, otra de las pobladoras yaquis que se opone al gasoducto-, ya les habíamos dicho desde antes que se fueran, y no se iban, pero tampoco se comportaban. Así que, el 30 de abril pasado, fuimos varios a decirles a sus casas que se marcharan. Ni nos dejaron hablar. Nos recibieron a balazos y uno le tocó a mi primo (Víctor Adolfo Molina Vázquez), de 18 años, que murió al otro día en el hospital”.

Mientras en la comunidad, casas y vehículos pertenecientes a las personas que se oponen al gasoducto fueron quemadas por lo que, durante la misma noche de la gresca, varios de sus pobladores huyeron a Lomas de Huamuchil, otro pueblo yaqui.

El secretario de gobierno de Sonora, Miguel Pompa Corella, declaró a medios de comunicación que la disputa entre pobladores de Loma de Bácum no tiene nada que ver con el gasoducto y que en realidad eso tiene que ver con un trasfondo político que se va a investigar.

Un poco de contexto

El gasoducto Sonora es un megaproyecto de 835 kilómetros ubicado en los estados de Sonora y Sinaloa, para llevar gas natural desde Arizona a los estados del Pacífico mexicano. El primer tramo Sásabe-Guaymas está integrado por un gasoducto de 505 km. El segundo, Guaymas-El Oro, tendrá 330 km. La empresa a cargo es Infraestructura Energética Nova (IEnova), la filial mexicana de la estadounidense Sempra Energy, que ha invertido mil millones de dólares en el proyecto, con el consentimiento de la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad.

El segmento Guaymas-El Oro contempla una longitud de más de 90 kilómetros sobre el territorio de la tribu yaqui y ocupará una franja de 12 metros de terreno sobre los que la empresa tendrá el control durante 30 años. De los ocho pueblos que conforman la tribu, siete dieron ya su consentimiento para que el gasoducto se construya en su territorio.

Loma de Bácum, en cambio, negó el permiso e interpuso un amparo ante un juez federal, en el juzgado séptimo de distrito con sede en Ciudad Obregón, que ordenó la suspensión de la obra, desde abril de 2016, por no tener el consentimiento de toda la tribu. Sin embargo, la empresa IEnova, acusan los pobladores, no acató esa resolución judicial y continuó con los trabajos.

Los habitantes de esa comunidad en desacuerdo con el gasoducto dicen que lo rechazan porque no hubo una consulta abierta a toda la tribu para aprobarlo. “No hubo una consulta general, no hubo un consenso. Apartaron a las autoridades de los otros siete pueblos, se los llevaron a hoteles y pollerías y ahí les dieron el dinero. Pero las comunidades en realidad no quieren la obra”, afirma Carmen García.

Raquel Padilla Ramos, investigadora del Instituto Nacional de Antropología, quien se ha dedicado a estudiar la historia y la cultura del pueblo yaqui, avala lo dicho por Carmen. La historiadora comenta a Animal Político que “siete de los ocho pueblos firmaron el consentimiento para el gasoducto, pero eso no significa que las comunidades están a favor del proyecto. En general, la tropa yoemia, es decir las familias yaquis, no están de acuerdo pues no fueron bien informados o de plano no fueron informados”.

La abogada Anabela Carlón afirma que han hablado con gente de base de los otros pueblos y “nos dicen que no están de acuerdo con el gasoducto, pero que no pueden hacer nada porque sus autoridades ya no los toman en cuenta”.

No les hemos pedido nada

Carmen García asegura que los gobernantes de los otros pueblos aceptaron solo por el dinero que les iban a pagar, un peso con treinta centavos por cada metro cuadrado de tierra, que en total da 7 millones de pesos para cada pueblo, por rentar sus terrenos a IEnova por 30 años.

“No sabemos si los gobernadores de los otros pueblos hicieron un análisis, pero nosotros en Loma de Bácum sí analizamos el contrato que querían que firmáramos, es por 30 años la renta, ¿qué renta es por 30 años? ¿Cómo se puede rentar algo por tanto tiempo? Eso es una venta, y nos querían pagar 1.20 pesos por cada metro cuadrado, pero a nosotros no nos importa el dinero, nuestro territorio es sagrado”.

Carlón completa la explicación de por qué no quieren un gasoducto en sus tierras. “Nos han dicho que nos oponemos al desarrollo, pero ¿al desarrollo de quién? Si ese gas no es para nosotros. No, nosotros no vamos a tener ningún beneficio de eso y no les hemos pedido que traigan nada. Nosotros no somos pobres, tenemos nuestra tierra, y sembramos, cazamos, tenemos nuestras plantas medicinales. De qué nos serviría el dinero sin nuestro territorio, se nos acabaría y pasaríamos a ser parte de los cinturones de miseria de una ciudad”.

Además, las dos yaquis dicen que su comunidad teme a las explosiones que podría provocar el gas. Algo que parece no ser una paranoia. La infraestructura de IEnova ya ha tenido accidentes.

Pese a lo anterior, César Cota Tórtola, capitán del pueblo de Cocorit, ha declarado en medios de comunicación que los habitantes de Loma de Bácum se oponen al gasoducto porque asesores externos, como Rodrigo González Enríquez, doctor en Ciencias de la Tierra y académico del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) los han mal informado. “Ellos son los que generan este problema, cuando es un asunto que compete solo a la tribu yaqui, pero por intereses, gente externa, asesores se inmiscuyen y ocasiona todo esto”.

Lo que ha dejado el proyecto

Hasta ahora, los yaquis de Loma de Bácum dicen que el gasoducto solo ha llevado tres cosas a su comunidad: la división, la violencia y los muertos. Primero, dicen, toda nuestra comunidad estaba de acuerdo en rechazar el gasoducto, luego un grupo de cinco familias cambió de opinión y se pronunciaron a favor, junto con los otros siete pueblos. “A esas familias las compraron también. Les dieron dinero y camionetas”, denuncia Carmen.

Ante el desacuerdo interno, la violencia se desató. Luego de la orden judicial para suspender la obra por la falta de consenso entre los ocho pueblos yaquis para autorizar el gasoducto, las familias de Loma de Bácum a favor del proyecto intentaron destituir a las autoridades tradicionales y cambiar al gobernador.

El 21 de octubre de 2016, cuando la mayoría de la comunidad se encontraba en asamblea, los disidentes, acompañados de integrantes de los otros pueblos yaquis, principalmente de Lomas de Guamúchil, “llegaron hasta la comunilla (donde se reúnen los Yaquis para sus asambleas) y quisieron imponernos otro gobernador, que estuviera a favor del gasoducto, como en un golpe de estado”, explica Carlón. Los yaquis se agredieron entre sí: volaron piedras, salieron machetes y se oyeron balazos. En la riña resultó un hombre muerto, Cruz Buitimea Piñas, tres heridos y 12 autos incendiados.

“A mi esposo (Fidencio Aldama) lo culparon del homicidio de Cruz, y lo sentenciaron a 15 años. Los mismos testigos de ellos señalaron, basándose en fotos, que mi marido traía una pistola calibre 45 y al muchacho lo mataron con una 22. Mi esposo traía la pistola porque es de la vigilancia, de la guardia, pero él no mató a nadie, lo agarraron a él porque mi mamá (Francisca Vázquez) es la que habla en las asambleas por las mujeres y acusaron a mi marido para que ella y yo nos enfoquemos en su defensa, pero no, aun así vamos a seguir en la lucha por lo del gasoducto”.

Ahora, los pobladores de Loma de Bácum temen otro ataque mayor. Carmen García asegura que amigos de los otros pueblos la han alertado sobre eso. “Me marcaron y me dijeron que César Tórtola, el capitán de Lomas de Huamuchil, anda en las calles buscando cholos (drogadictos) y les ofrece dinero para que vengan con él a atacarnos. Puede suceder otro 21 de octubre”.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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¿Podría EU borrar "de la faz de la tierra" al crimen en México como ofreció Trump?

El reciente ofrecimiento del presidente Donald Trump de mandar el ejército de Estados Unidos a México para combatir y eliminar el crimen organizado tiene muchos problemas, opina el analista político Mariano Aguirre.
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11 de noviembre, 2019
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El reciente ofrecimiento de Donald Trump de mandar el ejército de Estados Unidos a México para “borrar de la faz de la tierra” al crimen organizado tiene muchos problemas.

El estado mexicano lleva 13 años combatiendo con las fuerzas de seguridad a las organizaciones criminales, sin haber podido desmantelarlas. El ejército estadounidense ha intervenido masivamente desde 2001 en Afganistán y en Irak desde 2003 sin acabar con las milicias en los dos países.

En los tres casos los grupos armados han ganado poder, se multiplicaron y diversificaron. Una intervención militar de Estados Unidos incrementaría la violencia, y retrasaría soluciones de largo plazo.

Inmediatamente después de la matanza de miembros de una comunidad mormona por parte de criminales mexicanos, el presidente Donald Trump ofreció ayuda militar a México para que “libre la guerra a los carteles de la droga y los borre de la faz de la tierra”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el ofrecimiento, pero indicó que es un asunto que “corresponde resolver al gobierno de México”. En 2017 Trump amenazó al expresidente Enrique Peña Nieto con enviar el ejército para frenar a los “malos hombres” mexicanos que quieren entrar en Estados Unidos.

La compleja relación entre México y Estados Unidos se ha vuelto más crítica sobre cómo luchar contra las organizaciones traficantes de droga (DTO, en sus siglas en inglés). Se calcula que el 90% de la droga que entra en Estados Unidos proviene de México, y que las organizaciones criminales obtienen unos beneficios de US$60.000 millones anuales.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa a raíz de la matanza de una familia religiosa en la localidad de Bavispe, en el estado de Sonora.

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la intervención de EE.UU. en sus asuntos como interferencia en la soberanía.

En octubre pasado, el frustrado intento de apresar a un hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán (el Chapo) en la ciudad de Culiacán mostró las limitaciones del Estado ante la capacidad operativa y de fuego que tiene el crimen organizado.

El Gobierno admitió haber lanzado la operación sin prever una respuesta tan contundente por parte del cartel de Sinaloa, y que continuar con ella habría supuesto más víctimas.

En círculos del gobierno de Estados Unidos aumentan las críticas hacia el gobierno de López Obrador por haber cedido ante los criminales.

El subsecretario de Estado para cuestiones internacionales de narcóticos y aplicación de la ley, Richard Glenn, dijo ante el Congreso en Washington: “es de gran importancia que en este momento México desarrolle y comparta con nosotros una estrategia amplia para enfrentar al crimen transnacional organizado. Si eso no ocurre no veremos progresos”.

El presidente mexicano criticó esa intervención como interferencia en la soberanía.

Estados Unidos y México llevan muchos años cooperando contra el crimen organizado, con pocos resultados exitosos.

Paradójicamente, la política militar del Estado mexicano, especialmente durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), de enfrentar a las organizaciones criminales no logró desmantelarlas, sino que se multiplicaron y volvieron más violentas.

Esta fragmentación es una característica de los conflictos violentos no convencionales en los que se cruzan crimen, competencia por la explotación de recursos y producciones ilícitas, control de comunidades, mercados y rutas de comercialización, corrupción, e internacionalización.

Neutralizar a los jefes

Desde 2016 hasta fin de 2017, Washington invirtió US$2.900 millones en la lucha contra los carteles en México, aparte de US$108 millones en el programa de informantes.

La ayuda contempla reforma de la política y del sector de la justicia, y controlar los movimientos ilícitos de dinero. Pero la estrategia central ha sido apresar o matar a los jefes de los carteles (kingpin strategy, en inglés).

Esta fue promovida por la Administración para el Control de Drogas (DEA, en sus siglas en inglés) desde la década de 1990 en Colombia y luego en México. Fue exitosa por el número de jefes presos o muertos (y con gran impacto mediático, como se ha visto en el juicio de El Chapo). Sin embargo, acarrea consecuencias indeseadas.

Agentes especiales de Estados Unidos escoltan al capo "El Chapo" Guzmán, tras su extradición a ese país

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La extradición a Estados Unidos, juicio y condena del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán es uno de los éxitos de la estrategia de Washington contra los carteles de las drogas.

Diversas investigaciones muestran que, al descabezar a las organizaciones criminales, estas se fragmentan y reproducen, los mandos intermedios pugnan brutalmente por el poder, y las dinámicas se vuelven más violentas. La falta de control de los líderes genera un vacío que produce más enfrentamientos.

Entre tanto, se debilitan los esfuerzos del Estado en desmantelar las estructuras del crimen organizado.

Según el Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU., en 2006 había seis grandes organizaciones de narcotraficantes en México. Actualmente hay diez: cartel de Sinaloa, Los Zetas, Tijuana/Alejandro Félix, Juárez/Vicente Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, el Golfo, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, el Cartel Jalisco-Nueva Generación, y los CUINIS.

Estos, a la vez, subcontratan a grupos criminales locales y regionales, cubriendo diversas actividades ilícitas (extorsión, prostitución, tráfico de emigrantes, robos, entre otras).

La implantación social de los carteles se debe también a la falta de presencia y legitimidad del Estado, el uso brutal de la violencia y la provisión de servicios sociales (básicos) y mecanismos de resolución de conflictos a la población que controlan, como indica un estudio de Brookings Institution.

Violaciones de derechos humanos

La ofensiva del gobierno de Calderón (proseguida durante la presidencia de Enrique Peña Nieto) fue acompañada de acusaciones de violación de derechos humanos por parte del ejército contra la población civil.

Por su lado, las organizaciones criminales incrementaron los asesinatos masivos y extra judiciales, secuestros, extorsiones, y desapariciones. Diversas comunidades se organizaron militarmente para defenderse (y fueron, a la vez, cooptadas por los carteles de la droga).

Un miembro de un grupo civil armado monta guardia en Tlacotepec, Guerrero

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Varias comunidades han creado grupos armados para defenderse de la violencia relacionada al narcotráfico.

La falta de control civil sobre el ejército y las violaciones de derechos humanos llevaron a la Corte Suprema a pronunciarse en 2017 en contra de la Ley de Seguridad Interior que pretendía aprobar el gobierno.

El presidente López Obrador ha creado una Guardia Nacional de 60.000 miembros, que sustituye a la policía (mal pagada, mal entrenada y, en general, corrompida).

Según Gema Santamaría, profesora en Loyola University (Chicago) el conflicto mexicano es plural por el alto número de actores, dinámico por la rápida capacidad de adaptación de los actores armados, e híbrido porque del mismo forman parte actores estatales y no estatales.

Entre esos actores se dan alianzas, confrontaciones y subordinaciones que desmienten que haya una línea clara de “nosotros contra ellos”. El ambiente menos propicio para una intervención extranjera.

Insurgencia criminal

Trabajadores forenses descargan los ataúdes de víctimas no identificadas de la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua

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El número de personas asesinadas en la última década en México se cuenta en los cientos de miles.

El impacto social de la ofensiva del Estado y la respuesta de las organizaciones criminales ha sido devastador.

Desde 2006 murieron asesinadas 250.000 personas, y otras 40.000 han desaparecido. En 2018 los homicidios superaron los 33.000 casos, un 33% más que el año anterior.

Entre enero y junio de 2019 han sido asesinadas 17.000 personas. La mayor violencia se da en los estados donde enfrentamientos entre organizaciones criminales por el control de producción, tráfico y venta de droga, y con las fuerzas de seguridad.

Un estudio del centro británico Chatham House dice que en México hay una “insurgencia criminal”. Desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, el número víctimas producido por la violencia mexicana le equipara a una guerra.

Sin embargo, no es una guerra convencional, ni puede ser sólo enfrentada como la imagina Trump.

Combatir las complicidades

El presidente Obrador ha cuestionado la política de sus predecesores, poniendo el énfasis en programas educativos para jóvenes, planes de desarrollo y políticas de diálogo con las organizaciones criminales.

También ha especulado con una amnistía para quienes no hayan cometido crímenes de sangre. Pero su plan es poco concreto.

Protesta contra la desaparición y supuesta muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, 26 de septiembre de 2015

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Muchos vinculan a funcionarios del gobierno y otras élites con atrocidades cometidas como la desaparición y supuesta muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en 2015.

La organización Justice in Mexico, de la Universidad de San Diego, considera que además de ocuparse de los déficits socioeconómicos que llevan a muchos hombres jóvenes a integrarse en grupos criminales, el Estado debe hacer responsable a los actores violentos, y combatir la corrupción y vínculos con el narcotráfico que tienen funcionarios de gobierno y grupos de la élite económica en los niveles regionales y locales.

Son esas complicidades las que sostienen al crimen organizado.

Se debe, así mismo, remediar la impunidad que permite la falta de condenas a socios “de cuello blanco” del narcotráfico que lavan dinero, cometen fraudes y manejan esquemas de manejo de fondos y evasión. Para ello se precisa capacidad de análisis e investigación y seguimiento a los desafíos al estado de derecho,

Otras medidas, en las que coinciden expertos como Santamaría, son priorizar los planes sociales en zonas altamente afectadas por la violencia, invertir más en prevención que en castigo, prevenir el reclutamiento de niños, jóvenes e inmigrantes, y proveer protección a políticos no corruptos (en particular alcaldes), comunidades y organizaciones de la sociedad civil.

Migración, tráfico de armas y el mercado del Norte

Efectivos de la Marina de México escoltan a 5 supuestos miembros del cartel de los Zetas, frente a una multitud de armas confiscadas

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Muchas de las armas en posesión de los carteles son adquiridas sin restricciones por intermediarios en de Estados Unidos.

Parte del problema de México es la demanda de droga en Estados Unidos y otros países. En vez de ofrecer el ejército para continuar una estrategia errada, el presidente Trump debería plantearse combatir a los intermediarios del mercado interno estadounidense, e interrogarse por las razones que producen esa demanda masiva.

Otra cuestión que la Casa Blanca podría revisar es la compra de armas estadounidenses que realizan las organizaciones criminales mexicanas.

Armas automáticas y semi-automáticas (altamente letales) son adquiridas sin restricciones por intermediarios en Texas y otros estados para ser revendidas en México, donde rige una prohibición muy estricta sobre posesión de armamento.

Según la Government Accountability Office siete de cada 10 armas que son confiscadas en ese país a grupos armados provienen de su vecino del Norte.

La preocupación principal del presidente de Estados Unidos respecto de México es que el gobierno de ese país colabore en frenar la migración centroamericana y mexicana, y obtener ventajas en el marco del tratado de libre comercio (NAFTA, en sus siglas en inglés) con ese país y Canadá.

Después de haberlo presionado y chantajeado durante meses, Trump agradeció a López Obrador que México haya desplegado miles de efectivos en la frontera con Guatemala para bloquear el paso a miles de centroamericanos que tratan de emigrar a Estados Unidos.

En reciprocidad, acaba de ofrecerle el ejército, algo que resuena bien entre su base electoral, y que aceleraría la inseguridad en México.

Mariano Aguirre es analista de cuestiones internacionales. Autor de Salto al vacío. Crisis y declive de Estados Unidos (Icaria editorial, Barcelona, 2017).


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